No es que ya no haya dialoguistas en la CGT. Lo que sucedió es que la reforma laboral de Javier Milei transformó a todos los dirigentes en combativos. El ala política del Gobierno logró eliminar y moderar algunos artículos que irritaban al gremialismo, pero el análisis más detallado del proyecto oficial dejó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como el gran triunfador: en muchos de sus 197 artículos se apunta a romper la vieja coraza protectora del poder sindical.

A esta CGT elegida el 5 de octubre no le quedó otro camino que estrenar el método de la protesta: los líderes sindicales quieren llevar 150 mil personas a la Plaza de Mayo para presionar al Gobierno y a los legisladores.

Aun así, sobrevivieron canales subterráneos de diálogo entre dirigentes gremiales y representantes libertarios, que hasta ahora demostraron ser insuficientes para alcanzar una tregua. Esos interlocutores oficiales ya estaban avisados de que se iba a decidir una movilización para protestar contra la reforma laboral, ideada como una forma de descomprimir el creciente malestar en el sindicalismo y contener a los sectores más duros.

Por eso, aun en medio del amenazante sonido de los los tambores de guerra, hay expectativas de que el Gobierno acceda a introducir en el tratamiento parlamentario algunos cambios en el proyecto final: hay artículos que, tal como quedaron redactados, son “una provocación”, como se quejan los máximos líderes sindicales.

Uno de los que piensan así es Gerardo Martínez (UOCRA), el adalid del sector dialoguista que defendió a capa y espada la integración de la CGT al Consejo de Mayo con la intención de consensuar la reforma laboral. Hoy, sigue reivindicando el diálogo, pero habla como el más duro de todos: “Hay una intromisión del Gobierno en la libertad sindical, en la relación que existe entre empleadores y trabajadores a través de la articulación de los convenios colectivos de trabajo”, aseguró a Infobae.

“No se observa libertad en el ejercicio de las actividades privadas -dijo-, sino que se busca meter al Estado desde la política para ejercer un cierto condicionamiento a lo que representa la defensa de los trabajadores, tanto en el derecho colectivo como en el derecho individual”.

Aun así, Martínez rescató algo: “Desde la CGT mostramos que no le tememos al diálogo. Consideramos que cualquier propuesta de diálogo surgida desde el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de administrar el destino de la Argentina, es importante, más que nada para resolver los problemas estructurales. Así como le preocupa al Gobierno el nivel de informalidad que hay en Argentina, nos preocupa a los dirigentes que representamos al movimiento sindical en la CGT. Sabemos que con el actual modelo económico lo único que se va a lograr es tener más desocupación por el nivel de recesión y de crisis que está pasando el sector productivo, donde se observa gran cantidad de empresas grandes, medianas y pequeñas que están cerrando sus puertas. A eso se suma la apertura indiscriminada de la política económica, permitiendo el ingresos de miles de productos que vienen subsidiados del exterior”.

Más allá de distintos artículos urticantes para la CGT, el ejemplo del sindicalismo sobre la provocación del Gobierno se basa en el artículo 126 de la reforma laboral, en el que dice que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

La ley vigente establece la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención y no sólo de las cuotas de afiliación, como quedó ahora tras la modificación libertaria, sino también de “otros aportes”, lo que permitió que también estuviera garantizada la recaudación de las cuotas solidarias.

¿A quién le molesta que los sindicatos tengan acceso más fácil a recaudar las cuotas de sus afiliados, que pagan de manera voluntaria? Es cuestionable el sistema de cuotas solidarias porque fija el descuento salarial tanto a los afiliados como a los no afiliados de manera compulsiva y obligatoria, pero incluso la Corte afianzó el esquema de los empleadores como agente de retención de las cuotas sindicales al convalidar ese beneficio para los sindicatos con simple inscripción, en un fallo dictado en 2021 que fue un golpe para el establishment gremial.

Un abogado que asesora a empresas incluso encontró una contradicción del Gobierno que favorecerá los litigios: impulsa aquel artículo que jaquea la recaudación de las cuotas sindical, pero no derogó la Ley 24.642, que establece un procedimiento como juicio ejecutivo para el cobro de las cuotas sindicales que el empleador debe retener obligatoriamente. Entonces, según este abogado, “mantuvieron una ley que en realidad pasaría a no tener fuerza legal, salvo que el trabajador haya consentido afiliarse, comunicarle al empleador y que el empleador haya asumido un compromiso de retener y no hacerlo”.

Para la CGT, todo esta trama que rodeó a la reforma laboral pone al desnudo que el ala política del Gobierno (los Menem y Santiago Caputo) se impuso a Sturzenegger en algunos puntos del proyecto, pero no alcanzó a desactivar un grupo de “artículos-bomba” que finalmente hicieron estallar la relación con la CGT.

Los líderes de la CGT reaccionaron rápidamente para evitar que los apurara el ala dura y apenas comenzó la reunión de Consejo Directivo de este jueves (la primera de esta nueva conducción), el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguros) propuso una movilización para el jueves 18, que todos aceptaron sin reparo alguno (ese día incluso marchará la izquierda trotskista, que además de movilizarse le reclama a la CGT hacer un paro general).

La actitud del Gobierno terminó endureciendo a toda la central obrera, que cerró filas alrededor de su triunvirato, de una impronta más dialoguista. Otro dirigente de llegada al Gobierno como Sergio Romero (UDA) también se pasó al bando de los duros: hace meses que pelea infructuosamente con sus colegas para mejorar el salario docente de apenas 500 mil pesos.

Fue curiosa una postal que se registró este viernes: Luis Barrionuevo (gastronómicos), que perdió su lugar en el triunvirato de la CGT e influencia sindical, organizó una comida de sus dirigentes más fieles con Jorge Sola para anunciarle su apoyo a la protesta del jueves 18. Allí también estaban dirigentes inflexibles como Omar Maturano (La Fraternidad) y volubles ante las medidas de fuerza como Roberto Fernández (UTA), e incluso Sergio Aladio (Camioneros de Santa Fe), el máximo opositor interno de Hugo Moyano (¿se quejará porque Jorge Sola se sentó al lado de su peor enemigo?).

Ahora, la CGT reforzará el lobby entre gobernadores y legisladores dirigido a lograr los votos necesarios para que se caiga la ley en el Congreso y promoverá la impugnación judicial del proyecto. ¿Alcanzará? Ninguna de las partes de este conflicto aceptará una derrota.

Por eso hay exponentes libertarios que planean una contraofensiva contra la CGT: si bien aún no hay ánimo de una batalla total, podría haber “hostilidad” en la distribución de fondos para las obras sociales, como insinuó un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

Desde la CGT, que se imaginan algo sí, hay pánico: si ya tienen problemas para administrar obras sociales en crisis, la perspectiva será peor, tal como surge de un dato de los técnicos cegetistas: la baja de 1 punto en las contribuciones patronales que prevé el proyecto equivale a 16.500 millones mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución (que paga los reintegros a las obras sociales) y a 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las entidades del sistema sindical de salud (según los cálculos sobre números de agosto).

El escenario que quedó instalado preanuncia que ambas partes están condenadas a una guerra de final imprevisible. ¿Habrá vencedores y vencidos? ¿O el Gobierno y la CGT se conformarán con un empate?