POLITICA
¿Hacia dónde va la UCR? Los reproches internos y dudas que dejó la asunción del nuevo presidente
La asunción de Leonel Chiarella como presidente de la UCR se dio en un clima atípico para la liturgia radical: no hubo cruces, reclamos ni las clásicas acusaciones de interna. Todo se resolvió en pocas horas y el ambiente fue, incluso, familiar. Tan distendido fue el evento que nadie controlaba el ingreso al sector de los delegados. “Ya entra cualquiera”, bromeaban algunos, que también advertían por la ausencia de dirigentes de peso. El único contrapunto que se despertó fue con Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, quienes decidieron no integrar la mesa de conducción.
“Decile a Cornejo: ‘Afuera’”, expresó exaltado un viejo operador radical cercano a Gerardo Morales, en un tono que imitó el clásico grito de Javier Milei. Al gobernador mendocino lo acusan de querer “entregarle” el partido a La Libertad Avanza a partir de la alianza que conformó en su provincia en la última elección legislativa. Todavía le recuerdan su rol en el “Grupo Malbec”, el nombre elegido —a modo despectivo— para bautizar la foto con Patricia Bullrich en la Vendimia de 2023, que gestó la división entre palomas y halcones dentro de lo que supo ser Juntos por el Cambio.
Según pudo saber Infobae, Cornejo llegó a las oficinas del Comité Nacional minutos antes de que se votara al nuevo presidente. Nadie lo vio ingresar, pero se reunió en una de las salas privadas con Maximiliano Pullaro, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Martín Lousteau y Chiarella. Su objeción no fue al nombre del candidato sino al destino del partido: se negó a que la UCR esté integrada a Provincias Unidas. Al igual que en el Congreso, el mendocino considera que los bloques deben permanecer puros, sin aliados. “Ya habrá tiempo para eso en 2027”, habría dicho en la reunión.
No hubo una objeción de Cornejo hacia la postulación de Chiarella, aunque en su entorno lo definieron como un “candidato de compromiso”, ya que su nombre surgió tras una larga lista de dirigentes que rechazaron tomar las riendas del partido. El único que había quedado en carrera era Valdés, pero se negó hasta último momento. El intendente de Venado Tuerto fue propuesto por Pullaro y avalado por el resto de los correligionarios que ven en Provincias Unidas una alternativa para 2027.
En la reunión le habrían asegurado al mendocino que buscan darle a la UCR un perfil opositor a la Casa Rosada, una característica que no sorprende en Lousteau y Morales, pero sí en Pullaro y Valdés. De hecho, los gobernadores crearon Provincias Unidas para construir una alternativa de centro: sin enfrentar al Gobierno, pero tampoco convirtiéndose en “pelucas”, como ocurrió con los diputados Mariano Campero y Luis Picat, entre otros. Dicen que Cornejo se rió en su entorno por el supuesto rol confrontativo que le prometieron. “¿Cuánto quieren apostar a que van a votarle el Presupuesto y la reforma laboral al Gobierno?”, habría dicho.
Justamente, Chiarella fue consultado por este medio sobre la postura de la UCR frente a la reforma laboral que acaba de enviar el Presidente al Congreso. “Tiene que haber una modernización”, adelantó, y agregó: “En la Argentina no puede pasar que una pyme o un comercio no quiera tomar un trabajador por la carga impositiva o por la industria del juicio”. También se refirió al perfil que busca para el partido: “Tenemos en claro lo que no queremos”. En pocas palabras, cargó contra el kirchnerismo y adelantó que acompañarán al Gobierno en aquello con lo que estén de acuerdo.
“La UCR necesita un candidato a presidente”, reclamó con preocupación un correligionario que se mueve por fuera de las internas de los gobernadores. Su advertencia fue más un diagnóstico de lo que se viene. En un partido atravesado por una crisis de rumbo y con una fuerte pérdida de peso parlamentario, la disputa que se avecina en 2027 puede profundizar el deterioro.
Los cinco gobernadores enfrentan el mismo problema: comparten electorado con La Libertad Avanza. “Si alguno de ellos quiere hacer oposición, el Gobierno ya les va a instalar un candidato propio”, ejemplificó el mismo dirigente, preocupado por el desgaste del partido. Sin una figura que unifique, según su mirada, en 2027 algunos terminarán alineados con la propuesta oficialista y otros no tendrán más remedio que acordar con lo que surja de un peronismo también golpeado, con el riesgo de perder algunas de las cinco provincias que hoy gobierna la UCR.
La mirada de los impulsores de Provincias Unidas es más optimista. “Cornejo sabe que Milei es paloma de iglesia. Lo va a cagar sí o sí”, sostienen. Aunque la experiencia electoral fue fallida, aseguran que es la mejor herramienta para defender los intereses de sus territorios. También la ven como una ventana ante las dudas que despierta el plan económico de la Casa Rosada, donde observan un marcado deterioro en los sectores productivos.
Por lo pronto, la ausencia de resistencia al nuevo titular de la UCR abre un camino de oportunidades. Chiarella prometió recorrer todo el país en busca de acercar posiciones y restablecer los lazos rotos de los últimos años, un escenario que muchos le atribuyen a Martín Lousteau. El joven intendente no tiene historial que lo vincule a ninguna derrota electoral ni a alianzas fracasadas. Sin embargo, deberá responder a sus padrinos políticos, que ya comenzaron a definir el futuro del partido.
POLITICA
«Chiqui» Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria en la causa por la evasión de $19.000 millones
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, pidió la nulidad del llamado a indagatoria en la causa por la evasión de $19.000 millones.
Según pudo saber TN, el planteo fue presentado este viernes por sus abogados, quienes sostienen que existen escritos ya ingresados ante la Cámara en los que argumentan que no hubo delito y que la deuda fue cancelada. Con esos fundamentos solicitaron que se declare nulo el llamado a indagatoria dispuesto por el magistrado.
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La citación había sido ordenada por el juez Diego Amarante en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones. Además de Tapia, fueron convocados el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes vinculados a la conducción de la entidad.
El cronograma fijado establece que el presidente de la AFA debe presentarse el jueves 5 de marzo mientras que al día siguiente estaba previsto que lo hiciera Toviggino, pero la indagatoria del tesorero terminó siendo postergada.
La resolución del juez incluyó también la prohibición de salida del país para los imputados. En ese contexto, días atrás Tapia solicitó autorización para viajar al exterior durante tres días para asistir a un partido de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol. Amarante habilitó el viaje, aunque fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender de manera temporal la restricción.
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La causa se originó a partir de una denuncia de ARCA por retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la presentación inicial del organismo, el monto no ingresado ascendía a $7.593.903.512,23. En una ampliación posterior se agregaron otros $11.759.643.331,62. De ese modo, el total investigado supera los $19.300 millones.
ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. En la denuncia señaló que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.
El organismo también afirmó que, desde el punto de vista subjetivo, el delito “se consuma con dolo”, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. En esa línea, sostuvo que la entidad “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”.
Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la asociación. De acuerdo con ese documento, en diciembre de 2024 se registraron acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en 2024 y 2025 se constituyeron varios plazos fijos en pesos y en dólares.
A partir de esos datos, el organismo recaudador concluyó que existía la “total posibilidad fáctica” de cumplir con las obligaciones fiscales como agente de retención. Entre las pruebas incorporadas figuran también informes bancarios que dan cuenta de acreditaciones en cuentas de la AFA y de la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.
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Otro de los elementos considerados fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. La profesional explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables. Detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago.
“Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.
La figura penal en análisis prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por cada mes.
Chiqui Tapia, AFA, Claudio Tapia
Tras la denuncia del fiscal Carlos Stornelli por “inicitación a la violencia colectiva”, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó sus dichos contra la administración de Javier Milei y aseguró que, de persistir con su agenda política, el Presidente no llegará a completar su mandato. Stornelli había avanzado penalmente contra el mandatario peronista por considerar que sus declaraciones incitaban a la violencia.
“Yo lo que hice fue un análisis político, una descripción de lo que yo visualizo. De continuar con estas políticas, de no modificar sus políticas, este gobierno no llega al 10 de diciembre de 2027″, reafirmó Quintela en diálogo con radio Delta 90.3. Negó que, como plantea el fiscal, su intención haya sido instigar algún tipo de levantamiento.
Advirtió, sin embargo, que espera que la CGT active un “plan de lucha” frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, a la que considera inconstitucional por violar el artículo 14 bis de la Carta Magna y tratados internacionales de rango constitucional. “También digo, como peronista, que la CGT tiene que armar un plan de lucha, tiene que resistir este modelo que atenta contra los derechos de los trabajadores”, sostuvo.
Cree, además, que otros dirigentes políticos deberían acompañar esta acción. “Quien tiene que manifestarse y visibilizar los problemas que vamos a tener [con la reforma laboral] tiene que ser la CGT, acompañado por todos aquellos que tenemos responsabilidad. Tenemos que defender los derechos de nuestra gente”, agregó.
Algo similar había planteado el lunes pasado en Radio 10. Fueron sus declaraciones en esa emisora las que motivaron la denuncia penal de Stornelli por “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional”.
En el escrito presentado, el fiscal puntualizó la frase del gobernador por la que decidió actuar judicialmente. “Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: ‘Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001, tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (…) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027″, dijo Quintela, y abrió así la polémica.
Además de la presentación de Stornelli, Quintela enfrenta otra denuncia, en este caso, de parte del riojano Javier Ruiz, referente de La Libertad Avanza en su provincia. Ruiz interpretó que el gobernador del PJ habría validado una interrupción anticipada del mandato presidencial.
El futuro del peronismo
En diálogo con radio Delta 90.3, Quintela también se refirió al futuro del peronismo. Aseguró que -además de acompañar en el corto plazo el reclamo de los gremios y trabajadores- el partido debe trabajar para liderar un frente político amplio que pueda disputarle poder a La Libertad Avanza.
“Tiene que ser un grupo de compañeros que nos sentemos alrededor de la mesa a diseñar primero un proyecto político que encabece el peronismo como columna vertebral de un espacio mucho más grande”, explicó. “[El peronismo sería] un núcleo que pueda convocar a otros partidos políticos, a movimientos sociales, a la CGT para constituir un frente político con un programa de gobierno que empatice con nuestra gente”.
El gobernador se mostró escéptico respecto de la posibilidad de incorporar a la vicepresidenta Victoria Villarruel a ese frente que pretende constituir, pero no lo descartó por completo. La titular del Senado se había mostrado junto al mandatario peronista a mediados de febrero en la última edición del Festival Nacional de La Chaya.
“Dentro del peronismo, no creo [que haya lugar para Villarruel] por su posición negacionista. No te puedo decir esta agua no has de beber, pero en principio me parece que no por su posición negacionista de la década del ’70 y los 300.000 desaparecidos, compañeros torturados”, concluyó Quintela.
denuncia del fiscal Carlos Stornelli,reforma laboral,se había mostrado junto al mandatario peronista,Ricardo Quintela,Javier Milei,Conforme a,,Del Grupo Sushi al Colón. Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos,,Sorpresivo reencuentro. Pichetto visitó a Cristina Kirchner y hablaron de 2027: “Fue fraternal»,,AFAGate. Apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma,Ricardo Quintela,,»No puede llegar al 2027″. El PJ salió a apoyar a Quintela tras la denuncia de un fiscal por sus dichos sobre Milei,,»Afectación del orden constitucional». Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″,,Duras críticas. Martín Menem repudió los dichos de Quintela contra Milei: “Es un mono con un martillo en una cristalería”
POLITICA
La Inspección General de Justicia le respondió a Claudio Tapia y advirtió: “La AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ”
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, respondió hoy a las declaraciones de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien cuestionó el pedido para designar veedores en la entidad. Vítolo advirtió que la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ, ya que, según explicó, no se completaron las formalidades legales para trasladar la sede a la provincia de Buenos Aires.
“El comunicado de AFA es patético”, señaló Vítolo en contacto con Infobae, en referencia al texto difundido por Tapia. En ese comunicado, el titular del fútbol argentino calificó como “ilegítima” la veeduría solicitada por la IGJ y denunció una supuesta “operación política” del Gobierno nacional contra la conducción de la entidad.
La controversia se intensificó luego de que la IGJ requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la AFA. Desde la conducción encabezada por Tapia rechazaron el planteo y argumentaron que el organismo nacional carece de competencia, ya que la asociación civil trasladó su sede a Pilar y quedó bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Vítolo refutó ese argumento. “Las propias normas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, mal que le pese al gobernador Axel Kicillof, señalan que para que el cambio de jurisdicción sea efectivo debe acreditarse la ‘cancelación’ de la inscripción anterior; y la AFA no cuenta con cancelación de inscripción en la IGJ. Por ello, la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ actualmente, y la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia no tiene facultades para cancelar una inscripción en extraña jurisdicción”, afirmó el titular de la IGJ.
En el comunicado difundido por la AFA, Tapia sostuvo que la solicitud de veedores constituye una avanzada política y apeló “al pueblo de la Nación” en defensa de la autonomía institucional. También mencionó antecedentes de intervención de entidades civiles durante el gobierno de Alberto Fernández y citó el caso de la Fundación IEES, vinculada a Patricia Bullrich.
Vítolo respondió sobre ese punto: “Es positivo que el señor Tapia reconozca que durante el gobierno de Alberto Fernández, perteneciente a su partido político, el Ministerio de Justicia y la IGJ persiguieron injustamente a Patricia Bullrich. Pero está muy mal informado sobre lo ocurrido en aquella oportunidad”. Agregó: “La Fundación IEES fue intervenida en 2023, de un modo ilegal y arbitrario, mediante una disposición que estableció el desplazamiento de todas las autoridades de la institución, reemplazadas por una interventora designada por el ministro”.
Más adelante, Vítolo marcó diferencias con la situación actual de la AFA: “En este caso no se ha pedido el desplazamiento de las autoridades de AFA, ni siquiera se ha solicitado un coadministrador ni la designación de administradores sustitutos de los actuales. Solo se pide poder ver y compulsar documentación. Además, la AFA ha tenido pleno acceso a las actuaciones, es parte en las mismas y ha tomado vista de todos los expedientes. Por eso, la comparación de lo ocurrido con la solicitud de veeduría en la AFA con el caso Bullrich, además de incorrecta, es ridícula”.
El titular de la IGJ justificó la medida adoptada y mencionó presuntas inconsistencias contables. “Es de toda evidencia que la AFA ha incurrido en graves irregularidades”, sostuvo. Detalló: “No explicar observaciones formuladas a sus estados contables y financieros por más de ocho años, donde se le pidieron explicaciones por cifras cercanas a los 111 millones de dólares; negarse a entregar el balance de ejercicio del año 2025 y no entregar la documentación sobre la creación de una universidad que no está habilitada ni autorizada a funcionar, anunciada como ‘existente’, incluyendo un link para que se inscriban alumnos, son claramente calificables como ‘graves irregularidades’”.
Las objeciones de la IGJ al cambio de sede y la documentación
En la misma línea, Vítolo añadió: “Ni hablar si a ello le sumamos los escándalos denunciados por la prensa sobre las vinculaciones de AFA con la firma TourProdEnter, Sur Finanzas, Real Central SRL y otras sociedades. Es claro que ante estos hechos la IGJ no puede dejar de solicitar información”.
Vítolo rechazó que la veeduría implique una intervención. “La veeduría no es una sanción —como errónea y maliciosamente lo califica la AFA— ni afecta en nada al funcionamiento de la institución. Solo se compulsarán libros contables, documentos y contratos, operaciones financieras, y los veedores prepararán un informe para ser evaluado por la autoridad de control”, explicó.
Sobre el traslado de la sede a Pilar, el funcionario fue categórico: “Que la mudanza al predio de Pilar del año 2024 ha sido y es falsa ya ha sido probado suficientemente por constancias de ARCA, inspecciones de IGJ y hasta por medios periodísticos que visitaron el lugar”. Añadió: “En la dirección de la calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— 1366 de Pilar, suministrada por la AFA a ARCA y a la IGJ, la AFA nunca estuvo, ni está tampoco ahora”.
El titular de la IGJ también cuestionó la resolución provincial que admitió a la AFA en su jurisdicción. “De hecho, la propia Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires no ha podido incluir en la resolución que admite a la AFA en su jurisdicción un domicilio concreto para su sede, señalando solo que la sede está en el ‘municipio de Pilar’. Algo vergonzoso”, afirmó.
Incluso ironizó sobre la numeración del domicilio denunciado: “Ocurre que el domicilio que AFA denuncia como sede en esa calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— es un número par —‘1336’— y el terreno donde están el cartel y la casa abandonada, y en el cual la AFA está haciendo refacciones, se encuentra en la vereda de los números impares. Toda una curiosidad”. Y agregó: “¿Dictará el gobernador Kicillof un decreto, o el intendente Achával promulgará una ordenanza donde establezcan que esa manzana de la calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— tiene numeración par en ambas veredas? ¿O le otorgarán, en homenaje a los campeones del mundo, una excepción a la AFA para que sea el único terreno en el cual, en la línea de la numeración impar, se consigne un número par?”.
La disputa institucional y el trasfondo político
Sobre la acusación de “operación política”, Vítolo replicó: “Resulta curioso y significativo que la AFA acuse al Gobierno de llevar adelante ‘una operación política’ cuando ha sido la propia AFA quien intentó politizar esa institución con una operación de reforma de estatutos a fines de 2023 —en la creencia de que Massa ganaría la elección a presidente— para incorporar a su Consejo Directivo al presidente de la República, vicepresidente, gobernadores de provincia o senadores y diputados nacionales en ejercicio. Esa reforma estatutaria fue rechazada por la IGJ y la AFA tuvo que dar marcha atrás y dejar sin efecto dicha modificación”.
El funcionario concluyó con una frase que sintetizó el tono del intercambio: “La apelación que el presidente de la AFA realiza al pueblo de la nación es tan absurda y patética que me exime de todo comentario”.
El conflicto ahora avanza hacia una definición administrativa que podría derivar en un planteo judicial si la AFA persiste en desconocer la competencia del organismo nacional. Desde la IGJ insisten en que la entidad continúa bajo su órbita y que la veeduría es una herramienta legal de fiscalización. Por su parte, la conducción de Tapia sostiene que el cambio de jurisdicción es válido y que el pedido responde a una motivación política. La disputa institucional suma así un nuevo capítulo en la relación entre el poder regulatorio del Estado y la conducción del fútbol argentino.
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