POLITICA
Javier Milei felicitó a José Antonio Kast y afirmó: “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad”
Las recientes elecciones presidenciales en Chile marcaron una reconfiguración en el escenario político regional. Tras la contundente victoria obtenida por José Antonio Kast, diferentes líderes sudamericanos celebraron el resultado y enviaron mensajes hacia el país vecino, en un contexto de cambios políticos de alto impacto.
Durante la cena anual de la Fundación Faro, Javier Milei, que este martes recibirá a Kast, expresó públicamente su satisfacción por el desenlace electoral y enmarcó el resultado dentro de una tendencia continental: “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”.
Al iniciar su intervención en la velada organizada por Agustín Laje, Milei abordó primero un tema de gran sensibilidad internacional. “Quiero expresar mi solidaridad con la comunidad judía en Argentina y en el mundo en un contexto en el cual el antisemitismo adquiere formas aberrantes”, señaló el jefe de Estado.
Para el titular del Ejecutivo, la escalada de discursos y ataques antisemitas responde a una confrontación ideológica más amplia. “Es lo que la barbarie terrorista inhumana quiere que pongamos en juego, están dispuestos a asesinar para imponer sus ideas, es la batalla cultural que estamos dando”, sostuvo.
El mandatario advirtió sobre el avance del “virus woke” en Europa que, en sus palabras, “exige mirar para otro lado”. Para Milei, no hay matices ante ciertas cuestiones: “Lo que está mal, está mal y basta”.
Una vez abordado el contexto internacional, Milei pasó a mencionar la situación política en Chile, protagonista de una jornada clave. “En una noticia más feliz, quiero aprovechar para felicitar a José Antonio Kast por su contundente victoria en las urnas”, expresó el presidente. El mandatario argentino envió un saludo expreso y extendió “un fraternal abrazo al pueblo chileno que comienza a vivir una nueva era”.
En su análisis, el jefe de Estado vinculó el triunfo de Kast con una corriente política regional que, en su opinión, comienza a abandonar las propuestas distributivas del denominado “socialismo del siglo XXI”.
La reflexión de Milei se extendió sobre el valor de las fundaciones y espacios de debate como Faro. El Presidente subrayó que “esta fundación y otras como ella tienen un rol crucial en esta batalla espiritual” y caracterizó el enfrentamiento ideológico como un conflicto sin armas, pero no menos decisivo para el destino de millones de personas.
“Cada centímetro arrebatado a la izquierda es una conquista”, afirmó. Al analizar el estado actual de la discusión cultural, admitió: “Partimos en desventaja. Durante años hemos ignorado la batalla cultural. Una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sólo ser atractiva”.
Para Milei, la izquierda política ha dominado el terreno narrativo durante décadas. “La izquierda esto lo sabe muy bien y han sabido presentar sus mentiras como apetecible, sin tener en cuenta las consecuencias ni si dichas ideas pueden ser realizables. Siguen gozando de una alarmante popularidad”, planteó el mandatario.
Sostuvo además que “lo mejor del socialismo es que suena lindo, pero nunca funciona”, e insistió: “No olvidemos que asesinaron a 150 millones de seres humanos”. El presidente distinguió las formas históricas de acceso al poder de los sectores progresistas: “La izquierda gana votaciones. Antes lo hacía por la violencia, ahora por las urnas con mentiras”.
Durante su discurso, Milei reiteró su diagnóstico sobre una transformación continental. “Por suerte el continente está despertando y grita ‘viva la libertad carajo’”, exclamó. El jefe de Estado remarcó el avance de regulaciones y políticas estatistas que, bajo su punto de vista, amenazan las libertades individuales. “En todas partes el estatismo desenfrenado se abalanza sobre las libertades individuales condenando a las sociedades a una eventual desaparición”.
En otro tramo de su exposición, Milei criticó las políticas de estímulo al consumo mediante gasto público y las catalogó como manifestaciones de una mala praxis económica. “Creyeron que el gasto público desenfrenado puesto al servicio de estimular el consumo es un ejemplo de que una idea no tiene porque ser verdadera para ser popular. A veces a los seres humanos nos gusta que nos digan mentiras”, argumentó.
El mandatario recordó un elemento cultural propio de Occidente al describirlo como “la cultura más prolífica de la historia en materia de pensamiento utópico”.
El Presidente se refirió también a debates y etiquetas que circulan en el espacio público. “Algunos lo tratan a Keynes de liberal”, dijo sobre el economista británico John Maynard Keynes.
En tono irónico, ofreció una interpretación sobre los calificativos que recibe Kast en algunos medios internacionales: “Si quieren un detector de zurdos recalcitrantes, al pobre José Antonio Kast le dicen el ultraderechista. Verán lo corridos que están”.
Milei analizó cuestiones de política económica con referencias técnicas, rechazando la distinción entre macroeconomía y microeconomía que promueven algunos sectores. “La versión traducida de hoy sería la macro está bien, pero el problema es la micro. Me voy a divertir con esto. La macro es la suma de la micro.
Salvo que sean economistas de cuarta colgados en el tiempo, los serios hacen equilibrio general intertemporal”, explicó el jefe de Estado. Para él, “la diferencia entre un buen economista y uno malo. El malo mira un solo mercado, el bueno mira todos y además las consecuencias futuras”, declaró, y concluyó que no hay diferencia entre micro y macro para el buen economista.
Milei también respondió a las críticas dirigidas a su gobierno respecto a la gestión de la economía real. “Gracias a los que me dicen que este gobierno no se ocupa de la micro, porque sólo lo harían los corruptos. En el mundo no se eligen los ganadores. Si están hablando de salvar un sector poniéndole plata, la pregunta es de dónde sale la plata. Con algo lo van a tener que pagar”, advirtió.
El presidente enumeró las alternativas que suelen financiar políticas dirigidas a sectores específicos: “Si es con una protección, le arruinamos la vida a 47 millones de seres humanos, con bienes de menor calidad a mayor precio. Cobro impuestos. Emito dinero. Tomo deuda”. Para Milei, esas prácticas constituyen “lobby, corrupción pura”.
Además, volvió a defender el marco teórico del liberalismo económico: “Un gobierno liberal se dedica a nivelar la cancha. Respeta el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada respetando el principio de no agresión. Después, nivelada la cancha, que compitan”. En ese sentido, el presidente agregó: “Cuando me dicen que no me ocupo de la micro muestran que este es un gobierno honesto, que no hace lobby, no es corrupto”.
El Presidente también denunció el mecanismo del Estado al buscar nuevas funciones y aumentar su aparato burocrático. Explicó con la metáfora del “Ministerio del Puente y el Ministerio del Agua” cómo, en su visión, la administración pública busca perpetuarse agregando estructuras innecesarias. “Nosotros llegamos y bajamos la cantidad de ministerios a la mitad”, afirmó.
Al descender a los resultados de su gestión, Milei recalcó la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal como logros del programa económico del gobierno. “Cuando nosotros decíamos que íbamos a poner en caja al sector público en un año, decían que eso era imposible, que como mucho se podía ajustar un punto por año… y lo hicimos en el tesoro en el primer mes”, declaró. También se refirió al impacto de la eliminación de “los gerentes de la pobreza” luego de haber sacado “a doce millones de personas de la pobreza”.
El presidente comentó que el crecimiento económico de los últimos meses descansa sobre tres pilares: desregulación, capital humano y apertura. Agradeció a funcionario como Sandra Petovello y Pablo Quirno en la transición hacia un modelo con énfasis en la libertad económica. “La etapa del crecimiento económico tiene tres motores: desregulación, capital humano y apertura”, sostuvo.
El mandatario consideró que la polémica sobre la “justicia social” responde a criterios morales. “La justicia social es una cosa de ladrones, porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo”, agregó. Citó referencias bíblicas y a autores como Thomas Sowell para argumentar su posición sobre la propiedad y el mérito. “El robo está prohibido en los diez mandamientos”, remarcó Milei.
En tramos finales de la intervención, el Presidente definió la propiedad privada como un derecho natural anterior al Estado y fundamentó en postulados filosóficos su rechazo a los sistemas estatistas.
“Los liberales creemos que la propiedad privada es un derecho natural, es un contrato anterior al Estado que ordena la vida de los individuos y que marca una diferencia muy clara entre el bien y el mal. Es el ser dueños de nada más y nada menos que de nuestro tiempo”.
Al describir el rol estatal, ratificó que su función debe concentrarse en proteger a los individuos. Anunció una iniciativa legislativa para penalizar a los funcionarios que impulsen gasto público sin contrapartida de ingresos. “Hace que aquellos políticos que sancionen o impulsen y voten leyes que implican gasto público sin contrapartida de ingresos… van a ir presos porque tendrán una condena de uno a seis años”, concluyó.
POLITICA
A quién afecta la reforma laboral: ¿es solo para las relaciones futuras o también para las preexistentes?
El proyecto de reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados legisla sobre temas centrales de las relaciones de trabajo y los especialistas coinciden en que no sólo alcanza a las nuevas contrataciones, sino también a las preexistentes; es decir, que afectará a todo el universo de trabajadores.
Si a un empleado lo echan, la regla es que el cálculo de la indemnización se hace con la ley vigente al momento del despido (no la que regía cuando el trabajador fue contratado), coinciden especialistas en derecho laboral consultados por , que imaginan como probable un escenario de alta litigiosidad una vez que la reforma entre en vigencia.
El tema de la indemnización es clave porque la reforma excluye expresamente de la nueva fórmula de cálculo ítems como el aguinaldo, las vacaciones y las bonificaciones. Además, habilita al empleador a pagarla en cuotas.
Para que la reforma se aplicara solo a los nuevos empleos, eso debería estar expresamente escrito.
El 11 de febrero, cuando el Senado debatió el proyecto, Mariano Recalde (PJ) pidió esa especificación. Solicitó agregar un artículo 57 bis, que dijera: “Las disposiciones del presente Título –el Título I– serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley”. El senador Bruno Olivera Lucero, miembro informante de La Libertad Avanza, rechazó la modificación y el proyecto quedó tal cual estaba redactado.
Sucedió algo similar anoche en la Cámara de Diputados. Sergio Palazzo (PJ) hizo el mismo planteo que Recalde: pidió un agregado que especificara que la aplicación de la ley sería para los empleos que se generaran a partir de su promulgación. El diputado libertario Lisandro Almirón también rechazó la propuesta.
En el Gobierno habían sido poco claros con respecto a este punto. entrevistó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en diciembre pasado y le preguntó específicamente: “¿En caso de que el proyecto se convierta en ley, a partir de cuándo se aplica y quiénes están abarcados bajo el paraguas de esta legislación? Usted habló de derechos consagrados…“. Cordero contestó: ”Cuando la ley menciona especialmente que va a haber una aplicación retroactiva, entonces ahí hay una aplicación retroactiva. Por ejemplo, en los juicios pendientes. En general, cuando no dice nada, la ley por regla no tiene aplicación retroactiva».
En el Congreso, en el plenario de comisiones que analizó la reforma, Cordero fue más allá: “La ley va a aplicar a los nuevos trabajos… las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente”.
En rigor, es cierto que no se trata de una “aplicación retroctiva” porque la nueva ley no tendrá impacto sobre situaciones agotadas (por ejemplo, despidos previos a que entrara en vigencia reforma). Pero no es cierto que se aplique sólo a los “nuevos trabajos”.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sí admitió, en una entrevista con Radio Mitre, que la reforma aplicaba a todos los empleos, no solo a los nuevos. Sturzenegger sostuvo: “Aplica a cualquier relación laboral”. Y argumentó: “No estás cambiando nada. Estás simplemente dándole precisión al cálculo. Simplemente estamos clarificando temas de la nueva ley de contrato de trabajo, que aplica para todos”.
El abogado laboralista Julián De Diego dijo que es claro que “se aplica para todos”. Advirtió que para las relaciones preexistentes “hay derechos adquiridos que no se pueden vulnerar” porque “la mayoría de los principios generales del derecho del trabajo [que protegen al trabajador] están a salvo y deben ser tenidos en cuenta además los tratados internacionales, que están por encima de la ley”. Pero esto no aplica para un despido posterior a la entrada en vigencia de la nueva ley.
“A quien sea despedido dentro de seis meses se le aplicará la nueva norma. El suyo era un derecho en expectativa, no adquirido. Se le aplica la ley vigente en el momento de la causa que da origen al beneficio”, afirmó De Diego. “Esto no quiere decir que se aplique en forma retroactiva. Lo dicen la Constitución Nacional y el Código Civil”, advirtió.
De Diego explicó que los derechos aquiridos, que “son intocables”, son, por ejemplo, el premio que le da la empresa a un empleado por productvidad, el bono por objetivos, el pago de guardería, los cursos de capacitación.
En el mismo sentido, Inés Arias, abogada laboralista del estudio Aguirre Saravia y Gebhardt, y subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital, dijo a que si la ley no afirma lo contrario, rige para el futuro desde su entrada en vigencia, y que la Constitución Nacional establece el derecho de toda persona a una sentencia basada en la ley vigente en el momento (según el principio de legalidad del art. 18). “Si el despido se produjo después de la entrada en vigencia, se aplica la nueva ley”, coincidió.
Pero, ¿puede un trabajador con décadas de antigüedad reclamar que se le aplique la ley anterior? Arias explicó que podría intentarlo invocando la “doctrina de la condición más beneficiosa subsistente”, para que el contrato de trabajo se considere junto con las normas laborales que estaban vigentes cuando se celebró. Explicó que esto “se apoya en los principios de progresividad y de no regresividad” (en términos del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, este principio significa que si un Estado ya reconoció y garantizó un derecho en cierto nivel, no puede dar marcha atrás arbitrariamente).
“El trabajador podría plantear que integra su patrimonio el standard de derechos indemnizatorios que ya adquirió, pero quien calcula las indemnizaciones es el empleador al momento del despido pago”, advirtió Arias. Por ende, todo indica que en la práctica, si alguien pretende que le aplique la ley anterior, deberá plantearlo en los tribunales.
aprobó la Cámara de Diputados,entrevistó,Reforma laboral,Conforme a,Reforma laboral,,Con un falso perfil de Only Fans. Fuerte cruce entre Fernando Iglesias y Maximiliano Ferraro por la reforma laboral,,Análisis. La impotencia kirchnerista ante la nueva cartografía del poder real,,Pactos, traiciones y lobby. Interrogantes de una reforma laboral nublada de sospechas
POLITICA
Pese al fallo contra los aranceles de Trump, la Casa Rosada prevé enviar al Congreso los aspectos técnicos del acuerdo con Estados Unidos
La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este viernes que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a las importaciones de diferentes socios comerciales. Se trata de uno de los fallos más determinantes en materia de política económica en las últimas décadas, con un impacto muy alto en el principal instrumento de negociación política del presidente norteamericano.
Las implicancias no se limitan a los aranceles globales que había impuesto el mandatario —quien horas después redobló la apuesta ante la Corte al volver a implementar un 10% de aranceles globales, y este sábado las incrementó 5 puntos porcentuales más—, sino que también alcanza a los acuerdos comerciales que la Casa Blanca había negociado y anunciado con diferentes socios, entre ellos la Argentina.
La decisión de la Corte tiene implicancias significativas porque podría obligar al gobierno estadounidense a deshacer acuerdos comerciales con otros países y, potencialmente, a pagar reembolsos cuantiosos a las administraciones extranjeras afectadas. A pocos meses de haber ingresado a su segundo mandato presidencial, Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para establecer aranceles a bienes importados de más de 100 países. Argentina fue una de las afectadas.
Esta decisión judicial podría dejar sin efecto el principal beneficio que Argentina obtenía en términos de acceso a mercados, dado que la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias era “la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país”, afirmaron desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). La ampliación de la cuota anual de importación de carne vacuna, que aumentó de 20.000 a 100.000 toneladas métricas hasta 2026, se concedió mediante un decreto específico de Trump (“Ensuring affordable beef for the American consumer”) y no está incorporada al tratado invalidado.
Infobae contactó a tres fuentes muy altas de la administración de Javier Milei. Dos de ellas reconocen que esta decisión de la Corte pone un signo de interrogación sobre la sostenibilidad del acuerdo. Aun así, existe una posición unánime de que no habrá marcha atrás en la decisión de ratificar el tratado comercial con Estados Unidos mediante un proyecto en el Congreso.
“Eso no se frena. En las próximas semanas tenemos intención de enviar las modificaciones de leyes que nos permitan aplicar los aspectos técnicos”, afirmó una fuente inobjetable. Para ejecutar varios de sus apartados, el Gobierno debe cambiar varias normas: algunas se dispondrán por Decreto, otras por Resolución Administrativa; pero las más importantes deberán aprobarse mediante un trámite legislativo.
Uno de los puntos más complejos es que, para que puedan entrar en vigencia los beneficios arancelarios, las autoridades norteamericanas exigen que el país adhiera a un conjunto de convenios internacionales, como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló en las redes sociales que la incorporación a ese régimen ya tiene media sanción por parte de Diputados desde hace 29 años. “Es decir, ocho Gobiernos le hicieron el juego a los lobbies y se hicieron los ‘dolobus’. La aprobación del PCT va a marcar un antes y un después para la ciencia en Argentina. Mucho bla bla con la comunidad científica del kirchnerismo, pero, mamita, les prohibían a los científicos patentar sus invenciones en el país”, cuestionó.
En un hilo publicado en su cuenta de X, el funcionario remarcó que también se solicita “normalizar la situación con los tratados de Bruselas sobre señales por satélite; de Budapest sobre depósito de microorganismos; acta de Ginebra sobre dibujos y modelos industriales; protocolo de Madrid de registro internacional de marcas; tratado sobre derecho de patentes; de Singapur sobre derechos de marcas y el Convenio UPOV 91”.
Todas estas cuestiones deberían ser discutidas en el ámbito parlamentario, lo que demoraría la aplicación del acuerdo comercial, independientemente de si es aprobado o no en un proyecto aparte.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que bloqueó los aranceles generales impulsados por la administración de Donald Trump modificó el panorama comercial entre Argentina y el país norteamericano, al eliminar parte del diferencial arancelario que beneficiaba a los productos argentinos. La sentencia establece que la autoridad para fijar estos impuestos reside en el Congreso de Estados Unidos, lo que quita al Ejecutivo la posibilidad de imponer tributos de amplio alcance sin control parlamentario.
Para el sector argentino, el principal efecto se percibe en la posición competitiva frente a Brasil y otros países de la región. Según fuentes con acceso a la negociación, “parte del diferencial de aranceles con Brasil se diluye”, lo que podría afectar las cadenas de valor y la dinámica de inversiones e intercambio comercial interno en el Mercosur. Además, el fallo implica la potencial devolución de 133.000 millones de dólares por pagos realizados bajo los aranceles suspendidos, lo que representa una presión adicional para el Tesoro estadounidense.
En la industria local destacan que, hasta ahora, Argentina accedía a arancel cero para 1.600 posiciones arancelarias y un máximo del 10% para el resto, mientras que empresas de Brasil afrontaban gravámenes del 50%. Esto posicionaba a la Argentina con un trato preferencial, especialmente en sectores como el acero y el aluminio. La eliminación de los aranceles generalizados obliga al sector privado a replantear estrategias para el acceso al mercado estadounidense, aunque la cuota de 80.000 toneladas métricas de carne bovina destinada a Estados Unidos permanece sin modificaciones, ya que fue negociada de forma independiente y queda fuera del alcance inmediato del fallo judicial.
Desde el punto de vista de la inversión, los mecanismos de facilitación pactados en el último acuerdo bilateral mantienen vigencia pese al cambio en los tributos, según indicó Gustavo Perego, director de Abeceb. La continuidad de la cuota cárnica y el capítulo de inversiones permite sostener parte de los beneficios comerciales, aunque la discriminación positiva que tenía la Argentina sobre otros productos pierde peso.
El sector privado advierte que la redefinición de esquemas de cuotas y aranceles será prioritaria en la agenda bilateral y que la seguridad jurídica en materia de inversiones será un factor central para proyectar el vínculo económico con Estados Unidos. En ese sentido, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) resaltó que “el compromiso fundamental de Estados Unidos era la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias”, acuerdo que, tras la decisión judicial, pierde validez legal. CERA puntualizó además que la cuota cárnica, no incluida en el texto principal del acuerdo, debería mantenerse vigente.
El histórico fallo limita la utilización de aranceles como instrumento de presión en política exterior por parte del Ejecutivo, al definir que solo el Congreso puede establecer estos gravámenes, y marca un precedente para futuros debates sobre el alcance de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y la regulación de la política comercial de Estados Unidos. La revisión de las cuotas y eventuales nuevas medidas quedará en manos de Washington en las próximas semanas, mientras los actores económicos argentinos permanecen atentos al impacto sobre las cadenas de valor y las exportaciones.
North America
POLITICA
Tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. contra los aranceles de Trump, el Gobierno espera definiciones de la Casa Blanca para avanzar con el acuerdo comercial
El Gobierno espera definiciones de Estados Unidos para avanzar con el acuerdo comercial tras el fallo de la Corte Suprema que invalidó algunos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.
El Tribunal Supremo desestimó las medidas respaldadas bajo Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y reafirmó que la facultad corresponde al Congreso.
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En el Ejecutivo sostienen que el entendimiento se enviará al Congreso a partir de marzo, pero admiten que el nuevo escenario judicial en Washington condiciona el avance.
En Nación advierten que esperan detalles sobre el instrumento legal que utilizará la Casa Blanca para mantener el esquema arancelario negociado.
“Estamos esperando instrucciones. Trump quiere sostener los acuerdos”, expresan fuentes oficiales. En la Casa Rosada no descartan que el texto deba readecuarse antes de ser remitido formalmente al Congreso si Washington opta por utilizar otras herramientas, como las secciones 232 o 301 de su legislación comercial.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, negó que el acuerdo sea afectado por la decisión de la Justicia estadounidense.
El entendimiento contempla que Estados Unidos no aplique el arancel adicional previsto en la orden ejecutiva del 2 de abril de 2025 y que el adicional no será superior al 10% para el resto de los bienes argentinos, entre otros puntos.
Más allá del capítulo arancelario, el acuerdo incluye compromisos sobre eliminación de barreras no arancelarias, reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias, cooperación regulatoria y reglas en materia de inversiones y propiedad intelectual. El Gobierno instrumentará algunas partes a través de decretos y resoluciones administrativas.
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Tras el fallo, Trump anunció que impondrá un arancel global del 10% bajo otra disposición de la Ley de Comercio de 1974 y que mantendrá vigentes los gravámenes aplicados por razones de seguridad nacional y por “prácticas desleales”.
En Nación analizan si ese nuevo encuadre preserva en los hechos el tratamiento diferencial previsto para la Argentina o si obliga a introducir modificaciones técnicas en el texto firmado.
En el Ejecutivo remarcan que la prioridad es evitar que el Congreso trate un acuerdo cuyo sustento normativo en Estados Unidos quede sujeto a cambios inmediatos. Es por eso que aguardan la formalización de las nuevas órdenes ejecutivas y evaluan si el arancel global anunciado reemplaza o complementa el esquema previsto en el entendimiento bilateral.
El envío del texto a la Cámara de Diputados seguirá en pie, pero el ritmo dependerá de cómo quede configurada la política comercial estadounidense en las próximas semanas.
En la Casa Rosada aseguran que buscan sostener el acuerdo y mantener la señal política hacia Washington, aunque reconocen que la definición final estará atada a la arquitectura legal que adopte la Casa Blanca tras el fallo judicial.
Gobierno, Estados Unidos, acuerdo
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