POLITICA
¿Lo que no pudo Macri, podrá hacerlo Milei?

Si Mauricio Macri no pudo, ¿por qué va a poder Javier Milei? Mañana se inicia puntualmente el segundo tramo del mandato de Milei. Una moneda está lanzada al aire desde que llegó al poder. Su cara y ceca: ¿podrá o no? La cuestión es si en 2026 logrará consolidarse el proyecto de país que Milei tiene en la cabeza. Puntualmente, la duda crucial gira en torno al punto más transversal del cambio cultural que se propone: la transformación de la matriz conceptual macroeconómica y su sostenibilidad.
La semana pasada, Pro mostró la cara del peor destino político posible: la licuación crítica de una identidad política que, el jueves, en la Legislatura bonaerense, alcanzó un punto culminante. El macrismo ya había cedido su identidad macroeconómica: la delegó por completo en la representación mileísta desde que Milei asumió la presidencia. Renunció a disputar poder y capacidad de representación a partir de la reconstrucción de su propuesta económica.
El objetivo compartido de racionalidad macroeconómica no agota la visión y la acción política: hay casilleros vacíos en la mirada económica del Gobierno en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, la lógica de acumulación de reservas, el tipo de apertura económica, el rol del Estado en el desarrollo de infraestructura de todo tipo, la reconstrucción del modelo educativo y el sistema científico como variables clave de una matriz económica efectiva. Sin embargo, Pro se retiró de la partida antes de empezar el juego. “Es hora de acompañar” es la única respuesta disponible desde que Milei llegó al poder.
Ahora también se le escurre entre las manos su intangible institucionalista: el Pro bonaerense de Cristian Ritondo le dio los votos al entente de la Legislatura de Axel Kicillof para transformar manos alzadas en favor de la cuestionada deuda kicillofista en sillas en el directorio del Banco Provincia. Los votos de Pro acompañaron la modificación de la Carta Orgánica del Bapro: de ocho sillas se pasó a catorce. Había ocho directores; ahora hay nueve. No había directores asociados; ahora hay tres. Había cero síndicos; ahora hay dos. Hubo distribucionismo, pero esta vez de cargos: clientelismo del peor, si es que hay alguno más potable, autodirigido por y para la casta política.
Fue un caso de porno-política. Creación de cargos y gastos innecesarios para asegurar sueldos públicos a figuras clave de los armados políticos en la provincia de Buenos Aires. También, para contar con influencia política sobre el manejo de fondos en una de las instituciones con más recursos y más opacas de la política bonaerense. Todo a cambio de apoyar un endeudamiento discutible en por lo menos dos de sus componentes, la financiación del déficit kicillofista y el fondo para intendentes.
No es que el directorio del Bapro fuera un ejemplo de virtudes de administración pública antes del episodio de la semana pasada. Los ocho directores anteriores a la nueva Carta Orgánica se distribuyeron siempre en función de las cuotas de poder político en la Legislatura. Desde hace seis años, por ejemplo, el cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini, flamante diputado nacional, es uno de los beneficiados de ese sistema de poder: fue director del Bapro desde 2019. Otro caso Delfina Rossi, la hija de Agustín Rossi, que es directora en el Banco Ciudad, en CABA. Exautoridades del Bapro aseguran que también se evalúan las capacidades técnicas de los directores. Parece que la meritocracia siempre cae dentro de la familia política.
El radicalismo en distintas versiones también acompañó esa reforma: le tocaron dos directores. A Pro, otros dos. “No sumamos nuevos directores. Ya teníamos dos”: fue el argumento con el que María Eugenia Vidal intentó diferenciar a Pro, que no ganó nada con la reforma de la Carta Orgánica. Su problema es que convalidó una transacción. Para el institucionalismo macrista, el voto Bapro pesa una tonelada: mina su credibilidad como garante de la transparencia y de otra forma de hacer política. Su utopía del déficit cero perdió ímpetu y no alcanzó para continuar el proceso de cambio en 2019. Esa bandera la tomó Milei y redobló la apuesta. En La Plata, Pro arrió la bandera de la defensa de la institucionalidad y su batalla cultural en favor de un Estado necesario pero eficiente.
El recorrido del macrismo es un espejo inquietante para el mileísmo: cómo una fuerza política cocida al fuego lento de dos décadas de proyecto político claro y con éxitos contundentes pierde su oportunidad y se encamina, a la vista de todos, a una lógica de sobrevivencia. Permanecer a flote con lo que se pueda: el prosaísmo del toma y daca.
No sólo se vio en el affaire Banco Provincia. También en la alianza táctica con el radicalismo en Diputados para disputar la tercera minoría: no dio ni para lectura de un regreso adelgazado de un Juntos por el Cambio que quedó en el pasado. Por el momento, no queda mucho radicalismo en pie ni mucho Pro para generar esa expectativa. Fue apenas un acto reflejo en medio de un proceso de pérdida de identidad, pérdida de votantes, pérdida de liderazgos y pérdida de diputados. En la cancha legislativa de Diputados, el partido entre Pro y los libertarios va 95 a 12: gana Milei. Lo del interbloque con el radicalismo fue un manotazo de ahogado.
¿Milei superará a Macri? ¿Le irá mejor con la economía y reelegirá en 2027? En sus dos primeros años de presidencia, Macri no logró tanto en lo macroeconómico como Milei. Salvo que Milei se considere una evolución de la misma voluntad política macrista, pero con mejores resultados. Hay un argumento posible en ese sentido: el macrismo llevó la racionalidad macroeconómica a la escena política. La utopía del déficit cero, que recién alcanzó en 2019 a punto de irse del poder, fue parte de su diferenciación política. Algo de rol de pionero tuvo en ese camino.
Dentro del círculo más cercano al expresidente, esa interpretación se exagera. “Ahora que tenemos el mandato”: así sonaba una conclusión que se escuchaba en ese entorno después del triunfo de Milei, hecho en parte con votos macristas, y el acompañamiento legislativo incondicional de Pro en 2024. Para el líder de Pro, la presidencia de Milei era una oportunidad para volver al poder de modo sui generis. Macri quiso ver en el triunfo mileísta la culminación de su obra, antes que su fracaso. El problema: Milei no estuvo ni está dispuesto a atribuirle esa paternidad, que es dudosa.
Todavía falta para saber si Milei será continuidad antes que interregno. El triunfo del 26 de octubre dispara optimismo entre los libertarios, pero las victorias son hechos puntuales, acotados a su puro presente: no aseguran el éxito de lo que sigue ni la renovación del voto. Macri y la experiencia Cambiemos en el poder es prueba de eso: hubo triunfo electoral de 2017, pero quedó fuera del poder, hasta el presente de debilidad que tiene hoy.
¿Le puede pasar lo mismo a Milei? ¿Qué hay de distinto en la oportunidad política de Milei en comparación con la oportunidad de Macri? La hipótesis más optimista coloca al envión libertario en una encrucijada única. Por un lado, en el frente argentino, Milei representa el encuentro de un liderazgo con su época. En 2023 se agotó todo: el kirchnerismo, el macrismo, los últimos cuarenta años de democracia y sus consensos y la fe en el rol fuerte del Estado. La experiencia de la pandemia también contribuyó a esa convergencia de finales. Un vaciamiento del escenario político del que no disfrutó Macri cuando fue presidente. La salida post 2020 alimentó la necesidad existencial de reseteos, sobre todo después de una sobrepresencia del Estado kirchnerista tan ineficiente como arbitraria. Milei es la flecha de 2001 que da finalmente en el blanco. En política, todo vacío tiende a llenarse.
Macri no tuvo esa suerte. En 2015, el kirchnerismo se encaminó a una derrota pero sin la percepción de crisis que se instaló en 2023. El sentido común de los años kirchneristas todavía no estaba agotado ni en lo económico ni en el plano de las batallas culturales: el famoso feminismo autopercibido de Alberto Fernández era una movida política aceptable para cierta parte del electorado. Y un detalle concreto: la líder política del kirchnerismo, Cristina Kirchner, mantenía sólido su poder político. En aquel diciembre de 2015 fue capaz de generar un hecho político aun en su retirada del poder: la decisión de no participar del traspaso del poder es un hecho histórico de la asunción de Macri. Una muestra del poder, al menos de obstrucción, que todavía conservaba Cristina Kirchner. Hoy, con la expresidenta condenada y aislada en su prisión domiciliaria, Milei enfrenta un kirchnerismo completamente desarticulado.
En el frente externo, Milei también se topa de frente con su época en el encuentro entre una necesidad político-económica de la Argentina y una necesidad geopolítica de Donald Trump y Estados Unidos. Con el freno al soft power de China en América Latina y el regreso decidido a la Doctrina Monroe, de intervención en América Latina ante lo que considere riesgo geopolítico, que impulsa abiertamente la administración Trump, la suerte geopolítica cae del lado de Milei.
No hay garantías, por supuesto. Pero la convergencia de ciclos que se cierran y ciclos que se abren le ofrecen a Milei un contexto único, que no tuvo Macri. Una oportunidad con algo de histórica. ¿Podrá? Hay que esperar que llegue el futuro.
Luciana Vázquez,Conforme a
POLITICA
La Corte negocia con el Gobierno para cubrir vacantes judiciales a partir de marzo

La Corte Suprema de Justicia se reactiva este martes tras el receso de verano y en su hoja de ruta ya se vislumbran dos ejes: el pedido al Gobierno para que se cubran las vacantes en el Poder Judicial, que llegarían a más del 40% en 2026, y una exhortación a los jueces de tribunales inferiores a que le den celeridad a los juicios sobre causas de corrupción. Así informaron a fuentes al tanto de lo que será la agenda de prioridades del máximo tribunal.
Otro tema que inquieta es la integración de la Corte Suprema, pero no es un asunto que vaya a resolverse de inmediato sino a lo largo de los próximos meses.
El máximo tribunal tiene actualmente tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por lo que para dictar una sentencia debe haber unanimidad. En caso de una disidencia, los jueces deben sortear conjueces entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país, pues la mayoría debe conformarse como mínimo con tres firmas. A pesar de esta particularidad numérica, la Corte tiene su propia agenda para 2026 y ya la puso en marcha. Esta semana se desarrollará la primera reunión de ministros del año, con la llegada de Rosenkrantz, que estuvo de viaje en el exterior.
Aunque el tema que más preocupa en la Corte Suprema son las vacantes del Poder Judicial, que según sus proyecciones llegarán al 42% en 2026. Esta vez, los jueces de la Corte le creen a Gobierno cuando afirma que en marzo serán cubiertas.
La relación entre la Corte y el Gobierno hoy es buena y hay diálogo institucional. A los habituales contactos con el viceministro, Sebastián Amerio, se sumó el intercambio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El funcionario formalizó un incremento del 280% del presupuestodel Poder Judicial: $28.973.850.716 en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura.
El ida y vuelta por WhastApp preanuncia un año de buen diálogo entre ambos poderes, se ilusionan en el Consejo de la Magistratura y en la Corte ante la consulta de .
El Gobierno fracasó el año pasado con su intento de designar al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, con lo que ahora se muestra más cauteloso.
“No nos podemos equivocar más, cada decisión debe ser sobre seguro”, dijo un interlocutor del Gobierno en estos temas. Por eso es que hay ánimo de tratar el asunto, pero en marzo, y junto con el envío de los pliegos de los casi dos centenares de jueces al Senado.
Estas designaciones, que están pendientes desde hace dos años, le dan al Gobierno cartas para negociar con los gobernadores y senadores.
Asimismo, hoy el Gobierno tiene para negociar no solo los cargos de los dos jueces de la Corte, sino también los del Procurador General de la Nación y el del Defensor General de la Nación, además del Defensor del Pueblo. Es un paquete atractivo para negociar con la oposición.
El presidente Javier Milei rechaza negociar con el kirchnerismo, según fuentes oficiales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó públicamente que buscarán dialogar con los enviados de la expresidenta.
Sin embargo, en el pasado hubo diálogo y se interrumpió tras la condena de Cristina Kirchner y cuando se hicieron públicas esas charlas entre Juan Martín Mena, enviado de la expresidenta, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Hoy el ánimo es seguir buscando los votos en el Senado, pero apuntado a los senadores que dependen de gobernadores radicales o del peronismo.
Creen que con el paso del tiempo, la ascendencia de Cristina Kirchner sobre los senadores va a ceder al tiempo que crezca la incidencia del voto de este nuevo grupo de legisladores que se referencian en gobernadores más afines al Gobierno.
“Si hay un candidato del peronismo potable está despejado el camino para que haya una negociación”, dijo una fuente de los tribunales.
La idea sigue siendo completar la Corte y no pensar en este momento en una ampliación del tribunal.
En el Senado el escenario no es el del año pasado. Hoy Cristina Kirchner no tiene el poder entre los senadores para poder imponer a un candidato, o candidata como se barajó con los nombres de Anabel Fernández Sagasti o María de los Ángeles Sacnun.
Cualquier iniciativa necesitará del acuerdo del resto del PJ, pues ya no tiene poder de veto ni un bloque unificado. Debería negociar su candidato con Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Sergio Uñac, de San Juan; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta. Este camino es una alternativa para reunir los votos cuando sea el momento de la decisión.
En la agenda de este año siguen siendo observados los casos de corrupción y el ritmo que lleva el caso de los Cuadernos de las Coimas, con Cristina Kirchner como principal acusada. Rosatti y Lorenzetti no ocultan esta preocupación.
Cuando en diciembre pasado trascendió la preocupación por el avance de los casos de corrupción, Rosenkrantz mencionó que el impulso de las causas de los cuadernos y los juicios pendientes contra la expresidenta no dependen de la Corte sino de los tribunales donde se encuentran esos casos. También admitió su preocupación por las vacantes existentes en el Poder Judicial.
Aún está resta definir en la Justicia el remate de los bienes de la expresidenta por la condena de la causa Vialidad y ponerle fecha a los dos juicios aún pendientes: el caso de la firma del Memorándum con Irán (más cerca de tener fecha de inicio) y la causa por lavado de dinero contra la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner por las sociedades Hotesur y Los Sauces.
En esta último caso, el juez Rodrigo Giménez Uriburu se excusó porque fue uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad, y los otros compañeros del trbiunal, José Michilini y Adriana Palliotti, lo aceptaron. Se deberá ahora sortear a un nuevo juez, por lo que se demora su inicio.
Pero en la agenda de 2026 de la Corte se estudia otro caso de signo político contrario que podría implicar reabrir un expediente de lavado, que impacta de lleno en Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño.
En tanto, en estos dos meses por delante se baraja la continuidad o no del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del viceministro, Sebastián Amerio, respaldado por Santiago Caputo.
Cuando Milei ganó las elecciones legislativas en octubre del año pasado, Cúneo Libarona estaba casi afuera del Gobierno. Lo llamó Karina Milei y le pidió que se quede en el cargo.
Cúneo Libarona se comprometió a quedarse hasta marzo o abril, fecha límite para poner en marcha el sistema acusatorio en Comodoro Py, su legado como funcionario. La continuidad de Cúneo Libarona obturó el casillero para evitar que sea cubierto por un candidato de Caputo. Ahora esa interna entre Caputo y Karina Milei sigue abierta y hay quienes dicen que la continuidad de Amerio está en discusión y que la hermana del presidente está “haciendo un casting” de candidatos para el área de Justicia.
No es solo el ministerio, que es a esta altura una dependencia vaciada de muchas de las funciones que tenía en el pasado, sino la incidencia en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de remover y de signar magistrados.
Hasta ahora el poder en el Consejo de la Magistratura está en manos de los jueces, con Horacio Rosatti como presidente de la Corte y del Consejo, y el Gobierno tiene un solo consejero propio, Amerio, representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo.
Pero este año todo puede cambiar y el Gobierno fortalecerse en el Consejo de la Magistratura. No solo con el representante del Ejecutivo, sino con consejeros abogados, que deben ser elegidos a fin de año.
Los concejeros que responden al Pro o al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura hoy no tienen el mismo peso político que cuando llegaron a ese cargo, porque la fuente de donde emana su poder, está mermada. Por eso es que el equilibrio en el cuerpo puede cambiar. Karina Milei talla en esa selección y busca colocar al representante del Poder Ejecutivo. Se menciona al abogado Eduardo Viola, apoderado de La Libertad Avanza.
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POLITICA
El Gobierno desplegará el protocolo antipiquetes por la marcha de la CGT

El Gobierno hará cumplir el próximo miércoles el protocolo antipiquetes. Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. Será en el marco de la movilización de la CGT en rechazo de la reforma laboral, cuyos detalles se discutirán ese mismo día en el recinto del Senado.
La protesta fue anunciada el viernes por el triunvirato cegetista, tras una reunión de su consejo directivo. “Dado que el próximo 11 de febrero se va a abrir la sesión de debate en la Cámara de Senadores, nos vamos a movilizar a la Plaza de los Dos Congresos”, afirmó Jorge Sola, cotitular de la entidad, durante una conferencia de prensa. La concentración será desde las 15 y, según anticipó, de forma “contundente y multitudinaria”.
Además, la central sindical replicará la protesta en las casas de gobierno provinciales para expresar su rechazo al proyecto en todo el país.
Por ahora, la CGT descartó convocar a un paro general. Según informó , guarda esa carta para una etapa posterior: cuando la reforma llegue a Diputados y se defina su sanción definitiva. No se descarta, sin embargo, que el conflicto termine trasladándose a los tribunales.
La movilización sindical se superpondrá con la marcha habitual de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que todos los miércoles se concentran frente al Congreso para reclamar mejoras en haberes y prestaciones.
La convergencia de protestas anticipa una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. La semana pasada, durante una de estas marchas, fue detenido el sacerdote Francisco “Paco” Olveira en las inmediaciones del Congreso. El hecho generó el repudio inmediato del peronismo, que reclamó su liberación, concretada una hora después.
En una protesta similar, en marzo pasado, el fotoreportero Pablo Grillo resultó herido por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.
El protocolo antipiquetes fue diseñado para garantizar la libre circulación en rutas y vías nacionales. Habilita la intervención directa de las fuerzas federales para despejar cortes de tránsito, al considerar estas acciones como delitos en flagrancia, sin necesidad de una orden judicial previa. Establece, además, el uso de la fuerza mínima y proporcional, la identificación de organizadores y participantes, y el registro de los vehículos involucrados. También prevé trasladar los costos del operativo a las agrupaciones responsables de las protestas.
Del despliegue participará la Policía de la Ciudad, que actuará como fuerza auxiliar en el tercer anillo de seguridad en torno al Congreso.
El desarrollo de la protesta será clave para medir el clima político dentro del recinto, donde los senadores debatirán la letra chica del proyecto de “modernización laboral” enviado por el Poder Ejecutivo.
La CGT califica la iniciativa del Gobierno como “regresiva”. Los gremios sostienen que el proyecto recorta derechos colectivos e individuales al flexibilizar las contrataciones y los despidos, limitar el derecho a huelga y debilitar el rol de las organizaciones sindicales.
Entre los puntos más cuestionados figuran la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de la ultraactividad de los convenios, las restricciones a la acción sindical en los lugares de trabajo, la posibilidad de extender las jornadas hasta 12 horas y la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), bajo administración de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como alternativa al régimen de indemnizaciones.
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Con la reforma laboral en agenda, el Gobierno vuelve a acercar posiciones con el PRO en el Congreso

La cercanía de debates clave para el Gobierno de Javier Milei en el Congreso reactivaron las conversaciones del oficialismo con bloques y partidos aliados. Entre ellos, no es menor el vínculo con el PRO, que fue el principal aliado durante los primeros dos años de gestión pero en los últimos meses la relación se desgastó.
Las diferencias llegaron a tal punto que en las filas del partido fundado por Mauricio Macri aseguran que ya no hay alianza entre las partes, pese a que en las elecciones legislativas nacionales del año pasado (hace poco 4 meses) fueron en una misma lista. Ahora, en la previa al retorno de la discusión legislativa, en los últimos días ensayaron un acercamiento entre las partes.
Leé también: Cómo se gestó el pacto de unidad entre Kicillof y Máximo Kirchner en el PJ bonaerense: qué implica a futuro
La foto entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, no pasó desapercibida. Si bien se trata de dos hombres del mismo partido, hoy el “Colo” es un hombre clave del Gobierno. Además, una de las cartas que tanto La Libertad Avanza como el macrismo buscan instalar en la carrera por la gobernación bonaerense en 2027.
En ese encuentro, ambos coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo. Asimismo, abordaron la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Leé también: Los gobernadores peronistas se reunieron para definir una estrategia común en contra de la reforma laboral
El caso es que los gestos comenzaron unos días antes. “En la reunión de presidentes de bloque se definió que se baje la edad a 14 y se reconozca que el poder ejecutivo debe asignar recursos para su implementación, tal como lo pedía el PRO”, indicó a TN un referente del macrismo.
“Pasamos de un presupuesto con el oficialismo bloqueando cualquier tipo de modificación o sugerencia de mejora, a la adopción de un dictamen impulsado por otros bloques que propone algo distinto a lo que el gobierno inicialmente buscaba. Ellos querían 13 años y Monteoliva incluso llegó a decir que quería 12″, reconocieron.
Los guiños del Gobierno fueron bien recibidos en el PRO. “Vemos como una buena señal la apertura al diálogo y al consenso”, manifestaron desde la bancada en Diputados a este medio. Aunque aclararon: “Como dijimos en su momento, reconstruir la confianza es un camino largo”
“Después de la elección parecía que íbamos encaminados a reconstruir la Argentina en equipo y pasó todo lo contrario”, apuntaron en el PRO en referencia a los desplantes ocurridos tras haber ganado juntos las elecciones de octubre.
La búsqueda interna -y hacia afuera- del PRO
El 2026 parece todavía no haber arrancado políticamente para el PRO, pero de a poco comienzan a hacer sus primeros movimientos del año. Y a priori, la lógica de sus pasos es la misma con la que despidieron el 2025: despegarse del Gobierno de Javier Milei y reafirmar su identidad.
Atrás quedaron los días de acompañamiento incondicional de la gestión de La Libertad Avanza y, en cambio, ahora se impone un modelo de acción más pragmático: acompañar donde coincidan y cuestionar lo que consideren que haya que cambiar. Y esa va a ser la postura del PRO en el debate que se viene en el Congreso por las reformas que impulsa el Gobierno.
Este escenario de desconfianza mutua se mantiene en el 2026, y en la previa a un debate clave en el Congreso: la reforma laboral que impulsa Milei. Si bien el Gobierno logró la primera minoría luego de gestionar 2 años con clara desventaja parlamentaria, aún necesita de aliados -y no tanto- para convertirla en ley.
Un vínculo tenso desde sus inicios
El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO es mucho más complejo que el de eventuales aliados políticos. Si bien es cierto que los liderados por Mauricio Macri acompañaron desde el día 1 la gestión del presidente Javier Milei, también hubo muchos avances y retrocesos en la relación.
A tal punto que la alianza efectiva recién se cerró a nivel nacional para las elecciones legislativas de octubre, luego de varios amagues previos. Pero al cierre del año legislativo -y con la nueva conformación del Congreso- se reflotaron viejas diferencias. Desde allí, el PRO marcó distancia en la relación, en busca de reafirmar su independencia.
“La relación se rompió con lo de AGN pero nosotros vamos a defender el cambio del país, por encima de todo”, indicó un referente de peso del PRO a TN. En las últimas semanas de diciembre, con desplantes públicos luego de una polémica sesión en Diputados, donde el PRO denunció un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo por cargos en la Auditoría General de la Nación. Este último capítulo llevó al límite al vínculo: “Dejamos de ser aliados”, sentenciaron en el bloque que conduce Cristian Ritondo a este medio.
PRO, La Libertad Avanza, Congreso
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