POLITICA
Senado: Patricia Bullrich tendrá su dictamen, pero la reforma recién se discutirá en el recinto en febrero
Una negociación de último momento de la jefa del bloque libertarios del Senado, Patricia Bullirch, en la Casa Rosada salvó al Gobierno de que la reforma laboral fracasara en el Senado incluso antes de llegar al recinto.
Ahora, la iniciativa obtuvo dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, pero recién se tratará en el recinto en febrero. Así lo anunció la propia Bullrich ante el plenario de comisiones una vez que se agotó la lista de invitados que, entre ayer y hoy, expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La nueva hoja de ruta del oficialismo en el Senado contempla la postergación para el 10 de febrero de la reforma laboral. En el ínterin hasta esa fecha, según confió Bullrich, se seguirán aceptando propuestas de modificaciones al proyecto para tratar de conseguir el mayor respaldo posible.
En este contexto, el contenido del dictamen pasó a un segundo plano, aunque el texto que obtuvo luz verde en las comisiones contiene algunas modificaciones. pero se espera que se sumen mucho más de acá a febrero.
Lo que obligó a postergar todo fue la polémica sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó el presupuesto 2026 y el oficialismo selló una alianza con el kirchnerismo para nombrar tres miembros de la Auditoria General de la Nación (AGN).
“Se había perdido la confianza”, confió a un legislador al tanto de las frenéticas negociaciones que se dispararon tras la madrugada vivida en la Cámara baja.
La bomba que terminó por detonar todo fueron las declaraciones filtradas desde Casa Rosada de que el Gobierno no estaba de acuerdo con el presupuesto que esta madrugada aprobó la Cámara de Diputados y que pensaba vetarlo si es que el Senado lo convertía en ley.
“¿Para que vamos a aprobar el presupuesto si lo van a vetar? Lo mejor es sancionar el presupuesto y esperar a que lo promulguen; después avanzamos con la reforma laboral. Si lo vetan, no tratamos nada», le dijo a este diario un senador radical, que todavía no salía de su enojo por las amenazas que llegaban del Poder Ejecutivo.
La Cámara baja aprobó el presupuesto 2026 pero sin el capítulo 11, en el que el oficialismo había incluido la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, sancionadas por el Congreso, vetadas por el Poder Ejecutivo e insistidas por el Parlamento.
El acuerdo que terminó por evitar una nueva ruptura de relaciones entre el Gobierno y el Senado se realizó poco después de las 15, en la sede el bloque radical.
Ahí se terminaron de cauterizar las heridas políticas de la oposición dialoguista y se definió la postergación del debate de la reforma laboral hasta febrero, y avanzar con el presupuesto 2026.
Para muchos fue un alivio. Bullrich obtenía el dictamen y evitaba el fracaso de la reforma laboral. La oposición dialoguista, en tanto, evitaba la escena de quedar aprobando una iniciativa compleja en un trámite exprés, con dos días de debate en comisión y su discusión en el recinto una semana después.
El contenido del dictamen es todavía una incógnita. Es que, según revelaron fuentes legislativas a , el texto viene siendo discutido desde ayer en consulta con casi todos los bloques y con la participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y en comunicación con el Ministerio de Economía.
Decidida a cumplir la meta que se fijó, Bullrich condujo esta mañana la segunda jornada de debate del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en la que expusieron representantes de diferentes entidades sectoriales y profesionales sobre varios aspectos de la extensa iniciativa de casi 200 artículos.
Una vez agotada la lista de oradores, la senadora libertaria no se anduvo con rodeos y anunció que la reunión pasaba a cuarto intermedio hasta las 16, para escuchar a los últimos invitados, y “a las 17 reunirnos para debatir y firmar dictamen”.
El debate había comenzado ayer con una extensa jornada de más de 10 horas en la que desfilaron referentes y representantes de cámaras empresariales y patronales, y diferentes centrales sindicales, como la CTA y la CGT.
Durante las exposiciones se escucharon cuestionamientos al proyecto, en su mayoría centrados en el retroceso que implicaría para los derechos laborales de los trabajadores y la eliminación de la ultraactividad de los convenios.
También se plantearon quejas por la derogación de varios regímenes especiales, sancionadas por ley, como el estatuto del periodista, de los viajantes de comercio y de los peluqueros.
Todo indica que muchas de estas cuestiones podrían terminar fuera del proyecto como parte de las concesiones necesarias para que el oficialismo pueda obtener dictamen esta misma tarde.
esta madrugada aprobó la Cámara de Diputados,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Patricia Bullrich,Reforma laboral,Conforme a,,Lavado de dinero. La Justicia congeló todos los bienes de Espert,,El Pro denunció un complot. En sociedad con el kirchnerismo, el Gobierno nombró a tres auditores en la AGN que juraron de madrugada,,Análisis. El interés recaudador y la opulencia del submundo político,Senado de la Nación,,»Entre gallos y medianoche». La CGT fue al Senado y tildó de “inconstitucional” el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno,,“Hacen lo que se les canta las pelotas”. El video del fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado,,Discusión caliente. Por qué el kirchnerismo se opone a la conformación de la comisión de Trabajo
POLITICA
Allanamientos en la AFA: hallaron un contrato de exclusividad con una empresa vinculada a Javier Faroni
La Justicia federal secuestró este martes un contrato clave entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral Javier Faroni, durante allanamientos en la sede de la calle Viamonte y el predio de Ezeiza.
El documento otorgaba a dicha firma la exclusividad para gestionar cobros y pagos de la entidad en el exterior a cambio de una comisión del 30%. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC, en el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares y lavado de activos.
La documentación indica que TourProdEnter LLC funcionaba como agente exclusivo para canalizar los ingresos y egresos de la AFA fuera del país, un esquema que los investigadores analizan para reconstruir la “ruta del dinero”.
La hipótesis fiscal sostiene que fondos institucionales legítimos, como los derivados de derechos de televisación, eran desviados hacia cuentas en Estados Unidos y luego dispersados en sociedades radicadas en Florida. En este entramado, la justicia investiga si se utilizaron prestanombres con “perfiles económicos incompatibles” con los montos administrados para ocultar a los beneficiarios finales.
En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de las sociedades vinculadas. Esta medida permite el acceso a registros bancarios tanto en Argentina como en el exterior para determinar el alcance del circuito financiero asociado a la financiera Sur Finanzas.
Según el dictamen, esta estructura habría concentrado funciones de patrocinio y administración de pagos de diversos clubes, generando una red de difícil trazabilidad donde la AFA cumplía un rol funcional como deudor cedido.
La causa sumó tensión en las últimas horas cuando Javier Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery mientras intentaba abordar un vuelo hacia Uruguay. El empresario no pudo salir del país debido a una restricción vigente dispuesta por el juez Armella.
Durante los operativos, que también incluyeron el domicilio de Faroni en Nordelta, se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación contable para profundizar el análisis de la operatoria comercial entre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y la firma investigada.
Ante el avance judicial, la AFA emitió un comunicado defendiendo la legalidad del vínculo con TourProdEnter LLC, asegurando que el acuerdo “fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones”.
Sin embargo, la Justicia continúa con el peritaje de los contratos y la información bancaria internacional para establecer si el esquema de comisiones y transferencias al exterior constituyó un delito de lavado de activos. El expediente se mantiene abierto y no se descartan nuevas derivaciones de alcance internacional dada la naturaleza de las cuentas involucradas.
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POLITICA
Santa Cruz: cobrarán el 50% del sueldo los jueces nombrados por Vidal y resistidos por el kirchnerismo
EL CALAFATE.- La crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz no tiene fin: los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia nombrados en septiembre pasado a propuesta del gobernador Claudio Vidal nunca cobraron su sueldo por decisión de los jueces afines al kirchnerismo que se oponen a la ampliación de la Corte. Ante este conflicto sin solución, la Cámara de Diputados dispuso que se les abone el 50% de sus salarios hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad sobre la reforma de la ley.
El texto del proyecto aprobado remarca que, al no existir aún cosa juzgada sobre la situación de la ley, corresponde garantizar el pago parcial de los haberes, teniendo en cuenta el carácter alimentario del salario. La norma también prevé dos escenarios futuros: en caso de que la ley sea declarada constitucional -con sentencia firme-, el gasto generado por estos pagos será imputado de manera definitiva al Presupuesto 2026 del Poder Judicial. En caso contrario, si se declara su inconstitucionalidad, el pago se suspenderá automáticamente y el Estado provincial quedará habilitado a recuperar los fondos abonados.
“La verdad que la justicia de la provincia de Santa Cruz no deja de ser un sector más de la política opositora”, afirmó ayer el gobernador Vidal ante la resistencia del Poder Judicial de pagar el sueldo de los vocales nombrados por su gobierno en el tribunal.
En declaraciones a la prensa, Vidal se refirió al reciente pronunciamiento de la Corte Suprema que, ante un planteo de dos de los vocales que no estaban cobrando sus sueldos, declaró nulo lo actuado por la presidenta del cuerpo, Reneé Fernández. “La Corte Suprema de Justicia ya le pegó un tirón de oreja y le respondió rápidamente, ¿no? Creo que todos se dieron cuenta de que hay una decisión firme de que en la provincia de Santa Cruz la Justicia no siga haciendo lo que quiere», afirmó Vidal.
Desde agosto pasado, el Poder Judicial se encuentra en medio de un terremoto político, envuelto en internas palaciegas. Se debe a la resistencia interna a la reforma de la ley -impulsada por el oficialismo provincial- que llevó de cinco a nueve los miembros del TSJ, reforma que fue aprobada por mayoría en la Legislatura con la negativa de los diputados opositores, quienes promovieron, junto al gremio judicial, medidas cautelares que desembocaron en un complejo laberinto jurídico.
Tras la aprobación de la ley, el gobierno de Vidal avanzó con las ternas y la Legislatura aprobó los pliegos de los cuatro nuevos vocales del TSJ. Entre septiembre y octubre juraron en los cargos el exgobernador Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Juan Lucio Ramón De la Vega. Desde un primer momento quedó expuesto el conflicto: cuatro de los cinco vocales se ausentaron a la jura de los nuevos magistrados y el acto solo fue presidido por el entonces Presidente del cuerpo, Daniel Mariani.
Después, esos cuatro vocales removieron a Mariani de la presidencia, ordenaron desconocer todo lo que había hecho él y nombraron en su lugar a Reneé Fernández. Desde entonces, conviven dos tribunales paralelos porque los nuevos miembros no fueron reconocidos como tales y un amparo presentado por el gremio de los empleados judiciales pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley que amplió la Corte.
En este contexto, el TSJ dispuso no pagar los sueldos a los nuevos jueces y los vocales Acevedo y González Nora plantearon un recurso extraordinario federal que fue rechazado con la firma de un solo miembro del cuerpo, la jueza Reneé Fernández. Los afectados se presentaron entonces en queja ante la Corte Suprema de Justicia, quien declaró la nulidad de lo actuado por la jueza Fernández, presidenta del cuerpo.
El mismo día que la Corte declaró inexistente el fallo por haber sido dictado por una sola jueza, el TSJ, con la firma de los vocales afines al kirchnerismo, declaró la inconstitucionalidad de la ley que elevó de cinco a nueve el número de los miembros que componen el máximo tribunal, fallo que fue apelado por la Fiscalía de Estado, el mismo día.
El fallo firmado por Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, Fernández, y la subrogante Romina Saúl, argumenta -entre otros puntos- que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos. La decisión incluye la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluidas la designación y jura de los nuevos vocales, impulsados por el actual gobierno, quienes ya están en funciones desde septiembre.
En este laberinto de fallos y presentaciones judiciales, la Legislatura aprobó por mayoría, en la sesión extraordinaria realizada el pasado 24 de diciembre, un proyecto que habilita el pago del 50 por ciento de los haberes a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia designados. La iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Nieto y autoriza al Ministerio de Economía a liquidar y abonar de manera inmediata la mitad del salario de los cuatro vocales, quienes hasta hoy no percibieron ningún tipo de remuneración.
Ayer, Vidal volvió a cuestionar la calidad al Poder Judicial. “Tiene que otorgar un servicio de justicia como corresponde y realmente ajustándose a lo que marca la Constitución Provincial. Acá, durante años hicieron lo que quisieron. Hoy tienen miedo, tienen terror de perder al último bastión”, afirmó.
Se refirió además al Poder Judicial como “ese bastión que sigue protegiendo al sector político”. Y afirmó: “Convengamos que hubo mucho robo en la provincia de Santa Cruz y que la justicia fue cómplice”.
La diputada Adriana Nieto, uno de los alfiles judiciales del gobierno provincial en la Legislatura, autora del proyecto aprobado por mayoría, calificó a la situación de una “grave anomalía institucional, sin precedente”. Dijo: “Un vocal suspendió y privó de su sueldo a otro vocal. A eso se le sumó que ninguno de los cuatro vocales fueron citados a juicio ni notificados de estas medidas judiciales que los afectaba de manera directa”.
Durante su exposición en el recinto, la diputada Nieto advirtió que se produjo una clara vulneración de derechos. Indicó que se trata de personas que renunciaron a sus trabajos anteriores para asumir en el Tribunal Superior de Justicia y que, desde entonces, se encuentran sin ingresos. Los cargos a los que renunciaron los cuatro vocales para asumir al máximo tribunal fueron: una banca de diputado nacional, un juzgado de primera instancia, una secretaría en el juzgado federal y una banca en la fiscalía de Estado.
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POLITICA
El peronismo dejó atrás un año de quiebres internos y se asoma a la discusión por un cambio de ciclo
El peronismo cerró un año cargado de batallas intensas y dañinas. Peleas intestinas, interminables y, en muchos casos, inútiles. Acusaciones permanentes, reproches incesantes y futurología negativa. Para adelante no hay nada bueno si no es en unidad, dicen algunos. Para adelante lo bueno solo vendrá si se dividen las aguas, dicen otros.
El pasado reciente del peronismo, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, está atado al futuro inmediato. Porque las diferencias se mantienen en el tiempo y la discusión de fondo sobre si se debe quebrar o no el esquema político, permanecen vigente en el medio del fuego cruzado.
El año terminó con Cristina Kirchner internada y despojada de su conducción política a través de las redes sociales y con Axel Kicillof haciendo carretear su proyecto nacional para que el despegue se concrete en febrero, cuando avance, con mayor velocidad, el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país.
El 2025 finalizó también con el interbloque de senadores peronista inmerso en una cacería de brujas luego de que la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada votaran el Presupuesto 2026, alineado a los pedidos de los gobernadores a los que responden: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Ambos son socios importantes de la Casa Rosada y rivales internos del kirchnerismo.
La tensión creciente que hay en el interbloque de la Cámara alta puede terminar en una fractura durante el primer semestre del año que comenzó hoy. No es la primera vez que el kirchnerismo pone en el foco de la represalia a estos tres senadores. Fueron los mismos que acompañaron la sanción del RIGI, en un apartado de la ley Bases, y generaron una avanzada K decidida, furiosa y viral, contra la decisión.
Los gobernadores de Catamarca y Tucumán están completamente desalineados del esquema principal del peronismo. Los filo peronistas como el salteño Gustavo Sáenz o el misionero Hugo Passalaqua, juegan su propio juego hace tiempo y transformaron sus estructuras políticas en partidos provinciales que contienen a un sector del PJ. El armado federal del peronismo está desvencijado.
Los pocos mandatarios que quedaron dentro de Fuerza Patria se unificaron en una mesa política que obtuvo visibilidad, un par de semanas atrás, en la casa de La Pampa en Buenos Aires. En ese encuentro estuvieron una veintena de legisladores que les responden, y no fueron invitados aquellos alineados a Máximo y Cristina Kirchner.
Durante esa reunión hubo un acuerdo común para que ese bloque empiece a pesar más en el armado político del peronismo y, especialmente, para que tenga influencia directa en la prioridad de los temas que impulsan los bloques parlamentarios en las dos cámaras del Congreso. Se sienten relegados y están cansados de la forma de conducción del cristinismo.
Son los mismos mandatarios los que van a intentar ganar protagonismo durante este año que arranca. Ellos, que saben con exactitud como funciona el poder en el peronismo, advierten que el 2026 es determinante para fundar un proyecto político nacional que sea competitivo a mitad del 2027, cuando Javier Milei quiera revalidar su mandato. A partir de hoy empezó a correr el reloj de arena.
Además, al mismo tiempo, cada uno debe empezar a empujar, con decisión, la discusión interna en sus provincias para ver quiénes van a ser sus sucesores. Es el caso del pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella, el formoseño Gildo Insfrán y Axel Kicillof, que tiene por delante el desafío de constituir su proyecto presidencial y sumar poder en su voz, para abrirle el camino a un nombre propio que lo reemplace y sea parte de su esquema político.
El que más suena en estos tiempos difusos del PJ es el nombre de Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura, que se convirtió en un negociador todoterreno al que en el kicillofismo le valoran “jugar bien” en las múltiples batallas internas que enfrentaron en La Plata contra el cristinismo. Del otro lado del mostrador aparecen nombres como el de Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro o Mayra Mendoza.
En esa lista, y también en la que tiene nombres presidenciables, está Sergio Massa. El ex ministro de Economía es uno articulador permanente de las voluntades del peronismo. Tanto a nivel provincial como nacional. Y está siempre presente en las ternas donde se compite por los votos. En su intimidad siempre suele poner paños de agua fría a cualquier especulación, pero su apellido suele estar atado a muchas hipótesis futuras que hay en Fuerza Patria.
El peronismo cerró un año donde el liderazgo de Cristina Kirchner quedó muy golpeado. No solo por su condena en la causa Vialidad, la que le impide ser candidata en las elecciones, y su detención en San José 111, sino también por el avanzado desgaste de un ciclo político, con ella a la cabeza, que empieza a cerrarse. Así lo piensan en la mayor parte de la fuerza política, salvo en el camporismo, donde intentarán sostener su imagen, su figura espiritual y su poder auténtico hasta donde les dé la nafta.
Casi por un acto reflejo, CFK intentará este año conservar el poder que le queda. Su centralidad, su influencia (aún muy importante) en los dos bloques legislativos del Congreso, y su capacidad de condicionar armados provinciales en las negociaciones que atraviesan los límites federales. Y, sobre todo, su figura inmaculada para un sector del electorado bonaerense.
Hay una aceptación mayoritaria en el peronismo del interior respecto al lugar que debe ocupar la ex presidenta. La propuesta nacional y popular que surja es con ella adentro, concentrada en el conurbano bonaerense y sin capitanear el barco. Es con ella pero con limitaciones. Ya no tiene el poder necesario para imponer condiciones. Y la política es, ante todo, muy cruel, cuando el poder se escapa entre los dedos.
El peronismo afronta un cambio de ciclo innegable. En el año que arrancó este jueves empezará a visibilizarse esa modificación que primero es abstracta y después termina siendo concreta. No es un capricho de la política, es un reclamo de las mayorías. Que, en definitiva, son las que marcan el pulso de las elecciones. Las que ponen los votos en las urnas y las que tuercen el rumbo de las imposiciones de la dirigencia.
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