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Espías rusos en la Argentina. Tres años después de su caída, son héroes de Putin y sueñan un futuro para sus hijos

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Las tropas especiales entraron por puertas y ventanas. Derribaron al hombre que decía llamarse Ludwig Gisch y se movía por Europa con pasaporte argentino. Subieron al primer piso, donde se lanzaron sobre la mujer, que muchos conocían por su cuarta y última identidad, María Rosa Mayer Muños, nacida en Grecia, criada en México y nacionalizada argentina. Así comenzó a derrumbarse, hace hoy tres años, la “leyenda” de los espías rusos que vivieron en el barrio porteño de Belgrano durante una década.

Todavía hoy, Gisch y Mayer Muños (en realidad, Artem Dultsev y Anna Iudina) siguen generando olas. En Buenos Aires, la Justicia investiga la “pata local” que les permitió pasar desapercibidos como argentinos. En Eslovenia, la Justicia determinó que él tiene derecho a recibir 38.929 euros del remanente del proceso concursal de la firma informática que fundó en aquel país, DSM & IT. Eso, si pudiera regresar a Eslovenia, algo que tiene prohibido.

El presidente ruso Vladímir Putin, derecha, recibe a los presos rusos liberados en un canje con Estados Unidos y a sus familiares, en el aeropuerto gubernamental Vnukovo en las afueras de Moscú, Rusia, el jueves 1 de agosto de 2024. (Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)Mikhail Voskresensky – Pool Sputnik Kremlin

En Buenos Aires, el fiscal federal Eduardo Taiano busca determinar quiénes integraron la red de apoyo logístico y monetario que facilitó la infiltración del matrimonio ruso para que vivieran en la Argentina como los Gisch. La pesquisa abarcó a ciudadanos argentinos y extranjeros, según informes de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad y de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

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Ambos informes oficiales detallaron que los espías recibieron documentos falsos, dinero y otros insumos que les permitieron moverse por la ciudad de Buenos Aires y, al menos, siete provincias durante años, sin que saltaran las alarmas oficiales. Por el contrario, se instalaron y espiaron en el país —con foco en el yacimiento Vaca Muerta y los negocios derivados— e, incluso, llegaron a votar en las elecciones nacionales de 2013.

En Eslovenia, mientras tanto, el administrador concursal, Zoran Masten, comunicó que, después de liquidar activos (entre ellos una oficina en Ljubljana) y pagar deudas y costos judiciales, quedó un excedente que asciende a 38.929 euros para Gisch –es decir, Dultsev-, como socio fundador de la empresa DSM & IT. Pero como el espía ruso no cuenta con una cuenta bancaria en el país del que fue expulsado, el dinero quedó en una nebulosa. Si el agente del Servicio de Inteligencia Ruso para el Extranjero (SVR) no lo reclama durante los próximos tres años, el dinero pasará al Estado esloveno.

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El paso de ambos espías por la Argentina y Eslovenia adquiere dimensiones inesperadas, además, al entrecruzarse con la difusión en septiembre pasado de un especial televisivo ruso titulado “Tango secreto al filo de la navaja”, en el canal NTV, donde los espías rusos que vivieron durante años en la Argentina relataron su historia. Contaron que se habían reintegrado al SVR y afirmaron que siguen formando nuevas generaciones de agentes.

“Seguiremos ayudando”, confirmó ella. “Ayudaremos a la próxima generación de espías, a la que nos sucederá, para que sea aún más fuerte, aún más profesional, aún más exitosa”, sostuvo durante el especial de 47 minutos, sin contar los cortes publicitarios, que abordó la versión oficial sobre los dos agentes del SVR y de sus hijos. Incluyó detalles sobre su formación en Rusia y sus misiones en América del Sur y Europa, cómo entablaron vínculos de interés y algunas peculiaridades de su vida como “durmientes” o “exploradores”.

Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños, camuflados como hinchas de la selección Argentina en el mundial de Rusia 2018Alconada Mon, Hugo (Prosecretario de Redacción)

Hola, me llamo Ludwig Gisch”, comenzó él. “Hola, ¿qué tal? Me llamo María Mayer”, continuó ella, mientras sonreían para las cámaras, con una particularidad: ambos pronunciaron la “ll” como una “y”, con tonada y cadencia porteñas.

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De claro tinte laudatorio, el especial televisivo contó con el beneplácito del Kremlin, al punto que incluyó la participación del titular del SVR, Serguéi Narishkin. Su presencia refleja el presente de los Dultsev, que a su vez colmaron de elogios y palabras de agradecimiento a sus superiores y al presidente Vladimir Putin por cómo procedieron desde que fueron detenidos en Eslovenia, en diciembre de 2022.

Según detallaron durante ese especial, Dultsev obtuvo la ciudadanía argentina utilizando documentos falsos a nombre de Ludwig Gisch, mientras que ella se presentó como nacida en Grecia y criada en México, también respaldada en papeles adulterados. Ambos hablaron ante las cámaras con tonada porteña y describieron cómo se infiltraron en la sociedad argentina para construir su fachada o, en la jerga, su “leyenda”.

En su informe, el fiscal Taiano buscó ahondar en la red de apoyo en la Argentina. Detalló el nombre de tres sospechosos de integrar la red local que apoyó a los Gisch e incluyó los nombres de seis rusos que pasaron por la Argentina durante los últimos años y que, de acuerdo a las investigaciones de la DNIC, integrarían el espionaje militar de Moscú, conocido por las siglas GRU, a diferencia de los Dultsev, que trabajan para el SVR, abocado al espionaje civil. Ahora, la pesquisa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), que lidera el fiscal Santiago Marquevich.

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El especial de la televisión rusa omitió datos de interés para los investigadores argentinos. Entre otros, cómo sortearon los espías controles migratorios, quién les facilitó los documentos operativos, cómo ingresaron sin alertar a los servicios de inteligencia locales, y qué misiones concretas llevaron a cabo. Mencionaron que viajaron a Rusia durante el Mundial de fútbol 2018, que allí solucionaron “asuntos de gestión” y aprovecharon para reunirse con sus familias. También detallaron su paso por la Patagonia, con imágenes suyas en el glaciar Perito Moreno junto a sus hijos.

Gran parte del especial de la televisión rusa, giró alrededor de los hijos de la pareja, argentinos nativos —y, por tanto, con derecho a obtener documentos de identidad y pasaportes argentinos hasta su muerte—, aunque los Dultsev los definieron como “rusos”.

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Elegimos esta profesión también por nuestros hijos. Porque queremos que nuestros hijos tengan un futuro brillante en Rusia. Para que Rusia exista. Queremos que nuestro país sea poderoso. Un gran país. Un país soberano”, remarcó ella, que sólo en un momento pareció cerca de quebrarse ante las cámaras. No fue cuando relató la estadía de 19 meses de sus hijos en un orfanato esloveno, sino cuando rememoró que un emisario de Moscú le informó, en la navidad de 2023, que Putin le había concedido la Medalla al Valor. ¿Qué hizo ella? Tomó un block de notas del emisario, contó, y escribió tres palabras: “Sirvo a Rusia”.

Durante el “especial”, sin embargo, ella evitó ahondar en el plan que tenían para sus hijos que delineó en la entrevista que meses antes concedió al periódico Rossíiskaya Gazeta, también oficialista. “Pensé que los niños continuarían con nuestra profesión”, confesó entonces, con la ventaja de que sus hijos ya no tendrían que montar una fachada o “leyenda” para esconder su origen ruso y trabajar como espías ‘ilegales’ (o ‘conserva’ o ‘exploradores’, en la jerga) porque ellos ya son argentinos nativos.

De todos modos, si ambos espías callaron al respecto, el periodista del canal NTV se encargó de abordarlo con Sophie (hoy de 12 años) y Daniel (10 años).

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-¿Qué quieren ser cuando sean grandes?

Los dos respondieron al unísono, ante la mirada de su madre:

-Exploradores.

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El líder de la CGT atribuyó la reforma laboral a la esquizofrenia electoral: “La sociedad vota con emoción y después te reclama con razón”

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La entrevista con Jorge Sola en Infobae a las Nueve expuso el rechazo sindical a la reforma laboral aprobada en el Senado. El secretario general de la CGT advirtió sobre una presunta pérdida de derechos de acuerdo a la visión de su sector y el impacto político de la votación.

Jorge Sola, secretario general de la CGT, adjudicó la media sanción de la reforma laboral a lo que definió como una “esquizofrenia electoral” de la sociedad argentina que le permitió al oficialismo ganar las elecciones presidenciales en 2023 y aumentar su representatividad en el Congreso durante los comicios legislativos del año pasado.

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“La sociedad vota con emoción un domingo y el lunes te reclama con la razón. Te dice voto esto porque no me gustaba lo de atrás, porque hay incertidumbre de futuro, pero después al otro día te dicen ‘pero che, estos derechos me los van a sacar’”, señaló. “Sí, son los que votaste y hoy tienen noventa diputados y veinte senadores. Eso es lo que se votó. Bien. Contra eso, que es una fortaleza política de este gobierno, hay que pelear”.

Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Sola remarcó la postura de la CGT frente al avance del proyecto oficialista: “Nosotros militamos por un proyecto que se oponía al de la senadora Bullrich, en ese caso candidata a presidenta, y al del presidente Milei. Perdimos. Exactamente, lo hicimos militando, diciendo: ‘Lo que está enfrente va a venir por los derechos de los trabajadores’. Tratamos de convencer a la gente, no lo logramos. Se ganó esa opción”.

La CGT y la advertencia sobre la pérdida de derechos laborales

Sola enfatizó que la reforma se apoya en “la conculcación de muchos derechos individuales”, y criticó el debilitamiento de la representación gremial. “Hay una gran cantidad de derechos individuales de los trabajadores que van a ser conculcados. El debilitamiento de las representaciones gremiales, el derecho de huelga, las asambleas, la representación gremial, las estructuras gremiales, y después una gran transferencia de recursos económicos por parte de los trabajadores hacia el sector empresario”, enumeró.

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El dirigente gremial sostuvo que la organización advirtió con anticipación el riesgo de este escenario: “La CGT advirtió sobre lo que se enfrentaba ante este proyecto y que se votara. Apenas inició el gobierno, fuimos los primeros que estuvimos en pie de lucha y seguimos estándolo. Somos la única estructura del movimiento social que está en pie de lucha permanente desde el primer mes en que asumió este presidente”.

Consultado sobre la magnitud de la movilización sindical tras la media sanción, Sola defendió la capacidad de convocatoria de la central obrera: “Había cien mil personas en la plaza. Yo estuve ahí adentro, caminé cada una de las columnas. Por supuesto, hubo otros grupos que se sumaron a los que nosotros no controlábamos. Nosotros, la protesta y el reclamo en paz social, lo hemos mantenido en cada situación de la democracia argentina”.

Las críticas a la reforma y el rol de la CGT

Uno de los puntos más discutidos fue la supuesta falta de contundencia de la CGT en su respuesta. Sola rechazó esa lectura: “Es una percepción tuya. Nosotros estamos en un plan de acción que empezó el 18 de diciembre con una convocatoria y ayer tuvimos otra, desvirtuada por servicios que trataron de cambiar el foco. Pero la herramienta del paro y de la huelga todavía está en vigencia”.

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A la vez, Sola se desligó de los incidentes ocurridos tras la retirada de la CGT de la Plaza de Mayo: “Cuando los tres secretarios generales llegamos al frente de la columna, a los diez minutos se desvirtuó todo. Ese sector fue para el lado de la CGT, pero no voy a hablar de eso, porque si no estamos hablando de la anécdota y no de lo central”.

Respecto a la defensa de los derechos laborales, Sola remarcó: “No hay modo de recuperar ningún derecho individual si no hay una estructura gremial que represente a los trabajadores. El proceso que se pretende, de tratar de que cada trabajador puede defender por sí mismo sus derechos en esta suerte de idealización que tiene el gobierno, no existe. La única manera es con estructuras gremiales fuertes que representen los intereses de los trabajadores”.

El debate por los aportes sindicales y la judicialización de la reforma

Sola contestó a quienes acusan a la CGT de priorizar el mantenimiento del aporte sindical por sobre otros derechos: “Ningún aporte es obligatorio de por sí. Vos no te afiliás a un gremio porque el gremio lo decide”. Y aclaró: “Ese aporte solidario es el que se hace en algunas cuestiones circunstanciales y particulares por la negociación paritaria o convenio colectivo. No todos los gremios lo tienen”.

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El dirigente advirtió sobre las consecuencias del debilitamiento de la estructura social: “Cualquier estructura social que se debilite, como lo están haciendo con las jurisdicciones provinciales sacando dinero o con las obras sociales, implica profundizar la rotura del tejido social productivo y eso implica mayor desorden social del que hoy tienen”.

En cuanto a la judicialización del tema, Sola fue tajante: “¿Ustedes creen que puede pasar que hay violaciones de derechos constitucionales? El derecho de huelga no pasa el filtro de la constitucionalidad ni cerca, sino otro que atraviesa todo el proyecto de ley y que tiene que ver con el principio protectorio del derecho del trabajo. Esta ley, así como está votada, no termina aplicándose. Ya lo digo”.

Sola también abordó el tema de las licencias laborales, a raíz de declaraciones de Federico Sturzenegger: “No hay licencias eternas. Las licencias siempre tienen una certificación médica. En la actual ley de contrato de trabajo, el empleador puede chequear que esa enfermedad inculpable suceda. La filosofía de Sturzenegger es que la economía no está al servicio del trabajador, el trabajador es un engranaje para que funcione la economía. No funciona así el mundo, ni en los países que él dice llevar como norte”.

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El desafío de la representatividad sindical y el recambio generacional

Sola defendió su rol y el de la actual conducción de la CGT ante las críticas a la dirigencia sindical: “Yo represento a la CGT, que muchas veces desde los medios piden un recambio. Este es un recambio, no solo desde lo discursivo, sino también de lo pragmático. Todavía no pudimos poner en agenda la gran cantidad de cuestiones que tenemos para hacer de la CGT porque la agenda que apenas asumimos nos la puso el Gobierno con la reforma laboral”.

Al ser consultado sobre la percepción social de los líderes sindicales, respondió: “Vos no sabés lo que soy yo. Corro solidariamente, construyo merenderos, voy a mi ciudad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos revalidan con una inspección permanente del Ministerio de Trabajo. Después, la moral de cada uno se la defiende cada dirigente”.

Finalmente, defendió la legitimidad de la afiliación sindical: “La representación sindical en la Argentina es una de las más grandes del mundo. Tenemos alrededor de nueve millones de trabajadores formales y más del 50 % de los afiliados. Firman y dicen: ‘Yo quiero estar afiliado a este gremio’, porque ven que ahí hay una representación”.

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Sola concluyó explicando el próximo paso del plan de lucha: “Nos reunimos en consejo directivo para definir cómo seguimos el día que se trate en diputados. Prefiero muchas más veces la gente en la calle que un silencio que no hable”.

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Reforma laboral: la alianza entre el oficialismo y los gobernadores se mantiene en Diputados

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CÓRDOBA.− Aunque el oficialismo nacional no espera sobresaltos en el acuerdo alcanzado entre la Casa Rosada y los gobernadores para la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado, en las últimas horas se multiplicaron los ruidos por la forma en que se pagan las licencias por enfermedades y accidentes en el texto aprobado y algunos legisladores alineados con los mandatarios podrían sumarse a los que piden cambios.

La preocupación más fuerte de los gobernadores en el origen de la discusión era la reducción de Ganancias para empresas y su impacto en la coparticipación. Eliminado ese punto, se dieron por satisfechos y habilitaron sus votos en el Senado. El cuidado de las arcas provinciales fue el aspecto que concentró toda la atención de los mandatarios, que prácticamente no se involucraron en el debate de los aspectos laborales en sí de la reforma.

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Así, no solo los gobernadores aliados electorales de los libertarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) dieron su apoyo, sino que los senadores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalaqua (Misiones) y Martín Llaryora (Córdoba) acompañaron el proyecto del oficialismo. También lo hizo la senadora radical con monobloque propio (Despierta Chubut) Edith Terenzi, que mantiene un estrecho alineamiento con el gobernador Ignacio Torres.

Diego Santilli se reunió con gobernadores para acercar posiciones respecto a la Reforma Laboral. Estuvieron presentes Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en la Casa de Salta.

El oficialismo confía en que todas las alianzas tejidas para el paso de la reforma por el Senado se mantendrán y, con eso, alcanzaría el número necesario para aprobar la ley. El viernes por la tarde, la iniciativa llegó a Diputados. El próximo miércoles 18 se analizaría en el plenario de comisiones y la sanción debería ser antes del fin de las sesiones extraordinarias.

La senadora Patricia Bullrich ya adelantó que el Gobierno no aceptará cambios: “La ley ya está, es esta”. Incluso, le restó importancia a los cambios que introdujo el Senado. El mensaje esta vez no apunta a los gobernadores, sino Pro, cuya bancada quiere reincorporar el pago de salarios a través de billeteras virtuales.

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En las negociaciones previas al paso por el Senado, a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli, los esfuerzos estuvieron enfocados en los peronistas como Sáenz, Jaldo (una senadora cercana rechazó el proyecto) y el catamarqueño Raúl Jalil (aunque el senador Guillermo Andrada votó en contra). Ese grupo, que acompañó al oficialismo en el arranque de la gestión de Javier Milei, tomó distancia en la última parte de 2025. La relación parece estar recompuesta ahora.

Si el debate por los puntos relacionados a pagos de licencias recrudece, los seis diputados con los que cuentan Jaldo (bloque Independencia) y Jalil (Elijo Catamarca) tendrán un rol clave en la votación final.

Innovación Federal −el bloque cuyo armado lidera Sáenz− cuenta con nueve legisladores que si mantienen la alineación del Senado se sumarán a los 95 libertarios.

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En el caso de Provincias Unidas, que agrupa a 19 legisladores, habría votos divididos. Los cinco cordobeses mantendrían la posición de apoyo del Senado, pero hay puntos de lo aprobado en debate, lo que también alcanza a los santafesinos Gisela Scaglia y Pablo Farías. La misma conducta asumirían el rionegrino Sergio Capozzi y los dos jujeños alineados con Carlos Sadir (Jorge Rizotti y María Zigarán).

Las diferencias dentro del bloque podrían darse porque Martín Lousteau impulsa un proyecto propio de reforma laboral, una alternativa al de los libertarios.

Por supuesto, los mandatarios de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego, quienes no mantienen contactos con la Casa Rosada, son los que sostienen los reclamos. Después de la media sanción de la reforma, pidieron a la Nación que convoque al Consejo Federal del Trabajo (CFT). El planteo, por una nota firmada por los titulares de las carteras laborales de esas provincias, fue entregado al secretario de Trabajo, Julio Cordero.

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A ese grupo se sumó, en esta oportunidad, el misionero Hugo Passalaqua, aunque los senadores que le responden −Carlos Arce y Sonia Rojas Decut− votaron a favor del proyecto.

El retiro del artículo que reducía Ganancias a las empresas conformó a los gobernadores, pero irritó a las cámaras empresarias, que hace tiempo vienen reclamando sobre ese impuesto. Esta vez se impuso el pragmatismo en las negociaciones. Un informe de la consultora Empiria da cuenta de que mientras que el proyecto original representaba un costo fiscal de 0,8% del Producto Bruto Interno, ahora quedó en 0,13%.


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Diputados debate bajar a 14 años la edad de imputabilidad: cómo es la ley en otros países

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Diputados debate en el Congreso la Ley Penal Juvenil. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. La propuesta alinea la legislación nacional con la tendencia de algunos países de la región. Al mismo tiempo, genera un amplio debate legislativo y social. En Infobae en Vivo Al Mediodía brindaron detalles acerca de qué territorios disponen de una normativa similar.

“El proyecto que están discutiendo en este momento en la Cámara Baja fija en catorce años la edad de imputabilidad”, explicó Federico Mayol durante Infobae en Vivo Al Mediodía. El proyecto legislativo busca modificar el sistema vigente, que fija la imputabilidad desde los dieciséis años, para situarla ahora en una cifra debatida regionalmente.

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La propuesta, según precisó el periodista, se inscribe en un contexto regional: “Catorce años es lo que rige en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. En Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la edad es aún menor: doce años”, detalló Mayol.

De acuerdo con el profesional, “la tendencia regional es hacia edades más bajas de imputabilidad penal”. Aclaró que cada país introduce matices según la gravedad del delito y los sistemas de protección a la infancia.

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Por otro lado, si se observan los países europeos, muchos disponen de una ley similar al proyecto tratado este jueves en la Cámara Baja. En el caso de España, desde el año 2000 que la edad punitoria descendió hacia los 14, pero la legislación no admite que los menores que delinquen afronten sanciones penales.

Asimismo, las normativas de Italia, Austria y Alemania podrían contemplar una penalización, si se demostrara que el adolescente juzgado estaba en plena consciencia de sus actos y pudiera ser capaz de comprender la gravedad de los mismos. Además, el régimen penal aplicado a menores de edad en Inglaterra comparte cierta similitud con estas condiciones, salvo que la definición de minoridad varía entre los 10 y los 17 años.

Modificaciones en la ley

Sobre los alcances concretos del proyecto, Mayol describió: “Se privilegian medidas complementarias o no privativas de la libertad. Por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad, prohibición de conducir o de salir del país, siempre y cuando el delito no sea un homicidio ni haya víctimas graves”. Además señaló: “El texto fija una pena máxima de quince años para los menores, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena”.

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La limitación presupuestaria de 23 mil millones de pesos plantea interrogantes sobre los recursos y la capacidad operativa del sistema penal juvenil Foto: UNER Medios

Continuamente, Mayol analizó los desafíos de aplicar la normativa en la práctica. “La discusión no es solo la edad, sino qué condiciones materiales existen para que la ley se cumpla”, advirtió. Y planteó las dudas presupuestarias: “El presupuesto destinado es de veintitrés mil millones de pesos”, e interrogó si ese monto permitirá contar con los recursos y el personal especializado para alojar a los menores adecuadamente y ofrecerles tratamientos contra las adicciones.

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