POLITICA
La Corte ordenó a la Nación, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe preservar al delta del río Paraná de los incendios
La Corte Suprema de Justicia condenó hoy al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar y ejecutar un plan para evitar la quema de pastizales en la zona del delta del río Paraná.
Se trata de que los estados nacional, provinciales y las comunas ejecuten un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), según definió la Corte.
Ello implica la instalación de equipamiento e infraestructura para establecer mecanismos de información de alerta temprana, la implementación de la red de Faros de Conservación, de un Plan Sistemático de Control y de un Plan de Manejo del Fuego para el Delta.
La intervención de la Corte se dio tras los frecuentes incendios que se dan en las islas, algunos de ellos intencionales e ilegales, que están vinculados con la producción agropecuaria. El humo y las cenizas llegaron con vientos favorables a los centros urbanos de Buenos Aires y Santa Fe.
En el marco de esta acción de amparo, la Corte advirtió que la ejecución de las medidas para concretarlo es responsabilidad de las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal identificó dónde se habían generado los focos, en el municipio de Victoria, y consideró que el PIECAS-DP, un acuerdo interjurisdiccional existente desde 2008, es el ámbito adecuado para coordinar las políticas de prevención entre la Nación y las provincias.
Además, advirtió que el seguimiento y monitoreo del plan no corresponde a la instancia judicial, dado que implicaría una tarea de tiempo indefinido por la naturaleza cíclica de los incendios.
La causa se inició el 25 de junio de 2020 por una demanda de la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria con el objeto de que se les ordenara hacer cesar de modo efectivo, urgente e inmediato todos los focos de incendio que tienen lugar en las islas que están frente a las costas de Rosario.
Además, la organización solicitó adoptar todas las medidas necesarias para erradicar de modo definitivo la quema indiscriminada” e ilegal de pastizales que “se repite todos los años”.
La situación genera humo y hollín en Rosario, y afecta el derecho a la salud y al ambiente sano de sus habitantes. La mayoría de las islas corresponden a la jurisdicción de Entre Ríos y a la municipalidad de Victoria. En agosto del 2020, la Corte Suprema declaró que la causa correspondía a su competencia originaria, ordenó el traslado de la acción a los demandados y la citación de la provincia de Buenos Aires como tercero al considerar que la controversia le era común.
También dictó una medida cautelar en la que dispuso que los demandados debían constituir de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental (CEA) en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP). Dispuso que que ese Comité debía adoptar las medidas para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares en la región del Delta del Paraná, utilizando las bases de ese plan estratégico.
Al contestar, el Estado Nacional se desentendió y dijo que el dominio originario de los recursos naturales y la responsabilidad de implementar políticas de protección y de fiscalización de las normativas ambientales pertenece a las provincias. Indicó que su es dictar presupuestos mínimos de protección ambiental.
Entre Ríos sostuvo que la cuestión se había tornado abstracta porque no existían focos activos en el Delta del Paraná. Informó que se habían adoptado las medidas para que no se produjeran nuevamente y subrayó que hubo una “situación excepcional regional de estrés hídrico”.
Santa Fe afirmó que “a pesar de que los incendios ocurren fuera de su jurisdicción, sus efectos afectan el territorio santafesino”, que en su provincia se prohíbe la quema de pastizales y que ha impulsado numerosas medidas para prevenir y controlar incendios.
Buenos Aires consideró que la provincia no incurrió en ningún obrar arbitrario o ilegal y que con lo sucedido en 2020 se organizó un plan técnico estratégico de prevención de incendios forestales.
Rosario cuestionó haber sido demandada y afirmó que “las quemas intencionales, ilegales y sistemáticas del Delta superior del Río Paraná se sitúan geográficamente (a excepción de las islas General Sabino Corsi -norte y sur- y General Pistarini empadronadas a favor de la Provincia de Santa Fe) en la Provincia de Entre Ríos”.
Y Victoria admitió que la mayoría de las islas en que se producen incendios corresponden a su área, pero que la municipalidad no tiene facultades para adoptar actos en la prevención, control y extinción de los incendios.
La Corte -al resolver- subrayó que “entre los objetivos centrales del PIECAS-DP aparece el de encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática vinculada a los incendios en el Delta, que se definió como un humedal caracterizado por su fragilidad ambiental”. Sin embargo, de acuerdo a las respuestas dadas, dijo, no se advierten avances en ese sentido.
Además, dijo el máximo tribunal, “para integrar a todos los actores del federalismo argentino, el desarrollo de las políticas de preservación que concertaron el Estado federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos a través de la firma del PIECAS-DP debe razonablemente incluir la participación y el compromiso de los municipios”.
Así, resolvió condenar al Estado Nacional y a Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a los municipios de Rosario y Victoria “a implementar y ejecutar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP)”.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Un estudio de la Universidad Austral sobre los DNU presidenciales plantea la necesidad de modificar la ley
El Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral advirtió sobre el creciente uso de DNU por parte del presidente Javier Milei en función legislativa.
El organismo comparó el período de receso desde el 1 de diciembre con las sanciones de leyes del Congreso con los DNU firmados en desde el fin del periodo ordinario de sesiones. Solicitó al Parlamento cambios a la Ley que reglamentó el uso de los DNU.
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Tomando el inició del receso legislativo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó 11 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) como uso de una herramienta normativa de carácter excepcional. Durante febrero, el 6, se publicó el DNU 88/2026 que inició la disolución y liquidación de IOSFA (Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas) y creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA, en la órbita del Ministerio de Defensa, así como la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, OSFFESEG, en la órbita del Ministerio de Seguridad.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia son herramientas constitucionales para casos excepcionales, que deben ser controlados por el Congreso. El informe de la prestigiosa Universidad concluye además, con la necesaria reforma de la Ley 26.122, sancionada en 2006, a propuesta de la exsenadora Cristina Kirchner, que reguló la utilización de los mismos.
“La acumulación y frecuencia de estos once decretos vuelve a colocar en el centro del debate institucional la urgente necesidad de que el Congreso modifique cuanto antes la Ley 26.122, la cual regula el alcance y control de los DNU y el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”, explicó Verónica Nolazco, coordinadora e investigadora del ODCL y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral.
Desde el ODCL de la Universidad Austral, se reafirmó la importancia de monitorear y analizar el uso de esta herramienta excepcional, como parte de una democracia constitucional madura.
Los DNU presidenciales
- DNU 941/2025 (31/12/2025): Modificó la Ley de Inteligencia Nacional.
- DNU 942/2025 (31/12/2025): Prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, modificó la estructura del Ministerio de Salud y tras disolver ANDIS oficializó a la nueva Secretaría de Discapacidad.
- DNU 2/2026 (02/01/2026): Aprobó el Acuerdo modificatorio del Acta del Farallón Negro suscripto entre el Estado Nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y creó el ente Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio.
- DNU 17/2026 (15/01/2026): Auto autorizó al Presidente para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y en el Foro Económico Mundial de Davos hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026.
- DNU 26/2026 (23/01/2026): Modificó el Plan Gas.Ar y adoptó un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.
- DNU 34/2026 (23/01/2026): Modificó la ley 19.101 (de la época de Alejandro Agustín Lanusse) la cual contiene el régimen para el Personal Militar con el objeto de que se pueda permanecer activo frente a designaciones en el Ministerio de Defensa.
- DNU 41/2026 (23/01/2026): Redefinió competencias para la emisión de resoluciones anticipadas en importaciones y exportaciones con modificaciones al Código Aduanero y otorgó a la Secretaría de Industria y Comercio la facultad de intervenir en todo lo referido al origen de las mercaderías.
- DNU 49/2026 (26/01/2026): Prorrogó la emergencia del sector energético nacional (extiende excepcionalidad hasta fines de 2027).
- DNU 73/2026 (29/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fin de dar una respuesta inmediata.
- DNU 80/2026 (31/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz, amplió y reforzó el esquema excepcional de respuesta y coordinación federal.
- DNU 88/2026 (06/02/2026): Inició la disolución y liquidación de IOSFA y crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA en la órbita del Ministerio de Defensa y la Obra Sociales de las Fuerzas Federales de Seguridad OSFFESEG en la órbita del Ministerio de Seguridad.
El trabajo académico demostró que en el tiempo que lleva el Poder legislativo, desde que finalizó el periodo de sesiones ordinarias el 30 de noviembre de 2025, el Presidente Javier Milei dictó la misma cantidad de DNU que las leyes promulgadas durante el período ordinario que se extendió desde el 1 de marzo al 30 de noviembre del año pasado.
Según los datos del ODCL, en total, durante todo el 2025, el Presidente dictó 35 DNU, 74 decretos delegados y promulgó 13 leyes.
Leyes promulgadas durante el período ordinario de sesiones del Congreso (1 de marzo al 30 de noviembre de 2025)
- Ley 27.783: Suspensión de las PASO durante el año 2025.
- Ley 27.784: Juicio en ausencia del imputado.
- Ley 27.785: Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
- Ley 27.786: Abordaje integral del crimen organizado.
- Ley 27.787: Tratado Argentina – Serbia sobre traslados, sentencias penales.
- Ley 27.788: Tratado fiscal sobre erosión de bases imponibles.
- Ley 27.789: Acuerdo Argentina – Consejo Fed. Suizo sobre servicios aéreos.
- Ley 27793: Emergencia en Discapacidad en todo el Territorio Nacional (VETO – INSISTIDA)
- Ley 27795: Financiamiento de las universidades nacionales (VETO – INSISTIDA)
- Ley 27796: Emergencia sanitaria en salud pediátrica (VETO – INSISTIDA)
- Ley: 27797 Ley Nicolás que establece un marco nacional de calidad y seguridad sanitaria sentando el precedente en la seguridad del paciente.
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Durante el receso legislativo y las convocatorias este año a sesiones extraordinarias del Congreso, se promulgaron dos leyes: Ley 27798: Presupuesto 2026 y Ley 27799: Inocencia Fiscal.
La última semana el Senado aprobó y giró a Diputados el proyecto de Reforma Laboral, mientras que la Cámara baja hizo lo propio con los proyectos de Reformas al Régimen Penal Juvenil y al Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ambos proyectos serán debatidos por el Senado en los próximos días.
Los vetos presidenciales
Se destaca también que durante 2025 hubo cuatro sanciones del Parlamento vetadas y no insistidas por los legisladores ya que no obtuvieron los dos tercios de los votos necesarios para su sanción.
- Ley 27.790: Declara zona de emergencia en Bahía y municipios de PBA .
- Ley 27791: Incremento Excepcional y de Emergencia, para las Jubilaciones y Pensiones
- Ley 27792: Pago de Deuda Previsional y de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
- Ley 27794: Fondo de aportes del tesoro de la Nación (ATN).
La Ley que regula los DNU
Durante el último año, las bancadas de Unión por la Patria (UxP), en ambas cámaras legislativas, tomó la decisión de modificar la norma impulsada por su propia fuerza política en el 2006.
El senador José Mayans, jefe de UxP en la Cámara alta logró la sanción de un proyecto que modificó la norma estableciendo que los DNU tendrán un plazo máximo de 90 días corridos para ser aprobados, sin excepción, por mayoría absoluta de ambas cámaras; el rechazo de una sola de ellas bastará para que el decreto quede sin efecto. Además, los DNU deberán referirse a una única materia y podrán ser tratados de inmediato, tanto en el Senado como en Diputados e incluso durante el receso parlamentario.
La norma actual establece que los DNU están vigentes mientras no sean rechazados por ámbas cámaras del Congreso. Mientras que para logar la ratificación legislativa alcanza con la aprobación de una de ellas.
Esa sanción legislativa, Germán Martínez, titular del bloque en Diputados, la impulsó y el pasado 8 de octubre logró sancionarla con 140 votos a favor , 80 negativos y 17 abstenciones, pero el texto que llegó en revisión desde el Senado se modificó y regresó a la Cámara alta.
Los diputados modificaron el articulo tres, que establecía que para que los decretos se consideren válidos, ambas cámaras lo deberían disponer en el plazo de 90 días corridos desde su publicación. La Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó la modificación de Diputados, pero nunca, ese nuevo dictamen, llegó al recinto.
El próximo 1 de marzo se iniciará un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Se abrirá una nueva oportunidad de retomar el debate. La Libertad Avanza no pretende ninguna modificación de la Ley de Cristina Kirchner, está cómoda con la misma y explota al máximo la herramienta de la Constitución, que fue pensada por los constituyentes del 94, entre otros Eduardo Menem, Raúl Alfonsín y el actual presidente la Corte, Horacio Rossatti, sólo de excepción y por necesidad y urgencia.
universidad, Javier Milei, DNU
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente de la República Argentina expresó la primera reacción de Javier Milei por la media sanción de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados. “Delito de adulto, pena de adulto”, expresó Manuel Adorni.
La iniciativa promovida por Patricia Bullrich alcanzó 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin que hubiera abstenciones. Junto a los libertarios, se pronunciaron a favor PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz. Entre sus puntos principales, el proyecto tiene la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
“La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, comenzó el comunicado de la Oficina del Presidente.
En el comunicado indican que se presentaron más de 37 proyectos de reforma, ninguno de los cuales logró avanzar en el proceso legislativo. Mientras el marco normativo permanecía sin cambios, “el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”.
Esta situación, a juicio del Gobierno, evidenció un desfasaje entre la legislación vigente y la realidad social, ya que “la ley permaneció anclada en otra época”. Para la administración nacional, el país “no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.
El mensaje remarcó que la iniciativa aprobada por Diputados busca modificar este escenario, al establecer “un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.
Además, se enfatizó: “No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”.
A través del comunicado, Milei expresó su agradecimiento a los legisladores que apoyaron la media sanción, destacando que dieron “una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”. También subrayó la expectativa de que el Senado de la Nación trate la reforma “con la urgencia que la situación exige”, con el objetivo de que “el fin de la impunidad sea una realidad”.
“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, cerró el mensaje oficial.
Al mismo tiempo, representantes del Gobierno también celebró la media sanción para el nuevo Régimen Penal Juvenil. Entre ellos, Manuel Adorni (Jefe de Gabinete de Ministros), Patricia Bullrich (senadora nacional por CABA) y Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad Nacional).
Adorni, en su cuenta oficial de X, escribió: “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.
Bullrich, quien impulsó el proyecto, comenzó su publicación en X: “Por todas las víctimas de menores delincuentes, media sanción del Régimen Penal Juvenil”.
“Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, agregó la legisladora.
Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, posteó: “Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo. Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden”.
La implementación de institutos especializados, donde los adolescentes condenados podrán acceder a educación, atención médica y tratamientos para adicciones, será una de las prioridades del nuevo Régimen Penal Juvenil. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia.
Además, la normativa contempla penas alternativas para quienes reciban condenas inferiores a 10 años de prisión, como la amonestación, la prohibición de acercarse a la víctima, la obligación de realizar servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño, la restricción para acudir a ciertos lugares y la inhabilitación para conducir vehículos.
En el caso de delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, la edad de imputabilidad baja a 14 años y la pena máxima de prisión se fija en 15 años.
La conversación en redes sobre la reforma laboral reunió más de medio millón de menciones en el último mes y dejó un clima dominante de rechazo, con la negatividad en valores récord.
El debate se ordenó alrededor de un eje que funcionó como brújula narrativa: trabajador y derechos, empresas y Congreso.
Los picos de intensidad se activaron cuando el oficialismo ganó margen político desde octubre de 2025 y el proyecto entró en escena en diciembre para ser debatido en el Congreso.
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En paralelo, la Web envió una señal contundente: la búsqueda sobre “reformas” de parte de los argentinos se concentró casi por completo en la dimensión laboral, relegando otras discusiones, y otorgándole al gobierno el contexto social para avanzar en modificaciones para el mundo del trabajo, históricamente relegadas.
Un debate digital intenso: el conflicto como idioma principal
La conversación de los argentinos en redes sociales sobre reforma laboral acumuló durante el último mes 514.500 menciones en redes sociales y quedó dominada por un 90% de negatividad.
Ese volumen funcionó como radiografía de un clima social muy claro.
La reforma laboral circuló por las redes argentinas como una disputa por el sentido del trabajo y por el límite de lo tolerable en la materia.
El mapa semántico mostró un choque de tres actores que organizaron la escena:
- trabajador/derechos (eje identitario)
- Empresas (eje económico)
- Congreso/proyecto/gobernadores (eje político-institucional).
Esa tríada empujó la conversación en redes sociales sobre la reforma laboral hacia la política y la sacó del terreno de lo técnico.
La discusión se movió como pulseada por las reglas de juego en materia laboral, por la autoridad política para implementarla y por los costos económicos y sociales de las modificaciones.
El Congreso apareció como escenario y como símbolo en redes de esta discusión: un lugar donde se escriben las leyes y en donde se miden fuerzas y debilidades políticas.
Una reforma con interés digital
La evolución de las menciones en redes sociales y prensa digital sobre las reformas en general (incluyendo el capítulo laboral) mostró un impulso marcado a partir del triunfo electoral del gobierno nacional en las elecciones legislativas de octubre de 2025.
Hasta entonces, el debate sobre reformular el mundo del trabajo, la ley penal, la cuestión tributaria o incluso el sistema previsional no mostró variaciones relevantes.
La victoria parlamentaria del oficialismo libertario trastocó esa dinámica.
Desde octubre de 2025, el debate en redes sobre la necesidad de aplicar reformas varias se aceleró, con la laboral al frente.
El ingreso del proyecto de modificación de las reglas del mundo del trabajo en diciembre imprimió todavía más vértigo.
La discusión tomó ritmo de campaña permanente, con los sectores reformistas ganando protagonismo en el debate, con la resistencia de distintos actores que resisten la discusión y un tono de conflicto inevitable.
Redes y medios: dos termómetros y una pelea por el encuadre
Mientras hacia finales de 2025 se disparó el debate en clave “reformista”, el sentimiento tomó dos caminos distintos.
- En redes sociales, el sentimiento mostró señales de mejora hasta un mes antes de los comicios de octubre y luego cayó hacia promedios cada vez más negativos.
- En cambio, en los medios de comunicación, el sentimiento de las publicaciones siguió un recorrido inverso.
La prensa online mejoró mes a mes el tono de sus menciones a las distintas reformas, con la cuestión laboral en el centro del debate.
Ahí apareció un fenómeno clásico de la disputa discursiva.
Las redes dramatizaron la discusión imprimiéndole todo tipo de sentimientos y los medios encuadraron el debate, dándole viabilidad y argumento.
De este modo, el periodismo quedó expuesto —a veces por decisión, a veces por lógica del oficio— como aliado contextual del gobierno en el debate argentino sobre reformas.
Mientras en redes sociales las reformas se discutieron en clave de “pérdida de derechos” y “precarización”, en la prensa digital se discutieron el “costo laboral”, la “litigiosidad” y la “viabilidad parlamentaria”, entre otros ejes.
De 2017 a 2026: la reforma como escena recurrente
Para analizar la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, primero conviene viajar unos años hacia atrás.
En 2017, el gobierno del expresidente Mauricio Macri inauguró un ciclo de interés de los argentinos por reformas de fondo, con la cuestión previsional como disparador.
Ese año registró un pico histórico de interés reflejado en consultas en la Web.
La reforma previsional fallida hizo estallar el debate, con protestas y violencia política frente al Congreso y choques con fuerzas de seguridad.
Los incidentes dejaron escenas de alto impacto: piedras, gases lacrimógenos, corridas y una tensión institucional que se filtró hasta el interior del recinto.
La reforma se volvió una imagen críptica y nítida: el Parlamento como fortaleza sitiada.
Con el paso de los años, aquel pico se diluyó, pero el piso de interés de los argentinos por las reformas nunca volvió al nivel anterior.
Entre 2018 y 2022, los promedios se ubicaron por encima de los registros de la década previa.
A partir de la asunción del gobierno de Javier Milei a finales de 2023, el interés retomó dinámica ascendente y alcanzó un récord en 2025.
El país volvió a un punto conocido: reformas en agenda, calle en tensión, redes en ebullición.
Lo laboral, ante todo: “reformas” se buscó como reforma laboral
Un análisis más detallado del interés de los argentinos por las distintas reformas mostró una supremacía nítida de la cuestión laboral.
En las consultas en la Web, la agenda se concentró de manera aplastante en la reforma laboral (96,3%).
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El interés por cambios en materia previsional, penal y tributaria apenas acumuló 3,6%.
El dato describió una jerarquía social del problema: lo laboral tocó la vida cotidiana y agitó el miedo.
Es decir, el debate desestabilizó la opinión pública y alteró el futuro previsible para sectores temerosos de un cambio en las reglas de juego del mundo del trabajo.
reforma laboral
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