ECONOMIA
La montaña de juicios laborales que paraliza la inversión en Argentina

Hay cientos de miles de litigios laborales en curso en el país y el número equivale 10% del total de asalariados registrados en el ámbito privado
08/12/2025 – 09:30hs
La agenda política y económica de Argentina está marcada por la intensa presión del Gobierno Nacional para avanzar con una reforma laboral profunda que, según sus promotores, es crucial para reactivar la creación de empleo formal y aliviar la carga sobre las empresas. Este debate, que toca fibras sensibles tanto de los sindicatos como del empresariado, encuentra su fundamento en un dato estructural que pone en jaque la competitividad y la previsibilidad jurídica del país: el gigantesco stock de juicios laborales pendientes. La magnitud de la judicialización del trabajo se convertió en el argumento central de quienes buscan modificar la Ley de Contrato de Trabajo y otros regímenes asociados.
Los números que manejan los distintos actores del sistema —desde la Justicia hasta las aseguradoras de riesgos del trabajo y las cámaras empresarias— dibujan un panorama de litigiosidad que, por su volumen y las consecuencias financieras que acarrea, excede los parámetros regionales e internacionales. Es una realidad que impacta con dureza en las PyMEs y en las decisiones de inversión a largo plazo. La acumulación de causas y la incertidumbre en los fallos judiciales se consolidaron como un factor sistémico que desalienta la formalización laboral y mantiene a millones de argentinos en la precarización del trabajo en negro.
En este contexto de búsqueda de nuevas reglas, un informe reciente pone de manifiesto la cifra real del problema: el total de expedientes judiciales laborales que esperan una resolución en los diferentes fueros del país es una carga que se acerca a los 640.000 casos. Este medio millón largo de causas representa una montaña de pasivos contingentes y una prueba de la ineficacia del sistema actual para resolver los conflictos de manera rápida y justa. La cifra se ubica como un poderoso motor para acelerar la discusión de los cambios legislativos que buscan darle una mayor previsibilidad al mercado laboral.

El Gobierno impulsa una discutida reforma laboral.
La cifra que impacta en Argentina: casi 640.000 expedientes paralizan la inversión
El dato más contundente en el debate por la reforma laboral no es el flujo de nuevos reclamos, sino el stock consolidado que pesa sobre el sistema productivo: cerca de 640.000 juicios laborales se encuentran actualmente en trámite en todo el territorio argentino. Esta cifra no solo evidencia el colapso operativo del fuero, sino que grafica el enorme riesgo económico al que se enfrenta el entramado empresarial, desde la gran corporación hasta el pequeño comercio.
El problema radica en que, en un contexto de alta inflación y volatilidad económica, las demoras judiciales prolongan los procesos, y las sentencias finales se dictan aplicando complejas fórmulas de actualización de créditos. Estas fórmulas, que varían según la jurisdicción y la época, fueron cuestionadas por el sector empleador por su capacidad de multiplicar exponencialmente los montos indemnizatorios originales. Un reclamo que comenzaba con un valor predecible puede terminar, tras años de tramitación, en una condena con intereses y capitalización que exceden la capacidad de pago, forzando cierres de empresas y despidos masivos.
Los casi 640.000 expedientes que integran este pasivo se distribuyen en reclamos de diversa índole, siendo la litigiosidad por accidentes de trabajo y las multas por deficiente registración las que suelen generar los montos más elevados. Este panorama de incertidumbre jurídica es lo que el Gobierno busca modificar a través de herramientas legislativas que, se espera, logren desactivar los incentivos a la judicialización que hoy perciben tanto los trabajadores como los estudios jurídicos especializados. La meta es reducir drásticamente esta cifra histórica y lograr que los conflictos se resuelvan en instancias administrativas previas o con criterios de liquidación uniformes.
La reforma laboral como intento de reducir la «industria del juicio»
El proyecto de modernización laboral que se discute actualmente en el Congreso tiene como uno de sus objetivos principales atacar la raíz de la «industria del juicio», un término usado por las cámaras empresarias para describir el crecimiento desmedido de las demandas.
La propuesta de cambio legislativo se enfoca en dos grandes pilares para enfrentar el stock de 640.000 causas:
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Regulación de intereses y actualización: Se busca establecer un tope o una fórmula predecible para la actualización de los créditos laborales adeudados. La idea es reemplazar los regímenes actuales (que incluyen la capitalización de intereses o la indexación por tasas que superan la inflación) por un mecanismo más razonable que mantenga el poder adquisitivo del monto adeudado sin castigar con la ruina a la empresa demandada. Este punto es visto como esencial para fomentar los acuerdos extrajudiciales.
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Simplificación de multas y registración: El proyecto apunta a modificar las multas que se aplican a los empleadores por fallas en la registración. Los críticos del sistema actual sostienen que estas multas son tan elevadas que su riesgo disuade la registración de empleados. La reforma buscaría simplificar el proceso de formalización, promoviendo que el empleador que busca salir de la informalidad no se encuentre con un riesgo desproporcionado ante la mínima falla administrativa.
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ECONOMIA
Plazo fijo y tasas de interés: qué va a pasar con los rendimientos en pesos según el Gobierno y los especialistas

En medio de la calma cambiaria alcanzada en enero, el repunte de los rendimientos en pesos puede ser una mala noticia para el crédito pero también una herramienta ineludible para inversores y ahorristas. En ese contexto, Luis Caputo, ministro de Economía, reconoció que las tasas actuales se encuentran en niveles elevados. Esta admisión marca el punto de partida de un debate en el que convergen expectativas oficiales, proyecciones privadas, datos históricos y recientes movimientos del mercado.
Según el Informe Monetario Diario del Banco Central (BCRA), la tasa total general de plazos fijos mantuvo durante los meses recientes una tendencia descendente, después de haber mostrado una fuerte suba entre julio y octubre del año pasado. En ese período, el nivel de tasas superó el 50% nominal anual en varias jornadas y llegó a máximos de 58% a comienzos de septiembre. Por su parte, la tasa TAMAR, referencia del sistema financiero, también acompañó esa dinámica con picos de hasta 65,75% nominal anual en septiembre, antes de iniciar una fase de descenso que la ubicó en torno al 32% durante las primeras semanas de febrero de este año.
En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA revela que los analistas proyectan una tasa de inflación mensual en torno a 2,1% para febrero, 2,2% para marzo y una desaceleración progresiva hacia 1,7% en mayo. Estos números configuran un escenario en el que los rendimientos de los plazos fijos tradicionales podrían comenzar a superar a la inflación en los próximos meses. La mediana de expectativas del REM para la tasa de interés de referencia se ubica en 2,2% mensual para febrero, levemente por debajo de los valores de inflación esperados para el mismo mes.
Por su parte, un informe de GMA Capital, consultora conducida por Nery Persichini, señala que la evolución de los instrumentos en pesos presenta diferencias notables entre las colocaciones a tasa fija y las ajustables por inflación. Según su análisis, “la dinámica de tasas y rendimientos en pesos se explica por la combinación de factores monetarios y expectativas de inflación que condicionan el atractivo relativo de cada instrumento”. El informe destaca que los plazos fijos UVA, que ajustan por el índice de precios al consumidor, ofrecen una cobertura frente a la inflación, aunque imponen un plazo mínimo de encaje de 90 días.
Un trabajo de Quantum Finanzas, encabezada por Daniel Marx, aporta otra perspectiva relevante. En su último informe, la consultora detalla que “las tasas efectivas mensuales (TEMs) de las Lecaps se mantuvieron relativamente estables, terminando en 2,75% TEM (tramo corto) y 2,50% TEM (tramo largo)”. Además, observa que los bonos CER de corto plazo experimentaron una suba de tasa real entre 100 y 200 puntos básicos, impulsada por un repunte de la inflación en diciembre.
Quantum Finanzas estima que “en el mercado se descuenta una inflación del 2% promedio mensual para el período 2026-1T2027. De allí se desprende que sería indiferente posicionarse en Lecaps o Boncer para una inflación esperada en ese nivel”. El informe también señala que el efecto de “escalonamiento a la baja” en la inflación beneficia a los bonos CER de tramos cortos y medios, mientras que las Lecaps largas ganan atractivo en un escenario de desinflación sostenida.
En el mercado se descuenta una inflación del 2% promedio mensual para el período 2026-1T2027.
La visión de Portfolio Personal Inversiones (PPI) refuerza la lectura de un mercado que ajusta sus expectativas y estrategias de inversión en función de la evolución de las tasas y la inflación. El último reporte de la consultora destaca que “las tasas a un día bajaron por tercer día consecutivo, lo que sugeriría que la tensión reciente quedó atrás”. La tasa de fondeo (caución) promedió 26,3% nominal anual, mientras que la tasa de repo entre bancos se ubicó en 25,6% nominal anual. PPI subraya que “la dinámica de tasas es consistente con un contexto de liquidez gradualmente más holgada en el sistema financiero”.
Además, el informe remarca que, de cara al posicionamiento en pesos, “seguimos viendo valor en el tramo corto de la curva CER para la administración de liquidez, especialmente considerando que las breakevens de inflación se posicionan hoy en torno al 2,2% promedio para enero y febrero”. En el tramo más largo de la curva de tasa fija, la consultora mantiene una visión positiva ante la posibilidad de que la inflación retome la tendencia descendente, lo que otorgaría un rendimiento real positivo a los instrumentos tradicionales.
El análisis de la Fundación Mediterránea, a través del IERAL, incorpora el proceso de re-monetización en la economía y su impacto sobre la política de tasas. El informe señala que “la nueva fase de re-monetización plantea desafíos para la política de tasas de interés, ya que la demanda de pesos y la evolución de los agregados monetarios condicionan el margen de acción del BCRA”. La entidad destaca la importancia de monitorear la velocidad de recuperación de la demanda de pesos para anticipar movimientos en la tasa de interés, especialmente en un contexto en el que la política monetaria busca consolidar la desinflación.
Por su parte, Econviews, consultora dirigida por Miguel Kiguel, analiza la dinámica monetaria reciente y su relación con la compra de reservas. El informe de la firma explica que la absorción de pesos y el incremento de reservas internacionales inciden sobre el nivel de liquidez y, en consecuencia, sobre la formación de tasas de interés. Aunque el trabajo de Econviews no profundiza en proyecciones de tasas, sí advierte que “la política de compras de dólares y el manejo de la base monetaria son elementos a tener en cuenta para anticipar posibles movimientos en los rendimientos de los instrumentos en pesos”.
El REM del BCRA reúne las expectativas de 45 economistas sobre el futuro de la tasa de interés. Según la última encuesta, la tasa nominal anual de los plazos fijos tradicionales oscila entre 23% y 27% en bancos líderes, con máximos de hasta 33,5% en entidades más pequeñas. En términos mensuales, esto representa un rendimiento de entre 1,89% y 2,75%, aunque los valores más altos corresponden a pocos bancos.
La serie de tasas históricas del Informe Monetario Diario del BCRA ilustra la volatilidad que caracterizó al mercado en el último año, con incrementos abruptos en los meses previos a las elecciones y una caída posterior, alineada con un proceso de desinflación y normalización monetaria. En el arranque de febrero, los plazos fijos reflejan tasas en torno a 30%, mientras que la TAMAR se sitúa cerca del 32%. Los especialistas coinciden en que, a medida que la inflación baje, los rendimientos reales de los instrumentos en pesos podrían mejorar.
La perspectiva de Luis Caputo y la política oficial apuntan a sostener niveles de tasas que acompañen la baja de la inflación, sin generar distorsiones en el sistema financiero. Las consultoras privadas, por su parte, evalúan alternativas de inversión combinando instrumentos de tasa fija y ajustables por inflación, en función de las proyecciones de precios y el sendero de desinflación anticipado por el REM. El escenario, en definitiva, se define por la interacción entre expectativas, decisiones de política monetaria y la dinámica de los mercados.
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ECONOMIA
El sector industrial advierte que la apertura económica exige eliminar las distorsiones internas

Martín Rappallini de la UIA, señaló que la presión fiscal y la legislación laboral antigua frenan la capacidad de competir frente a la apertura comercial
08/02/2026 – 09:53hs
Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó que la competitividad del sector privado depende de un ordenamiento macroeconómico urgente ante un escenario de caída en la actividad y una transición hacia la integración global.
La realidad industrial argentina atraviesa una transición crítica marcada por una apertura económica significativa y un escenario de actividad profundamente heterogéneo. «Si bien el año 2025 registra un leve crecimiento del 1,5% respecto al anterior, esto ocurre tras un 2024 de fuerte ajuste donde todos los rubros sufrieron caídas. Sectores como la construcción, el textil, el calzado y la metalmecánica mantienen estándares de retracción, mientras que la energía, la minería y el sector automotriz muestran signos de recuperación», manifestó Rappallini en declaraciones radiales
En este contexto, el referente del sector sostuvo que la apertura obliga a las empresas a adaptarse a precios internacionales con márgenes reducidos: «Los sectores que no recuperan no solamente están impactados por la actividad, sino también por la apertura. Estoy vendiendo a mucho menos cantidad y también a un precio mucho más bajo con motivo de tener que adaptarse a precios internacionales».
El dirigente se manifestó convencido de que «la integración al mundo es el único camino para lograr un sector sustentable, aunque remarcó que el Estado debe acompañar este proceso corrigiendo las fallas estructurales que arrastra el país». A pesar del ordenamiento macroeconómico y la baja de la inflación, Rappallini denunció que «la presión impositiva continúa en niveles insostenibles».
«Seguimos acumulando distorsiones»
«Seguimos acumulando distorsiones. Seguimos con 50 puntos de presión fiscal. En algunos casos ha habido suba de impuestos a nivel de muchas municipalidades», afirmó, a la vez que destacó la necesidad de aprobar una legislación laboral moderna para otorgar previsibilidad. Para el industrial, el éxito de la apertura depende de equiparar las condiciones domésticas con las de los competidores externos, enfatizando que «hoy en el mundo no compiten las empresas, sino también compiten los sistemas que las rodean».__IP__
Respecto a las críticas oficiales hacia ciertos sectores, como el textil, Rappallini defendió la complejidad de las cadenas de valor locales y atribuyó los altos precios a la acumulación de impuestos en cada etapa productiva. Asimismo, tomó distancia de los conflictos públicos entre el Gobierno y grandes conglomerados, abogando por rodear al empresariado de prestigio social para que funcione como motor de la economía.
Sobre el reciente acuerdo con Estados Unidos, el dirigente vislumbra una oportunidad estratégica ante la decisión de Washington de diversificar sus proveedores fuera de China. «Ellos necesitan de proveedores globales que no estén en China y ahí es donde está la oportunidad argentina de proveerlo de acero, aluminio e infinidad de productos», concluyó, proyectando un rol protagónico para la industria nacional como aliado global.
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ECONOMIA
ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 1

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha dado a conocer el calendario de pagos para febrero de 2026, un esquema que determina las fechas de cobro de cada prestación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Este mecanismo busca garantizar que millones de personas puedan acceder a sus haberes y asignaciones de manera ordenada, evitando aglomeraciones y facilitando la atención en entidades bancarias y puntos de pago.
Para quienes tienen el DNI terminado en 1, las fechas de cobro presentan particularidades según el tipo de prestación. Esta segmentación responde a la lógica habitual del organismo, que establece días específicos para cada grupo con el fin de evitar demoras y congestiones.

En el caso de jubilaciones y pensiones, el calendario distingue entre quienes perciben el haber mínimo y aquellos cuyos ingresos superan ese monto. Los jubilados y pensionados que reciben la prestación mínima y tienen DNI finalizado en 1 podrán cobrar el 10 de febrero de 2026. En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminado en 0 o 1, accederán a su pago el 23 de febrero. Esta diferenciación se implementa para organizar los pagos en etapas y facilitar el flujo de beneficiarios en los bancos.
El calendario de ANSES para jubilaciones y pensiones también contempla las demás terminaciones de DNI, avanzando de manera progresiva y considerando feriados y fines de semana para evitar retrasos en el acceso a los fondos. La modalidad escalonada es una estrategia que el organismo aplica en todas sus prestaciones, incluyendo pensiones no contributivas y asignaciones familiares, para optimizar la atención y minimizar inconvenientes.

En lo que respecta a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, el pago correspondiente a febrero de 2026 para DNI terminados en 1 se efectúa el 10 de febrero. El calendario oficial de ANSES detalla una fecha diferente para cada terminación de documento, manteniendo el mismo esquema de escalonamiento que en las jubilaciones y pensiones. Este sistema permite que los hogares beneficiarios puedan planificar con antelación el cobro de sus prestaciones y organizar su economía familiar.
La AUH y las asignaciones familiares constituyen uno de los pilares centrales de la protección social en Argentina, alcanzando a millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El cronograma se difunde anticipadamente para que cada familia pueda prever el ingreso de estos fondos.
En cuanto a la Asignación por Embarazo (AUE), destinada a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social, el pago para quienes tienen DNI finalizado en 1 está programado para el 11 de febrero. Esta prestación sigue el mismo criterio de organización por terminación de DNI, permitiendo un acceso ordenado a los fondos y evitando aglomeraciones en los puntos de cobro.
Para el resto de las terminaciones de documento, la fecha de pago de la AUE se define en días sucesivos, siempre bajo la lógica de escalonamiento que rige el calendario de ANSES. Las fechas exactas pueden consultarse a través de los canales oficiales del organismo, lo que ofrece previsibilidad y transparencia a las beneficiarias.

El calendario de Asignación por Prenatal y Maternidad también se estructura según la terminación del DNI. Para quienes tienen DNI terminado en 0 y 1, el pago se realiza el 11 de febrero. En el caso de la prestación por maternidad, los pagos se distribuyen entre el 11 de febrero y el 12 de marzo, contemplando todas las terminaciones de documento. Este beneficio está orientado a acompañar económicamente a las trabajadoras registradas durante el embarazo y el período posnatal, y su abono escalonado garantiza el acceso ordenado a los recursos.

Las pensiones no contributivas y otros beneficios presentan, a su vez, fechas diferenciadas. Para quienes tienen DNI terminado en 0 y 1, el pago correspondiente se efectúa el 9 de febrero. Las asignaciones familiares asociadas a estas pensiones se abonan a todas las terminaciones de documento entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.
En el caso de los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción, ANSES establece un rango de fechas que va del 10 de febrero al 12 de marzo, sin distinción por terminación de documento.

Para la prestación por desempleo, el pago se efectúa del 24 de febrero al 2 de marzo, asignando dos terminaciones de DNI por día, según el cronograma publicado por el organismo.
Quienes necesiten consultar el calendario completo de pagos pueden hacerlo en el sitio oficial de ANSES, por teléfono o en las delegaciones habilitadas en todo el país. Es recomendable verificar regularmente el calendario, ya que pueden producirse modificaciones ante la existencia de feriados, paros bancarios o situaciones excepcionales que afecten el funcionamiento normal de los pagos.
El cronograma de pagos de ANSES representa una herramienta clave para la organización financiera de millones de personas, entre ellas familias, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. El organismo actualiza de manera periódica la información y comunica cualquier cambio relevante a través de sus canales oficiales y los principales medios de comunicación.
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