POLITICA
Pese al fallo de la Justicia, el Gobierno no dispondrá partidas por la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno no dispondrá los fondos de la Ley de Emergencia en Discapacidad que la Justicia federal le solicitó que aplique de manera inmediata. “No tenemos los fondos para hacerlo. Nos encantaría cumplir, pero nos faltan las partidas para poder hacerlo”, indicó a Infobae una altísima fuente del Poder Ejecutivo.
Así, el Gobierno se dispone a apelar el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que había suspendido la ejecución de la norma.
En la parte resolutiva, el juzgado hizo lugar a la acción colectiva, ordenando la aplicación inmediata de la Ley 27.793 y declarando inválido el artículo que había frenado su vigencia.
Además, impuso las costas al Estado Nacional y dispuso la notificación a todas las partes, así como la publicación del fallo en el Registro Público de Procesos Colectivos. El juez subrayó la gravedad de la situación para las personas con discapacidad, en especial para niños y adultos mayores, y citó la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho autónomo al cuidado y la obligación estatal de garantizarlo.
En el Gobierno marcan que esta reforma se produce bajo la misma lógica por la cual se impulsa en extraordinarias el proyecto de Ley de Estabilidad Fiscal, que tiene como objetivo establecer reformas en el Código Penal, nuevas reglas fiscales y modificaciones en la Ley 24.156 y el Decreto 1399/01.
En su artículo 4 buscan establecer que “toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”. Aun así, esta norma ni siquiera comenzó a ser tratada en la Cámara de Diputados.

El conflicto se originó cuando el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 681/2025. El Ejecutivo argumentó que el Congreso no había especificado el origen de los fondos para financiar la ley, por lo que, según su interpretación, no podía ponerla en marcha. El Ministerio de Salud de la Nación defendió esta postura, advirtiendo que la ejecución de la ley sin financiamiento específico pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal y otros servicios esenciales del Estado. Sostuvo que el Jefe de Gabinete de Ministros no podía reasignar partidas presupuestarias para una ley suspendida y que la decisión de incluir los fondos correspondía al Congreso.
La causa fue impulsada por O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos menores de edad titulares de Certificado Único de Discapacidad, y sumó rápidamente la adhesión de numerosas asociaciones civiles, prestadores y familiares de personas con discapacidad de todo el país. Entre las entidades que participaron figuran la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS) y la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), entre otras.
Los informes de amicus curiae y las presentaciones de prestadores y familiares coincidieron en describir una crisis estructural: entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles de prestaciones solo aumentaron un 42,6%, lo que generó una pérdida del poder adquisitivo del 51,5%. Se documentó el cierre de instituciones, la interrupción de tratamientos, la pérdida de empleos y la imposibilidad de sostener servicios esenciales como el transporte adaptado.
El reclamo central de la demanda colectiva apuntaba a que la suspensión de la ley privaba a miles de personas de las medidas de emergencia diseñadas para garantizar la continuidad de tratamientos, la calidad de los servicios y la protección de derechos fundamentales como la salud, la educación y la inclusión social. La demanda sostuvo que la suspensión constituía una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso y una violación del principio de supremacía constitucional, ya que el Poder Ejecutivo Nacional no puede condicionar la vigencia de una ley sancionada por insistencia parlamentaria ni subordinarla a normas de rango inferior.
El fallo del Juzgado Federal de Campana analizó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre derechos de incidencia colectiva y la obligación estatal de adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables. El juez recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, imponen al Estado la obligación de garantizar la igualdad real de oportunidades y la no regresividad en materia de derechos sociales. En uno de los pasajes centrales, la sentencia afirmó: “La cláusula del Art. 2 del Decreto 681/2025 resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional de promulgación establecido por el Art. 83 de la Constitución Nacional. Ello, pues al pretender suspender la ejecución de una ley que por imperativo legal debe aplicar, el PEN excede en forma manifiesta las facultades que la norma constitucional le confiere en el marco de dicho procedimiento, en clara transgresión al principio de legalidad al cual se halla sujeto su actuar, contraviniendo además el principio de supremacía constitucional mediante la subordinación de tal disposición a las prerrogativas de una norma de jerarquía inferior”.
El juez también desestimó el argumento fiscal del Ejecutivo, señalando que el propio Congreso había facultado al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar la ley, y que el gobierno había realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023. La sentencia remarcó: “Nada impide a la Jefatura de Gabinete hacer uso de la herramienta de financiación que la Ley 27.793 le ha otorgado y, como en tantas otras oportunidades, reconducir las partidas como considere oportuno y adecuado en pos del cumplimiento del mandato de la promulgada ley. Lo contrario, concurriría a configurar un uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN, cuya característica central estaría determinada por un doble estándar que violentaría en forma cabal las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por el Estado argentino ya reseñadas.”
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Cuadernos | Yerba, trajes y ropa de natación: las explicaciones de dos exfuncionarios kirchneristas para negar que los bolsos transportaran coimas

Los exfuncionarios Oscar Thomas y Walter Fagyas ampliaron hoy la corta lista de imputados que declararon y también contestaron preguntas de las partes en el juicio oral por los Cuadernos de las coimas, que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py.
Ambos, acusados de cohecho, rechazaron los cargos y ofrecieron sus versiones sobre los bolsos y paquetes que, según el chofer Oscar Centeno, trasladaban durante sus viajes en auto con Roberto Baratta o Nelson Lazarte, señalados como recaudadores en la maniobra de pago de sobornos.
Thomas y Fagyas dijeron que llevaban yerba de la provincia de Misiones, trajes, ropa de natación o papeles de trabajo, y negaron haber trasladado dinero o haber formado parte de un circuito de recaudación ilegal.
Según la fiscalía, Thomas integraba el “primer círculo” de recaudación. Entre bolsos, cajas y paquetes recibidos o entregados, habría intervenido en el circuito al menos en 17 oportunidades, en contacto con Baratta o Lazarte. Algunas de esas entregas se habrían realizado en Juncal 1740, el departamento que alquilaba en Recoleta.
“Niego las 17 veces que se me nombró en los Cuadernos. Rotundamente. No recibí dinero de nadie, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie”, afirmó Thomas, que fue director de la Entidad Binacional Yacyretá entre 2003 y 2015, que es todo el periodo bajo estudio.
Antes de que comenzara el juicio, Thomas había sostenido como parte de su defensa que el organismo publicaba libros sobre la historia de Yacyretá, los cuales solían entregarse en bolsas a visitantes o enviarse a distintos organismos. No volvió sobre ese argumento hoy en su indagatoria, pero ofreció uno similar.
“Yo siempre le traía yerba a todo el personal de él, que siempre me atendía bien. Entonces yo traía yerba de Misiones o mi secretaria se la mandaba con mi chofer. A veces le llevaba la bolsa o él pasó alguna vez por mi casa a retirar eso”, explicó Thomas, que se alejaba del micrófono mientras hablaba. “Le pido que acerque la voz al micrófono”, le indicó el juez Enrique Méndez Signori.
La querella de la UIF, representada por Mariano Galpern, le preguntó a Thomas por Lazarte, otro presunto recaudador en la maniobra: “¿A él también le llevaba yerba?”, consultó Galpern. “No”, respondió el exfuncionario. “No tenía trato con él”. Thomas hizo una defensa técnica de su gestión, al igual que Fagyas, que declaró a continuación.
Fagyas, que trabajó como asesor de energía bajo las órdenes directas de Roberto Baratta entre 2004 y 2013, sostuvo que el bolso mencionado en los cuadernos por Centeno no era más que un porta-traje y que en su mochila nunca llevó dinero, sino papeles de trabajo y su ropa de natación.
“Me cuesta mucho imaginarme cómo podía imaginar eso”, dijo, en referencia a los registros de Centeno.
También declararon el exfuncionario Camilo Gómez, que negó los tres hechos que se le atribuyen, pero no respondió preguntas; Ezequiel García Ramón, exfuncionario de Energía; y Germán Nivello, vinculado a José López -el hombre de los bolsos en el convento-, entre otros.
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La Policía de Seguridad Aeroportuaria busca los contratos de Marcelo Grandio en la TV Pública tras la polémica por los viajes de Manuel Adorni

Durante la tarde del jueves, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llegó a los estudios de la TV Pública para llevarse los contratos que el periodista Marcelo Grandio tiene con la señal. Lo que busca determinar la Justicia es si hay alguna irregularidad en la contratación o presunta dádiva, considerando que Grandio fue quien pagó los vuelos de Manuel Adorni a Punta del Este.
Más temprano declaró ante Ariel Lijo, el juez que lleva la causa, el piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este.
Se trata de Agustín Issin, de 46 años con amplia experiencia en aviación comercial y privada, que dio detalles en la causa, en una presentación que comenzó a las 11.30 en los tribunales federales de Comodoro Py.
Todo el proceso duró casi cuatro horas y, según trascendió, aseguró que todo el viaje fue pagado por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del jefe de Gabinete. Es por eso que ahora, las miradas se posaron en él y en su vínculo con Adorni que tiene bajo su órbita a la TV Pública.
Noticia que está siendo actualizada
Manuel Adorni
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Dólar blue: allanaron a un empresario cercano a Rodrigo De Paul y se amplía el alcance de la maniobra

Alejandro Omar Calian es conocido en el mundo del fútbol por su llegada directa a un grupo reducido de la Selección argentina. “El Turco” es un empresario difícil de encasillar, que prefiere vivir en las sombras. Su nombre salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando acompañó a su amigo Rodrigo De Paul, a Lionel Messi y a otros jugadores en un viaje de promoción por la India. Esta vez, su protagonismo es más incómodo. Calián fue allanado el viernes pasado en una causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas como Elías Piccirillo o Francisco Hauque para la compra del dólar oficial en tiempos de cepo cambiario.
El amigo de De Paul, así lo conocen todos en el mundo del fútbol, integra una lista de casi veinte personas y empresas allanadas por el juez Ariel Lijo tras un pedido del fiscal Franco Picardi, pudo saber de fuentes con acceso a la causa. Calián no estaba en su domicilio cuando llegó la Policía Federal. Algo similar ocurrió con otra de las personas apuntadas, Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”.
La causa investiga la relación entre funcionarios del Banco Central y un grupo de financistas entre los que estaban Piccirillo, Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas). Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios grabados por Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En una de esas grabaciones, una funcionaria del BCRA, Romina García, aseguraba que había“gente de arriba entongada”. Se refería a las autoridades del Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.
El fiscal Picardi, que tiene delega la investigación, tiene en la mira a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio. Todos fueron allanados el 30 de diciembre en sus domicilios. Les secuestraron teléfonos y computadoras que ahora están siendo analizadas.
Calian tenía llegada a Piccirillo, aunque la relación terminó muy mal. “Se encargaban de inyectar blanco en las empresas que luego se utilizaban en la maniobra del rulo”, explicó una fuente que conoce la maniobra. Apenas se enteró del allanamiento en su domicilio, el empresario le pidió a un abogado que se presente en Tribunales. No pudo acceder al expediente porque está bajo secreto de sumario.
El denominado rulo hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. El esquema está compuesto por tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio, y compradores o personas que demandaran las divisas.
El empresario arrastra una condena por contrabando de motos de alta gama. En 2020, el Tribunal Penal Económico 1 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por ingresar al país de manera ilegal un total de 51 motos. Otra de las personas condenadas, José Luis Quijano, era defendido por Luis Charro, actual abogado del presidente de la AFA.
Por ese causa, Calian estuvo detenido varios meses.
En diciembre del año pasado, Calian compartió un viaje a la India junto a De Paul, Messi y Luis Suárez. La gira de promoción arrancó con un escándalo en el estadio Salt Lake de Calcuta: los espectadores, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, lanzaron butacas al campo de juego y el jefe del espectáculo terminó detenido.
Después de ese viaje, Calian repartió su tiempo entre Buenos Aires y Miami, donde pasa varios meses del año. En cada una de sus gestiones, invoca el nombre de su amigo De Paul.
En los allanamientos del viernes pasado, los investigadores buscaban documentación sobre una veintena de empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y Goat SA, entre otras.
Detrás de Arg Exchange aparecen varios financistas. Piccirillo apareció en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritario en ese momento era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Migueles. La sociedad se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029. Eso significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.
Fenus, muy conocida en la zona sur del Gran Buenos Aires, pertenecía a Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Esa casa de cambio pasó de operar $425 millones en el segundo semestre de 2022 a $8400 millones en el primer semestre de 2023.
El expediente acumuló en los últimos meses decenas de informes del Banco Central y otras pruebas como entrecruzamiento de teléfonos, según pudo saber .
Entre las personas investigadas se destaca la contadora Valeria Fabiana Fernández, homónima de una funcionaria del Banco Central allanada en diciembre. Su nombre ya había aparecido en la causa que investigan la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. “Fernández habría suscripto los estados contables de al menos diez casas de cambio individualizadas por la UIF, incluyendo a Mega Latina SA y Stema Cambios SA”, se puede leer en ese expediente.
Esa causa se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir de reportes del BCRA. Se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.
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