POLITICA
Cruje la alianza entre La Libertad Avanza y Pro en la provincia por el aval a Kicillof para tomar deuda
LA PLATA.- La alianza electoral impulsada por Javier Milei para las últimas elecciones entró en máxima tensión en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires: el sector aliado al presidente identificado con el bloque La Libertad Avanza acusó al Pro de “cobrar” cargos a cambio de habilitar más deuda para el gobernador Axel Kicillof.
Después de forzar un acuerdo con aliados, pero también con la oposición, Kicillof logró la autorización para colocar deuda por encima de 3000 millones de dólares. Y en el mismo acto también consiguió dividir la alianza que propició un triunfo de Milei en este territorio, en las elecciones de octubre.
Tras la votación de la Ley de Financiamiento eclosionó en público un acuerdo que se había pactado temprano en privado entre el armador de la alianza, Sebastián Pareja, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Pareja había advertido que era “una situación injustificada” acompañar la ley.
“No acordamos nada. Siempre estuvimos en contra. El resto arregló”, afirmó Pareja, consultado por .
Cristian Ritondo intentó separar la votación de la deuda autorizada a Kicillof de la designación de cargos en el Banco Provincia, habilitados en la misma sesión. “Son cosas distintas. En primer lugar, el Pro sólo apoyó el refinanciamiento de deuda anterior, que es lo que permite sanear las cuentas de la provincia. Tal como lo hace Nación o Ciudad gracias al equilibrio macro que logró el gobierno nacional. El resto de los artículos se votó en contra”, señaló Ritondo a .
“Por el otro, los lugares en el Banco Provincia son lugares que elige el cuerpo y que tiene que ser representativo de las distintas fuerzas políticas, como fue históricamente en el banco provincia. De hecho, los reemplazos son por dos directores del Pro. Bruno Scrensi, de Diego Santilli, y Santiago Nardelli, del equipo de Patricia Bullrich”, argumentó Ritondo.
La pelea más fuerte fue en el Senado, donde el Pro votó a favor. No hubo debate en el recinto. Pero pasada la votación, casi a las cuatro de la mañana, se oyó el malestar en los pasillos.
“Les pagaron a Cristian Ritondo y a Jorge Grindetti con los cargos en el Banco Provincia: ellos pusieron a Matías Ranzani y Adrián Urelli”, dijo la senadora Florencia Arietto de La Libertad Avanza, que votó en contra del endeudamiento.
“De madrugada se vota un endeudamiento excesivo a cambio de cargos en el Banco Provincia. Esta provincia atrasa”, coincidió el senador electo por La Libertad Avanza Diego Valenzuela.
“Santilli también acordó: la vicepresidencia de la Cámara de Diputados le correspondía a La Libertad Avanza por cantidad de bancas y se la dieron a Agustín Forchieri”, se quejó la misma senadora, una exaliada del macrismo.
“Claramente hay un sector del Pro que arregló y cobró (con cargos millonarios)”, denunció Guillermo Castello diputado de La Libertad Avanza. En esa Cámara baja, el Pro acompañó en general la Ley de Financiamiento, pero en contra algunos puntos en particular.
El Pro acompañó en particular el rollover de deuda contraída por gobiernos anteriores detallada en el artículo 2 del despacho de comisión y el Fondo de Fortalecimiento de Infraestructura Municipal. La Libertad Avanza se opuso y tensionó el tramo final de la discusión.
Kicillof logró tener aprobada la autorización para tomar nueva deuda en sesiones extraordinarias y garantizarse así los fondos para pago de aguinaldos de unos 600.000 empleados públicos.
La ley de Financiamiento autorizó a Kicillof a tomar deuda por US$ 3035 millones -gran parte destinada a cancelar amortización de deuda- más otros US$ 650 millones para organismos descentralizados, según precisaron diputados de La Cámpora.
El Poder Ejecutivo se comprometió a crear un fondo de $352.000 millones y a transferir a los municipios $250.000 millones – en cuotas- de manera independiente al porcentaje de la deuda que finalmente la provincia coloque en el mercado.
El mandatario aprovechó la fragmentación que existe hasta la semana que viene en la Legislatura para negociar. Hoy son diez los bloques. Kicillof contó con el aval de Nuevos Aires, que tiene tres legisladores conducidos por Gustavo Cuerva y con los votos de Unión y Libertad, conducidos por Martín Rozas, que tiene seis diputados. También con los dos bloques escindidos de la UCR que responden a intendentes y necesitan los recursos. El Pro acompañó en general y rechazó algunos puntos en particular.
La Libertad Avanza -que en diputados ratificó la conducción del bloque de Agustín Romo– no acompañó la votación. Tampoco votarán los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores.
Desde la presidencia del Pro se aseguró: “Los diputados Agustín Forchieri, Gustavo Coria y Fernanda Antonijevic se opusieron al proyecto de Kicillof para ampliar la estructura del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Aclararon públicamente y por nota oficial que votaron de manera negativa la ampliación de la estructura y la creación de cargos en el Bapro”.
En el Senado el trámite fue más rápido: al bloque de Unión por la Patria, con 21 escaños, sumó a los tres de Unión y Libertad, al legislador de derecha popular y los ocho senadores de las dos vertientes radicales, que necesitan los fondos para que paguen los aguinaldos sus intendentes. Más el Pro, que cuenta con nueve legisladores.
en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires,cargos a cambio de habilitar más deuda,María José Lucesole,Legislatura,Conforme a,,Puja por los fondos. Adorni y Santilli recibieron a Jorge Macri en plena discusión por la coparticipación,,Cambio de mandos. El Gobierno anunció una nueva conducción en las Fuerzas Armadas, que propuso el teniente general Presti,,Reparto de cargos y fondos. La negociación del endeudamiento obligó a Kicillof a hacer concesiones en plena madrugada,Legislatura,,Reparto de cargos y fondos. La negociación del endeudamiento obligó a Kicillof a hacer concesiones en plena madrugada,,»Todo encaminado». Un alfil de Máximo Kirchner se quedó con la presidencia de Diputados y prometió aprobar el endeudamiento,,Nuevo intento. Kicillof pidió que se apruebe su pedido de deuda: “La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento”
POLITICA
En su última actividad del año en Casa Rosada, Javier Milei recibió al viceprimer ministro de Nueva Zelanda
En la última actividad oficial que realizó en la Casa Rosada en este 2025, el presidente Javier Milei recibió este martes al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, para fomentar las relaciones bilaterales.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la actividad, los mandatarios conversaron principalmente sobre cuestiones comerciales vinculadas a ambos países.
El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, mientras que el funcionario neozelandés llegó junto a su pareja, Alexandra Vincent Martelli.
De acuerdo con un estudio del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), en noviembre de este año, la Argentina exportó 63,4 millones de dólares a Nueva Zelandia.
Los principales productos que se vendieron fueron harina de soja (USD57,5M), frutas y nueces procesadas (USD1,25M), y otros residuos de vegetales (USD1,25M).
El comercio bilateral con este país viene creciendo sostenidamente desde hace 5 años a una tasa anualizada del 29,6%, según datos de esta plataforma digital.
Por otra parte, Milei tiene sintonía ideológica con Seymour, que en su tierra natal es el líder de partido Asociación de Consumidores y Contribuyentes (ACT, por sus siglas en inglés), un espacio fundado en 1993 que defiende el libre mercado.
En lo económico, esta agrupación cree en que “el Gobierno no puede crear riqueza por sí mismo, porque cada dólar que posee proviene de impuestos de quien lo creó”, por lo que la misión del Poder Ejecutivo debería ser establecer “las condiciones” para que se pueda emprender.
“ACT apoya a quien invierte en sí mismo para mejorar sus habilidades, trabaja horas extra para ahorrar para una granja o una casa, o se arriesga a renunciar a un salario fijo para emprender su propio negocio. No deberías ser castigado por ello con impuestos cada vez mayores ni con una burocracia excesiva”, señala en su página web.
En esta línea, el partido del país de Oceanía sostiene que los funcionarios deben ser cuidadosos “con el gasto, manteniendo bajos los impuestos, prestando solo servicios esenciales y haciéndolos bien”.
“El gobierno debería regular con cuidado, estableciendo reglas cuando no hay otra manera de resolver un problema y eliminando burocracia cuando ya no es necesaria”, indica.
Entre los principales logros, en su página web, ATC destaca que “ha derogado las normas antiempresariales del Partido Laborista para que los empleadores puedan contratar con confianza y expandir sus negocios”.
En cuanto a la seguridad, también hay una afinidad de pensamiento, ya que el partido entiendo que “la principal tarea del Gobierno es frenar la delincuencia”.
“Quienes trabajan, ahorran y se sacrifican por un futuro mejor, no deberían vivir con el temor de que alguien les haga daño o les arrebate lo que han logrado con su esfuerzo. No se trata solo de frenar la delincuencia, sino de preservar los valores de nuestra sociedad. Esto significa proteger la dignidad de cada persona y recompensar su creatividad. Si quieres algo, debes crearlo tú mismo y comerciar con otros, no arrebatárselo por la fuerza”, considera la agrupación.
En lo que respecta a derechos sociales, ACT explica que “defiende la humanidad y la dignidad inherentes de todos los neozelandeses, independientemente de su raza, ascendencia o género”, por lo que rechaza “la idea de que los servicios públicos, la representación democrática o las obligaciones legales deban diferir según quién forme parte de su árbol genealógico”.
Bajo esta premisa, el actual gobierno de Nueva Zelanda eliminó las cuotas de contratación basadas en la raza, quitando los requisitos que generaban que “los contratos gubernamentales favorezcan a las empresas propiedad de maoríes”.
POLITICA
Cambia el tribunal que decide sobre el régimen de detención de Cristina Kirchner: podría favorecer a la expresidenta
La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner, internada mientras se recupera de una operación de peritonitis, apuesta a que en enero, cuando comience la feria judicial, puedan flexibilizarse las condiciones en las que ella está cumpliendo su condena a seis años de prisión en el departamento de San José 1111, en Constitución. Así lo informaron a fuentes de la causa. El argumento es que durante enero no intervendrán dos camaristas que votaron en contra de los pedidos de la exmandataria.
Mientras sigue internada en el Sanatorio Otamendi, sin una fecha prevista para el alta, Cristina Kirchner viene pidiendo que se amplíe su régimen de visitas, que le quiten la tobillera electrónica que controla sus movimientos en su vivienda y que se le permita ampliar las dos horas que tiene permitido subir a la terraza.
Todos estos planteos ya los efectuó ante el Tribunal Oral Federal N° 2, que es el que la condenó, pero fueron rechazados.
En cuanto a las visitas, el tribunal las restringió a tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana. Fue luego de una reunión masiva con nueve economistas en la casa de San José 1111.
También rechazó ampliar la lista de visitas automáticas e incluir a Alicia Kirchner, a las hijas de ella, Romina y Natalia Mercado, y al exministro Juan Martín Mena, su asesor jurídico personal, entre otros.
Ante el rechazo del tribunal, su abogado Alberto Beraldi planteó recursos y llegó en apelación con sus pedidos hasta la Cámara de Casación Penal. Lo mismo hizo la fiscalía con su reclamo para que se le impida el uso de la terraza.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación que hasta ahora resolvieron en su caso son Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Sala IV.
Pero el viernes 1° de enero cambia la integración de la Sala e intervendrán los jueces que estarán de turno durante la feria judicial.
Estos son Borinsky, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani. De todos ellos, Gemignani y Carbajo están excusados de intervenir en esta causa.
Con lo que la sala que deberá decidir está integrada por Borinsky, Ledesma y Yacobucci. Borinsky ya votó en este caso, y lo hizo en favor de flexibilizar las condiciones de detención de la expresidenta.
Votó en contra, por ejemplo, del uso de la tobillera, pero su posición quedó en minoría porque se impuso el criterio de sus colegas Barroetaveña y Hornos. También fue más flexible con la concesión de permisos para recibir visitas.
Consideró que la expresidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.
Sin embargo, nada asegura que el juez siga manteniendo esas posturas, después de que la Corte Suprema de Justicia se pronunció y rechazó el planteo de Beraldi sobre la tobillera porque dijo que no estaba adecuadamente fundamentado.
El planteo del abogado se basaba en la disidencia del juez Borinsky, que había sostenido que la tobillera era innecesaria para alguien con custodia policial permanente, figura pública sin riesgo de fuga y en un contexto donde las tobilleras disponibles son escasas.
También la Corte habló del régimen de visitas, pero aquí no fue taxativa. Dijo que era inoficioso pronunciarse.
Incluso puede cambiar la postura con el uso de la terraza, ya que cuando la expresidenta sea dada de alta, deberá, por ejemplo, tener un espacio para su adecuada rehabilitación.
El criterio de Borinsky, más flexible que el de sus colegas ausentes por vacaciones, puede provocar cambios en las condiciones de detención de la expresidenta.
Sobre todo, si se considera que lo acompañará en la feria la jueza Ángela Ledesma, más sensible a las garantías de los presos condenados, aun en prisión domiciliaria.
El tercer juez, Guillermo Yacobucci, tiene posturas más duras en cuanto al régimen de prisión domiciliaria y suele votar en disidencia con Ledesma en la sala donde actúan juntos.
Por eso, no sería extraño pensar en una votación dos a uno, que podría favorecer, aunque sea parcialmente, la manera en que la expresidenta está cumpliendo su condena por la causa Vialidad.
se recupera de una operación de peritonitis,se pronunció,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Causa AFA: ordenan levantar el secreto fiscal y bancario de Javier Faroni y otros involucrados en las transferencias millonarias
Avanza en la Argentina la investigación judicial sobre las transferencias millonarias de la AFA en Estados Unidos. El juez federal Luis Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario Javier Faroni y de todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del fútbol argentino en el exterior.
El objetivo, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido, el magistrado también pidió información a bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional —RRAG/GAFILAT y Grupo Egmont—, incluidos estados de cuenta, legajos KYC, datos de firmantes autorizados y transferencias cursadas.
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La causa tiene como epicentro el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selección. La fiscal Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación sobre el empresario Javier Alejandro Faroni —ligado a Claudio “Chiqui” Tapia— y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette.
En el expediente figuran además, como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades, Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.
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El avance judicial se apoya en documentación local y en registros de tribunales estadounidenses. En los últimos días, la Justicia de EE.UU. puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la AFA. Las operaciones habrían sido canalizadas a través de una red de sociedades comerciales y contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la conducción encabezada por Tapia, con Pablo Toviggino como tesorero. El foco está en transferencias “presuntamente diseñadas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales”.
El punto de partida fue la denuncia que el empresario Guillermo Tofoni presentó en septiembre del año pasado ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. Allí advirtió que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos utilizando cuentas bancarias en territorio norteamericano. “La entidad habría desviado montos significativos fuera del sistema financiero argentino”, planteó en su presentación.
Los investigadores identificaron como pieza central del esquema a TourProdEnter LLC, la empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección.
Según la denuncia, la firma acumuló cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, “sin declararlos ante el fisco argentino”. El dinero habría provenido, principalmente, de un amistoso disputado por la Selección en China y del acuerdo de patrocinio con Binance, un gigante del sector de las criptomonedas. Los fondos, se sostiene, no ingresaron a cuentas de la AFA ni al país.
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TourProdEnter fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, vinculado políticamente al Frente Renovador. Una investigación periodística describió desvíos hacia sociedades “fantasma” radicadas también en Estados Unidos. En paralelo, documentos internos de la AFA muestran la aprobación de contratos con empresas como Betting Regional Asia y el cambio de agente de cobro para que las facturas fueran emitidas por TourProdEnter.
La trama también derivó en medidas en Argentina. Por orden de Armella, se allanaron la sede de la AFA en la ciudad de Buenos Aires, el predio de Ezeiza y el domicilio de Faroni en Nordelta, donde se buscaron contratos, computadoras y otros dispositivos. La Justicia ya le había prohibido salir del país.
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El Gobierno nacional decidió involucrarse de manera formal tras el alerta de Tofoni. En una nota enviada a la fiscalía federal de Florida se describió una supuesta “mala conducta financiera” y se aseguró que los montos desviados “pertenecen legítimamente” a los clubes. La ofensiva incluyó comunicaciones con organismos internacionales del fútbol.
En medio de la escalada judicial, TourProdEnter difundió un comunicado en el que admitió el vínculo comercial con la AFA, defendió la legalidad de sus operaciones y remarcó que Faroni “está retirado de la actividad política”.
Javier Faroni, AFA, Claudio Tapia
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