POLITICA
Los límites con los que se choca el imperio libertario
El 3 de diciembre Javier Milei habló con la energía desbordante que suele aplicar cuando defiende sus principios: “Los que me están pidiendo que compre reservas me están pidiendo que arruine la vida a los argentinos”. Sonaba irreductible: “Si el Banco Central compra dólares sube la inflación”. Denunció a los “oráculos de Delfos” que falsean datos para forzar una devaluación y dio argumentos técnicos para explicar por qué su programa cambiario se mantendría sin modificaciones. Doce días después hizo exactamente lo contrario.
El anuncio de un plan de acumulación de reservas internacionales y el ajuste por inflación de las bandas cambiarias fue la consecuencia de un primer gran límite con el que se topó Milei después del triunfo electoral del 26 de octubre. Resulta, además, una prueba más de su proverbial pragmatismo. Una cosa es la manifiesta vocación de “acelerar” y otra no frenar cuando enfrente aparece una pared.
Milei y el ministro Luis Caputo se resignaron a ajustar el plan después de la decepcionante colocación de deuda de la semana anterior, a una tasa del 9,2%. El mercado no les creyó. En línea con el reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), desbarató la tesis presidencial de que podía pagar los vencimientos de 2026 con nuevo endeudamiento y que, por eso, no necesitaba atesorar reservas en el Banco Central. El amigo Donald Trump no apareció esta vez a ayudarlo. “El viaje monetario del señor Milei no ha terminado”, sintetizó la noticia el semanario liberal The Economist.
Un segundo límite se materializó unas horas después en el Congreso. La sensación de que no queda nadie en pie en la oposición llevó a La Libertad Avanza (LLA) a empujar una agenda reformista de alta intensidad sin el más mínimo debate.
Aplicó la estrategia de oro del kirchnerismo en sus años dulces: el látigo y la caja. Se propuso aprobar el presupuesto 2026 en tiempo récord y para eso abrió la billetera de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para convencer a gobernadores amigables y castigar a los díscolos. De repartir 0 pesos en noviembre, en la primera quincena de diciembre giró $66.500 millones a provincias con ganas de aliarse. El envión le sirvió para sacar ventaja en el reparto de comisiones y saltarse unos cuantos procedimientos. Las urnas validan. Lo hacen todos.
Con un espíritu de “ahora o nunca”, Milei ordenó incluir en el presupuesto la derogación de las leyes de financiamiento a las universidades y a las políticas de discapacidad. Casi una venganza: le iba a hacer pagar a “la casta” la herejía de haberle impuesto esos proyectos en medio del año electoral.
La jugada requería que muchos diputados cercanos –radicales, del Pro o de gobernadores peronistas- pusieran la cara para voltear este miércoles dos leyes que militaron, votaron e insistieron cuando Milei las vetó hace apenas tres meses.
Para evitar traiciones, el Gobierno propuso que la votación particular del proyecto fuera por capítulos y no por artículos. Las derogaciones fueron a parar a un conjunto de artículos en el que había de todo: desde ventajas financieras para la Ciudad de Buenos Aires hasta un refuerzo de partidas al Poder Judicial y la continuidad de la emergencia pediátrica. Los diputados tendrían que avalar o rechazar el paquete completo.
El sueño de la escribanía libertaria se desvaneció en la madrugada. El capítulo completo fue rechazado por una mayoría. No le alcanzó al Gobierno con la pirueta de ocho diputados a los que sus gobernadores les pidieron avalar la eliminación de las leyes que habían apoyado no una sino dos veces este mismo año.
Ahora en el proyecto de presupuesto aprobado no salen las cuentas. Milei bramó cuando se enteró de lo que había quedado en pie: “Así no cierra el superávit fiscal”.
El Presidente venía de deleitarse durante más de tres horas en el streaming del propagandista Daniel Parisini, el Gordo Dan. Habló de fútbol, de música y de economía. Retomó entre las risas y aprobaciones de sus fans el tono de guerra que venía reprimiendo desde los días difíciles de la campaña electoral.
Es una reacción habitual en él cuando los obstáculos de la realidad aparecen en su camino. Vuelve el agitador. Como si su instinto le indicara que llegó la hora de cantar los viejos rocanroles de “la casta”, “los ensobrados”, “la motosierra” y “los zurdos sucios”. La batalla cultural, dijo, es un imperativo para alcanzar el objetivo de “un ciclo liberal de 100 años”. El enemigo socialista acecha, aquí, allá y en todos lados, advirtió. Por eso su lucha es global.
Contó la anécdota de que su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le había avisado que la Gendarmería estaba usando los carros hidrantes contra la gente que fue a protestar al Congreso contra el presupuesto. “Estamos bañando gente, le dije. No saben lo que es trabajar, tampoco bañarse”, relató, entre carcajadas.
Trató a los periodistas de “corruptos cómplices de las aberraciones de la política”. El 90% miente y conspira contra su gobierno, afirmó.
Estaba vestido con uno de los 14 mamelucos de YPF que dice tener. “Me los mandaron de regalo. Son dos para cada día”, explicó y agradeció la generosidad de una empresa cuyo 51% pertenece al maldito Estado. El disfraz de playero de estación de servicio hace juego con el discurso rebelde que pretende revivir.
El Gordo Dan tuvo la cortesía de no preguntarle por las reservas y el giro en la política cambiaria. Ni siquiera cuando Milei se puso a criticar a su despreciado John Maynard Keynes porque “solía cambiar de opinión muy rápidamente”.
Al salir del show, pasada la medianoche del jueves, Milei constató su exceso de confianza. El éxito electoral operó como un imán para diputados y senadores de otros partidos ansiosos de vivir bajo el sol del poder de turno. Pero es un espejismo. LLA sigue siendo una minoría que necesita de otros para que sus reformas prosperen.
La tentación de subirse el precio es la inclinación natural de los posibles aliados de un gobierno que propugna una oposición atomizada y negocia a billetera abierta. Casi fracasa la sesión por falta de quórum. Al filo del papelón, los diputados de Provincias Unidas, críticos del Gobierno, se sentaron para habilitar el debate.
De madrugada, el oficialismo coronó una sesión fundacional en la Cámara de Diputados con un acuerdo inesperado. A escondidas de sus aliados incondicionales del Pro y la UCR, propuso aprobar la designación de tres integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN): uno para LLA, otro para el kirchnerismo y un tercero en representación de los gobernadores peronistas que bancaron el presupuesto. Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, explotó. Denunció un acto inconstitucional y le apuntó al presidente de la Cámara, Martín Menem, por desleal. Tenían la promesa de que un puesto iba a ser para ellos (el candidato era el exministro Jorge Triaca). En el recinto quedaron los libertarios y los kirchneristas para votar en una cándida transversalidad. No metieron un juez de la Corte porque es facultad del Senado. Una pena.
A la coreografía de reparto de cargos a cambio de votos solo le faltaba Axel Kicillof aplaudiendo desde la tribuna a aquellos que se habían rasgado las vestiduras la semana previa por las manualidades trasnochadas de la Legislatura bonaerense.
Milei no ve un contrasentido. Su norma es: contra “la casta” hay que combatir con las armas del enemigo. El problema es cuando entre los heridos quedan sus aliados habituales.
De Diputados salió aprobada la ley de inocencia fiscal, todo un homenaje al nuevo jefe de la Agencia Recaudatoria, Andrés Vázquez, investigado por no haber declarado la propiedad de departamentos que compró en Miami. Pero el oficialismo prefirió no tratar otra reforma ambiciosa que pide Milei: el Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
La oposición amagó con poner otra pared. El proyecto prohíbe el déficit y castiga con penas de prisión a funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados. Busca instaurar un marco legal que cancele cualquier visión económica alternativa a la suya. “Esto es un absurdo jurídico”, le hicieron saber diputados de todos los bloques aliados. Lograron demorar la discusión sin caer en una votación de arremetida en plena madrugada.
Milei rezonga ante los impedimentos a la transformación liberal que consideró validada en las elecciones. Patricia Bullrich se propuso complacerlo con un debate exprés de la reforma laboral de 197 artículos que no incluyó una negociación seria con los sindicatos ni con las centrales empresariales. A su juicio, el consenso está dado porque las líneas centrales del proyecto se conversaron en el Consejo de Mayo, un órgano cuyos miembros eligió el propio Milei según sus simpatías. Los primeros aprestos en el Senado casi terminan a las manos.
La CGT se vio empujada a marchar. La decisión libertaria de apurar las votaciones en el período navideño apuntaba a evitar un límite adicional: el de la calle. El primer intento de resistencia sindical resultó tibio.
Los senadores prometen darle apoyo a la reforma laboral, pero en el Gobierno crece el temor de otro triunfo pírrico con una ley recortada en artículos esenciales. El trámite irá finalmente a otro ritmo.
La incógnita que se proyecta sobre el 2026 es qué capacidad tendrá Milei para encauzar un oficialismo operativo, ahora que sus bloques crecieron y que sus rivales parecen desgajarse irremediablemente.
¿Volverá el Gobierno a la dinámica de las leyes aprobadas por los pelos o a los vetos para corregir las derrotas que no pueda resolver con el diálogo? Si empezó así en plena la luna de miel del triunfo electoral, ¿qué pasará si el ajuste en el programa cambiario deriva –como pronosticaba el propio Milei- en una suba de la inflación?
Acaso el “mejor gobierno de la historia” deba resignarse a que el partido hay que jugarlo incluso cuando la cancha parece vacía. El ansia imperial es incompatible con las fastidiosas manías del sistema republicano.
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POLITICA
Error bancario en Diputados: depositaron casi $700 mil de más a los empleados y deberán devolverlo
Un insólito error bancario generó sorpresa y confusión entre los empleados de la Cámara de Diputados durante las últimas horas del año. Casi la totalidad del personal del cuerpo legislativo recibió en sus cuentas sueldo un depósito adicional que, en muchos casos, rondó los $700 mil. La acreditación, que no había sido informada previamente, despertó especulaciones sobre un posible bono de fin de año, aunque rápidamente fue desmentida por las autoridades.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, el dinero fue transferido por equivocación por el Banco Nación, entidad encargada de procesar los pagos de los haberes del personal legislativo. El monto figuró bajo el concepto “rendición en pesos” y alcanzó cifras exactas de hasta $699.177,82, lo que llevó a numerosos trabajadores a consultar en sus áreas administrativas sobre el origen del dinero.
Ante la multiplicación de consultas y mensajes internos, la conducción de la Cámara difundió una comunicación oficial dirigida a todo el personal. En el mensaje se aclaró que la acreditación correspondía a un error bancario y se pidió expresamente que el dinero no fuera utilizado, ya que será descontado de las cuentas el próximo viernes mediante un ajuste automático.
“El depósito no corresponde a ningún adicional, bono ni compensación. Se trató de una equivocación del banco y será revertido”, indicaron desde el área administrativa, al tiempo que solicitaron a los empleados que reenviaran el aviso para evitar confusiones o gastos involuntarios.
El episodio ocurrió apenas días después de que los trabajadores legislativos cobraran un bono de fin de año junto con el aguinaldo, cuyos montos oscilaron entre los $150 mil y los $300 mil, según la categoría. Además, como sucede habitualmente por el cierre del mes, los haberes de enero ya habían sido depositados por adelantado, lo que contribuyó a la confusión inicial.
Desde distintos bloques confirmaron que el error no alcanzó a los diputados nacionales, ya que las dietas se liquidan a través de un circuito administrativo distinto. No obstante, algunos empleados aseguraron haber recibido montos acreditados en dólares, con cifras que variaron entre los USD 6 y los USD 290, un dato que también está siendo revisado por el banco.
El tema rápidamente se viralizó en los grupos internos de WhatsApp del Congreso. “Fuimos felices por un rato”, admitió con ironía un trabajador del cuerpo, reflejando el clima que se vivió durante las primeras horas posteriores a la acreditación.
La situación también generó repercusiones políticas. El diputado socialista Esteban Paulón ironizó sobre el episodio en redes sociales y vinculó el error con la implementación de medidas económicas recientes. Mientras tanto, desde la Cámara aseguraron que el descuento se realizará de manera automática y que no habrá consecuencias para los empleados que no hayan utilizado el dinero.
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POLITICA
La CGT afronta un 2026 de alto riesgo por la reforma laboral: qué artículos buscará modificar del proyecto oficial
Para la CGT, 2025 fue un año complicado, en el que estrenó una nueva conducción, pero se enfrentó al viejo dilema de qué hacer ante un gobierno de signo político adverso que volvió a ganar las elecciones y que, para colmo, avanza otra vez con una reforma laboral.
¿Podrá salir airosa en 2026 de semejante desafío esta flamante conducción cegetista? Hay un predominio de dirigentes con vocación de diálogo, pero el desafío que afronta la central obrera en el nuevo año será de alto riesgo y marcará a fuego su gestión, tanto si logra frenar el proyecto oficial como si fracasa en el intento.
Los líderes cegetistas aún confían en que el sector político del Gobierno logre que se reabran las negociaciones para introducir modificaciones en el proyecto, que ya tiene dictamen en el Senado y que se comenzará a debatir a partir del 10 de febrero.
La versión final de la reforma laboral, a la que se llegó luego de fuertes tironeos internos en la Casa Rosada, incluyó algunas concesiones a la CGT, pero no tantas como esperaban los sindicalistas. Por eso, aun en medio de la expectativa de que haya cambios, la cúpula cegetista intentó descomprimir las tensiones con una movilización a la Plaza de Mayo, que no fue tan masiva como se esperaba, y amaga con un nuevo paro general.
El escenario quedó congelado hasta mediados de enero, cuando, según se estima, las dos partes retomarán sus contactos con los gobernadores y bloques legislativos para influir en el tratamiento de la reforma laboral: el Gobierno confía en que, como sucedió con la sanción del Presupuesto 2026, tendrá los votos suficientes para convertir en ley los cambios laborales, mientras que la central obrera reforzará su presión para tratar de modificar el proyecto o frustrar el debate legislativo.
Los puntos centrales que quiere cambiar la CGT en la reforma laboral del Gobierno son los siguientes:
1) Modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación, con la idea de que quede lo más parecido posible a la ley vigente, donde se incluye también a las cuotas solidarias, ahora excluidas expresamente del proyecto que está en el Senado.
2) Liberar las cuotas solidarias. Si bien el artículo que jaqueaba esos aportes se eliminó por pedido de la CGT, quedó otro que condiciona su pago; es el mencionado anteriormente, ya que se quitó la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de “otros aportes” y, además, hay otro artículo que limita la ultraactividad de los convenios y obliga a los gremios a pactar año tras año las cuotas solidarias, clave para el financiamiento del poder sindical. El proyecto de reforma laboral, además, le pone un tope del 20% a las retenciones que pueden hacerse a los salarios, algo que también afecta la cuota sindical y la solidaria. A su vez, expresa que la cuota solidaria sólo podría ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.
3) Suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga. Funcionarios dialoguistas propusieron quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%), pero el ala dura, con Federico Sturzenegger a la cabeza, se resiste a cualquier variante. Como sea, la CGT cree que ese artículo es el primero que podría ser impugnado por la Justicia porque ya está judicializado: también formaba parte del DNU 70 y del decreto 340, normas que se frenaron por sendos fallos de la justicia laboral.
4) Uno de los puntos más urticantes del proyecto oficial es el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones, y a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, sin aumentar su costo laboral pero desfinanciando las jubilaciones y trasladando el costo al Estado. Se calcula que el sistema jubilatorio tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Ahora, el Ministerio de Economía volvió a analizar el tema para que ese artículo de la reforma laboral no tenga, como se prevé, un destino de amplio rechazo legislativo.
5) La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión del proyecto un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas.
6) Aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto fija la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar para que en la negociación colectiva siga predominando el tradicional unicato sindical.
7) Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, como anticipó Infobae, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. Así como está, advirtió, “es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para los trabajadores».
Durante los últimos dos años, el productor teatral Javier Faroni quedó involucrado en una compleja trama financiera internacional que conecta fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la adquisición y el sostenimiento del club Perugia Calcio, que actualmente compite en la Serie C del fútbol italiano.
Según documentación bancaria y societaria a la que accedió el periodista Hugo Alconada Mon, el empresario canalizó al menos US$6,2 millones desde cuentas que recibían ingresos asociados a la AFA hacia distintas sociedades que forman parte del entramado empresario que tomó el control del club europeo en 2024.
El principal flujo de dinero se originó en una cuenta radicada en el Bank of America, a nombre de TourProdEnter LLC, una firma vinculada al círculo familiar de Faroni. Desde allí se realizaron al menos 25 transferencias entre enero y septiembre de 2025 hacia Sports Next Gen Ltd, una sociedad con sede en el Reino Unido que integra el grupo propietario del Perugia. El monto total transferido por esa vía superó los US$5,7 millones.
Los fondos fueron enviados a cuentas abiertas en entidades financieras como Revolut, en el Reino Unido, y AfrAsia Bank, en Islas Mauricio, una jurisdicción considerada de baja tributación. A ese esquema se sumaron además dos transferencias adicionales por US$250.000 cada una, giradas en octubre de 2023 hacia Beagle Capital Management LLC, otra de las firmas que figuran como accionistas del club italiano.
Las transferencias de TourProdenter a Sports NextGen entre enero y septiembre de 2025.
La existencia de estas sociedades como controlantes del Perugia quedó oficialmente reconocida por la Federación Italiana de Fútbol, que en septiembre de 2025 sancionó al club y a dos de sus directivos —entre ellos Faroni— por irregularidades administrativas vinculadas a la presentación tardía de documentación financiera exigida por el organismo.
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El entramado societario se completa con firmas registradas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, algunas de las cuales no registran empleados ni actividad operativa visible. Parte de esa información fue reconstruida a partir de órdenes judiciales emitidas por tribunales estadounidenses, que obligaron a bancos internacionales a entregar datos confidenciales sobre movimientos de dinero.
Más allá de la compra del Perugia, los registros también reflejan que desde esas mismas cuentas se financiaron gastos vinculados a bienes de alto valor, como aeronaves privadas, inmuebles, embarcaciones y consumos de lujo. En paralelo, surgieron transferencias hacia sociedades y personas vinculadas al entorno dirigencial del fútbol argentino.
La Justicia citó a Javier Faroni y avanza en la investigación por los fondos de la AFA
La revelación de estas operaciones reavivó interrogantes sobre el circuito de fondos generados por derechos de televisación, sponsoreo y partidos amistosos de la Selección argentina, así como sobre los mecanismos de control interno en la administración de esos recursos.
Mientras tanto, el Perugia atraviesa una etapa deportiva compleja y lucha por mantenerse en la tercera categoría del fútbol italiano. La llegada del grupo inversor encabezado por Faroni había generado expectativas entre los hinchas, aunque las sanciones y la difusión de estas maniobras financieras volvieron a colocar al club en el centro de la polémica.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas revelaciones sobre el destino y el origen de los fondos involucrados.
La entrada Javier Faroni usó US$6,2 millones de la AFA para comprar el club Perugia se publicó primero en Nexofin.
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