Aunque todavía no comenzó a tratarse formalmente en el Congreso, la oposición ya está planificando una manera para intentar frenar en la Justicia la reforma laboral en caso de que sea sancionada, pero el Gobierno confía en que no podrá lograrlo y prepara una estrategia por si tiene que defender la medida en los tribunales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la mesa judicial de Casa Rosada, no sorprendieron los trascendidos de que el peronismo buscará declarar inconstitucional la iniciativa, pero aseguran que no existen argumentos para hacerlo.

Luego de un enero en el que el oficialismo llevó adelante múltiples contactos con sus aliados con el objetivo de garantizar el apoyo al proyecto, en los próximos días se debatirá el texto en el recinto y todo indica que se aprobará.

Ante esta situación, trascendió que el PJ llevará el tema a la Justicia con la idea de impedir su implementación, como sucedió con los cambios en el sistema laboral con los que el presidente Javier Milei quiso avanzar a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

“No nos preocupa. Es lógico que lo vayan a hacer, pero yo no creo que prospere”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa judicial libertaria, que señala que hay importantes diferencias entre este proyecto y el mencionado DNU.

En este sentido, las autoridades nacionales remarcan que en el primer caso las modificaciones fueron impuestas por el Poder Ejecutivo, mientras que en esta oportunidad se están discutiendo en el ámbito del Congreso y, si se aprueban, ya tendrían fuerza de ley.

“No esperábamos menos de ellos. No tienen una sola idea, las que tenían no sirvieron, y solo les queda intentar bloquear los cambios. Creemos que, incluso con una Justicia que en gran medida responde a ellos, sobre todo en lo laboral, no van a poder frenar judicialmente la reforma, porque no tienen razones jurídicas. Salvo que los jueces fallen exclusivamente por ideología”, sostienen en Balcarce 50.

En enero del 2024, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación del capítulo específico incluido en el DNU 70; el Gobierno apeló y la causa llegó hasta la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.

Según plantearon fuentes del peronismo, si esta nueva reforma es sancionada, lo que se podría hacer es plantear que su contenido es inconstitucional, ya que la oposición entiende que afecta el “principio de no regresividad” de los derechos adquiridos.

Por un lado, en el Poder Ejecutivo aseguran que esta iniciativa “no afecta los derechos de los trabajadores, sino de los sindicatos”, ya que “hace más dinámica y moderna la relación” entre el empleador y el personal.

Por ejemplo, si bien no se avanzó con la eliminación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención.

Por otra parte, las autoridades nacionales también destacan que la Justicia “no debería” frenar la implementación de la ley, si es que la aprueba el Congreso, “porque, en todo caso, el juez lo que tendría que hacer es fallar sobre un caso concreto”.

“Lo que deberá hacer el peronismo es enunciar un derecho que se pierda y que sea en contra de los trabajadores. Algo concreto. Y no lo van a tener. En abstracto, no se puede avanzar. Así lo dispuso la Corte desde siempre. Los jueces resuelven (deberían) casos concretos”, manifestó un integrante de la mesa judicial libertaria.

Incluso, si esto sucediera, y se presentara una demanda colectiva —como pasó con otras medidas del Gobierno—, quienes llevan adelante la estrategia oficial indican que se trataría solamente de un conjunto específico de personas, pero que los cambios seguirían vigentes para el resto de la sociedad.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pretende que se convoque a votación entre el 10 y el 13 de febrero, para que luego la norma pase a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem trabajará para la sanción definitiva.

La bancada Justicialista, que encabeza José Mayans, cuenta con 21 integrantes. A ellos se les podrían sumar los dos legisladores del Frente Cívico por Santiago, de Gerardo Zamora, y los cinco de Convicción Federal, que lidera Fernando Aldo Salino.

Entre todos ellos, de todas formas, están lejos de llegar a los 37 escaños que se necesitan para rechazar la reforma, por lo que —si no hay imprevistos— el Gobierno se anotaría el primer triunfo del año.

Este martes, Bullrich volverá a reunirse con los representantes de los bloques cercanos al oficialismo, para terminar de conversar los detalles del proyecto e ir a la votación con el mayor consenso posible.

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El Gobierno nacional declaró este lunes la Emergencia Ígnea en Santa Cruz a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 80/2026, publicado a la medianoche en el Boletín Oficial. Con esta decisión, esa provincia se sumó a las que ya habían sido alcanzadas por la medida: Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

La decisión del presidente Javier Milei busca responder a crítica situación generada por los incendios forestales que azotan a la Patagonia; y en ese sentido, refuerza los recursos para combatir el fuego y asistir a las poblaciones que fueron afectadas.

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En Santa Cruz, las llamas superaron la capacidad de respuesta de los equipos desplegados en el territorio, especialmente luego de los focos que arrasaron zonas del Parque Nacional Los Glaciares.

Qué implica la Emergencia Ígnea y la declaración de zona de desastre

La declaración de Emergencia Ígnea habilita al Estado nacional a actuar de manera inmediata y excepcional frente a los incendios. Entre los principales puntos del decreto se pueden destacar:

• Refuerzo de la asistencia logística y operativa en las provincias afectadas.
• Envío de fondos extraordinarios destinados a cuerpos de bomberos voluntarios, brigadistas y organismos de combate del fuego.
• Simplificación de trámites administrativos, para acelerar compras, contrataciones y despliegue de recursos.
• Coordinación directa entre Nación, provincias y municipios.

La situación crítica en la Patagonia

La declaración de emergencia ocurre en medio del avance de incendios en distintas provincias de la Patagonia. El Gobierno ya había declarado la emergencia en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fines de enero, luego de los graves daños en el Parque Nacional Los Alerces. Ahora, la situación en Santa Cruz obligó a ampliar el alcance de las medidas.

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El Gobierno justificó el uso del DNU en la urgencia de la situación. Según explicaron, el escenario climático extremo y la magnitud del daño ambiental hacían inviable esperar los tiempos legislativos habituales. La medida permite liberar fondos, movilizar recursos y reforzar personal sin trabas administrativas.

Cambio climático, recursos naturales

LLA Entre Ríos y el Gobierno provincial tienen en la mira cargos de organismos nacionales que estiman que pueden ser ocupados en una suerte de reestructuración de espacios, de cara al segundo tramo de la administración de Javier Milei.

Se trata de lugares en reparticiones como la Anses, el Pami, Vialidad Nacional, Migraciones o el Ministerio de Trabajo de la Nación. También están en danza sillones importantes en organismos binacionales como la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que tiene a su cargo la represa sobre el río Uruguay.

Estos movimientos implicarían rearmar la propia interna libertaria en la provincia, darle la medida exacta al acuerdo político entre la Casa Rosada y Rogelio Frigerio y, además, readecuar esos espacios a la realidad actual.

Qué pasó hasta ahora

Javier Milei llegó a la Presidencia con una estructura mínima. Y eso repercutió a la hora de llenar los renglones del funcionariado menor. El fenómeno fue más evidente en las provincias, donde la candidatura libertaria era apoyada por entusiastas. En la mayoría de los casos, ni siquiera tenían un sello partidario propio y debieron recurrir a alianzas que terminaron de diversa manera.

Luego de dos años, Karina Milei pudo consolidar una estructura partidaria nacional y en las provincias. LLA compitió, con distinta suerte, en todas las elecciones del 2025. En algunos distritos, como en Entre Ríos, los libertarios se quedaron con la parte del león en la distribución de lugares en las listas que compitieron en octubre.

Entre quiénes se da la puja

En el esquema de la administración provincial, que encabeza Rogelio Frigerio, hay interés de que el acuerdo electoral tenga su correlato político. Y que algunos de estos resortes administrativos nacionales localizados en el territorio sean gestionados por personas que responden al Gobierno provincial. La constelación de espacios de LLA, la estructura partidaria y los grupos que quedaron por fuera tienen la misma intención.

En la mira están cargos que se cedieron en las primeras épocas del Gobierno de Milei a grupos políticos, dirigentes y referentes que ya no tallan. Sobre todo algunos que son tentadores por el tipo de remuneración que ofrecen o el margen para hacer política que habilitan.

LLA en Entre Ríos se armó tras la elección del 2023. A esa instancia habían llegado muchas tribus convocadas por la figura del Presidente, pero con escasa amalgama entre ellas.

Eso fue lo que motivó la ruptura en el bloque de legisladores provinciales. La boleta que encabezaba Milei arrastró los demás cuerpos y logró 5 bancas. Pero solo dos quedaron para LLA. Las otras tres terminaron en monobloques.

A fin de revertir lo ocurrido, se aceleró la formación del partido propio. El proceso no fue sencillo. La estructura quedó bajo control del diputado provincial Roque Fleitas. Pero eso otorgó de lugares de poder al ex candidato a la gobernación Sebastián Etchevehere y referentes que estuvieron ligados a él. Uno de ellos es Beltrán Benedit, el diputado nacional que tuvo sus cinco minutos de fama al organizar la visita de parte del bloque a exrepresores.

Tras la ratificación del modelo y el espaldarazo político que significó la victoria en octubre pasado, el frente libertario se está reacomodando. Benedit ha vuelto a entrar en el radar. Uno de los diputados que asumió en diciembre, Andrés Laumann, también está cobrando protagonismo.

Entre ambos han generado simbiosis. Por ahora no va más allá de un grupo de WhatsApp que se llama “Línea Pura”. Pero el espacio busca crecer. Y con esa intención pretende tallar con peso propio en la redistribución de lugares en los organismos nacionales. Esto llevará a una tensión con la estructura formal de LLA. Entre Ríos podría convertirse en otro campo más de la disputa interna que se da a nivel nacional.

En esta escena hay una figura que queda por encima de las tensiones. Se trata del senador nacional Joaquín Benegas Lynch. La relación directa y personal con Milei (toca la batería en «La Banda Presidencial», el grupo que acompaña al presidente en sus recitales) es lo que lo define. No está, ni deja de estar, ni con unos ni con otros.