El gobierno local de las Islas Malvinas, bajo autoridad del Reino Unido, autorizó este miércoles la explotación petrolera para extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion, ubicado unos 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino. La iniciativa estará a cargo de las empresas Rockhopper, del Reino Unido, y Navitas, de Israel. Ante esta decisión, el gobierno de Tierra del Fuego le pidió a la administración de Javier Milei que tome “las cartas más duras en el asunto” frente al avance británico. Desde la gestión de Gustavo Melella cuestionaron la postura de la Casa Rosada en torno a la cuestión Malvinas y reclamaron una respuesta judicial y administrativa.

Mediante un comunicado, las autoridades isleñas avalaron inversiones por hasta US$2100 millones para la primera etapa del Programa de Desarrollo del Área Norte del yacimiento. Allí, hace casi una década, las compañías anunciaron el hallazgo de un “yacimiento de clase mundial” y desde entonces diseñaron proyectos para iniciar la extracción, proceso que estaría habilitado para iniciar en 2028.

En un comunicado difundido desde Londres, Rockhopper anunció que su directorio aprobó la inversión para la Fase 1 del desarrollo de Sea Lion, decisión que también fue tomada por su socia y operadora, Navitas Petroleum. Según la compañía, ya se recibieron todas las autorizaciones necesarias. El gobierno isleño aprobó el programa de desarrollo y producción para las Fases 1 y 2, y las licencias pasarán ahora a la etapa de explotación, con una duración de 35 años o más, si fuera necesario completar la producción.

Los ilseños, en tanto, señalaron que se cumplió la condición precedente fijada por su Consejo Ejecutivo y que, en consecuencia, las aprobaciones previas quedaron activadas. De concretarse, el proyecto podría transformar la economía isleña gracias a regalías e impuestos, hoy sustentada principalmente en la pesca y la cría de ovejas. La explotación petrolera se rige por la Ordenanza de Minerales Offshore de 1994, que habilita al gobernador —designado por el Reino Unido— a otorgar licencias en nombre de la Corona para producir en aguas controladas por las islas.

El año pasado, el Reino Unido había impulsado una consulta entre los residentes para avanzar con el plan. En septiembre del mismo calendario, la Cancillería, en ese momento a cargo de Diana Mondino, rechazó las actividades hidrocarburíferas “ilegales” en el territorio, basándose en el reclamo de soberanía argentina sobre el territorio controlado por los ingleses.

Con la autorización británica formalizada, aún no está claro cómo reaccionarán el presidente Milei y el canciller Pablo Quirno, en un contexto marcado por el alineamiento político del Gobierno con Israel y una negociación con Gran Bretaña para levantar un veto para comprar armas.

Tras conocerse la decisión de los isleños, el gobierno fueguino reiteró su denuncia y exigió la intervención de la Nación. Andrés Dachary, secretario de Malvinas de la provincia, emitió un comunicado en el que expresó “el más absoluto y enérgico rechazo” al avance en Sea Lion. Calificó la decisión como un acto “unilateral, ilegal y provocador” del Reino Unido que busca explotar recursos “argentinos en territorio ocupado”, vulnerando los derechos soberanos del país.

Dachary pidió a Cancillería que adopte “todas las medidas diplomáticas y jurídicas posibles en los foros internacionales” y reafirme ante la comunidad internacional que Argentina “no consiente ni reconocerá” explotación hidrocarburífera alguna en la plataforma continental bajo ocupación británica.

“Las acciones firmes y contundentes que adopte el Gobierno en defensa de nuestra soberanía contarán con el respaldo unánime del pueblo argentino, porque la cuestión Malvinas y la defensa de nuestro territorio constituyen una causa nacional que trasciende cualquier diferencia partidaria”, cerró su extenso comunicado.

En diálogo con , el funcionario sostuvo que, pese a mantener “contactos permanentes” con Cancillería, el Gobierno no ha convocado al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Malvinas desde hace más de un año. También reclamó que la administración nacional avance por vía judicial y administrativa, al considerar que un simple comunicado no alcanza, especialmente ahora que la explotación —y no solo la exploración— ya fue aprobada y se dará en una zona donde la provincia no tiene jurisdicción para actuar.

Tierra del Fuego anticipó que solicitará a Milei una reunión urgente del Consejo Nacional de Malvinas. “No hay opción para que la Argentina no tome las cartas más duras sobre el asunto”, afirmó Dachary.

Al momento de la publicación de esta nota, el ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Pablo Quino no respondió a la consulta de este diario.

En septiembre de 2023, el gobierno de Alberto Fernández había reiterado su reclamo contra Navitas por operar en Malvinas. Según recordó el entonces canciller Santiago Cafiero, la empresa fue sancionada en abril de 2022 con 20 años de inhabilitación para desarrollar actividades hidrocarburíferas en territorio argentino.

La sanción se dictó mediante la Resolución 240/2022 de la Secretaría de Energía, que declaró ilegales y “clandestinas” las operaciones de Navitas en la plataforma continental argentina al no contar con autorización del Estado. En aquel momento, el reclamo no solo involucró a la empresa y al Reino Unido, sino también a Israel.