POLITICA
La Cámara Federal envió al fuero penal económico la causa de la quinta de Pilar adjudicada a autoridades de la AFA

La Cámara Federal resolvió trasladar al fuero penal económico la causa que investiga por presunto lavado de dinero el caso de la fastuosa quinta de Pilar sospechada de pertenecer a las autoridades de la Asociación de Futbol Argentina (AFA).
Hasta hoy, el caso -que en las últimas horas avanzó con nuevos allanamientos- estuvo en manos del juez Daniel Rafecas. Este magistrado había declarado la incompetencia de su juzgado y enviado el caso al fuero penal económico, pero el juez Javier López Biscayart rechazó asumirlo: dijo que le correspondía a los tribunales federales de Comodoro Py y le devolvió el expediente a Rafecas.
La disputa pasó así a la Cámara Federal, que hoy, con un fallo unipersonal del juez Leopoldo Bruglia, decidió que la causa debe ser instruida en el fuero penal económico. Le tocará llevarla al juzgado 10, cuyo titular es el juez Marcelo Aguinsky.
“No surgen -por el momento- particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención de este fuero”, dijo el juez Bruglia.
“Entiendo que la prosecución de la investigación debe quedar a cargo del juzgado en lo penal económico con competencia específica en la materia, pues exclusivamente –prima facie– se encontraría comprometido el orden económico y financiero”, sostuvo.
En el fallo, el juez observó que será el fuero penal económico quien deba considerar si existe también una cuestión territorial para analizar, puesto que la quinta denunciada está en el partido de Pilar.
La disputa por la competencia se resolvió mientras Rafecas avanzaba con una amplia serie de medidas de prueba.
Hoy, en un nuevo allanamiento a la casa quinta, la Policía encontró 52 vehículos, muchos de ellos de lujo, que fueron inmovilizados por orden del juez, quien dictó también un embargo preventivo sobre el inmueble.
Los accesos al terreno estuvieron bloqueados desde el viernes pasado por la Policía, dijeron fuentes judiciales.
El tamaño de la quinta y sus instalaciones no guardan correlación con el perfil económico de sus dueños formales, Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
La casa quinta investigada contaría con pista de entrenamiento para caballos, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, un helipuerto propio, múltiples instalaciones deportivas y esta amplia colección de más de 50 vehículos.
la fastuosa quinta de Pilar,Conforme a
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El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Luego de largas horas de debate, el Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil. De esta manera, la edad de imputabilidad baja a 14 años.
Una vez conocido el resultado legislativo, el Gobierno celebró la sanción de la norma. El Presidente Javier Milei afirmó a través de sus redes sociales: “El que las hace las paga”. “El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Ahora hay castigo donde antes había impunidad”, remarcó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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En la misma línea, en el Gobierno manifestaron: “Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.
Y agregaron: “La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”.
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A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, indicaron: “Milei destaca la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo. Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas”.
Y señalaron: “El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó: “La Ley Penal Juvenil es ley. Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de la justicia que nunca van a tener. Desde hoy, la impunidad ya no es la regla. Las hacen, las pagan.
Por su parte, la actual titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó: “Celebro la aprobación de la Ley Penal Juvenil. Hoy la Argentina eligió, de una vez por todas, estar del lado de las víctimas. Un paso firme para que la edad no sea una excusa y para que, en la Argentina, el que las hace, las pague”.
Senado, Baja de la edad de imputabilidad, Régimen Penal de la Minoridad
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Ley Penal Juvenil: uno por uno, cómo votaron los senadores la baja de la imputabilidad a los 14 años

${status}
`;
}
function createCard(item, borderColor) {
const card = document.createElement(«div»);
card.className = «vs2__card»;
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fotoWrap.className = «vs2__foto»;
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fotoWrap.style.borderColor = borderColor;
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const nombre = document.createElement(«p»);
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nombre.textContent = String(item.nombres || «»).toLowerCase();
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const bloque = document.createElement(«span»);
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function seatClass(kind) {
if (kind === «AFIRMATIVO») return «vs2__seat–afirmativo»;
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function hemicicloParams(which) {
if (which === «big») {
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function computeRowSeatCounts(seatsPerRow, totals) {
const totalSeats = seatsPerRow.reduce((a, b) => a + b, 0);
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},
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k: «NEGATIVO»,
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{
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r: exact.AUSENTE – floor.AUSENTE
},
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if (diff <= 0) break;
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diff–;
}
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}
function renderHemiciclo(which, totals) {
const el = byRole(which === «big» ? «hemiciclo-big» : «hemiciclo-small»);
if (!el) return;
el.innerHTML = «»;
const p = hemicicloParams(which);
let rowSeatCounts = computeRowSeatCounts(p.seatsPerRow, totals);
const maxSeatsInRow = p.seatsPerRow[0];
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for (let row = 0; row < p.rows; row++) {
if (col >= p.seatsPerRow[row]) continue;
const seatsInThisRow = p.seatsPerRow[row];
const radius = p.radiusStart – row * (p.radiusStep – p.verticalOffset);
const angleRange = Math.PI;
const angleStep = (seatsInThisRow > 1) ? angleRange / (seatsInThisRow – 1) : 0;
const angle = (Math.PI – angleRange) / 2 + col * angleStep;
const x = p.centerX + radius * Math.cos(angle);
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let kind = «EMPTY»;
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kind = «AFIRMATIVO»;
rowSeatCounts[row].AFIRMATIVO–;
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kind = «ABSTENCIÓN»;
rowSeatCounts[row][«ABSTENCIÓN»]–;
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kind = «AUSENTE»;
rowSeatCounts[row].AUSENTE–;
}
const seat = document.createElement(«div»);
seat.className = «vs2__seat » + seatClass(kind);
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el.appendChild(seat);
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}
function populateFilters(data) {
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if (!selProv || !selBloq) return;
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const bloqSet = new Map(); // bloque -> full
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const opt = document.createElement(«option»);
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function renderFiltered(data, field, value, targetEl) {
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const open = sec.getAttribute(«data-open») !== «true»;
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const goTop = byRole(«go-top»);
if (goTop) {
goTop.addEventListener(«click», () => root.scrollIntoView({
behavior: «smooth»
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const summary = byRole(«summary»);
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Error: falta data-csv-url
`;
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summary.innerHTML = `
Error: ${escapeHtml(err.message || err)}
`;
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init();
})();
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Dos jueces archivaron una denuncia contra Insfrán por transferir dinero de la provincia al Partido Justicialista

La Cámara Federal de Casación confirmó el archivo de una causa en la que se investigaba al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por el supuesto desvío de $1.600 millones provenientes de fondos públicos de la provincia para el financiamiento del Partido Justicialista.
El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Carlos Mahiques de la Sala III de la Cámara Federal de Casación con la disidencia del juez Juan Carlos Gemigniani. Los jueces de la mayoría dijeron que no existió delito en las millonarias transferencias cuestionadas.
La causa se originó a raíz de una denuncia que apuntaba a la transferencia de más de 1660 millones de pesos desde una cuenta del gobierno de la provincia de Formosa en el Banco de Formosa hacia una cuenta del Partido Justicialista.
Estos movimientos se registraron entre el 2 y el 7 de octubre de 2024.
El querellante, que es el abogado David Ezequiel Gamarra, denunció que esta maniobra era ilegal y vulneraba la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Argumentaron que el gobierno formoseño había dicho que había descontado a 90 funcionarios jerárquicos sumas de dinero hasta conformar esa suma como aporte al partido, cuando, según un organigrama oficial aportado por los denunciantes, solo existían 38 cargos de ese rango, sospechando que se obligaba a empleados de menor jerarquía a financiar al PJ.
Una ley provincial permite financiar al PJ con estos descuentos.
El archivo de la causa, que ya había sido dictado en primera instancia y ratificado por la Cámara Federal, se fundamenta en la “inexistencia de delito”.
La Justicia determinó que “el dinero no era producto de un desvío ilegal de fondos públicos, sino de deducciones lícitas y voluntarias” practicadas a los haberes de los funcionarios públicos con rango jerárquico afiliados al PJ.
La justicia estableció que la operatoria estaba respaldada por normativas vigentes: las leyes nacionales de partidos políticos (23.298 y 26.215) y una ley provincial.
Pero además la Carta Orgánica del PJ de Formosa establece que el patrimonio del partido se forma con el 10% de las retribuciones de los funcionarios políticos del Estado.
Además, estas retenciones estaban amparadas por un “convenio de descuentos de haberes” firmado en 2007. Las transferencias estaban bancarizadas, documentadas y auditadas por la Justicia Electoral.
Insfrán gobierna Formosa desde hace 30 años de manera ininterrumpida. Asumió el 10 de diciembre de 1995, tras ganar las elecciones ese año. Antes fue vicegobernador entre 1987 y 1995.
Fue reelecto en 2023 con el 69,9% de los votos de los formoseños que apoyaron al PJ. Su campaña se basa en la presencia del Estado en todos los aspectos de la vida social, aunque la provincia mantiene altos índices de pobreza. Hay 167 trabajadores estatales por cada 100 privados.
La decisión de Casación se resolvió por mayoría, que declaró inadmisible el recurso de la querella.
El juez Carlos Mahiques fue el primero en votar y propuso rechazar el recurso. Mahiques consideró que los argumentos de la querella eran “insustanciales e inconducentes” y que el fiscal Javier De Luca no logró demostrar que las decisiones de las instancias anteriores fueran arbitrarias o infundadas.
Destacó que las transferencias tenían total “trazabilidad bancaria” y apoyatura legal.
El juez Borinsky adhirió plenamente a la postura de Mahiques. Argumentó que la querella solo se limitó a “reiterar su propia perspectiva sobre el caso” y evidenciar una “disconformidad”, pero sin desarrollar una crítica jurídica sólida que demostrara un defecto grave en las sentencias anteriores.
Subrayó además que no había medidas de prueba pendientes que fueran determinantes para cambiar el rumbo de la causa y que a la parte querellante se le garantizó debidamente el derecho a la “doble instancia judicial”.
El juez Juan Carlos Gemignani, en disidencia, consideró que el recurso de casación interpuesto resultaba “formalmente admisible” y propuso continuar con el trámite procesal fijando una audiencia para analizar el caso en profundidad, aunque aclaró que esto no implicaba abrir juicio sobre el fondo de la cuestión.
Con dos votos contra uno, el máximo tribunal penal del país resolvió declarar la inadmisibilidad de la queja y dar por cerrado el expediente.
Según la investigación, entre los días 2 y 7 de octubre de 2024, se transfirieron 16.000 millones de pesos en concepto de pago de haberes desde una cuenta bancaria del gobierno de la provincia de Formosa, radicada en el Banco de Formosa SA, hacia una cuenta en el Banco de la Nación Argentina.
Esta última cuenta receptora pertenecía al Partido Justicialista, Distrito Formosa, presidido por el propio gobernador Gildo Insfrán.
La parte querellante denunció la operatoria como una maniobra de aparente legalidad pero “absolutamente ilegítima”. La sospecha radicaba en una diferencia de números: el Ministerio de Economía provincial informó que los descuentos aplicados a esos haberes correspondían a 90 funcionarios jerárquicos, pero la querella aportó un organigrama oficial donde figuraba que la dependencia solo contaba con 38 funcionarios con ese rango.
Ante esta discrepancia, los denunciantes aseveraron que se habría obligado a personal que no contaba con rango jerárquico a realizar aportes forzosos al Partido Justicialista local, lo que infringiría la ley.
La Justicia desestimó la denuncia al comprobar que el movimiento de los fondos tenía justificación y origen lícito, pues las sumas transferidas tenían su origen en las deducciones efectuadas voluntariamente sobre los haberes de determinados funcionarios públicos afiliados al partido, y no de un desvío ilegal.
Hernán Cappiello,Conforme a
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