La empresa que contrató la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para recolectar sus ingresos alrededor del mundo sigue sumando sorpresas. Además de desviar US$42 millones a cuatro sociedades fantasma en las que figuran argentinos que residen en Bariloche y afrontan problemas fiscales y comerciales, transfirió al menos US$2,3 millones a otra firma estadounidense cuyo rostro visible es un exempleado de la Municipalidad de Lanús que fue beneficiario social, según surge de la documentación bancaria, societaria, laboral y comercial que cotejó .

El rastro conduce a Matías Esteban Fernández, un argentino de 45 años que figura en los papeles societarios como “miembro” y único responsable de W Trading LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el estado de Florida. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 recibió trece transferencias de TourProdEnter LLC, la agente comercial “exclusiva” de la AFA para todo el mundo, con la excepción de la Argentina.

El perfil patrimonial de Fernández colisiona, no obstante, con el volumen de divisas que movilizó. Otrora empleado municipal en Lanús, también figuró como monotributista hasta que se dio de baja de manera voluntaria, por “cese de actividades”. En los registros oficiales disponibles también consta que accedió a la asignación universal número 80-2-8459821-0 en 2018, cuando su hija tenía 4 años. Hoy el teórico receptor de al menos US$2.297.500 de la AFA viviría en el exterior.

La firma en la que aparece Fernández, W Trading, muestra características comunes a las cuatro sociedades sospechadas de servir de “pantalla” para el desvío de US$42 millones que pertenecen a la AFA, según constató . Es decir, a Soagu Services LLC, que recibió US$10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por US$13,4 millones; Velp LLC, con US$3 millones; y Velpasalt LLC, con US$14,7 millones.

Al igual que esas sociedades, W Trading no registró empleados, ni actividad verificada en Estados Unidos hasta su disolución en septiembre de 2024. Y al igual que esas firmas, declaró como domicilio la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami.

En esa dirección opera un edificio de oficinas de dos plantas en el que funcionan decenas de pequeñas empresas. Desde un local de limpieza de cutis a estudios jurídicos y consultorios médicos que se promociona en Internet por ofrecer el servicio de “oficinas virtuales”. ¿El costo? 50 dólares por hora de alquiler de las “salas de conferencia”, según verificó .

Las trece transferencias que recibió desde cuentas bancarias de TourProdEnter LLC también muestran ciertos patrones comunes a los giros que la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette emitieron a favor de las otras sociedades “pantalla”. Primero, porque todas las transferencias fueron por montos de seis o menos cifras, con lo que redujeron los riesgos de una alerta antilavado. También, porque los giros a varias de esas sociedades se concretaron, incluso, en las mismas fechas.

Así ocurrió, por ejemplo, el 11 de mayo de 2023, cuando Gillette emitió tres transferencias consecutivas desde la cuenta de TourProdEnter LLC en el banco Synovus. ¿La primera? A Velp LLC, sociedad en la que aparece la argentina Verónica López, por US$ 160.000, a Velpsalt LLC, en la que figura el esposo de López, Roberto Salice, por US$ 270.000, y a W Trading, con Fernández, por 150.000 dólares.

Esa no fue, sin embargo, la única coincidencia temporal. Al contrario. En 8 de los 13 pagos emitidos desde TourProdEnter a favor de W Trading, el giro coincidió con una transferencia a otra de las sociedades bajo sospecha, según detectó en los registros confidenciales de los bancos estadounidenses Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

La primera de las transferencias a favor de W Trading se registró, también desde el banco Synovus, el 2 de noviembre de 2022. Fue por 270.000 dólares. Veintiséis días después, el 28 de ese mes, Fernández constituyó en la Argentina la sociedad anónima Sfera Global Sports, que desde entonces se presenta en LinkedIn como una “empresa de gestión deportiva de jugadores de futbol con impronta y talento argentino”.

En su página de “wordpress”, la supuesta “empresa” sostiene que es “agente registrado AFA y FIFA como persona jurídica”, que gestiona “talentos deportivos Argentina [SIC] con presencia en Europa, Asia, EEUU y Latam”. Más aún, plantea que tiene “15 años de experiencia”, con “sede en Buenos Aires y corresponsales en Europa y EEUU”.

La supuesta empresa acumula, no obstante, varias inconsistencias. La primera, que no tiene constancia única de identificación tributaria (CUIT), por lo que no se registró ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). La segunda, que en Internet informa como teléfono un número inexistente: el 1234-5678 de la ciudad de Buenos Aires.

En esa misma página de “wordpress”, la supuesta empresa también consigna que sus oficinas se encuentran en la avenida Corrientes 222, piso 15. Es decir, en el edificio Comega. Pero en ese piso funciona el “Sky Bar” y los encargados del edificio indicaron que allí no funciona Sfera Global Sports SA, ni conocen a Fernández, ante la consulta de .

Al publicar la constitución de la supuesta empresa en el Boletín Oficial, Fernández y sus socios (Alejandro Belloni, Néstor Izaguirre, Martín Nicchiarelli y Esteban Diez) comunicaron que fijaron la “sede social” de Sfera Global Sports SA a la vuelta del edificio Comega, en la calle 25 de Mayo 330, piso 4. Pero allí también dijeron que no operaba esa firma, ni conocían a Fernández, según verificó .

En el acta constitutiva de Sfera Global Sports, Fernández consignó que su domicilio personal era en un edificio de la calle Bartolomé Mitre 2227, piso 14. Pero la dirección correcta es en el piso 2, departamento 14, del contrafrente de ese modesto inmueble. Allí todavía vive su madre. “Hace muchos años que [Matías] vive afuera”, explicó, cuando un cronista de se identificó y pidió hablar con su hijo para consultarle por cuestiones del fútbol.

–¿De fútbol? ¿Él? -indagó sorprendida-. Que yo sepa, no.

CÓRDOBA.- A dos meses de la derrota legislativa, el gobernador Martín Llaryora aceleró la toma de distancia de su antecesor y diputado nacional electo, Juan Schiaretti. En las últimas semanas instrumentó varios cambios en su gabinete, en donde incluyó nombres muy cercanos a él. Trata de recuperar la iniciativa política con algunas iniciativas diseñadas siguiendo el clima de época, como son las sanciones a limpiavidrios y cuidacoches, mientras que por otro lado introdujo cambios previsionales que, asegura, “benefician a los que menos cobran”. Todavía no hay señales de si los resultados son los que espera su equipo.

Aunque desde las dos partes intentan disimular las diferencias, cada vez son más las versiones respecto de que la tensión entre Llaryora y Schiaretti alcanzó su máximo nivel. Siempre tuvieron un vínculo complicado, pero la derrota de octubre abonó las diferencias. En el 2022 Schiaretti impulsó al actual mandatario como su sucesor; en ese entonces era intendente de la ciudad de Córdoba.

La misma noche en que ganó la gobernación por tres puntos a Luis Juez -quien apuesta a volver a competir por el premio mayor en 2027-, Llaryora dijo: «Hay una generación que se retira y otra que ingresa, por eso no hay más 24 años (de gobierno)“. Schiaretti estaba parado a pocos metros. En esa oportunidad defendió su estilo de construcción política, el del “partido cordobés”, sumando dirigentes del Pro y la UCR en cargos claves.

Las últimas designaciones en el gabinete no van en línea con esa estrategia, prefirió elegir a gente de su riñón como Miguel Siciliano quien quedó a cargo del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional (con un ojo puesto en la candidatura a intendente de la capital provincial), o Marcelo Rodio, que pasó de Transporte a la Agencia Córdoba Cultura.

También decidió fusionar Producción, que estaba a cargo del exPro Pedro Dellarossa con Bioagroindustria, a donde sigue Sergio Busso (cercano a Schiaretti). Lo mismo hizo con los ministerios de Ambiente y Desarrollo Humano, dirigidos por Victoria Flores (pareja de Siciliano) y Liliana Montero, quienes pasaron a secretarías dependientes de Educación y Salud, respectivamente.

Sin embargo, la jugada más fuerte se dio en el ámbito judicial. El Gobernador creó la Procuración Penitenciaria Provincial que dirigirá Bettina Croppi. La clave está en ese movimiento. Es que la abogada deja vacante una fiscalía adjunta (a donde había llegado con el aval de la senadora Alejandra Vigo), en la que jurará Néstor Gómez, muy cercano a Llaryora. Comenzó la relación como su asesor letrado de la Municipalidad de San Francisco, en 2008 y desde entonces lo acompaña. El lugar que Gómez deja como defensor adjunto será para Gustavo Folloni, hombre de confianza del Gobernador.

Alejandro Pérez Moreno, abogado cercano a Llaryora, es fiscal General Adjunto, mientras que impulsó a Carlos Lezcano para reemplazar en marzo al fiscal general Juan Manuel Delgado. Lezcano y Pérez Moreno tiene un histórico enfrentamiento. Con estos movimientos, el Gobernador reorganiza el Poder Judicial y gana posicionamiento con nombres cercanos, a la vez que desplaza a designados por Schiaretti.

En el debate legislativo de esta semana, hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición. La radical Brenda Austin planteó: “Lo venimos diciendo hace tiempo. Llaryora va por el control del Poder Judicial. Mueven y enrocan nombres para meter la mano a fondo en la Justicia”.

La legisladora oficialista Nadia Fernández respaldó los cambios. Y dijo que la Procuración Penitenciaria es “un instituto sumamente innovador”, con autonomía y legitimación procesal. Horas después, fue designada número dos en el Ministerio de Justicia.

La legisladora apareció vinculada con la designación de una “empleada fantasma” en la Unicameral. El caso se detectó cuando Guillermo Kraisman –quien era funcionario municipal de la ciudad de Córdoba y lo echaron por haber robado fiambre en un súper- intentó retirar dinero de un banco con una tarjeta ajena, que pertenecía a esta mujer, Virginia Martínez.

En la causa judicial, Fernández, reconoció que autorizó y luego dio de baja el contrato de Martínez. Sin embargo, la mujer aseguró que nunca fue al edificio de la Unicameral y que no la conocía y pidió que se la investigara a la legisladora.