POLITICA
El gobierno porteño desmanteló una red de comedores comunitarios fantasma y endureció los controles

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha desarticulado una red de comedores comunitarios fantasma, clausurando cuarenta espacios inexistentes y detectando el desvío de más de 5.000 raciones diarias, lo que representaba un perjuicio de $20 millones por día. Esta intervención, según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, se enmarca en la implementación de un nuevo sistema de asistencia alimentaria que elimina intermediarios, exige registro obligatorio por DNI y permite la trazabilidad total de cada ración entregada.
La decisión de cerrar estos comedores, ubicados principalmente en los barrios porteños de Flores, Soldati, Mataderos y Lugano, se tomó tras una serie de inspecciones que revelaron la existencia de direcciones falsas, domicilios donde los vecinos negaban la presencia de comedores y lugares que impedían el acceso a los inspectores.
De acuerdo con la información recabada por el gobierno porteño, la mayoría de estos espacios estaba vinculada a la organización La Dignidad, que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Las actas de auditoría, a las que accedió Infobae, confirmaron que muchos de los sitios clausurados, como “Pekes” (Bonorino 1851), “Los Amigos” (White 21), “Bajo Flores” (Av. Varela) o “La 29”, nunca funcionaron como comedores reales.
Como lo muestran las facturas, los alimentos llegaban a las direcciones brindadas por los movimientos sociales o los referentes comunitarios, pero de allí serían cargados en camionetas y derivados a otros lugares desconocidos. Con la nueva metodología, la “trazabilidad” de la comida está garantizada.
El ministro Mraida infiere que parte de esos alimentos podría ser derivada a la provincia de Buenos Aires, una irregularidad que se sigue profundizando y que podría derivar en una denuncia penal.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió la medida y subrayó el cambio de paradigma en la gestión alimentaria: “Cerramos 40 comedores fantasma. Terminamos con un sistema que durante años les permitió a los gerentes de la pobreza hacer negocios con el hambre de la gente. Hoy eso se terminó”, declaró Macri a Infobae.
El alcalde remarcó que el nuevo modelo, basado en la eliminación de intermediarios, otorga visibilidad total sobre el destino de cada ración y el uso de los fondos públicos: “Sabemos a dónde va cada ración, quién la recibe y cómo se usa cada peso. Ahora cada persona accede con su DNI, sin punteros y sin listas manejadas por nadie. La ayuda llega directo a quien la necesita, en comedores comprometidos con la transparencia. Porque no todos son lo mismo”.

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, también defendió la transformación del sistema y enfatizó la necesidad de erradicar la utilización política de la asistencia alimentaria: “Cerramos 40 comedores fantasma que jugaban con la comida de la gente. En la Ciudad, eso se terminó. La comida no es un factor de negociación política”, afirmó Mraida a Infobae.
El funcionario detalló que el nuevo esquema exige que cada beneficiario esté registrado en una aplicación digital, que ya utilizan casi cien comedores: “Es clave para llegar de forma precisa, eficiente y cercana a quienes más lo necesitan. Ningún recurso, ninguna ración y ningún peso del esfuerzo de todos puede terminar en un destinatario que no corresponde. Mucho menos en la política”.

El operativo de control incluyó inspecciones reiteradas, entrevistas con vecinos y seguimiento presencial durante varios días. Los inspectores detectaron comedores declarados que no registraban retiro de viandas en toda la semana y domicilios donde los residentes aseguraban que jamás funcionó un comedor. La suspensión inmediata de las 5.000 raciones no justificadas permitió redirigir esos recursos a los beneficiarios reales.

El nuevo sistema, según el gobierno porteño, se apoya en la trazabilidad completa de cada ración, el registro nominal diario de todos los beneficiarios, la eliminación de la intermediación política, una planificación más precisa de compras y logística, y la fiscalización diaria de comedores y proveedores. Además, los tableros de gestión permiten detectar desvíos en tiempo real. Desde 2026, la utilización de la aplicación de registro será obligatoria para todos los comedores.
Actualmente, el programa alimentario de la Ciudad asiste a 250.000 personas por día: 130.000 acceden a alimentos mediante comedores comunitarios y 100.000 a través del programa Ciudadanía Porteña. Jorge Macri sintetizó el objetivo de las nuevas medidas: “Nadie que lo necesite se va a quedar sin su plato de comida. Ningún movimiento social volverá a usar esa necesidad para hacer negocios. La gran mayoría de los comedores —más de cien— trabaja muy bien y los vamos a seguir apoyando.”
Macri sintetizó de esta manera la situación con la que se encontraron y los cambios adoptados por su administración:
- “Mejoramos el sistema porque nadie que lo necesite se va a quedar sin su plato de comida”.
- “Trabajamos para que nadie viva en la calle y para que todos estén atendidos, acompañamos a cada uno que lo necesite”.
- “Ningún movimiento social volverá a usar esa necesidad para hacer sus negocios”.
- La gran mayoría de los comedores, más de cien, siguen adelante junto a las familias y los apoyamos porque su trabajo es muy valioso».

La respuesta de La Dignidad no se hizo esperar. La organización, junto a UTEP CABA y otras agrupaciones sociales, denunció “hostigamiento” y “persecución política” contra comedores con más de veinte años de trayectoria, así como la falta de diálogo con el gobierno porteño antes de los cierres. El comunicado, respaldado por entidades como Octubres CABA, la Corriente Popular Eva Perón, el Frente Darío Santillán, la CCC, el Frente 22 de Agosto, el Frente Barrial CTA y Mayoría Popular, sostiene que el cierre de los comedores forma parte de una “avanzada política” contra los movimientos sociales y de una “particularización de una demanda nacional”.
La suspensión inmediata de 5.000 raciones no justificadas permitió redireccionar recursos hacia los beneficiarios reales. Según explicaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la digitalización del sistema que ya se está implementando genera:
- Trazabilidad completa de cada ración.
- Registro nominal de cada beneficiario.
- Eliminación de la intermediación política.
- Planificación más precisa de compras y distribución.
- Fiscalización diaria tanto de comedores como de proveedores.
De cara a 2026, las autoridades porteñas anticiparon que el sistema será 100% digital, auditable y verificable, con la aplicación como herramienta central: “Cada plato estará auditado, cada beneficiario identificado y cada peso público rastreado.” Para el gobierno de Jorge Macri, el objetivo final es “una política alimentaria justa, directa y seria, que cuide los recursos de todos y acompañe de verdad a cada familia”.
POLITICA
Los peritos judiciales tasaron en más de US$20 millones la mansión de Pilar adjudicada a «Chiqui» Tapia y Toviggino

Los peritos judiciales tasaron en más de US$20 millones la mansión de Pilar que se le adjudica al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
El informe fue realizado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro e incluyó a todos los muebles, inmuebles y autos de lujo que estaban dentro de la mansión ubicada sobre la calle Misiones 4097, Villa Rosa, Partido de Pilar.
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El detalle del relevamiento indicó que la parcela principal tiene un valor de US$5.600.000, mientras que el edificio de entrada vale US$134.000.
La casa principal del terreno ubicado en Pilar tiene un valor de US$2.385.00, mientras que la casa secundaria de US$1.230.000.
El informe de los peritos judiciales también indicó que entre todos los autos que fueron secuestrados durante el allanamiento se alcanza un valor de US$3.861.100.
A eso hay que sumarle US$1.050.000 en concepto del depósito y US$1.490.000, que es el valor del galpón donde estaban estacionados los autos.
En paralelo, la pileta con la que cuenta la mansión adjudicada a Tapia y a Toviggino —que fue captada por las cámaras de TN- tiene un valor de US$50.000.
De acuerdo al informe al que accedió TN, el helipuerto de la mansión vale US$85.000, la cancha de Paddle US$30.000, el bar $390.000 y la recepción US$350.000.
Para completar el valor total de lo encontrado en la mansión de Pilar hay que sumar el valor del quincho (US$1.490.000); el costo del lugar donde funcionan el spa, el gimnasio y la sala de máquinas (US$1.450.000); y la caballeriza (US$1.220.000).
La suma de todo lo secuestrado en el allanamiento sobre la mansión ubicada en la calle Misiones 4097, es de US$20.815.100.
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De acuerdo con los documentos incorporados, esa vivienda figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL, la firma señalada en la causa como presunta pantalla que está a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista).
Los registros muestran que Luciano Nicolás Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.
Con el paso del tiempo, esa condición cambió: los documentos relevados indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.
Ese corrimiento formal de la titularidad es uno de los elementos que se analizan en el expediente. La hipótesis que se examina es si el traspaso responde a una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien.
A esa línea se suma otro dato que figura en la documentación judicial: la hija de Pablo Toviggino también aparece registrada como propietaria o residente de la misma vivienda.
Para los investigadores, se trata de un elemento más que refuerza la conexión entre los Pantano y la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.
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El expediente incorpora además registros de personas invitadas a la mansión, que vuelven a vincular ambos círculos familiares.
En la nómina figura Máximo Toviggino, hijo del dirigente, así como Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego. Según consta en los documentos, ambos aparecen asentados como invitados habituales al domicilio de Ayres Plaza.
Pilar, AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
El Gobierno acelera la compra de cuatro helicópteros italianos para la Armada

En otro guiño hacia las Fuerzas Armadas, y como parte del anunciado plan de modernización de su equipamiento, el gobierno de Javier Milei anunció este martes la aprobación del contrato con un banco francés para la compra de cuatro helicópteros livianos de origen italiano, destinados a la Armada.
“El Gobierno aprobó un contrato de financiamiento para la adquisición de cuatro helicópteros AW109 junto al Credit Agricole, un banco de crédito agrícola francés, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina”, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la Casa Rosada.
En el decreto 924/25, publicado ayer en el Boletín Oficial, se aclara que el monto del crédito, a ser otorgado por la entidad bancaria francesa, es de poco más de 71 millones de euros. Adorni aclaró que “el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, será el área responsable de la ejecución del programa y la utilización de los recursos del préstamo, que se destinará a potenciar la defensa de los recursos que son de todos los argentinos”. El ministro coordinador mencionó la reciente compra de 24 aviones F16 desde Dinamarca, “también destinada a aumentar la capacidad aérea Argentina”.
Fuentes del Ministerio de Defensa que encabeza el ministro Carlos Presti precisaron a que el contrato establece la entrega de los dos primeros helicópteros “antes de los 18 meses”. Al no tener componentes británicos, no será necesaria la gestión del gobierno de Donald Trump, vital para que la Argentina pudiera adquirir los F16 y sortear el veto de Gran Bretaña a la compra de armamento, vigente desde la Guerra de Malvinas, en 1982, veto que el Gobierno intenta revertir. El principal interés de Trump en ese caso era evitar que la Argentina terminara comprando los aviones chinos JF-17, reconocen las fuentes oficiales.
La firma del contrato, a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, aún no tiene fecha determinada, pero se estima que será en las próximas semanas, según fuentes oficiales.
La compra de los helicópteros tiene una historia algo más larga, y abarca los meses finales del gobierno de Alberto Fernández. En septiembre de 2023, el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, visitó la fábrica Leonardo, e incluso firmó una carta de intención para la adquisición de ocho helicópteros AW 109, los mismos de los que habla el contrato aprobado por el Gobierno. Como estos procesos llevan meses, y a veces años, fue importante el reciente aval de los gobiernos de Emmanuel Macron en Francia y Giorgia Meloni, en Italia, comentaron desde el Gobierno, aunque se trata de “montos pequeños” que no requieren de negociación política, comentaron otras fuentes con acceso al entramado de la negociación.
Según la propia empresa, esos helicópteros pueden cumplir con diversas funciones, tanto de vigilancia como de Servicios Médicos de Emergencia y de Búsqueda y Rescate (SAR), tareas para las que cuenta con un guincho lateral que facilita las aeroevacuaciones. Tienen capacidad para un piloto y un copiloto y seis tripulantes y puede operar durante tres horas, en un rango de unos 574 kilómetros.
En la agenda futura de compras militares del Gobierno aparece la ambiciosa adquisición de dos submarinos franceses Scorpéne, y aunque el propio Presidente anunció la probable compra el mes pasado, la negociación está aún en estado embrionario, comentaron fuentes oficiales.
“El kirchnerismo demonizó a nuestras Fuerzas Armadas(…). Nos habían dejado indefensos. Hoy volvemos a poner el rol de la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, planteó el Presidente en la presentación de los primeros seis F16, en Córdoba, y a modo de explicación general sobre la seguidilla de compras dedicadas a reforzar a las Fuerzas Armadas.
su equipamiento,la reciente compra,veto de Gran Bretaña,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
El Gobierno evalúa convocar a nuevas sesiones extraordinarias para adelantar la reforma laboral

El presidente Javier Milei tiene previsto convocar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, con el objetivo de retomar el tratamiento de la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares.
El Ejecutivo definió esta fecha en reuniones mantenidas este lunes y espera que el mandatario firme el decreto de convocatoria en la última semana de enero. La estrategia de la Casa Rosada consiste en utilizar el primer mes del año para acelerar las negociaciones con legisladores y gobernadores aliados, buscando alcanzar acuerdos macro antes de volver al recinto.
La reforma laboral, que ya posee dictamen, es la prioridad del oficialismo, que incluso no descarta realizar cambios en el texto original para asegurar su sanción. Desde el entorno presidencial señalaron a TN que “todo lo que no tenga que ver con la creación de empleo puede quedar afuera”, mientras mantienen la postura de no convocar a la CGT para negociar en el corto plazo.
El Gobierno apuesta a que esta reforma reduzca el costo del empleo formal e incentive la registración, compensando así el costo fiscal estimado en torno al 0,5% del PBI (unos US$3500 millones anuales).
Javier Milei congelará su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indefinido
Un punto central del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con la reasignación del 3% de las contribuciones patronales del sistema previsional hacia un fondo para indemnizaciones por despido.
Al Ejecutivo le interesa especialmente este articulado porque busca recapitalizar el mercado local a través de la inversión de esos montos. Además, el documento enviado al Senado contempla la reducción de alícuotas de Ganancias corporativas, exenciones para rendimientos financieros y la eliminación de varios impuestos internos selectivos.
A pesar de la merma de ingresos que implican estos cambios tributarios, el Gobierno argumenta que el equilibrio de las cuentas públicas no está en riesgo. Según las proyecciones oficiales, el Tesoro prevé un superávit primario cercano al 1,5% del PBI, lo que permitiría absorber el costo de la reforma sin incurrir en déficit.
La apuesta oficial es que la mayor formalidad eleve la base imponible y mejore la recaudación por IVA y aportes sociales, aunque algunos sectores del oficialismo advierten que este impacto podría ser “muy lento”.
Por el momento, la Casa Rosada decidió postergar iniciativas como el nuevo Código Penal o un rediseño integral del sistema impositivo (IVA e impuesto al cheque) por falta de margen fiscal y consenso político.
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