POLITICA
El impactante ejemplo de una senadora salteña en medio del debate sobre la reforma laboral
En medio del acelerado debate de la reforma laboral, la ex secretaria de Energía y flamante senadora, Flavia Royón, pinceló este miércoles un chocante ejemplo al comparar el índice de litigiosidad entre su distrito, Salta, y Jujuy, que comanda el radicalismo hace largos años.
“Cada dos juicios, uno es por accidente de trabajo. En el caso de mi provincia, se redujo con incorporación de un cuerpo médico forense. Al comparar con Jujuy, el índice de litigiosidad por accidente de trabajo da 113. En Salta, es de tres”.
La percepción que quedó, mientras se desarrollaba el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, fue de una extensa cadena de involucrados que cobran en función de los juicios, mientras el trabajador queda en stand by.
Quien revalidó todo esto fue el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, uno de los expositores centrales del plenario. “Valoro lo de Salta. Hay un enorme problema en el sistema de riesgos de trabajo y no concuerdan los porcentajes de incapacidad, pero es una competencia provincial”, manifestó.
Tras el guiño a los dichos de Royón -terminal legislativa del gobernador salteño, Gustavo Sáenz-, Cordero dejó en claro que “se incorporó un artículo” en la iniciativa en discusión para “generar cuerpos médicos”, algo que en la actualidad “no está pasando”.
Más allá del impactante ejemplo, la ex secretaria dejó en claro que, al margen de la ley en debate, el universo del trabajo debe ser fomentado por “la política macroeconómica y la industrial”, entre otras, sumado a la “estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica”.
Royón también indagó a Cordero por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que propone la iniciativa. “Entiendo que se va a financiar con una seguridad social ya en crisis. Si bien da más certidumbre para indemnización y es un gran paso, hay un etcétera, y que hay que ser más taxativo”. Pidió que sea fijada la inclusión de pymes aquí.
Otra preocupación de la senadora fue “por qué no se consideran las sanciones o multas por informalidad” en el texto que pretende el oficialismo, a diferencia de la atención que sí se contemplaron en cuanto a “beneficios”.
Las observaciones de Royón deben ser oídas por el oficialismo libertario -así como de otros dialoguistas que ya participaron del plenario, como el radical Maximiliano Abad– de cara a una potencial firma de dictámenes y, sobre todo, de una eventual sesión. La Libertad Avanza sueña con el viernes 26 para cerrar el año y el período extraordinario que activó el Ejecutivo hasta el 30 de diciembre.
A la iniciativa en cuestión podrían sumarse los cambios a la ley de glaciares analizada por otro plenario de comisiones -Ambiente; y Minería-, así como el Presupuesto 2026 y el proyecto de inocencia fiscal que el pleno de Diputados comenzó esta misma tarde.
Noticia en desarrollo…
juan carlos cardenas / comunicación senado.
Desde este martes las autoridades de una comunidad mapuche de Río Negro serán juzgados por la presunta usurpación de un campo en la naciente del río Chubut, al que ingresaron “para cuidar la veranada”.
Se trata de la Lof Cayunao, una comunidad conformada por pocos integrantes, que reside en la zona desde hace varios años.
El conflicto es con latifundio cercano cuya superficie, de acuerdo a la denuncia que radicaron, abarca la zona donde reside la comunidad mapuche.
La querella es representada por el ex polista Hugo Alberto Barabucci, vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de la firma Emirates Stallions Group (ESG).
Al Dhaheri es el principal inversor del fideicomiso Amaike, un grupo de empresas vinculadas a inversiones y desarrollos inmobiliarios, donde Barabucci se desempeña como integrante del directorio.
La firma, con sede en Abu Dhabi, desarrolló un coto de caza en la naciente del Alto Río Chubut, zona que los mapuches utilizan como veranada para trasladar a sus animales.
El ex polista denunció a cinco integrantes de la Lof Cayunao por la usurpación de una fracción de tierras, dentro de las 14 mil hectáreas que en la Justicia rionegrina figuran a nombre de Barabucci.
Desde el comienzo del conflicto, las partes transitaron los Tribunales rionegrinos en la búsqueda de un acercamiento, que no ocurrió.
Desde 2020 en adelante hubo diferentes cruces entre empleados de la estancia que opera Barabucci y mapuches, en las que incluso hubo personas lesionadas.
El privado radicó una denuncia por usurpación y hurto, mientras que los integrantes de la comunidad denunciaron amenazas, hostigamiento y la sustracción de sus pertenencias.
Con el paso de los años, la disputa territorial incrementó el nivel de conflictividad. Desde 2023, la lof decidió instalarse en la zona de conflicto e inició “un proceso de resistencia mucho más intenso” con intercambios constantes entre los peones de la estancia y los mapuches.
El primer expediente judicial fue notificado a fines de septiembre de 2023 ese año, cuando el empresario que representa a los dueños del campo denunció judicialmente a la comunidad por la presunta usurpación de las tierras.
La vocera de la comunidad asegura que “el objetivo es proteger la naciente del río Chubut ante un posible desastre ambiental, teniendo en cuenta la riqueza de ese curso de agua, que es el más extenso de la Patagonia”.
El curso de agua tiene su origen en las laderas del cerro Carreras y desemboca en el océano Atlántico, luego de atravesar territorio rionegrino como de Chubut.
Los acusados denuncian el desvío de cauces naturales y lagunas, como también la afectación de las veranadas donde “históricamente pastaron los animales de la comunidad, desde hace muchos años atrás”.
Este martes comienza una nueva etapa del proceso en los Tribunales de Bariloche, en el que los querellantes buscan culpar a los mapuches por la usurpación de las tierras para luego solicitar su expulsión del sitio de conflicto.
POLITICA
Strada y Sagasti cruzaron a Luis Caputo por involucrarlas en la polémica por los créditos del Banco Nación
La senadora Anabel Fernández Sagasti y la diputada Julia Strada cruzaron al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que las involucrara en la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Las dirigentes kirchneristas rechazaron lo señalado por el titular del Palacio de Hacienda y defendieron públicamente sus operaciones.
El episodio se originó a partir de una publicación del periodista Eduardo Feinmann en la red social X, donde señaló que la diputada y la senadora tenían créditos hipotecarios en el BNA. Caputo contestó ese mensaje y escribió, con tono irónico: “Felicitaciones a ambas. Gran decisión. ¡Dos votos inesperados para el presidente Milei en el 2027!“.
La respuesta no se hizo esperar. La primera en expresarse fue Fernández Sagasti, quien le respondió al ministro y rechazó las acusaciones. “Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el Gobierno. Antes de hablar, chequea. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde”, sostuvo y agregó: “Ojalá Adorni pudiera decir lo mismo. Y vos, en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, trae la tuya del exterior”.
Por su parte, Strada -exdirectora del Banco Nación- también le respondió a Caputo. “Me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda”, criticó.
Junto con su respuesta, la diputada compartió una serie de publicaciones en las que detalló el proceso completo del pedido de su crédito hipotecario en el BNA.
Según explicó, el proceso se inició en junio de 2025 y concluyó en marzo de 2026. Además, dijo que tomó un monto inferior al ofrecido: “Respecto al monto, tomé menos dinero del que me ofrecían, porque no queríamos afrontar una cuota que nos costara pagar después”.
Sin embargo, el cruce en redes creció y sumó nuevas derivaciones. A través de su cuenta en X Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, publicó: “Lo único malo de que al país le vaya bien es que también salen beneficiados los kukas (sic). Una pena, realmente”.
“Mostrá los papeles de tu crédito papi”, le achacó Strada a Carreira, quien aparece mencionado en el listado de personas involucradas el otorgamiento de créditos del BNA del oficialismo.
En paralelo, la diputada mantuvo otro intercambio con el exlegislador porteño de LLA Ramiro Marra, quien le reprochó que no había crédito hipotecario durante el gobierno de Alberto Fernández. “Julia, lo que importa es que lo hiciste durante un gobierno liberal y no bajo tu gobierno ¿la razón? El crédito hipotecario no existía. Me alegra ver que incluso los Kirchneristas viven mejor y pueden acceder a nuevas oportunidades”.
No obstante, Strada volvió a hacerse eco de las acusaciones y puso el foco en la transparencia de los procedimientos. “Che vendedor de atún. Decile a tus socios que muestren los papeles del crédito. Lo que importa es si hubo atajo o no”, expresó.
créditos hipotecarios del Banco Nación,Julia Strada,Luis Caputo,Ramiro Marra,Conforme a,,Presunto enriquecimiento. Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares,,“¿Quién es? Nadie sabe”. Elisa Carrió arremetió contra Adorni por las hipotecas,,Mensaje llamativo. El reposteo de Milei a una publicación en la que se acusó a un funcionario de conspirar contra su gobierno,Julia Strada,,»El kilo de asado a $24.130″. Milei apuntó contra una diputada de Unión por la Patria por un archivo en el que afirmaba que el dólar estaría a $3.700,,»Se colgó de nuestras banderas». Las reacciones de Ofelia Fernández y otras referentes del kirchnerismo a la denuncia de Fabiola Yañez,,»Nos gobierna un resentido». Una diputada kirchnerista culpó a Milei y dio siete razones por las que YPF debería haber elegido a Bahía Blanca
POLITICA
El Tribunal de Ética de la AFA falló a favor de Chiqui Tapia y avaló sus declaraciones patrimoniales
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recurrió al propio Tribunal de Ética de la entidad para que avale sus declaraciones juradas patrimoniales y determine que no es una Persona Expuesta Políticamente (PEP), una categoría definida por la Unidad de Información Financiera (UIF) que implica mayores controles para prevenir el lavado de dinero.
El tribunal, que está compuesto por magistrados de altísimo rango del Poder Judicial, firmó un fallo como si se tratara de la justicia real: validó sus presentaciones y concluyó que no está alcanzado por ese régimen ni por su rol en la AFA ni por su cargo como presidente del CEAMSE.
Los magistrados se basaron para fallar en una reglamentación desactualizada -Nro 134/2018- de la Unidad de Información Financiera. Desde 2023, la normativa vigente es indiscutible en cuanto a la condición de Persona Políticamente Expuesta de Tapia por su rol en la empresa pública de residuos.
La decisión, que se publicó ayer en “Y mañana qué”, fue firmada en julio de 2025 por Diego G. Barroetaveña, Manuel Fernández y Mario E. Kohan, integrantes del Tribunal de Ética de la AFA.
Barroetaveña es presidente de al Cámara Nacional de Casación Penal -y actualmente no forma parte del tribunal de la AFA después de que la Corte lo obligara a renunciar-; Kohan se desempeña como juez de la Cámara de Casación bonaerense; y Fernández es abogado, hijo del camarista en lo contencioso administrativo Sergio Fernández y sobrino del operador judicial Javier Fernández. Todos integran el Tribunal de Ética de la AFA que intervino como si tuviesen jurisdicción sobre hechos por fuera del fútbol.
Dice el fallo: “El Sr. Claudio Fabián Tapia no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la Resolución UIF N.° 134/2018″. El texto también recurre a la doctrina de los actos propios para reforzar su razonamiento. Señala que Tapia ya había ocupado un cargo en el CEAMSE en 2017 sin haber sido considerado PEP por ninguna.
La razón por la que ahora es intimado es porque la UIF pulió y actualizó el listado de Personas Políticamente Expuestas. “Nadie puede cambiar su conducta anterior en perjuicio de otro”, cita el documento en latín (“nemo potest mutare consilium suum ni fraudem alterius), en una de las varias referencias doctrinarias que incluye para sostener su conclusión.
Con ese marco, el Tribunal de Ética resolvió “tener por válidas y formalmente eficaces” las declaraciones juradas de Tapia y establecer que no reviste la condición de PEP. La decisión se adopta, según aclara el propio texto, “dentro de las competencias de este tribunal”.
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