POLITICA
Un presidente al ataque, otra vez en campaña

La experiencia del abismo dejó en Javier Milei un ánimo de urgencia. Ya está de nuevo en campaña, enfundado en la campera de cuero pese al calor veraniego y con el megáfono que lo reconecta con su raíz antisistema. Cerró la discusión interna y decidió impulsar la versión más extrema de las reformas que se propone aprobar de acá a marzo. No piensa dar marcha atrás con el plan de control inflacionario basado en el dólar barato. “Hay que ir para adelante”, insiste.
Aprendió que para ejercer el poder de manera monopólica no hace falta gritar ni llamar “ratas” a sus rivales todo el tiempo. Los puede doblegar en silencio mientras están aturdidos, sin ideas ni coraje para enfrentar a un gobierno que salió fortalecido de las urnas, a pesar de que compitió en medio de una tormenta financiera de la que lo rescató Donald Trump.
Hay una coreografía dialoguista que incluye los viajes del ministro del Interior, Diego Santilli, a visitar gobernadores y la intención de presentar las reformas de la segunda etapa del mandato dentro del envoltorio pactista del Consejo de Mayo.
Pero la estrategia de fondo recuerda a la de los primeros días de la revolución libertaria, cuando nació la Ley Bases. A quienes buscan el calor popular les ofrece un Jordán donde purificarse, a cambio de apoyar medidas maximalistas.
Milei firmó el proyecto de ley laboral en su salón de Aeroparque, mal dormido y con el mameluco de YPF puesto cuando aterrizó de su viaje relámpago a Oslo para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado. No se quedó a esperar a que la opositora venezolana terminara su odisea del Caribe al Mar del Norte. Tenía prisa.
Terció en la discusión sobre la profundidad de los cambios que enfrentó a los “políticos” -desde Martín Menem a Santiago Caputo, inusualmente de acuerdo- con los “puristas”, con el ministro Federico Sturzenegger como abanderado. El proyecto final promueve la mayor transformación del modelo sindical peronista desde el regreso de la democracia y amenaza de manera decidida la financiación de los gremios. Lo que giró Milei al Congreso refleja bastante fielmente la visión del ministro de Desregulación.
Los “dialoguistas” frenaron la eliminación de la “cuota solidaria” que pagan al gremio los empleados que no están afiliados, pero igualmente se establecieron restricciones que complicarían mucho el cobro de ese dinero. Sturzenegger también impuso que las empresas no estén obligadas a ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, salvo autorización expresa del trabajador. En público sumó pimienta cuando aclaró que los cambios propuestos regirán para todo el universo de trabajadores, no para los contratos posteriores a la sanción.
El texto incluye una revisión de las indemnizaciones que afectará la financiación de la Anses, se reducen los aportes a las obras sociales en un 1%, se promueve el uso de banco de horas, se limita el derecho de huelga, se modifican las reglas de las vacaciones, caen estatutos vigentes, se quitan fondos para el Instituto Nacional del Cine (INCAA) y se dispone la virtual eliminación del fuero laboral nacional, al que se le adjudica una histórica inclinación antiempresarial.
Después de las elecciones, la CGT había elegido un triunvirato negociador que de repente se vio desbordado por las novedades. El proyecto del Gobierno los obligó a reaccionar. A Gerardo Martínez, de la Uocra, le tocó excusarse por haber participado del Consejo de Mayo sin evitar el misil que partió hacia la burocracia gremial. El jueves saldrán a protestar antes de lo que preveían.
“No hay que darles respiro”, dice una fuente del ala dura libertaria. A Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario del Senado, se le frustró la idea de sacar un dictamen exprés para la reforma. Las discusiones internas demoraron el giro del proyecto. Ella le jura a Karina Milei que casi tiene anudados los votos necesarios para la media sanción antes de fin de año. Pero el revuelo en el Congreso es indisimulable: los opositores ven poco viable saldar casi sin debate semejante proyecto, de 197 artículos y que toca infinidad de fibras sensibles.
Bullrich necesita 37 votos. Cuenta a los 21 propios (acaba de sumar al cordobés Luis Juez), a los 3 que le quedaron al Pro y al bloque radical, de 10 senadores. Le faltan tres, a pescar entre los gobernadores peronistas que se acercaron al Gobierno, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el misionero Hugo Passalacqua, el catamarqueño Raúl Jalil o el salteño Gustavo Sáenz. Ayuda cuando la Casa Rosada se pone generosa con el reparto de fondos, como pasó esta semana con Tucumán.
Cuando la Casa Rosada sondeó la vocación de votar la reforma sin discutir por parte de los peronistas no alineados e incluso de los radicales se encontró con muchas prevenciones.
“La ley tiene muchos puntos que van al límite y que podríamos resignar”, explica uno de los negociadores libertarios. El viejo truco de conceder aquello que no estaba realmente en los planes.
El mayor reto para Milei es que el debate no se extienda lo suficiente como para dar cuerpo a una resistencia en las calles. Cree que el desprestigio de la conducción sindical más la cercanía de los meses de vacaciones actuarán como disuasivo para una verdadera revuelta. En marzo empieza otro partido.
Más realista es suponer la aprobación del presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados antes de que termine el año. Están mucho más avanzadas las negociaciones con los gobernadores del Norte y la sumatoria de aliados le da al Gobierno una confianza ciega. Tanta que por ahora posterga sentarse a hablar con el bloque de Provincias Unidas, que responde a gobernadores que mantienen cierta distancia del oficialismo, como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro.
A estos jefes provinciales se les hace más caro que al resto apoyar al gobierno libertario. La campaña permanente que se plantea Milei no implica solamente apuntalar el sueño reeleccionista, sino que tiene como objetivo accesorio implantar candidatos competitivos para ganar las provincias grandes donde le fue bien en octubre, como Córdoba y Santa Fe.
Milei viajó el viernes a Córdoba como parte de lo que llama “el tour de la gratitud”, que no es otra cosa que una extensión del formato de caravanas y arengas callejeras usado en el camino a las legislativas nacionales.
El plan lleva el sello de Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem, convencidos de que la hegemonía libertaria es posible. Tensan el músculo de campaña, mientras avanzan en el control interno. La hermana del Presidente ya les transmitió a los legisladores libertarios un mensaje que también escuchan los conversos que se van subiendo el tren de la victoria: “Ustedes votan como les dice Martín. Ni siquiera si los llama Javier hacen lo contrario”. Quiere terminar con los aires de autonomía que se dan los dirigentes que presumen de chatear amigablemente con el Presidente.
La línea de mando es clara: Karina, Martín Menem y por debajo sus operadores Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de diputados, y el armador Sebastián Pareja. A estos últimos buscarán instalarlos como posibles candidatos a gobernador en sus provincias, Córdoba y Buenos Aires, respectivamente. Lo mismo que a Manuel Adorni, jefe de Gabinete karinista, lo imaginan como sucesor de Jorge Macri. Otros aspirantes a esas sortijas, como Bullrich (CABA) y Santilli (Buenos Aires), saben que tienen que hacer méritos y no desafiar a la hermana presidencial. Peor están los seguidores de Santiago Caputo, cuyo poder –no menor, es cierto- ha sido delimitado con una frontera de hierro a partir del resultado electoral.
La actividad del Congreso y la campaña van de la mano. Los operadores libertarios creen que la nueva luna de miel en curso le permitirá debilitar todavía más a la oposición. Una parte, suponen, quedará comprometida con el Gobierno al votar los proyectos oficialistas; la otra, fundamentalmente el kirchnerismo y la izquierda, será sometida a una campaña de desprestigio comandada por el propio Milei.
La decisión de acelerar en la presión política contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, apunta en ese sentido. A las denuncias de la agencia recaudatoria se le sumaría en las próximas horas una campaña para reclamar a Axel Kicillof que quite a Tapia de la jefatura de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (Ceamse).
En su visita a Córdoba, Milei volvió a acusar al kirchnerismo de “torpedear la base del programa económico” antes de las elecciones. Habló de las reformas que vienen con foco en una de la que todavía se habla poco: la que busca castigar con penas de prisión a los funcionarios que convaliden el déficit fiscal, al aprobar o autorizar gastos sin contar con recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento.
Gana lugar en la mente de Milei la convicción de que está a punto de imponer un nuevo sentido común en la sociedad argentina. El documento final del Consejo de Mayo refleja esa ilusión al señalar que el resultado de las elecciones de mitad de mandato “pareciera indicar la construcción de un nuevo compromiso social a favor del equilibrio fiscal”.
Ese expediente oficial exuda un optimismo fundacional. Transmite además una visión particular sobre los sujetos a los que gobierna Milei. Empieza con una cita de dos páginas del escritor peruano Jaime Bayly sobre los argentinos. “Cada uno se siente dueño absoluto de la razón, y entonces el argentino es por definición un hablador, un predicador, un charlatán, un mitómano, un embustero y, ante todo, un enemigo del silencio y la conciliación”, dice en uno de sus tramos. El autor del informe considera “fascinante” esa descripción, como quien se reconoce en un espejo.
A esa clientela imaginaria Milei le propone un giro drástico, en el que la coordinación espontánea del mercado traerá al país la prosperidad que no se ha conseguido con la coordinación planificada del Estado. Su éxito consistirá en que las potenciales ventajas se sientan más fuerte que el dolor que suelen causar las transiciones de esa magnitud.
¿Y si el voto de octubre no fue el cambio cultural que supone Milei sino un acto de paciencia y templanza de una sociedad agobiada por la sucesión de crisis? ¿Y si pesó menos el descubrimiento de la racionalidad fiscal que el miedo a una debacle como la que evitó el apoyo financiero de Trump?
Los números de la economía encienden alarmas incómodas en medio del show de reformas. La inflación de noviembre se ubicó en el 2,5% y el fin de la enfermedad parece demorarse. Milei insiste en que se debe a la fenomenal reducción de la demanda de dinero fomentada por “el bombardeo kuka” en el Congreso antes de las elecciones. Da como prueba de que la tendencia va a cambiar la drástica disminución de la compra de dólares en noviembre, después del triunfo libertario.
El año termina con estancamiento económico y con una sucesión de datos que no brillan. Las arcas del Banco Central siguen vacías y el riesgo país no baja de los 600 puntos, pese a la consolidación política de Milei. La promocionada vuelta a los mercados de deuda voluntaria fue agridulce: el Tesoro tomó 1000 millones de dólares a una tasa del 9,2%. El consumo masivo volvió a caer en noviembre, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En los dos primeros años del actual gobierno cerraron 20.000 empresas. La capacidad instalada de la industria cayó al 61%.
El cambio de modelo se da en un marco de fragilidad. Pero el Gobierno enfrenta el desafío con un juego de expectativas acompañado de un optimismo desbordante.
Basta escuchar la defensa que hizo Patricia Bullrich de la reforma laboral en un evento en el que la acompañó el empresario Paolo Rocca: “Hoy hay 500.000 personas trabajando de Uber y 500.000 personas trabajando en plataformas. ¿Qué quieren esas personas? No quieren ser empleados dependientes de nadie, quieren ser monotributistas. ¡Eso es lo que quieren!”. Una libertad que avanza: cambiar el patrón de toda la vida por la impersonalidad eficiente de una aplicación digital.

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POLITICA
La CGT presentó el primer amparo contra la reforma laboral: apunta a frenar el traspaso del fuero del Trabajo a CABA

La CGT presentó este viernes una acción de amparo judicial para frenar la aplicación de varios artículos de la recién promulgada reforma laboral impulsada por Javier Milei: en su presentación, advirtió que el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires podría generar un colapso judicial y afectar a miles de causas en trámite y empleados.
La denuncia de la central obrera, que cuenta con la firma de su triunvirato de conducción, constituye el primer paso en una estrategia legal más amplia para rechazar aspectos centrales de la ley aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
La acción judicial fue sorteada a favor del Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que a comienzos de 2024 rechazó dos amparos contra el DNU 70/2023.

En la presentación, la CGT cuestiona la constitucionalidad del traspaso del fuero laboral nacional a la justicia porteña y señala que el convenio que habilita esta transferencia fue aprobado sin intervención de la Comisión Bicameral exigida por la Ley 24.588, lo que, aseguran, vulneraría el principio de juez natural y dejaría a trabajadores y empleados judiciales en un estado de incertidumbre.
Según la central obrera, el traspaso implicaría el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, con la posibilidad de una futura eliminación total del fuero laboral nacional. A esto se suma la preocupación por el impacto en miles de causas y la situación laboral de empleados y funcionarios judiciales, que quedarían sujetos a nuevas autoridades y reubicaciones en la órbita de la justicia porteña, en un distrito gobernado por el PRO.
El artículo 91 de la reforma laboral contempla la transferencia basada en el acuerdo firmado el 9 de febrero de este año entre el gobierno de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, y la administración nacional de Milei. La CGT sostiene que esa aprobación se dio en sesiones extraordinarias y sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales vigentes para este tipo de traspasos, lo que, resalta la central obrera, fue advertido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La presentación judicial actual difiere en su enfoque a la táctica que aplicó la central obrera contra el DNU 70 en diciembre de 2023, aunque mantiene cierto paralelismo. En aquella oportunidad, los sindicatos presentaron múltiples denuncias en juzgados de primera instancia, lo que facilitó que la Cámara del Trabajo suspendiera parcialmente el decreto y la cuestión escalara hasta la Corte Suprema, que nunca emitió un fallo definitivo. Ahora, la CGT prevé presentar otra cautelar en el fuero laboral y promover acciones individuales de los gremios en los tribunales.
El nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, será el encargado de defender la posición del Estado en esta controversia legal que comienza.
La demanda judicial presentada por la CGT se concentra en la cuestión de la transferencia del fuero y omite deliberadamente otros aspectos de la reforma laboral que generaron debate, como las modificaciones en indemnizaciones, los períodos de prueba, la limitación del derecho de huelga y la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas, entre otros puntos.
El lunes pasado, la CGT realizó una marcha frente al Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación judicial, que se presentó ahora porque esta mañana se promulgó la ley de reforma laboral, que lleva el número 27.802, con su publicación en el Boletín Oficial.
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POLITICA
Monteoliva dijo que Nahuel Gallo habló con «Chiqui» Tapia antes de subirse al avión que lo trajo a la Argentina

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el gendarme Nahuel Gallo recibió una videollamada de Claudio “Chiqui” Tapia momentos antes de subirse al avión que lo trajo de nuevo a la Argentina. En ese intercambio, el titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le confirmó que iba a volver al país luego de haber permanecido detenido 448 días en Venezuela.
En la misma entrevista, la funcionaria cuestionó el rol de la AFA en la liberación del agente, aunque reconoció su función como medio de negociación. “No lo veo como una apropiación, sino como una necesidad de protagonizar y decir: ‘Lo trajimos nosotros’”, expresó.
Leé también: Nahuel Gallo participó por primera vez del izamiento de la bandera Argentina en Gendarmería
Noticia que está siendo actualizada.-
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POLITICA
ARCA confirmó amplias irregularidades en una empresa vinculada a Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) identificó irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una firma que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que mantiene vínculos directos con el entorno de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El informe oficial, al que accedió Infobae, sitúa a la compañía en el centro de una investigación penal que involucra a referentes de la conducción de la AFA, entre ellos Claudio Tapia y el propio Toviggino, bajo sospecha de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y uso de sociedades fantasma.
De acuerdo con documentación de ARCA, Malte SRL fue declarada por la AFIP como “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, tras detectar patrones de funcionamiento asociados a empresas pantalla. El reporte señala: “Malte SRL carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad”. Entre las anomalías figuran cambios frecuentes de domicilio fiscal, multiplicidad de objetos sociales sin relación entre sí, y transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, todos con escasa trazabilidad documental.
El análisis incluyó el seguimiento de operaciones electrónicas y facturación abultada entre empresas vinculadas, sobre conceptos alejados de la actividad declarada formalmente por Malte SRL y sus contrapartes. Según el expediente, la empresa mantuvo una estructura de empleo atípica: solo un trabajador declarado en todos los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijó sus sedes impositivas en Santiago del Estero. Las direcciones IP empleadas para la emisión de comprobantes fueron compartidas con otras firmas del grupo, algunas de ellas identificadas como Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.

El informe de ARCA remarca la falta de actuación de Malte SRL como agente de retención en ejercicios con volúmenes de compra relevantes (2020, 2021, 2024 y 2025), hecho incompatible con su nivel de facturación. Además, se detectó la existencia de servicios facturados por la escribana Gilda Milani, que vinculan a la empresa con Luciano Pantano, otro actor señalado en la investigación.
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares, realizado al amparo de la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal. La maniobra se inscribe en un contexto de operaciones con la AFA cuya trazabilidad resulta “indeterminable”. El reporte plantea: “La sociedad registró operaciones de gran volumen con la Asociación de Fútbol Argentino, sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados”.
Estas revelaciones se producen mientras la Justicia avanza sobre la dirigencia de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros miembros de la comisión directiva, y les prohibió salir del país, en una causa por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social que superan los 19.300 millones de pesos argentinos. La denuncia sostiene que la AFA retuvo y no depositó esos fondos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, y que ese comportamiento se sostiene en un circuito de órdenes directas entre los máximos responsables de la entidad.
El pedido de ARCA se fundamentó en pruebas documentales y testimonios internos de la AFA, que desmienten una eventual imposibilidad financiera y apuntan a una decisión deliberada de no cumplir con las obligaciones tributarias. El expediente judicial recoge declaraciones de la gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, quien describió un esquema donde la autorización de transferencias dependía exclusivamente de la orden del tesorero, y los balances oficiales llevaban la firma conjunta de Tapia, Toviggino y el secretario general.
El expediente también menciona maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla en el extranjero y sociedades constituidas en paraísos fiscales, relacionadas con la estructura financiera de la AFA bajo la gestión de Tapia y Toviggino. Entre 2021 y 2025, la entidad habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, valiéndose de intermediarios y firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC. Estas operaciones están bajo investigación penal por presunto lavado de activos y administración fraudulenta.
En el caso de Malte SRL, la AFIP concluyó que se trata de una sociedad apócrifa o de fachada, creada para simular operaciones y facilitar maniobras de evasión. Su inclusión en la base e-apoc como “usina sin capacidad operativa” implica la imposibilidad de justificar los flujos de fondos y bienes declarados ante el fisco. La investigación detectó, además, la participación de familiares y allegados de dirigentes futbolísticos en la administración y control de las empresas vinculadas.
El avance de la causa penal, impulsada por ARCA, mantiene a la conducción de la AFA bajo estricta vigilancia judicial. El juez Amarante convocó a declarar a los principales directivos y ordenó medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país, ante la “gravedad de los hechos investigados y la severidad de la pena en expectativa” prevista en la legislación penal tributaria argentina. La defensa de la AFA intentó cerrar la causa aduciendo falta de acción, pero la Justicia rechazó ese planteo y confirmó la continuidad de la instrucción.
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