POLITICA
Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de la ARCA que es investigado por propiedades no declaradas en Estados Unidos
El Gobierno nombró este martes a Andrés Edgardo Vázquez, extitular de la Dirección General Impositiva (DGI), como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en lugar de Juan Alberto Pazo, quien renunció. El nuevo funcionario, que tiene más de 35 años de trayectoria en la ex-AFIP, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, entre otros posibles delitos, por cuentas en el exterior sin declarar y por haber pagado con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina.
Según la normativa del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, Vázquez asumirá el cargo a partir del jueves 18 para completar un período de ley. El cambio se da luego de que Pazo le comunicara al ministro de Economía, Luis Caputo, su intención de volver al sector privado.
Vázquez, por su parte, es seguido por la Justicia a raíz de turbulentos y sospechosos movimientos en la AFIP, hoy ARCA. En su amplia trayectoria en el organismo recaudador, se enfrentó a cuatro de sus superiores y ninguno pudo echarlo, y afrontó múltiples sumarios y al menos dos causas penales y las superó también. Luego, el presidente Javier Milei lo designó al frente de la DGI.
Contador y referente insoslayable de la Dirección de Inteligencia Fiscal de ARCA, hace ya casi un cuarto de siglo, de la mano de Carlos García Lorea, Vázquez tejió desde esa área vínculos con el poder y el espionaje de Francisco Larcher y Jaime Stiuso.
En diciembre de 2024, dos meses después de la designación de Vázquez en la DGI, publicó una investigación en la que documentó que el ahora titular de ARCA compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Tras ello, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una averiguación.
Entre ellas, había una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami.
No es la primera vez que se relaciona a Vázquez con operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó una denuncia porque desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana, Silvia Mónica Vázquez, una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. El funcionario no lo notificó ante el fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas y, ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.
Tras la publicación de en diciembre, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo, a modo de justificación durante una conferencia de prensa que Vázquez ya habría sido sobreseído por esa operatoria inmobiliaria por Lijo, en 2022, y que se trataba, por tanto, de “un tema del pasado”. En tanto, la designación de Vázquez al frente de la DGI causó revuelo interno en el Gobierno y fue misteriosa: el decreto de nombramiento lo firmó Milei junto a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, participaron del trámite. Tampoco firmó la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, a quien el Presidente terminó por echar en diciembre de 2024.
En septiembre de este año, Vázquez ganó una pulseada en el marco de la investigación sobre sus propiedades en Miami: logró que desplacen al fiscal que estaba a cargo. A pedido suyo, el juez federal Daniel Rafecas remitió a su colega Marcelo Martínez de Giorgi y la causa quedó en sus manos y del fiscal federal Guillermo Marijuán, a pesar de la negativa del fiscal que intervenía hasta ese momento, Carlos Rívolo, quien remarcó, sin éxito, que tenía la pesquisa más avanzada, con medidas de prueba ya en desarrollo.
Luego, en noviembre, confirmó que Vázquez pagó con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina, en maniobras que no fueron registradas ante la Oficina Anticorrupción. Así quedó plasmado en documentos oficiales del condado de Miami-Dade de 2014 a 2018, cuando ya era un alto funcionario de la AFIP.
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POLITICA
Pro alertó sobre un rebrote de inseguridad y la falta de avances en la lucha contra la corrupción en la era Milei
A dos meses de la última cena de Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri que selló el divorcio entre ambos dirigentes, Pro volvió a tomar distancia respecto del líder de La Libertad Avanza y reclamó por una mayor inversión en infraestructura y un fortalecimiento institucional. Aunque reconocen los avances de la administración libertaria en cuanto a baja de la inflación y equilibrio de las cuentas públicas, destacan que “el orden macroeconómico por sí solo no alcanza”.
Así surge del último informe de la Fundación Pensar, titulado “A mitad de Camino”, en el que el principal aliado del oficialismo presentó un balance de los primeros dos años de gestión de Milei. En el think tank que conduce la exdiputada nacional María Eugenia Vidal señalan la lucha contra la corrupción, la reanudación de la obra pública y la inseguridad, entre otros ejes, como las principales deudas de esta primera mitad de mandato.
El informe celebra los esfuerzos del gobierno para bajar la inflación y consolidar el equilibrio fiscal y los avances en materia de desregulación económica, un rumbo que -consideran sus autores- se debe profundizar en el corto plazo. En este sentido, destacan la necesidad de completar la liberalización del mercado de cambios y avanzar con una reforma tributaria que genere alivio fiscal entre los empresarios.
No es el único cambio que Pro demanda al gobierno. También pide por la aprobación de una reforma laboral, a tratarse en febrero, que permita ampliar la base de trabajadores privados registrados -estancada, según señalan, desde 2014- y cambios que permitan apuntalar un fortalecimiento institucional. Es sobre este último punto sobre el que concentran sus principales críticas a La Libertad Avanza, que se profundizaron tras la postergación de Pro en las listas nacionales y la cena fallida de Macri y Milei en la Quinta de Olivos a fines de octubre, cuando el expresidente cuestionó las divisiones al interior del oficialismo y el encumbramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.
A mediados de noviembre, el exmandatario reunió a la Mesa Nacional de Pro en la sede central del partido, donde se terminó de ratificar la ruptura con LLA. En esa oportunidad confirmaron que el espacio amarillo tendría su propio bloque parlamentario y que se dedicaría a reconstruir su identidad a partir, entre otros ejes, de su histórica defensa a la institucionalidad, una deuda por la que ahora presionan al Presidente.
“Es imperioso que junto a las reformas económicas, el gobierno avance con el fortalecimiento institucional de nuestro país, empezando por la Justicia.”, explica Silvia Lospennato, exdiputada nacional y presidenta del bloque Pro en la Legislatura de la Ciudad. Reclama, entre otras cuestiones, porque se insista con una ley de ficha limpia -un proyecto que impulsó durante su paso por la Cámara baja, pero se cayó en el Senado- y se retrotraigan los decretos por los que se quitó la facultad de querellar a la Unidad de Información Financiera (UIF) y se restringió el derecho de acceso a la información pública.
En el informe, además, cuestiona el intento de LLA de sortear al Congreso y avanzar con las designaciones de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por decreto. Las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios -uno de los ejes que no deja de señalar Pro, pese a haber sido un aliado estratégico del oficialismo en este ámbito- afectaron la cobertura de un total de 580 vacantes del Poder Judicial, entre jueces, fiscales y defensores.
Las vacantes que sí se cubrieron en otros organismos, por su lado, también supusieron un foco de tensión entre el macrismo y el partido de Milei en materia institucional. El acuerdo del oficialismo y el kirchnerismo para designar a los representantes de la Auditoría General de La Nación (AGN), sin previo aviso, en la misma sesión en que se trató el Presupuesto 2026, abrió un nuevo capítulo en el distanciamiento entre LLA y Pro, incluso con los sectores que mantuvieron un estrecho vínculo con el Gobierno en este primer período.
“El cambio que defendemos no es cualquier cambio. Es un cambio inteligente, sustentable, de fondo, cuidando las instituciones, con reglas claras y con respeto a la Constitución. Por eso, cerramos el año defendiendo esos valores, incluso cuando eso implica marcar límites, como lo hicimos a la hora de denunciar la inconstitucionalidad del nombramiento de los miembros de la AGN”, sostuvo Cristian Ritondo, titular de la bancada amarilla en Diputados, en sus redes sociales. La disputa por los auditores no está mencionada en el informe de la Fundación Pensar.
El malestar de Pro en materia institucional, sin embargo, encuentra un límite en la sanción de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez este año a nivel nacional, y del Presupuesto 2026, que otorga previsibilidad y reduce la discrecionalidad del Ejecutivo en materia de gasto. Pro respaldó la ley de leyes, pese a que no deja de reclamar una mayor inversión en infraestructura, otro de los contrapuntos que lo alejan del oficialismo y que ratificó el balance de la Fundación Pensar. Abogan por la reanudación de la obra pública energética, hidráulica y de transporte a nivel nacional.
El texto del think tank macrista advierte, de igual modo, sobre la baja inversión en educación superior -que alcanzó sus niveles mínimos en los primeros dos años de gestión libertaria-, pero pone el énfasis en la necesidad de que el debate educativo trascienda lo meramente presupuestario. “Aún está pendiente implementar políticas para cumplir con el Pacto de Mayo: modernizar la educación inicial, primaria y secundaria, reducir el abandono escolar y lograr la alfabetización plena. Así como sancionar proyectos de ley para institucionalizar evaluaciones de fin de curso, las prácticas profesionales, la educación financiera y programación, entre otras”, establece el informe.
En cambio, Silvia Lospennato, a cargo del capítulo institucional, destacó la aprobación del Presupuesto 2026. El propio Macri emitió un tuit la semana pasada en el que celebró la sanción de la ley de leyes y destacó el aporte de los bloques de Pro.
Los cuestionamientos a la gestión de Milei también alcanzan a una exaliada de Pro. Se trata de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, ahora presidenta del bloque libertario en el Senado y artífice del desguace parlamentario de Pro: ocho legisladores que respondían a su figura migraron a las filas del oficialismo y, en la ciudad, sus legisladores se plegaron al espacio que lidera Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito.
Aunque no la mencionan de manera directa, en la Fundación Pensar plantearon el retroceso en materia de seguridad, lo que deja en evidencia reparos a su trabajo como funcionaria por el aumento de la delincuencia. Según consigna en el balance presentado, “la Argentina terminó 2025 con un incremento del 20% en los episodios vinculados a la inseguridad”.
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POLITICA
Pullaro rechazó un pedido de Caputo para traer ahora USD 800 millones del exterior: “Santa Fe no puede perder un peso”
El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.
Los fondos provienen de un bono emitido en los mercados internacionales a principios de este mes, por un monto de USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,10%. La colocación fue ampliamente demandada tanto por inversores internacionales como locales, lo que desde la gobernación se interpretó como una señal de confianza en la calidad crediticia de la provincia.
“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo.
Precisó que la evolución del tipo de cambio entre el momento de la adquisición y las cotizaciones actuales podría implicar una pérdida para Santa Fe si los fondos ingresan sin cobertura adecuada.
Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta, desde luego que los traemos”. Dejó así abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para la provincia.
El diálogo entre Pullaro y Caputo ocurre mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta un próximo vencimiento de deuda del orden de los USD 4.300 millones. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha detallado públicamente de dónde provendrán los dólares para ese pago, lo que mantiene la discusión sobre las reservas y la disponibilidad de divisas.
Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó Pullaro, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.
Desde la gobernación santafesina enfatizaron en diálogo con Infobae que la postura provincial no constituye un desafío político al Gobierno nacional. Fuentes del Ejecutivo provincial, en diálogo confidencial con Infobae, afirmaron: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”. Destacaron que la relación institucional con la Casa Rosada continúa “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”.
Entre los reclamos planteados, desde la provincia subrayó dos cuestiones prioritarias: la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, considerada urgente, y la restitución del flujo por parte de la Caja de Jubilaciones interrumpido en enero de 2024, situación que afecta las cuentas provinciales y que, según Santa Fe, sigue sin resolverse.
La emisión de deuda de Santa Fe, concretada en diciembre pasado, representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.
El destino de los recursos fue definido por Santa Fe como la financiación de obras estratégicas: proyectos energéticos, mejoras en infraestructura vial —especialmente rutas clave para la circulación de bienes—, inversiones en seguridad pública y obras sociales. La provincia sostiene que los ingresos de divisas deben acompañar la ejecución efectiva de certificados de obra, principio que motiva su rechazo a anticipar el ingreso total de los fondos.
La discusión entre Nación y Santa Fe expone una tensión técnica, no política. El Gobierno nacional busca ordenar el flujo de dólares para afrontar compromisos de deuda sin afectar su estrategia financiera. Por su parte, la provincia administra recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura, y aplica una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.
La postura de Pullaro se inscribe en un contexto político más amplio: a diferencia de otros gobernadores no alineados con el kirchnerismo, el mandatario santafesino no participó en la ronda de reuniones que el Gobierno nacional mantuvo recientemente con mandatarios provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, ni con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este dato fue interpretado como una señal de una relación distante pero institucional entre la provincia y la Casa Rosada.
La posición de Santa Fe ante el pedido de Caputo se fundamenta en argumentos financieros y técnicos, con una visión de coordinación que no compromete la autonomía ni la administración de los recursos provinciales. Pullaro dejó en claro que la decisión responde a los objetivos de ejecución de obra pública para los que se tomaron los fondos, sin perjudicar el patrimonio provincial. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional siempre que existan condiciones para proteger el valor de los recursos.
La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones al país será clave en las próximas negociaciones entre la provincia y la Nación, en un escenario donde cada flujo de divisas adquiere relevancia para la política económica nacional y provincial.
POLITICA
Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo y aseguró que el Gobierno “cumplió todas sus promesas de campaña”
El presidente Javier Milei envió este miércoles un mensaje de Año Nuevo donde aseguró que su Gobierno “cumplió todas las promesas de campaña” y enumeró los éxitos de la administración.
“Habiendo terminado los dos primeros años de gestión puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña: estamos bajando la inflación, terminando con la inseguridad, sacando a más del 30% de los argentinos de la pobreza -hoy hay 14 millones argentinos menos en la pobreza- y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un ’26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. Viva la libertad carajo”, detalló en un video compartido en sus redes sociales.
Noticia en desarrollo
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