WASHINGTON — Centrales eléctricas, plantas desalinizadoras, pozos petrolíferos, carreteras, puentes y demás infraestructura.

Son la base de la vida civil en Irán, y su destrucción por parte de las fuerzas estadounidenses e israelíes causaría un sufrimiento generalizado entre los 93 millones de habitantes del país, y en la mayoría de los casos se consideraría un crimen de guerra según el derecho internacional.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con hacer precisamente eso, con el objetivo de hacer retroceder a Irán «a la Edad de Piedra, donde pertenece», como lo expresó en un discurso el miércoles.

Durante el fin de semana de Pascua, escribió en línea que «todo el infierno caerá sobre los iraníes» a menos que cumplan con el plazo del lunes para hacer concesiones o abrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, y agregó:

El presidente fue enfático respecto a los objetivos en una publicación posterior.

«El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!», escribió. Maldijo, mencionó el infierno nuevamente y dijo: «Alabado sea Alá».

No se refiere únicamente a instalaciones civiles con usos militares, que pueden considerarse objetivos legítimos.

En su discurso del miércoles, afirmó que atacaría «todas y cada una» de las centrales eléctricas del país, «probablemente de forma simultánea».

Al día siguiente, tras la destrucción de un gran puente cerca de Teherán, la capital de Irán, el ejército estadounidense exclamó en las redes sociales: «¡Y aún hay más!».

Según un funcionario iraní, al menos 13 civiles murieron y 95 resultaron heridos.

Ningún otro presidente estadounidense reciente ha hablado tan abiertamente sobre la posibilidad de cometer crímenes de guerra, según afirman expertos legales, historiadores y exfuncionarios estadounidenses.

Los presidentes estadounidenses en tiempos de guerra y sus asesores solían insistir en que intentaban cumplir con el derecho internacional y el derecho militar estadounidense, incluso si en algunos casos lo infringieron.

Las leyes internacionales destinadas a prevenir los horrores de la guerra total están codificadas en una serie de acuerdos, entre ellos los Convenios de Ginebra, los Convenios de La Haya, los Principios de Núremberg y la Carta de las Naciones Unidas.

Los ataques deliberados contra civiles e infraestructura civil violan estos convenios.

Lo mismo ocurre con el saqueo de un país, que Trump ha sugerido que podría llevar a cabo apoderándose del petróleo iraní.

El lenguaje y las acciones de la administración Trump podrían tener consecuencias de gran alcance.

Dentro de Irán, es probable que aviven la oposición a Estados Unidos, incluso entre algunos iraníes comunes que han protestado contra su propio gobierno.

“No creo que los iraníes se hayan unido en torno a un régimen profundamente impopular, pero la destrucción de infraestructuras y el creciente número de víctimas civiles refuerzan la narrativa del régimen de que se trata de una guerra contra la nación, no solo contra sus gobernantes”, afirmó Karim Sadjadpour, experto en Irán de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

En el ámbito internacional, esto podría menoscabar aún más la posición de Estados Unidos y debilitar las normas de conducta estatal en tiempos de guerra, cuyo objetivo es proteger a la población civil.

Expertos legales afirman que dichas normas se han erosionado en los últimos años debido a la guerra de Rusia en Ucrania, la guerra civil sudanesa y la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, país que ahora está invadiendo el Líbano y atacando a Irán junto con Estados Unidos.

El presidente estadounidense ha sido inequívoco en su desdén por el derecho internacional.

En una entrevista de dos horas en el Despacho Oval en enero con The New York Times, Trump declaró:

«No necesito el derecho internacional».

Cuando se le preguntó si existía algún límite a su poder global, respondió:

«Sí, hay uno. Mi propia moral».

El mundo está viendo cómo esa forma de pensar se desarrolla en tiempo real.

El jueves por la noche, tras un día de críticas públicas por parte de expertos legales sobre el ataque al puente, Trump redobló su postura, escribiendo en línea que el ejército estadounidense “ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán.

¡Los puentes son lo primero, y luego las centrales eléctricas!”.

Los asesores de Trump están de acuerdo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el mes pasado que «seguiremos presionando, seguiremos avanzando, sin cuartel ni piedad para nuestros enemigos».

Una orden de «sin cuartel» —que implica matar a todos los soldados enemigos, incluso a los que estén gravemente heridos o se rindan— constituye un crimen de guerra según el derecho internacional y el código militar estadounidense.

Cuando se le preguntó el lunes pasado sobre la nueva amenaza de Trump de ampliar los objetivos a sitios civiles, el secretario de Estado Marco Rubio argumentó que el presidente prefiere la diplomacia, pero que los líderes iraníes son «unos lunáticos».

«Están dementes», dijo en una entrevista con ABC News.

«Son fanáticos religiosos».

El Pentágono remitió las preguntas al Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones en Oriente Medio.

El comando no respondió a los correos electrónicos en los que se preguntaba si había atacado deliberadamente objetivos civiles o si lo haría.

«Claramente ilegal y profundamente desacertado»

El lenguaje empleado por la administración ha alarmado a muchos expertos legales, quienes afirman que el mensaje que se envía a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses —y a las naciones extranjeras, incluidos los adversarios— influye en el comportamiento en el campo de batalla.

Cien expertos legales y abogados expresaron su preocupación en una carta abierta publicada por Just Security la semana pasada.

Afirmaron que la conducción de la guerra y la retórica de los funcionarios estadounidenses “suscitan serias inquietudes sobre violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra”.

Señalaron que el mero hecho de que Estados Unidos atacara a Irán constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas, ya que no existe evidencia de que Trump actuara para defender a su país ante una amenaza inminente.

Además, el presidente no obtuvo la autorización del Congreso para la guerra, lo cual contraviene la Constitución.

“Es algo tan claramente ilegal y profundamente desacertado”, dijo Oona A. Hathaway, profesora de derecho de Yale, coautora de la carta y exasesora especial del Pentágono.

“Es difícil comprender hasta qué punto se han ignorado por completo las normas”.

Trump comenzó a amenazar con atacar la infraestructura civil de Irán el 13 de marzo, cuando escribió en internet que podría decidir «destruir» las instalaciones petroleras en la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán.

El lunes pasado, amplió la amenaza para incluir todas las centrales eléctricas, pozos petroleros y plantas desalinizadoras del país.

Al preguntársele si Estados Unidos podría cometer posibles crímenes de guerra, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró en una rueda de prensa que «esta administración y las fuerzas armadas estadounidenses siempre actuarán dentro del marco de la ley».

Sin embargo, añadió que, para lograr sus objetivos, el presidente «seguirá adelante sin detenerse y espera que el régimen iraní llegue a un acuerdo con la administración».

El Comando Central de Estados Unidos informó el miércoles que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 12.300 objetivos en Irán desde que Trump e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Algunos de los ataques, dirigidos contra instalaciones militares cercanas a zonas civiles, han provocado la muerte de cientos de civiles, incluyendo a casi 200 escolares en un ataque con misiles.

«Me encuentro muy mal; los ataques ya han alcanzado estructuras civiles», declaró Amir Sarkandi, un empresario tecnológico de Teherán, en un foro en línea tras el ataque al puente el jueves.

«Nuestras inversiones y tesoros nacionales están siendo destruidos».

Israel también ha atacado objetivos civiles.

Sus funcionarios insisten en que están destruyendo infraestructura de doble uso.

En represalia, Irán ha atacado objetivos civiles en Israel y en países árabes del Golfo.

Los emplazamientos civiles pueden considerarse objetivos legales si son utilizados por las fuerzas armadas, afirmó Brian Finucane, ex abogado del Departamento de Estado especializado en derecho de conflictos armados y asesor sénior del International Crisis Group.

Esta determinación suele realizarse caso por caso.

Sin embargo, Hegseth ha despedido y reasignado a abogados uniformados y ha desmantelado muchas de las oficinas creadas para prevenir los ataques contra civiles y lugares relacionados.

En cambio, no ha dejado de hablar de aumentar la “letalidad”.

«Este secretario de defensa tiene un historial de denigrar el derecho internacional humanitario y a los abogados militares», declaró Finucane.

«Es muy preocupante porque desconocemos hasta qué punto esta retórica se traducirá en ilegalidad».

Según veteranos, si los militares estadounidenses ejecutan órdenes que consideran crímenes de guerra, esto podría traumatizarlos.

Algunos infantes de marina en servicio activo ya llaman a la agencia de Hegseth el «Departamento de Crímenes de Guerra» en lugar del «Departamento de Guerra», nombre que el presidente le da al Departamento de Defensa, afirmó el representante Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, quien sirvió en Irak como infante de marina.

Durante un enfrentamiento con Irán en su primer mandato, Trump amenazó con destruir 52 sitios culturales del país.

Mark T. Esper, entonces secretario de Defensa, reconoció que atacar dichos sitios sería un crimen de guerra y afirmó que el Pentágono no lo haría.

La segunda administración Trump ha adoptado un enfoque diferente.

Para empezar, ha desatado una violencia militar de forma más descarada en un corto período de tiempo, llevando a cabo ataques aéreos en ocho países en tan solo un año.

Además, la administración ha sido objeto de condenas por casi 50 ataques contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico oriental, que han provocado al menos 163 muertes.

Trump ha afirmado, sin presentar pruebas, que las embarcaciones transportaban drogas a Estados Unidos y que este país se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

Sin embargo, expertos legales sostienen que los ataques constituyen un asesinato en toda regla.

El 4 de marzo, un submarino estadounidense torpedeó una fragata iraní cerca de Sri Lanka con aproximadamente 180 personas a bordo.

El destructor regresaba a casa tras realizar ejercicios militares en la India, en los que también había participado Estados Unidos.

El ejército estadounidense pidió a Sri Lanka que rescatara a los supervivientes, pero no lo hizo directamente, lo que, según algunos expertos legales, podría constituir una violación de los Convenios de Ginebra.

En un discurso, Trump relató una conversación con oficiales militares estadounidenses sobre la fragata:

«Les dije: «¿Por qué no capturamos el barco? Podríamos usarlo. ¿Por qué los hundimos?».

Me respondieron: «Es más divertido hundirlos».

Les gusta más hundirlos. Dicen que es más seguro hundirlos. Supongo que probablemente sea cierto».

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