Como viene ocurriendo desde que decidieron engancharse a las paritarias del personal legislativo, los senadores verán incrementados sus ingresos como consecuencia del nuevo acuerdo alcanzado por los gremios con las autoridades de ambas cámaras parlamentarias que llevará los salarios de los trabajadores del Congreso a un aumento acumulado del 12,5% a principios de mayo próximo.

El acuerdo, que consta de seis aumentos mensuales consecutivos y retroactivos a diciembre último, llevará el módulo (unidad de medida del salario legislativo) a un valor de $2874,26 el 1 de mayo próximo.

Así, los senadores terminarán cobrando en bruto $11,5 millones. Esto es así porque la resolución 8/24, votada en el recinto en 2024, los legisladores se fijaron en 4000 módulos sus ingresos, según el siguiente esquema: 2000 módulos de dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Aquella polémica decisión incluyó un inédito aguinaldo, conocido como dieta 13.

De todas maneras, el ingreso de los senadores sigue estando por detrás de lo que perciben otros agentes del Estado o de organismos descentralizados, que exceden con creces los $20 millones en sus recibos de sueldo. Es el caso de los jueces del fuero federal y de los miembros de directorios de empresas como YPF, con mayoría accionaria estatal, o de bancos públicos como el Nación, el Ciudad y el Provincia de Buenos Aires.

El acuerdo paritario con los gremios con representación en el Congreso fue firmado este mediodía por los secretarios administrativo y parlamentario del Senado, Agustín Giustiniani y Alejandro Fitzgerald, y sus pares de la Cámara baja, Adrian Pagán y Laura Oriolo, respectivamente.

Según confiaron a fuentes parlamentarias del Senado, los legisladores podrán optar por renunciar al aumento o donar el excedente a alguna entidad de bien publico que decidan. Este sistema estuvo vigente durante casi todo el año pasado. Desde entonces, sólo el kirchnerismo decidió percibir los aumentos en su totalidad.

La última actualización de las dietas de los senadores, siempre como consecuencia de la paritaria legislativa, se había producido en noviembre del año pasado, cuando el ingreso alcanzó los $10,2 millones de pesos brutos.

Además de las renuncias, hay excepciones al cobro del adicional por desarraigo. Así, no lo perciben los representantes de la Ciudad de Buenos Aires (el kirchnerista Mariano Recalde y los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde).

Tampoco lo cobra Alicia Kirchner (Justicialista-Santa Cruz), quien declinó percibir ingreso alguno como legisladora ya que prefirió mantener su pensión como exgobernadora de la provincia patagónica.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pidió a la Justicia que lo sobresea porque dijo que no hay ningún delito ante la denuncia de apropiación de aportes y evasión y reclamó que en todo caso le apliquen de manera retroactiva la “ley de inocencia fiscal”, promovida por el Gobierno.

En su escrito de más de 100 páginas que acompañó con su abogado Marcelo Rocchetti ante el juez Diego Amarante, el dirigente del fútbol dijo que los plazos de pago estaban suspendidos por resoluciones del propio Gobierno, que no hubo intención de defraudar al Estado, y que la entidad ya canceló las deudas reclamadas.

La ARCA denunció a las autoridades de la AFA por evasión y no pagar aportes previsionales por unos 19.000 millones de pesos y por eso Toviggino fue indagado hoy por el juez Diego Amarante.

Toviggino rechazó las acusaciones y dijo que la conducta de la AFA no constituye ningún delito.

La mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la casa madre del fútbol argentino, pidió que le apliquen la la nueva “ley de Inocencia Fiscal” de manera retroactiva, por ser la ley penal más benigna.

Esta norma prohíbe formular denuncias penales cuando el retraso en el pago obedece a diferencias de interpretación normativa o de criterios técnico-contables. Para el tesorero de la AFA, el conflicto con ARCA es “una mera controversia administrativa sobre cuándo correspondía depositar el dinero, no un fraude penal“.

“Es evidente que la causa penal se encuentra sustentada en una diferencia de criterio (ajuste) técnico entre el criterio del organismo recaudador y el del contribuyente. Mientras que el organismo pretende sostener que la retención es de ingreso inmediato, independientemente de las medidas de alivio fiscal. La contribuyente, genuinamente y basada en normas dictadas por la Administración, interpretó que la suspensión de las facultades de apremio y la prohibición de ejecutar deudas afectaban la exigibilidad temporal del tributo”, dijo.

Y mencionó que “esta discrepancia interpretativa sobre normas complejas y circulares administrativas es la situación a la que expresamente hace referencia el art. 19 de la Ley de Inocencia Fiscal recientemente sancionada y promulgada”.

Mencionó que los impuestos no estaban vencidos porque el plazo para pagar esas obligaciones no había expirado ya que normas de la ARCA y del Ministerio de Economía suspendieron la exigibilidad y ejecución de deudas para asociaciones civiles sin fines de lucro hasta el 31 de julio de 2026.

Explicó que no hubo intención de evadir y, por lo tanto, no hay delito. Dijo que la AFA jamás ocultó sus deudas, solo que no depositó el dinero amparándose en las normas de alivio fiscal.

Finalmente, dijo que la AFA canceló la totalidad de las obligaciones reclamadas por lo que pidió su sobreseimiento inmediato y definitivo.