POLITICA
En medio de las fugas del PRO en Diputados, sube la tensión por el pase de una legisladora a Provincias Unidas
El PRO atraviesa horas de tensión, pese a que un mes y medio atrás vivió una suerte de renacer del partido luego de la histórica victoria de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Pero semanas después de aquella victoria no se replicó el acuerdo electoral con La Libertad Avanza en el Congreso.
Pese a que se especulaba con la idea de un interbloque con los libertarios, el PRO se puso firme con la idea de “mantener la identidad y la autonomía”. Pero además, hubo quiebres internos, primero con la salida de los legisladores bullrichistas del bloque que conduce Cristian Ritondo en la Cámara Baja; y luego con movidas como la de Gisela Scaglia, que se sumó a Provincias Unidas pese a ser la presidenta del partido fundado por Mauricio Macri en Santa Fe.
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“Sigo siendo una persona del PRO, pero dentro del proyecto Provincias Unidas, donde también hay un gobernador del partido, como Nacho Torres”, aclaró Scaglia en diálogo con La Casa stream. Además, apuntó: “Hablaría muy mal de ellos si me expulsan, si hasta el mismo Macri dijo que quería construir una alternativa a futuro. ¿Dónde la va a construir, en La Libertad avanza?“. Y remarcó que habla con el expresidente.
Rápido de reflejos, el diputado nacional -cercano a Macri- Martín Yeza salió fuerte al cruce. “Si sos del PRO, asumís por el bloque PRO. Es como decir ‘Si, juro’, una tarea sencilla”, indicó Yeza en sus redes sociales. Y chicaneó: “Si decís que sos del PRO, pero no solo no trabajas en el PRO, sino que trabajas contra el PRO, no sos del PRO”.
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En la misma línea, el exintendente de Pinamar remarcó: “Hablaría mal del PRO no intervenir en las provincias cuyos dirigentes se fueron”. “El PRO está en el bloque del PRO, el resto es puro humo. Punto”, agregó la también diputada nacional Florencia De Sensi».
El malestar con Scaglia y el rol del partido
El dato es que el propio Mauricio Macri le pidió la renuncia a Scaglia, según informaron fuentes de peso en el PRO a TN. Esto evitaría que el Consejo Directivo tenga que intervenir al partido en la provincia. En las filas de la vicegobernadora confirmaron el pedido pero no la decisión de ella.
Pero si Scaglia no cede, la alternativa es que el Tribunal de Disciplina del partido la expulse por inconducta partidaria. Eso no se puede reclamar ante ningún tribunal. Automáticamente, el afiliado expulsado pierde la chance de ser autoridad partidaria, por lo que el PRO solucionaría la interna con una jugada de escritorio.
En las filas del expresidente buscan evitar lo que ya les pasó en otras intervenciones, como lo fue en Córdoba por ejemplo. En el caso de Santa Fe, Scaglia es vicegobernadora, con lo cual tendrá un fuerte peso institucional para dar la pelea política.
Cuestionamientos internos en el PRO
“Hubo un éxodo muy grande de dirigentes del PRO hacia la Libertad Avanza y hacia Provincias Unidas. Hay una impericia de Ritondo que es la persona que está liderando este proceso dentro del PRO”, indicaron cerca de Scaglia a TN.
En el mismo sentido, manifestaron: “No se fueron solo Scaglia, (Sergio) Capozzi y (José) Núñez. A Ritondo se le fueron 12 diputados nacionales por su mala conducción. Porque quiso llevar a los legisladores hacia un violeta ‘blue’ cuando los que quieren ser violeta se van a La Libertad Avanza o si no se van a Provincias Unidas, como ocurrió con Scaglia».
“En lugar de perseguir dirigentes y hacer macartismo, deberían revisar la estrategia. La realidad es ya hubo esquemas de legisladores trabajando por fuera del PRO sin dejar de serlo, como fue el caso Nacho Torres cuando era senador nacional», finalizaron.
PRO, Provincias Unidas, Gisela Scaglia
POLITICA
Tras los cambios en la Ley de Inteligencia, la oposición pidió un «debate plural» en el Congreso
La modificación de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional ya encendió las alarmas de la oposición que buscará convocar a la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia.
La misma se puede autoconvocar sin la necesidad de que la citación la concreten las autoridades de las cámaras legislativas, Martín Menem, desde Diputados; o Victoria Villarruel por el Senado.
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El lilito Maximiliano Ferraro solicitó la pronta convocatoria de la comisión y posteó en las redes sociales: “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”. Además, reclamó que los cambios se traten en el Congreso: “Por qué no discutir un tema tan relevante con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.
La Comisión de Inteligencia
Hasta el 9 de diciembre, la comisión fue presidida por el senador de la UCR, Martín Lousteau, quien venció su mandato y se incorporó a la Cámara de Diputados. La misma está integrada por 14 miembros, siete representantes por cada cámara legislativa.
Actualmente, están designados 11 legisladores. Por el Senado, Beatriz Ávila del bloque Independencia; Eduardo de Pedro de UxP; Martín Gorerling Lara del Pro; Florencia López de UxP y Edith Terenzi de Despierta Chubut.
Por la Cámara baja, Gabriel Bornoroni y Cesar Treffinger de La Libertad Avanza; Mariela Coletta de Provincias Unidas; Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade de UxP; Cristian Ritondo del Pro.
Restan aún designar un diputado y dos senadores y elegir sus autoridades.
Por otro lado, deberá actuar la comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tiene competencia para expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU y elevar sus resoluciones al plenario de las Cámaras para su expreso tratamiento. La misma está presidida por el diputado desarrollista del MID, Oscar Zago.
Ambas comisiones son permanentes y podrán autoconvocarse en cualquier momento del año, sin aguardar un llamado presidencial a sesiones extraordinarias.
Varios legisladores ya están anticipando reuniones en enero para, en principio llevar adelante, no solo un primer contacto con la norma dictada por el Poder Ejecutivo, sino tener la posibilidad de solicitar oficialmente algún pedido de informes al organismo de Inteligencia.
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Más opiniones desde el Congreso
Desde Unión por la Patria (UxP), Jorge Taiana planteó: “Básicamente, es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial”.
Además, alertó: “El Gobierno está avanzando en su objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur”.
Mientras que el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez entendió que, “(Javier) Milei está creando un peligroso aparato parapolicial. Se trata de una superestructura de control, espionaje y persecución, que tendrá capacidad para detener personas e investigar a cualquier ciudadano, violando garantías constitucionales y por fuera del sistema judicial vigente”.
Desde el Senado. La cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dijo: “Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación. Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU”.
Ricardo Alfonsín, exdirigente de la UCR, pidió la intervención de la justicia: “Si hay temas que sí o sí deben ser dialogados, debatidos, consensuados, este es uno de ellos. Es obvio que Milei no quiso hacerlo. Y esto es muy grave, porque no hay razones para el uso del DNU. Debería ser impugnado en la Justicia, y porque conozco el poco aprecio de Milei por los valores republicanos y democráticos”.
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El decreto publicado en el Boletín Oficial también dispone que todas las actividades de inteligencia pasen a tener carácter “encubierto”, por su sensibilidad y para reducir el “riesgo estratégico nacional”.
En ese marco, la contrainteligencia queda “definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”, dejando atrás prácticas del pasado vinculadas a persecución política, espionaje doméstico o control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos.
Otro punto central es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuya existencia —según el Ejecutivo— generaba superposición con los organismos del Estado Mayor Conjunto. Con ese cambio, el Gobierno afirma que busca un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de defensa.
inteligencia, Congreso de la Nación, Bicameral
POLITICA
Pocas leyes, más poder: el Gobierno cerró el año fortalecido en el Congreso y apuesta a sacar reformas clave en febrero
El Gobierno cerró el año legislativo con una paradoja que sintetiza su paso por el Congreso: aprobó apenas dos leyes propias, pero terminó políticamente más fuerte que cuando empezó. Con un oficialismo ampliado tras el recambio parlamentario, una oposición desarticulada y el control de la agenda durante las sesiones extraordinarias, Javier Milei dio por bueno un balance que, en términos estrictamente normativos, fue exiguo.
El broche llegó en diciembre. Con el envión del nuevo mapa legislativo, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal y se permitió cerrar el período extraordinario con gestos de triunfo, aun cuando de las 13 normas sancionadas a lo largo del año solo impulsó y celebró esas dos.
“Lo de ayer fue una noche histórica. Ganar no es lo más importante, es lo único que importa. Ya ganamos, ahora tenemos que seguir ganando. Hay que tener conciencia de que vivimos diez días de diciembre verdaderamente históricos, sacando un presupuesto con déficit cero y la ley de inocencia fiscal”, celebró Milei el fin de semana pasado, en una entrevista con Radio Mitre.
Esta euforia contrasta con la magra cosecha del período ordinario. Entonces, cuando el oficialismo contaba con 37 diputados y seis senadores, el Congreso sancionó apenas 11 leyes, ninguna de ellas impulsada por el Presidente. Según datos de Directorio Legislativo y de la Oficina de Información Parlamentaria del Congreso, se trató del nivel más bajo de producción legislativa desde el regreso de la democracia. Para encontrar un piso menor hay que retroceder hasta 1983, cuando se aprobaron solo dos leyes, en pleno proceso de recomposición institucional después de la dictadura.
La escasa actividad legislativa respondió tanto a la dificultad para llegar a consensos como al uso extendido de herramientas de control presidencial por parte de la oposición. De esas 11 normas, siete fueron vetadas por Milei; en tres casos, el Congreso reunió los votos necesarios para insistir y revertir el veto presidencial.
El paquete aprobado incluyó tres acuerdos internacionales -con Suiza, sobre servicios aéreos; con Serbia, en cooperación penal, y un convenio multilateral en materia fiscal- y ocho leyes de alcance interno: la emergencia en Bahía Blanca, un aumento jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, el reparto de ATN entre provincias, el financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica y la Ley Nicolás, que establece estándares para una atención médica segura y de calidad.
Las victorias del oficialismo llegaron recién después del recambio parlamentario del 10 de diciembre, ya en el período extraordinario. Su bancada pasó de 37 a 95 diputados y de seis a 21 senadores. Con mayor volumen político y el respaldo de las urnas, el Gobierno logró sancionar el Presupuesto 2026 -aunque con la amputación del capítulo XI, que derogaba la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario- y la ley de Inocencia Fiscal, orientada a incentivar la formalización de ahorros en dólares para fortalecer las reservas.
También se anotó un triunfo más político que legislativo a costa de sus aliados tradicionales, la UCR y Pro: la designación de tres auditores generales en la Auditoría General de la Nación (AGN). Uno de ellos responde a Karina Milei: Mónica Almada, la candidata libertaria, que se incorporó al organismo de control junto con Juan Forlón, del kirchnerismo, y la salteña Pamela Caletti, aliada del gobernador Gustavo Sáenz. La maniobra se concretó de madrugada, en sintonía con Unión por la Patria (UP) y los gobernadores, y profundizó la tensión con Mauricio Macri y su tropa legislativa. De la mano de Cristian Ritondo, Pro presentó un amparo para pedir la nulidad de las designaciones en la AGN.
Salvo UP, que logró sostener una bancada de 93 miembros a puro pragmatismo, el resto de la oposición terminó el año completamente fragmentada. La UCR quedó reducida a seis diputados; Provincias Unidas, a 18, y Pro, a 12. El resto se dispersa en un mosaico de 26 voluntades: seis monobloques, cinco espacios con dos integrantes -entre ellos, Encuentro Federal y la Coalición Cívica-, dos con tres miembros -los alineados con Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil- y la Izquierda, con cuatro.
Incluso dentro del kirchnerismo, la unidad aparece lejos de estar garantizada en el largo plazo. “¿Los ves a Juan Grabois conviviendo con Guillermo Michel?”, ironizan quienes siguieron de cerca los primeros debates internos del nuevo bloque. La ausencia de un liderazgo nacional que ordene la agenda vuelve más frágil cualquier intento de cohesión duradera.
De los seis proyectos incluidos en el decreto de convocatoria a extraordinarias, cuatro quedaron en el camino: los cambios a la Ley de Glaciares, las reformas laboral y penal, y la llamada “regla fiscal”, que busca prohibir el déficit.
La reforma laboral y la regla fiscal cuentan con dictamen de comisión -la primera en el Senado, la segunda en Diputados-, mientras que los cambios sobre el área periglacial aún no fueron abordados. En tanto, la reforma del Código Penal no ingresó al Congreso ni se conocen los detalles del texto.
El Gobierno prevé prorrogar las sesiones extraordinarias durante febrero para retomar la agenda pendiente. Así lo anticipó el propio Milei el fin de semana. “Estamos en condiciones de avanzar en la reforma tributaria y en el endurecimiento de las penas del Código Penal en febrero. Y en ordinarias avanzaremos con las reformas planteadas en el Consejo de Mayo”, afirmó. La “modernización laboral” que impulsa el Gobierno tiene un capítulo completo con ajustes tributarios.
Fue el corolario de su remate navideño en redes sociales: “Con este Congreso, no tengan dudas de que vamos a ir hasta el hueso para hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Abróchense los cinturones, porque va a haber muchas más reformas”.
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POLITICA
Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: el Gobierno dejó vigentes las dos leyes clave del plan económico
El Gobierno nacional oficializó este viernes el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, dos normas clave para la nueva etapa del programa económico que impulsa la administración de Javier Milei.
La promulgación se concretó a través del primer Boletín Oficial del año, luego de que ambas iniciativas fueran aprobadas por el Senado el pasado 26 de diciembre, con una mayoría ajustada y un fuerte debate político.
El Presupuesto establece un marco macroeconómico que el Ejecutivo considera central para consolidar la estabilidad lograda durante los primeros años de gestión.
Según el texto oficial, el gasto total previsto para 2026 asciende a $148 billones, con un superávit primario proyectado del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Además, el Gobierno estima una inflación anual del 10,1%, un crecimiento económico del 5% y un tipo de cambio oficial que cerraría diciembre de 2026 en torno a los $1423.
Desde el Ministerio de Economía destacan que se trata del primer presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión de Milei, luego de dos años en los que el Ejecutivo debió prorrogar partidas ante la falta de consensos legislativos. En ese sentido, la Casa Rosada considera la sanción como una señal política y económica hacia los mercados y los organismos internacionales.
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En cuanto a la distribución del gasto, el Presupuesto 2026 prioriza los servicios sociales, que concentrarán $106,5 billones. En segundo lugar aparece el pago de la deuda pública, con $14,1 billones, seguido por los servicios económicos, que demandarán $11,4 billones.
El texto también ratifica la decisión oficial de mantener restricciones en la cobertura de vacantes dentro de la administración pública, con excepciones puntuales para áreas consideradas estratégicas como Salud, Seguridad y Defensa.
Entre los principales lineamientos, la ordenanza prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones, un aumento del 5% en el gasto destinado a jubilaciones, subas del 17% en Salud y del 8% en Educación. Además, se asignan $4,8 billones a las universidades nacionales, en un contexto de fuerte discusión durante 2025 por el financiamiento del sistema universitario.
La Ley de Inocencia Fiscal, el otro pilar oficializado este viernes, apunta a uno de los objetivos centrales del Gobierno: incentivar el ingreso de dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero formal. El régimen, que modifica aspectos del sistema penal tributario y de los procedimientos fiscales, parte del principio de considerar al contribuyente como cumplidor salvo prueba en contrario.
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La norma habilita a las personas físicas a utilizar ahorros no declarados por hasta $100 millones sin enfrentar sanciones penales ni administrativas. No obstante, el alcance del beneficio es limitado: quedan excluidos quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, posean un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.
Desde el Gobierno aclararon que la Ley de Inocencia Fiscal no implica un blanqueo tradicional ni elimina impuestos, antecedentes fiscales o controles antilavado. Tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF), un punto que fue especialmente remarcado para despejar cuestionamientos de la oposición.
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INOCENCIA FISCAL,Javier Milei,Presupuesto 2026,Unidad de Información Financiera
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