El oficialismo ya despliega su estrategia para sancionar los proyectos de Modernización Laboral y los cambios a la Ley de Glaciares en febrero. Los proyectos ya fueron dictaminados por la mayoría libertaria y busca consensuar con los senadores dialoguistas. Habrá nuevamente un rol fundamental de la senadora Patricia Bullrich, del diputado Martín Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli.

A partir del próximo 2 de febrero habría una nueva convocatoria al Congreso por parte del Presidente Javier Milei. Las dos primeras iniciativas ya cuentan con el dictamen de las comisiones respectivas, pero se buscarán avanzar durante enero con acuerdos y consensos políticos. El proyecto vinculado a la reforma del Código Penal debe ingresar aún al Congreso. El Gobierno tenía decidido enviarlo a Diputados, pero la construcción de mayorías alcanzadas en el Senado para aprobar el Presupuesto 2026, incluso con votos peronistas, hacen dudar al oficialismo de la conveniencia de iniciar el debate por la Cámara alta.

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La Reforma Laboral

El dictamen se firmó durante diciembre y la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo y titular de la Comisión de Trabajo, programó para el próximo 11 de febrero la sesión para discutir el proyecto.

Sabe Bullrich, con su experiencia legislativa, fue varias veces diputada nacional, que sin consensos la iniciativa podría correr riesgos de ser aprobada. “El dictamen está abierto para escuchar propuestas “, dijo la legisladora porteña.

En el oficialismo, Pablo Cervi le dijo a TN: “La Argentina arrastra desde hace décadas un problema estructural en el mercado de trabajo: alta informalidad, bajo nivel de creación de empleo privado y una legislación laboral que no se adapta a la realidad productiva actual. Más del 40% de los trabajadores está fuera del sistema formal, sin derechos ni protección. El objetivo central (de la ley) es generar más empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que son las principales creadoras de trabajo, pero también las más afectadas por la rigidez normativa y la alta litigiosidad”.

Mientras que desde Unión por la Patria (UxP), el diputado Hugo Yasky, en sintonía con la bancada de senadores peronistas que lidera José Mayans posteó en sus redes sociales: “Las dos CTA nos reunimos con el gobernador (de Buenos Aires) Axel Kicillof ante el peligro para el trabajo y la producción que representa la reforma laboral. Es ridículo creer que una reforma en la que el Estado financia los despidos con la plata de los jubilados puede crear más empleo. Es exactamente al revés: la intervención del Estado para fomentar la producción y el consumo interno pasa por impulsar el aumento de los salarios y el poder adquisitivo”.

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Un punto de conflicto

La Reforma ya generó posturas encontradas respecto a la litigiosidad ante el incumplimiento de las normas que regulan el Trabajo, el senador libertario Bartolomé Abdala entiende que el proyecto del Poder Ejecutivo, “termina con la industria del juicio, que perjudica tanto a Pymes como a trabajadores. Por eso, respaldo la necesidad de contar con reglas claras y acuerdos que desarticulen el conflicto permanente”.

Por su parte, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, emitió un comunicado donde expresó respaldo a la Modernización Laboral, pero dejó en claro que, “resulta necesario advertir que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo. Así, la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”, manifestó Gil Lavedra.

Cambios en la Ley de Glaciares

El segundo proyecto que ya dictaminaron las comisiones de Ambiente y de Minería, Energía y Combustibles, es la Ley de Glaciares. Otro proyecto con final abierto para lograr las mayorías requeridas. El principal respaldo de esta iniciativa son los mandatarios provinciales.

Dos de ellos, el de San Juan, Marcelo Orrego y de Catamarca, Raúl Jalil, pasaron por el plenario parlamentario. Orrego dijo que “en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación”.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, señaló: “En la provincia se registran cerca de 3000 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5000 empleos en otras actividades”.

Mientras que el Foro de Encuentro Reformista cuestionó la modificación a la Ley de Glaciares: “Debilita la protección de uno de nuestros bienes estratégicos más vitales: el agua. No se trata de una disputa política circunstancial, estamos ante una ruptura estructural. En pleno Año Internacional de la Preservación de los Glaciares declarado por la ONU, se busca debilitar la Ley 26.639. La reforma propuesta transfiere a las provincias —muchas sin capacidad técnica suficiente— la decisión sobre qué glaciares proteger, reduce el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Glaciología) y desmantela la lógica constitucional de los presupuestos mínimos ambientales. Sin arbitraje nacional basado en conocimiento científico, se compromete el acceso al agua de millones de personas y se abren conflictos interjurisdiccionales que afectarán economías existentes. Argentina necesita generar recursos, la minería puede ser parte de la solución, pero no a cualquier costo. Cuidar el agua y los glaciares no es ser anti minero: es ser responsable”.

El documento lo firman, entre otros, Claudia Piñeiro, Diana Maffía, Laura Echezarreta, Elsa Mastronicola, Javier José Vázquez, Manuela Thourte, Daniel Sabsay, Ricardo Gil Lavedra, Inés Halm, Manuel Garrido, Lilia Puig, Juan Pedro Tunessi, Fabiana Túñez, Aníbal Barengo, Laura Musa, Maristella Svampa, Ariel Dulevich Uzal, Esteban Paulon y Lucía Alberti.

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La reforma laboral asoma como el renglón número uno de la agenda legislativa del oficialismo en el arranque del 2026. No es lo único. Javier Milei apuesta a aprovechar el impulso del final de diciembre para sumar reforma tributaria y compromiso fiscal, ley de glaciares y código penal, entre otros temas, todos densos. Y entonces, buena parte de enero será ocupada por intensas gestiones, públicas y reservadas, para tratar de reproducir el acompañamiento de gobernadores, decisivo para coronar el Presupuesto. Eso anticipa negociaciones mano a mano con cada jefe provincial: sería la repetición de la costosa fórmula de negociar tema por tema para asegurar votos en cada cámara del Congreso.

Los gobernadores que actúan como socios y los que juegan como aliados o dialoguistas tuvieron una final de año con alivio para las cuentas provinciales, después de una larga temporada -en especial, octubre y noviembre- sin aportes sustanciales del poder central. Y esperan ahora las nuevas tratativas. Diego Santilli asoma entre los funcionarios sin vacaciones a la vista. Lo mismo ocurre con Karina Milei y sus extensiones, Martín y Lule Menem. Están abiertos además los canales que maneja ahora con menos ruido Santiago Caputo. Y se mantiene la permanente atención de Hacienda.

La reforma laboral fue anotada para fines de enero o inicios de febrero, en la segunda etapa de sesiones extraordinarias. Pero ya antes y desde las cercanías de algunos jefes provinciales -en particular los peronistas que fisuraron a UxP y tejieron acuerdos con el Gobierno- dejaron trascender prevenciones por puntos del proyecto que podrían afectar la recaudación de impuestos gravitantes en la coparticipación federal. De todos modos, no es el único tema inquietante del texto enviado por el Ejecutivo, que desarmó algunos puentes, transitados aunque no muy sólidos, con integrantes de la CGT.

La dureza del proyecto es atribuida básicamente a Federico Sturzenegger. Y son señalados aspectos como la llamativa extensión del criterio de “servicios esenciales” para los casos de medidas de fuerza gremiales o la creación del fondo para atender indemnizaciones, que podrían ser judicializados, según la opinión de expertos en la materia. Patricia Bullrich habría dejado abierta la puerta para discutir algunos temas específicos, frente a reparos surgidos en el rápido trámite para lograr dictamen.

Por lo pronto, las conversaciones centrales pasarían por los gobernadores, con el arrastre de un interrogante que remite al trabajoso camino del Presupuesto: ¿por qué los acuerdos con las provincias funcionaron sin fisuras en el Senado pero no alcanzaron, antes, para sostener el famoso Capítulo XI en Diputados? En buena medida, porque se acrecentaron los compromisos y giros de fondos desde la Nación por diversos rubros. Y también, precisamente, porque el golpe del traspié violeta en la Cámara baja terminó facilitando el trámite en la otra ala del Congreso.

Bullrich, dicen incluso en el oficialismo, fue quien mejor y rápidamente interpretó el cuadro pintado por Diputados en el tratamiento del Presupuesto. El oficialismo había logrado la aprobación del proyecto, pero lo vivía como una derrota porque resultó volteado el intento de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El malestar de Olivos fue alimentado por el voto en contra de legisladores que responden a jefes provinciales aliados. Pero el enojo extremo, que exponía la intención de volver a la carga con tales artículos, debió ser diluido para asegurar la sanción de la ley. Y en ese proceso jugó especialmente la ex ministro.

La jefa política del oficialismo en el Senado supo que el Presupuesto sólo tenía destino si era tratado con el texto tal como había salido de Diputados. Eso quedó expuesto en dos encuentros con jefes de bloques socios y dialoguistas, uno presencial y otro virtual. Y entonces, el objetivo pasó a ser olvidarse del trago amargo y concentrarse en evitar rechazos a otros puntos, vinculados con la inversión en educación e investigación. Para muchos senadores que finalmente acompañaron a LLA fue todo más fácil: el tema más sensible -discapacidad, universidades públicas- había sido saldado en la Cámara baja y, a la par, sus jefes políticos -es decir, gobernadores- conseguían un trato mejor con el Gobierno.

Algunos cálculos que circularon en el Congreso dicen que el incremento de los giros a las provincias terminó siendo, en pocos días de diciembre, superior a cualquier mes del año. Más aún, los movimientos fueron notorios en la semana corta de la Navidad, es decir, en los umbrales de la votación del Senado. Y la movida habría favorecido especialmente a provincias en manos del PJ negociador.

Tres rubros se destacaron como fondos para garantizar la sanción del Presupuesto. En primer lugar y como siempre, los ATN, que son los aportes más discrecionales. También, deudas por el viejo consenso fiscal. Y en casos muy puntuales, compromisos por cajas de jubilaciones no transferidas. En general, los distritos mejor atendidos fueron algunos del peronismo con juego por fuera de UxP (Tucumán, Catamarca, Salta), aliados ex JxC (Entre Ríos, Chaco) y provinciales o “independientes” (Misiones, San Juan).

El Gobierno se mueve en un tablero que resulta paradójico. Por un lado, es beneficiado por la fragmentación política, que profundizó el papel de los gobernadores como piezas sin atadura a espacios políticos nacionales. Y a la vez, eso transforma a cada jefe provincial en pieza clave porque puede asegurar alineamiento de “sus” legisladores. Resultado: aumenta su cotización política. Y se refleja en lo que cada uno consigue para su distrito y su proyecto personal.

Los operadores de Olivos deben sumar pactos uno por uno, y proyecto por proyecto. No se trata de un sistema de alianzas sino de un mecanismo de acuerdos individuales. La próxima prueba es la reforma laboral. Será un arranque de año muy intenso.

Axel Kicillof encara 2026 con un doble objetivo político. Por un lado, la construcción de un proyecto nacional que lo proyecte como figura presidencial para 2027. Por otro, disputarle a Máximo Kirchner y La Cámpora el control del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, incluso si implica ir a una interna abierta.

La estrategia quedó plasmada en un video difundido en redes sociales por el Movimiento Derecho al Futuro. Allí, Kicillof planteó que el espacio “nació para construir una alternativa” al modelo libertario de Javier Milei, pero también la necesidad de avanzar en una fuerza que “trascienda la provincia de Buenos Aires”.

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El objetivo es convocar a un proceso político con alcance federal, con eje en el peronismo y base en la provincia de Buenos Aires, pero sin limitarse al PJ ni al territorio bonaerense. Por eso, desde el 2 de enero, Kicillof encarará una nueva etapa de expansión hacia el interior del país. “Tenemos una base sólida. Ahora, tenemos que construir en otras provincias también”.

Un armado con proyección federal

Si bien desde el primer día hábil de 2026, Kicillof se enfocará prioritariamente en su proyección nacional, ya viene trabajando en eso desde hace meses. En las últimas semanas, hubo varios gestos políticos concretos en ese sentido. Visitó Formosa donde firmó acuerdos de colaboración con el gobernador Gildo Insfrán y destacó el federalismo como condición para el desarrollo. En ese marco, afirmó que, si el Gobierno nacional se retira, los gobernadores deben trabajar en conjunto con una mirada de futuro.

Días antes, había difundido un documento junto a Sergio Ziliotto (La Pampa), Insfrán, Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el vicegobernador Elías Suárez (Santiago del Estero), que reivindica el federalismo como pilar institucional y herramienta para un desarrollo justo.

En redes sociales, el gobernador bonaerense insistió además en que en 2026 seguirá reclamando ante la Justicia por los fondos que la Nación adeuda a la Provincia y marcó diferencias con el ajuste impulsado por la Casa Rosada.

El armado federal es clave para Kicillof, que a lo largo de 2025 se mostró empático con la situación que atraviesan incluso gobernadores de otros espacios políticos. Busca sacarse de encima el estigma kirchenirsta para poder convocar a quienes no se encuentran representados por Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner. Por eso, con frecuencia habla de cambiar la marcha peronista y levantar nuevas banderas.

En el kicillofismo saben que Milei llegó a Balcarce 50 con una propuesta disruptiva que logró quebrar la hegemonía peronista en varios frentes y están convencidos de que es hora de una renovación.

El muro de contención de Kicillof

Junto al MDF y el resto del gabinete provincial, la vicegobernadora Verónica Magario es una de las principales promotoras del armado con proyección nacional de Kicillof.

Durante un acto de cierre de año en La Matanza, Magario planteó que el PJ deber ser la herramienta electoral para impulsar la candidatura presidencial de Kicillof y aseguró que cuenta con una “tropa” dispuesta a recuperar el liderazgo de ese espacio.

“Sé que vamos a ir por la herramienta del Partido Justicialista este 15 de marzo y acá tenés una tropa que te va a bancar para lo que necesites en la provincia”, le dijo a Kicillof ante la militancia del MDF.

Con ese objetivo, también planteó la necesidad de caminar el país desde enero para construir una alternativa nacional. “Lo que tenemos que hacer es caminar. El 2 de enero estaremos caminando de vuelta para construir un proyecto nacional y popular con nuestras banderas” dijo. Reflotó así la idea de nuevas consignas.

La vicegobernadora cerró su discurso con una arenga a la militancia y un desafío a la dirigencia política: “No paremos, levántense como saben, pónganse de pie y caminen como caminamos cada elección. Es hora de reconstruir junto a Axel, que va a ser nuestro candidato y nuestro próximo presidente”.

La pelea por el PJ bonaerense

Ese despliegue nacional convive con una disputa central puertas adentro del peronismo de la Provincia. El MDF busca arrebatarle a Máximo Kirchner la presidencia del PJ bonaerense, y el nombre que impulsa Kicillof para esa tarea es el de Magario.

El objetivo es un alineamiento del partido con el gobernador y su candidatura, y no al revés, como viene sucediendo desde 2021 hasta ahora.

El kicillofismo quiere que el PJ bonaerense sea la base partidaria de la candidatura presidencial de Kicillof. Así lo dejó en claro Andrés Cuervo Larroque: “Siempre abogamos por un PJ en la provincia de Buenos Aires que respalde al gobernador, eso es lo que necesitamos; que sea un respaldo contundente en una etapa muy delicada de la Argentina y donde se abre una etapa de cara al debate nacional que tiene que ver con ponerle un límite a Milei y construir una alternativa hacia 2027″.

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La Cámpora, en cambio, insiste con la continuidad de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense y el hijo de la expresidenta dejó abierta la posibilidad de ir por un nuevo mandato. “Estoy dispuesto a competir”, dijo en los últimos días.

Si no hay acuerdo, podrían encaminarse a una interna abierta, una situación que no se registra desde hace más de dos décadas. La disputa no se limita a lo partidario, sino también a quién ordena liderazgos y proyecciones futuras.

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