La propuesta de reforma legal para bajar la edad de imputabilidad penal en Argentina generó un debate intenso en el seno de la dirigencia política. En este sentido, Sergio Berni, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, expresó su total acuerdo con avanzar en una actualización del régimen.

“La iniciativa de bajar la ley de imputabilidad es música para mis oídos”., aseguró el ex funcionario kirchnerista, en comunicación con radio La Red. El dirigente opositor remarcó la insuficiencia de la legislación actual y puso de relieve la debilidad práctica de los sistemas penales juveniles vigentes en la provincia de Buenos Aires. “Hoy estamos discutiendo si está bien que un chico de catorce años esté encerrado”, pero ya existe la legislación que permite al juez ordenar el encierro a menores de 16 años“, afirmó

En el mismo sentido, Berni recordó el asesinato del empresario Andrés Blaquier, por el cual el menor responsable fue detenido y derivado a un instituto, del que escapó en cuestión de días.

Para el exministro, la raíz del problema no reside únicamente en la edad de imputabilidad, sino en la estructura y el sentido de la ley penal juvenil. En este punto, defendió un criterio que prescinda de la edad mínima rígida y esté anclado en una evaluación psicológica. “Debe existir una pericia psiquiátrica que informe si el menor comprendía la criminalidad del hecho. Si comprendía la criminalidad, es imputable, independientemente de la edad”, explicó.

Instantes después, Berni redobló la apuesta: “No estoy de acuerdo con el límite de la edad de imputabilidad. No me parece correcto que la edad sea 13, porque ya que estamos ante la posibilidad de hacer una reforma importante al Código Penal, no debemos dejar de pasar la posibilidad de que esto sea mucho más amplio y mucho más justo».

La discusión por la baja de la edad de imputabilidad se cruza con una demanda histórica que Berni afirmó haber trasladado hace más de una década a los legisladores de su espacio, Unión por la Patria, aunque reconoce que fueron los libertarios tomaron la iniciativa política. “Lamento que nuestro espacio político no se haya hecho eco de estas solicitudes y que sea el Partido Libertario el que haya tomado la bandera de entender la importancia que tiene la vinculación del delito en los menores”, apuntó.

Luego, el ex ministro de Seguridad agregó: “Creo que mi espacio político ha sido bastante resistente a bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y está claro que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para hacerles entender que eso es lo que hoy necesita el país».

Respecto del territorio bonaerense, el exministro de Seguridad determinó que, “si bien es cierto que el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires tiene el sistema penal juvenil más avanzado de la Argentina”, en su espacio político están “debatiendo si es correcto que un chico de 14 años esté privado de su libertad”. Y recordó que en “varias oportunidades”, cuando los menores son enviados a un instituto, “pueden escaparse a los pocos días”.

“Considero que una ley por sí sola, si no está acompañada de una iniciativa integral para resolver el problema del delito en menores y de la logística necesaria para su rehabilitación, termina siendo sólo un acto de marketing político”, advirtió.

En otro pasaje, Berni abordó también los problemas de asignación presupuestaria y logística para encauzar la problemática. Es por eso que señaló que el Estado evidencia una falta de voluntad política y financiera para construir y mantener instituciones que permitan efectivamente la reinserción de jóvenes. Y sostuvo: “No veo en el Gobierno la voluntad de invertir en toda la logística necesaria para llevar adelante la reinserción de estos menores que delinquen”.

Consultado sobre el respaldo que su espacio político podría brindar al proyecto en el Congreso, Berni manifestó incertidumbre y describió una división interna. En su análisis, la negativa a avanzar con una reforma se apoya, para algunos diputados, en estadísticas que muestran baja incidencia de homicidios cometidos por menores. El exfuncionario cuestionó esa argumentación y afirmó: “Para ellos son pocos porque nunca les ha tocado a ellos. Yo quiero saber qué pasaría cuando les toque a ellos o un familiar directamente de ellos”.

Y concluyó, previo al tratamiento del proyecto: “Para aquellos diputados de mi espacio político, que lejos de ser peronistas, están impregnados de progresismo y rechazan bajar la ley de imputabilidad porque son niños, les quiero decir que si argumentan esa decisión en base a las estadísticas, y dicen ‘bueno las estadísticas dicen que son pocos los homicidios que cometen los chicos’, les digo que para ellos son pocos porque nunca les ha tocado. Yo quiero saber qué pasaría cuando les toque a ellos o a un familiar directo. Me parece que hay que dejar de ser hipócrita y hay que abordar los temas con la responsabilidad que corresponde”.

La adjudicación de la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro puso sobre la agenda el debate por las políticas productivas, debido a que es la primera vez en décadas que una compañía extranjera ganó una contratación en ese rubro a una compañía argentina.

La empresa india Welspun ofertó un precio 40% inferior al presentado por el Grupo Techint. Esta diferencia de costos podría desembocar en una acusación formal de dumping por parte de la firma argentina, que denuncia competencia desleal y alerta sobre el impacto a largo plazo en el tejido industrial del país.

Dada la forma en la que trascendió este episodio, Infobae consultó a altísimas fuentes de la Casa Rosada por si evalúan futuras medidas vinculadas al caso. “No vamos a pagar más caros los caños”, marcó una fuente inobjetable, dando a entender que la posición oficial es por la negativa.

Horas antes, el presidente Javier Milei asentó postura en su cuenta oficial de X en la que defendió el resultado de la contratación. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”, publicó.

Al preguntar sobre este caso en particular, un alto funcionario del Gobierno profundizó: “No podés entre dos productos iguales comprar el más caro. Si en tal caso, si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el tema es que el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? El precio nos conviene, porque el costo del subsidio no lo pagamos nosotros”.

En el pasado, diferentes funcionarios del Gobierno han marcado objeciones a la política antidumping.

Uno de los principales impulsores de esta postura es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que durante una eliminación de aranceles antidumping a la importación de termos realizada el año pasado, marcó: “¿Tiene lógica esta política? Ninguna. Por un lado, porque la protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección».

“Eficientizar tiene un costo en pérdida de protección que un empresario racional internalizará. Pero tampoco tiene lógica, porque decir ‘protejámonos de los chinos porque si desaparece Lumilagro después nos van a cobrar cualquier cosa’ es un sinsentido que solo podría tener asidero, si la producción de termos a nivel mundial fuera monopólica, lo que es imposible de sostener”, agregó oportunamente.

NOTICIA EN DESARROLLO

El oficialismo en el Senado intensifica sus gestiones para llevar al recinto la reforma laboral el próximo 11 de febrero. Los encuentros técnicos continuarán esta semana.

“Las reuniones son muy productivas. Cada institución nos transmite sus preocupaciones y analizamos qué podemos incluir en la ley”, señaló un integrante del equipo técnico de la senadora Patricia Bullrich.

El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría; cualquier ajuste se incorporará directamente en el recinto. Unión por la Patria, en cambio, presentó un dictamen de minoría en rechazo.

Representantes de la Cámara Argentina de Comercio, CAME y ADIMRA participaron de las conversaciones. Ricardo Diab, presidente de CAME, destacó: “Fue la primera vez que fuimos escuchados. Sentimos que estamos en una mesa de diálogo donde podemos intercambiar ideas y hacer propuestas. Quedamos en generar alternativas que no pierdan el espíritu de fondo que tiene esta pretendida reforma laboral”.

El oficialismo reimpulsó en el Senado la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Mario Natalio Grinman, presidente de la CAC, agregó que la iniciativa busca “adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo”.

La CGT, sin embargo, advirtió que mantiene distancia del proyecto y aseguró: “Hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno por la reforma laboral” y afirmó que se defenderá “el derecho y la dignidad del trabajador” incluso “en la Justicia o en la calle”.

En paralelo, el ministro Diego Santilli recorre provincias para consolidar apoyos políticos. Las gestiones buscan garantizar los votos necesarios para alcanzar el quórum y asegurar la aprobación del proyecto, que según el oficialismo permitirá “incorporar a más trabajadores a la economía formal y facilitar la creación de puestos de trabajo”.

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