Tras una serie de denuncias judiciales y por el impacto público de la causa que investiga la compra de la mansión de Pilar, Claudio “Chiqui” Tapia pasó a la ofensiva. En una extensa presentación judicial, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se declaró víctima de una maniobra extorsiva y apuntó de manera directa contra quienes impulsaron la denuncia que derivó en la investigación sobre su patrimonio.

Según sostuvo Tapia, se trató de una operación “mediática-judicial” montada como represalia luego de que se negara a habilitar un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas.

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El escrito fue presentado ante el Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro y la UFI N° 3 del mismo departamento judicial, en el marco de la causa “Yofe, Matías s/Extorsión”. Allí, Tapia, patrocinado por el abogado Gregorio Dalbón, aseguró que la denuncia por la vivienda de Pilar no fue el origen del conflicto, sino la consecuencia de una secuencia previa de presiones, amenazas y advertencias que, siempre según su versión, comenzaron cuando ejercía funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).

De acuerdo con la reconstrucción que realiza, el punto de partida fue un pedido concreto formulado por el empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A., dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito. El requerimiento consistía en autorizar la instalación de nuevas cámaras de fotomultas y el recambio de equipos existentes en rutas, accesos y predios bajo la órbita del CEAMSE, una habilitación que, según Tapia, implicaba un negocio de alto impacto económico por el volumen de recaudación involucrado.

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Tapia afirmó que rechazó de manera “expresa y categórica” ese pedido y que, a partir de esa negativa, el vínculo con Camani se tornó conflictivo. “El pedido fue sustituido por un esquema claro y sostenido de presión”, sostuvo en la presentación. Según su relato, a través de intermediarios recibió un mensaje intimidatorio: si no habilitaba el negocio de las fotomultas, se activarían denuncias penales en su contra.

El titular de la AFA indicó que existen dos testigos directos dispuestos a declarar (bajo reserva de identidad) que pueden dar cuenta del pedido inicial, la negativa, la amenaza y la posterior concreción de la denuncia. En ese marco, describió una cronología precisa que va desde el requerimiento económico hasta la presentación efectiva de la denuncia por la “casa de Pilar”, con una cercanía temporal que, a su criterio, refuerza el nexo causal entre ambos hechos.

En su escrito, Tapia señaló como denunciantes formales en la causa de la vivienda a Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, a quienes calificó como “ejecutores instrumentales” de una maniobra orquestada por Camani. En esa línea, sostuvo que, tras la denuncia judicial, se desplegó una operación mediática destinada a amplificar el impacto de la acusación, con publicaciones reiteradas en distintos medios y plataformas que, según afirmó, presentaron imputaciones graves como hechos comprobados, sin respaldo probatorio ni contextualización .

El presidente de la AFA también cuestionó la difusión de información que consideró reservada, tanto de bases de datos públicas como de actuaciones judiciales en trámite, y advirtió sobre una secuencia de “acceso, filtración y difusión” que, a su entender, no fue casual. Además, denunció prácticas invasivas, como la grabación de domicilios particulares mediante drones y su exhibición televisiva, lo que, según sostuvo, expuso indebidamente a familias y excedió los límites del ejercicio periodístico legítimo.

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En las consideraciones finales, Tapia vinculó este episodio con antecedentes que atribuye a Camani en otras causas relacionadas con el negocio de las fotomultas, entre ellas la que involucró al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Allí recordó que Camani se presentó como denunciante y que, en ese contexto, se le atribuyeron expresiones de carácter amenazante, citando una frase que D’Onofrio habría hecho trascender públicamente: “Vas a aparecer suicidado en un baño”.

Finalmente, Tapia solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos, secuestro y peritaje de dispositivos electrónicos de Camani, Yofe y Del Gaiso, así como la citación de los testigos bajo identidad reservada.

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La propuesta de reforma legal para bajar la edad de imputabilidad penal en Argentina generó un debate intenso en el seno de la dirigencia política. En este sentido, Sergio Berni, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, expresó su total acuerdo con avanzar en una actualización del régimen.

“La iniciativa de bajar la ley de imputabilidad es música para mis oídos”., aseguró el ex funcionario kirchnerista, en comunicación con radio La Red. El dirigente opositor remarcó la insuficiencia de la legislación actual y puso de relieve la debilidad práctica de los sistemas penales juveniles vigentes en la provincia de Buenos Aires. “Hoy estamos discutiendo si está bien que un chico de catorce años esté encerrado”, pero ya existe la legislación que permite al juez ordenar el encierro a menores de 16 años“, afirmó

En el mismo sentido, Berni recordó el asesinato del empresario Andrés Blaquier, por el cual el menor responsable fue detenido y derivado a un instituto, del que escapó en cuestión de días.

Para el exministro, la raíz del problema no reside únicamente en la edad de imputabilidad, sino en la estructura y el sentido de la ley penal juvenil. En este punto, defendió un criterio que prescinda de la edad mínima rígida y esté anclado en una evaluación psicológica. “Debe existir una pericia psiquiátrica que informe si el menor comprendía la criminalidad del hecho. Si comprendía la criminalidad, es imputable, independientemente de la edad”, explicó.

Instantes después, Berni redobló la apuesta: “No estoy de acuerdo con el límite de la edad de imputabilidad. No me parece correcto que la edad sea 13, porque ya que estamos ante la posibilidad de hacer una reforma importante al Código Penal, no debemos dejar de pasar la posibilidad de que esto sea mucho más amplio y mucho más justo».

La discusión por la baja de la edad de imputabilidad se cruza con una demanda histórica que Berni afirmó haber trasladado hace más de una década a los legisladores de su espacio, Unión por la Patria, aunque reconoce que fueron los libertarios tomaron la iniciativa política. “Lamento que nuestro espacio político no se haya hecho eco de estas solicitudes y que sea el Partido Libertario el que haya tomado la bandera de entender la importancia que tiene la vinculación del delito en los menores”, apuntó.

Luego, el ex ministro de Seguridad agregó: “Creo que mi espacio político ha sido bastante resistente a bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y está claro que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para hacerles entender que eso es lo que hoy necesita el país».

Respecto del territorio bonaerense, el exministro de Seguridad determinó que, “si bien es cierto que el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires tiene el sistema penal juvenil más avanzado de la Argentina”, en su espacio político están “debatiendo si es correcto que un chico de 14 años esté privado de su libertad”. Y recordó que en “varias oportunidades”, cuando los menores son enviados a un instituto, “pueden escaparse a los pocos días”.

“Considero que una ley por sí sola, si no está acompañada de una iniciativa integral para resolver el problema del delito en menores y de la logística necesaria para su rehabilitación, termina siendo sólo un acto de marketing político”, advirtió.

En otro pasaje, Berni abordó también los problemas de asignación presupuestaria y logística para encauzar la problemática. Es por eso que señaló que el Estado evidencia una falta de voluntad política y financiera para construir y mantener instituciones que permitan efectivamente la reinserción de jóvenes. Y sostuvo: “No veo en el Gobierno la voluntad de invertir en toda la logística necesaria para llevar adelante la reinserción de estos menores que delinquen”.

Consultado sobre el respaldo que su espacio político podría brindar al proyecto en el Congreso, Berni manifestó incertidumbre y describió una división interna. En su análisis, la negativa a avanzar con una reforma se apoya, para algunos diputados, en estadísticas que muestran baja incidencia de homicidios cometidos por menores. El exfuncionario cuestionó esa argumentación y afirmó: “Para ellos son pocos porque nunca les ha tocado a ellos. Yo quiero saber qué pasaría cuando les toque a ellos o un familiar directamente de ellos”.

Y concluyó, previo al tratamiento del proyecto: “Para aquellos diputados de mi espacio político, que lejos de ser peronistas, están impregnados de progresismo y rechazan bajar la ley de imputabilidad porque son niños, les quiero decir que si argumentan esa decisión en base a las estadísticas, y dicen ‘bueno las estadísticas dicen que son pocos los homicidios que cometen los chicos’, les digo que para ellos son pocos porque nunca les ha tocado. Yo quiero saber qué pasaría cuando les toque a ellos o a un familiar directo. Me parece que hay que dejar de ser hipócrita y hay que abordar los temas con la responsabilidad que corresponde”.

La adjudicación de la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro puso sobre la agenda el debate por las políticas productivas, debido a que es la primera vez en décadas que una compañía extranjera ganó una contratación en ese rubro a una compañía argentina.

La empresa india Welspun ofertó un precio 40% inferior al presentado por el Grupo Techint. Esta diferencia de costos podría desembocar en una acusación formal de dumping por parte de la firma argentina, que denuncia competencia desleal y alerta sobre el impacto a largo plazo en el tejido industrial del país.

Dada la forma en la que trascendió este episodio, Infobae consultó a altísimas fuentes de la Casa Rosada por si evalúan futuras medidas vinculadas al caso. “No vamos a pagar más caros los caños”, marcó una fuente inobjetable, dando a entender que la posición oficial es por la negativa.

Horas antes, el presidente Javier Milei asentó postura en su cuenta oficial de X en la que defendió el resultado de la contratación. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”, publicó.

Al preguntar sobre este caso en particular, un alto funcionario del Gobierno profundizó: “No podés entre dos productos iguales comprar el más caro. Si en tal caso, si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el tema es que el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? El precio nos conviene, porque el costo del subsidio no lo pagamos nosotros”.

En el pasado, diferentes funcionarios del Gobierno han marcado objeciones a la política antidumping.

Uno de los principales impulsores de esta postura es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que durante una eliminación de aranceles antidumping a la importación de termos realizada el año pasado, marcó: “¿Tiene lógica esta política? Ninguna. Por un lado, porque la protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección».

“Eficientizar tiene un costo en pérdida de protección que un empresario racional internalizará. Pero tampoco tiene lógica, porque decir ‘protejámonos de los chinos porque si desaparece Lumilagro después nos van a cobrar cualquier cosa’ es un sinsentido que solo podría tener asidero, si la producción de termos a nivel mundial fuera monopólica, lo que es imposible de sostener”, agregó oportunamente.

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