POLITICA
Qué dice el proyecto de Reforma Laboral sobre las indemnizaciones
El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley de modernización laboral y buscará obtener la media sanción en el Senado antes del cierre del año. La propuesta legislativa introduce cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de las indemnizaciones.
La reforma plantea una reducción en la fórmula para calcular el monto final que percibe un trabajador al momento de su desvinculación. El proyecto excluye del conteo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y cualquier otro concepto que no integre el salario normal. La base de referencia sufre otra modificación relevante. Ya no se tomará el sueldo más alto percibido, sino que se utilizará un promedio en aquellos casos donde existan ítems adicionales variables. La normativa habilita el pago de la indemnización en cuotas y elimina los topes para los montos.
El proyecto busca otorgar certeza en los litigios laborales. Establece un criterio de actualización atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual. La ley prohíbe de manera expresa que se devenguen intereses sobre los intereses, una práctica conocida como anatocismo. En la actualidad, este cálculo carece de unificación y depende del criterio del juez laboral que interviene en cada causa.
El Gobierno introduce una nueva herramienta financiera tras el intento fallido del Fondo de Cese Laboral en la Ley Bases. La iniciativa dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% del aporte obligatorio que realizan los empleadores y el Estado dejará de percibir ese monto. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministerios de Economía y Capital Humano. Los sectores críticos de la medida comparan este sistema con una suerte de AFJP de 2026.
La legislación propuesta flexibiliza las formas de remuneración permitidas. Los empleadores podrán abonar los sueldos en pesos o en moneda extranjera, alimentos, especies o viviendas.
La iniciativa incorpora las negociaciones “dinámicas” y permite atar los aumentos salariales a la productividad de la empresa. La estrategia retórica recuerda a las medidas impulsadas por Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se limitaron los incrementos por decreto bajo criterios similares. Esta modificación podría condicionar las futuras discusiones paritarias.
El proyecto faculta la creación de un banco de horas mediante convenio colectivo para distribuir la carga horaria. La letra de la ley contempla la posibilidad de extender la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas. Se introduce la figura de los contratos a tiempo parcial con una carga horaria inferior a la jornada legal.
El régimen de vacaciones también sufre modificaciones. Se permite el fraccionamiento de los días de descanso. El empleador tendrá la potestad de imponer las fechas de las vacaciones, con la única obligación de notificar al trabajador con 45 días de antelación.
La reforma amplía el listado de actividades consideradas esenciales. Estos sectores deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento operativo de entre el 50 y el 75 % durante los conflictos gremiales. Javier Milei intentó avanzar previamente con esta medida a través de un decreto, pero la Justicia frenó esa decisión tras un amparo presentado por la CGT. Abogados laboralistas advierten sobre la posible inconstitucionalidad de la norma por afectar el ejercicio del derecho a huelga y violar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El Gobierno busca eliminar el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos. El objetivo apunta a que prevalezcan los acuerdos por empresa sobre los pactados por el gremio principal de la actividad. Los convenios de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los acuerdos celebrados en un ámbito menor.
La iniciativa retira la obligatoriedad de las empresas de actuar como agentes de retención de la cuota sindical. La ley actual exige esa retención si el empleado desea realizar el aporte. El nuevo texto menciona la necesidad de una conformidad expresa y un acuerdo entre las partes, sin precisar si se refiere al trabajador con su empleador o a la empresa con el gremio.
Se pretende eliminar la cuota solidaria. Esta contribución la realizan los empleados no afiliados al sindicato por la gestión gremial y se pacta en los convenios colectivos con homologación de la Secretaría de Trabajo. Esta modificación afecta directamente el esquema de recaudación de las organizaciones sindicales.
El proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de las aplicaciones. Crea la figura de repartidor independiente y habilita la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente. Esta clasificación otorga legitimidad legal a una modalidad de trabajo informal.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nicolás Balinotti.
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Durante una entrevista en un podcast, el expresidente Mauricio Macri habló sobre la actualidad del país y generó controversia al hacer un análisis sobre lo que denominó “la revolución tecnológica” y ahondó sobre los cambios sociales que devienen de este movimiento.
“La híper comunicación que trajo la revolución tecnológica ha generado una era que llamo yo la era de la revolución de las expectativas: todo el mundo está loco por más y eso lleva a una enorme insatisfacción. Vos decís, mirás un poco y decís, ¿cómo? Si el mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años”, cuestionó el líder de Pro.
En su visita a La Fábrica, el empresario explicó que esto sucede porque ahora gran parte de la sociedad “tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública”. “En los lugares en donde las cosas funcionan, no… ¿Por qué? Porque saben todo lo que les falta tener. Eso es una locura, correr detrás de lo que vos creés que deberías tener”, ejemplificó.
“No somos muy objetivos en eso; siempre creemos que nos corresponde más, que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos», siguió.
En la misma entrevista, el expresidente Macri también se refirió al conflicto por el cierre de la histórica planta industrial de neumáticos Fate en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, por el que más de 900 trabajadores quedaron despedidos.
“Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo les digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta’“, expresó Macri al respecto.
Al mismo tiempo, aconsejó a quienes perdieron sus puestos de trabajo que “utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral”. “El Estado tiene que saber administrar”, sostuvo y añadió: “El único tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario, con el objetivo de darle una segunda mano al resto de la sociedad y garantizar seguridad al sistema”.
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POLITICA
Néstor Roncaglia habló del narco que quiso atentar contra su vida: “Se creía intocable porque tenía amigos en la política y la policía”
Luego del atentado fallido en su contra, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que “detrás del autor intelectual del hecho hay trama que combina poder económico, conexiones criminales y posibles complicidades políticas”.
Roncaglia confirmó que Leonardo Airaldi, quien se encuentra preso por narcotráfico en la Unidad Penal 9 de Diamante “era el jefe de una organización narco que operaba en la región”. Según detalló, Airaldi manejaba rutas de tráfico desde Paraná hacia Victoria, Diamante y Las Cuevas, con ramificaciones en Santa Fe y Buenos Aires.
“Su nombre aparece vinculado a la incautación de 30 kilos de cocaína en territorio santafesino y a conexiones directas con la banda rosarina Los Monos y con el histórico narco bonaerense Miguel Ángel Villalba, conocido como “Mameluco” Villalba», precisó.
Además, admitió que la figura de Airaldi rompe con el estereotipo del narco marginal. Lo describió como “integrante de una familia tradicionalmente ganadera, propietaria de miles de hectáreas que tras la muerte de su padre habría iniciado una ‘mutación’ hacia el delito organizado”.
El Ministro de Seguridad dijo que esa herencia rural se transformó, presuntamente, en capital inicial para financiar operaciones de narcotráfico. “Era un sujeto de mucho dinero, con muchos contactos y redes”, sostuvo. “Esa fortuna millonaria y su entramado de relaciones le habrían permitido moverse durante años con aparente impunidad”, remarcó.
El dato más lo inquieta es la posible infiltración en estructuras estatales. Sin afirmarlo de manera categórica, Roncaglia deslizó que Airaldi “tenía amigos en todos los ámbitos” y que “muchos comían de su mano”, en alusión tanto a sectores políticos como a integrantes de fuerzas de seguridad de la gestión anterior al gobernador Rogelio Frigerio. “Se creía intocable porque tenía amigos en la política y la policía”, agregó.
La sospecha es que esa red de protección le garantizaba información anticipada sobre movimientos judiciales y allanamientos. De hecho, el ministro reveló que antes de su detención el empresario narco se desplazaba “sin ningún inconveniente”.
La investigación que terminó con Airaldi preso comenzó a impulsarse con fuerza en 2024, cuando la nueva gestión provincial decidió avanzar sobre causas que, según Roncaglia, estaban en trámite pero requerían decisión política.
El ministro contó que se reunió personalmente con el juez federal Leandro Ríos y el fiscal Ignacio Candioti para dar impulso a la pesquisa. La detención del presunto jefe narco habría desatado la “bronca” que hoy se traduce en ese intento de matarlos a los tres.
El plan para asesinar al ministro, al juez y al fiscal surgió a partir de la declaración de otros internos en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Lo que encendió las alarmas fue el nivel de detalle: los denunciantes describieron rutinas personales, como el único día del año en que Roncaglia salió en moto sin custodia para asistir a un asado. Cuatro días después, esa información ya circulaba dentro del penal. “Algo raro está pasando acá”, admitió el funcionario, convencido de que existió una tarea de inteligencia previa.
La hipótesis oficial es que, aun detenido, Airaldi mantenía capacidad de mando. Roncaglia recordó que en el mundo narco no es extraño que líderes presos sigan impartiendo órdenes a través de visitas o intermediarios. Por eso, el gobierno provincial impulsa su traslado a una cárcel federal de máxima seguridad, una decisión que depende de la Justicia Federal y que se da en vísperas del juicio oral.
El ministro también puso el foco en la protección institucional. Más que su propia seguridad —asegura andar siempre armado y con custodia— le preocupa que jueces y fiscales trabajen sin presiones. En este caso intervienen magistrados federales de Buenos Aires, lo que, a su entender, otorga mayor entidad al expediente. La prioridad fue reforzar la custodia de los funcionarios judiciales y brindar protección especial a los internos que denunciaron el complot, pese a que se trata de condenados por delitos graves.
Roncaglia no es ajeno a la violencia. En 2013 fue baleado en un episodio nunca del todo esclarecido, que él vincula a una posible entrega previa para simular una entradera. “Tengo el cuero duro”, dijo, relativizando el riesgo personal. Sin embargo, reconoció que la provincia no está acostumbrada a este tipo de amenazas directas contra autoridades judiciales y políticas.
Mientras el juicio oral se aproxima, el mensaje político es claro: la actual gestión busca exhibir firmeza frente a estructuras que durante años habrían operado con protección. La investigación recién comienza y deberá determinar si el plan era una amenaza en estado embrionario o un atentado que pudo haberse concretado.
Infobae en vivo
POLITICA
El Gobierno trabaja en una nueva ley de inteligencia para convalidar el decreto que firmó Milei
El primer paso fue la resurrección y reorganización de la SIDE, que en julio de 2024 reemplazó a la entonces AFI. En el último día de 2025, y ya con el contador Cristian Auguadra al frente de la inteligencia nacional en reemplazo de Sergio Neiffert, llegó el segundo cambio, que corrió los límites de los espías con el polémico DNU 941, que les brinda amplias facultades para detener personas sin la intervención de un juez y les da acceso a datos personales.
Estas y otras modificaciones generaron polémica y presentaciones judiciales de inconstitucionalidad contra el decreto.
Por estas horas, y sin dar detalles, el gobierno de Javier Milei avanza en una tercera etapa de reformas en el ámbito de la inteligencia nacional, que sin cargo formal maneja el asesor presidencial Santiago Caputo. A diferencia de las dos anteriores, sería a través del Congreso.
En el Gobierno confirmaron a que se avanza en una nueva ley de Inteligencia que prevé incluir ítems del polémico decreto y sumar otros en la nueva legislación. La iniciativa no tiene una fecha de presentación prevista, informaron las fuentes.
“Se está trabajando”, confirmaron a este diario cerca del Presidente, aunque aclararon que la nueva ley “no está terminada y no está definido cuándo se manda”. Otras fuentes con conocimiento del proyecto agregaron que probablemente “se intentará plasmar estos cambios de aquel decreto y alguna cosa nueva” en una norma “más abarcativa”, según expresara la propia SIDE en un comunicado, en enero pasado y luego de la difusión del decreto.
La nueva composición del Congreso, dónde la Libertad Avanza ya consiguió avanzar en proyectos de ley como la reforma laboral o el régimen penal juvenil, son un aliciente para intentar plasmar en una ley los cambios dispuestos por decreto.
El primero de ellos, que en los comienzos del gobierno de Milei habilitó a los espías a actuar como auxiliares de la Justicia y eliminó la obligatoriedad del acuerdo del Senado para nombrar al titular del organismo, fue cuestionado en la Justicia por el CELS, sin resultado hasta el momento.
El decreto 947, en tanto, generó inquietud en organismos de derechos humanos al establecer que uno de los objetivos es el de “reorientar las actividades de la citada Agencia en materia de contrainteligencia para identificar y analizar, con enfoque preventivo, amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”. Aunque la propia SIDE lo negó en un comunicado, y tal como publicara , estos párrafos podrían terminar justificando tareas de inteligencia sobre actividades legítimas, como la militancia política o el periodismo.
También generó alarma la habilitación al entrecruzamiento e intercambio de información entre dependencias del Estado que manejan datos personales sensibles, como Migraciones, Aduana, Renaper, Justicia, Renar y ARCA. Este punto fue cuestionado por el CELS y otras entidades en un amparo colectivo.
Los eventuales aliados en el Congreso siguieron con atención el artículo 2 de ese decreto, agregado a la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. La Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, encargada del control parlamentario de la SIDE, quedó acéfala a fines del año pasado por el paso de su hasta entonces presidente, Martín Lousteau, del Senado a la Cámara de Diputados, y aún no se constituyó.
Otro de los puntos que contiene el decreto –por ahora la herramienta legal con la que cuenta la central de espías- dispone la disolución de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem) y el traslado de sus funciones al Estado Mayor Conjunto, lo que reduciría la injerencia del ministro de Defensa y refuerza el peso de la SIDE en el esquema de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El decreto generó la previsible oposición de Unión por la Patria y la izquierda, aunque se sumó también el rechazo de los provinciales de Provincias Unidas y de la Coalición Cívica. En Pro y la UCR se mostraron expectantes, sin tomas de posición concretas.
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