Durante la jornada de hoy, la última del año, el juicio de los cuadernos de las coimas superará las 60 horas de audiencia sin haber terminado aún la primera etapa del proceso, previa al debate oral.

Recién en febrero comenzará la verdadera acción, ya que las defensas, encabezada por la de la expresidenta Cristina Kirchner, lanzarán una avalancha de nulidades con la que pretenden acabar con el juicio, que todavía no empezó.

Esta mañana, en el inicio de la audiencia, el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, le pidió al tribunal que extienda los 45 minutos asignados a cada una de las partes para exponer esos planteos. ”No vamos a utilizar una audiencia [completa] pero sí necesitaríamos unas horas», anticipó el letrado.

A su planteo se adhirieron otras defensas, como la del exministro Julio de Vido. ”El tiempo de 45 minutos es realmente exiguo e insignificante en comparación con lo que ha sido la lectura de los requerimientos de elevación», agregó Gabriel Palmeiro, en alusión a las 12 audiencias celebradas hasta aquí, consagradas a repasar en voz alta más de 1800 páginas de documentación, casi en su totalidad.

Es que el debate oral todavía no comenzó. En parte, por la magnitud del caso (con 87 imputados y más de 300 hechos, es el más grande en materia de corrupción de la historia argentina), pero también por las decisiones que tomó el Tribunal Oral Federal 7.

Una de ellas fue optar por leer casi de principio a fin los requerimientos de elevación a juicio de cada una de las seis causas que componen el caso. Tanto los del fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, como los de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa.

Esto extendió la primera etapa del proceso, pero también expuso, con gran nivel de detalle y de manera pública, los principales aspectos de la presunta maniobra de recaudación ilegal que habrían liderado, cada uno a su tiempo, Néstor y Cristina Kirchner.

Las precisiones en las anotaciones del chofer Oscar Centeno y los detalles vivos que aportaron los protagonistas arrepentidos con sus testimonios dieron una idea acabada del mecanismo que está siendo juzgado.

La lectura exhaustiva de esos requerimientos de elevación, de hecho, generó malestar entre algunos de los acusados. Le atribuyen a ese repaso la intención de volver a colocar bajo la luz pública declaraciones viejas como hechos novedosos. Creen que lo natural hubiera sido dar por sabidos esos documentos o leer solo un resumen de las acusaciones.

Las decisiones de los jueces del tribunal tampoco conformaron a algunos de sus superiores en la Cámara de Casación, quienes, preocupados por todo lo que pueda demorar el juicio, pretendían que se avanzara a un ritmo de tres audiencias semanales y que incluso se celebraran audiencias durante la feria judicial de enero, algo que finalmente no ocurrirá.

El proceso se pondrá en pausa durante el primer mes del año y recién en febrero se podrá comprobar si los arrepentidos del caso mantendrán en el debate público lo dicho en sus acuerdos de colaboración con la fiscalía.

Pero incluso antes de que el tribunal abra formalmente el debate oral habrá lugar para nuevas o viejas objeciones, en la instancia de las llamadas cuestiones preliminares.

Se sabe que 29 de los acusados harán planteos de nulidad, buscando que caiga el juicio. La primera será la defensa de Cristina Kirchner. Sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, ya se encuentran trabajando en eso.

Se descuenta que algunos empresarios -acusados de pagar coimas a funcionarios del kirchnerismo- intentarán reanimar viejas objeciones, algunas relacionadas con el modo en que el fiscal Stornelli tomó las declaraciones a los arrepentidos.

El tribunal oral informó que cada uno de los abogados tendrá 45 minutos para hablar y ordenó un cronograma de cinco audiencias (martes y jueves) para que expongan seis abogados por jornada, excepto la última, en la que hablarán cuatro.

Esa etapa se extenderá desde el 3 de febrero al 24 de febrero, sin audiencia el jueves 19 de febrero, a pesar de que no es feriado de carnaval.

Quizás también se escuchen protestas contra la decisión del tribunal de no aplicar la figura de la “reparación integral”, el instrumento del que echaron mano muchos empresarios para intentar eludir el juicio, ofreciendo más de 13 millones de dólares.

Presencia y virtualidad

Durante la última audiencia, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, ratificó el esquema mixto elegido al inicio del proceso: las jornadas seguirán de modo virtual, a excepción de las indagatorias, que serán presenciales.

Todavía es una incógnita dónde se llevarán a cabo esas jornadas y quiénes deberán estar presentes, además de los indagados. Méndez Signori y sus colegas Germán Castelli y Fernando Canero aún aguardan una respuesta de la Corte Suprema a su pedido para utilizar, en el tramo presencial, el Salón de los Derechos Humanos, ubicado en la planta baja del Palacio de Tribunales, donde el TOF tiene su sede y sus instalaciones.

El máximo tribunal también dejó trascender su preocupación por la marcha del caso y la modalidad virtual y en el Poder Judicial muchos entienden que ese formato le resta entidad al proceso. De hecho, en estos dos meses se vieron imágenes insólitas: empresarios escuchando el juicio desde su cama o exfuncionarios con el torso desnudo.

La Casación, en tanto, puso a disposición del tribunal la nueva sala AMIA, en Comodoro Py 2002, que ha sido remodelada de cara a la postergada implementación del sistema acusatorio. Cuenta ahora con un aforo de casi 200 personas sentadas.

El tribunal, que tiene sede en el Palacio de Tribunales, no ve con buenos ojos ese ofrecimiento, aunque fuentes judiciales no descartan que pueda emplearse primero una sala y luego la otra.

La audiencia de hoy está dedicada a la lectura del requerimiento de la última de las causas, conocida como Corredores Viales. Se trata del tramo de la investigación centrado en el sistema de recaudación ilegal vinculado al funcionamiento del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) entre los años 2003 y 2007.

Entre los diez acusados, se encuentran su exdirector arrepentido, Claudio Uberti, el exministro Julio de Vido y un puñado de empresarios.

La Cámara Federal de La Plata resolvió que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena es quien debe investigar una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue del camarista Jorge Di Lorenzo que resolvió una disputa de competencia entre Villena y el otro juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que actúa como subrogante.

Hasta ahora, Villena y Armella, que tenía una denuncia anterior donde se mencionaba a Sur Finanzas, venían trabajando en paralelo.

El asunto se planteó porque cuando entró la denuncia de ARCA, la fiscal Cecilia Incardona hizo una presentación para que se investigue y la envió a sorteo.

Salió sorteado Villena, pero la fiscal luego entendió que hubo un error y que la denuncia de ARCA era conexa con una causa anterior que ella misma llevaba con el juez Armella. Por eso, hizo un planteo para que Villena deje el caso.

La razón que esgrimió fue que en el juzgado de Armella ya se investigaba una denuncia de lavado de dinero con algunos de los mismos imputados; entre ellos, Vallejo y el Club Banfield. Así se lo hizo saber a Villena por oficio y le pidió que se desprendiera de la causa.

Villena reaccionó y dijo que le correspondía a él la competencia. Afirmó que le querían sustraer la causa y denunció incluso a Incardona ante el Procurador General de la Nación.

La investigación de las maniobras en torno a Sur Finanzas aparece en el centro de las controversias sobre las operaciones financieras de la AFA.

Incardona, tras impulsar el caso contra Vallejo por supuesta evasión, sostuvo que había una evidente conexidad objetiva y subjetiva con otra causa del juzgado federal 2. Por eso, pidió que el caso fuera reasignado. Pero el fallo de este martes de la Cámara dijo que esas conexidades no están hasta ahora demostradas.

El camarista Di Lorenzo también rechazó la hipótesis de que hubo un “error” en el sorteo. En su fallo de este martes, afirmó: “Dado que la fiscal ha calificado en más de una oportunidad de ‘errónea’ la asignación ‘de la presente causa, mediante bolillero, al Juzgado’ N° 1 a cargo del Juez Villena, poniendo eventualmente en duda, de ese modo, la corrección del sorteo efectuado por esta cámara, es preciso aclarar que no ha existido error alguno».

Di Lorenzo añadió: “Cualquier procedimiento de adjudicación diverso habría significado un incumplimiento de las funciones de esa oficina, pues las cuestiones de conexidad subjetiva y objetiva dependen de pronunciamientos jurisdiccionales”.

La fiscalía, en su requerimiento, sostuvo como hipótesis que pudo haber existido evasión tributaria y lavado de activos. Entre los sospechosos están el Club Atlético Banfield Asociación Civil y Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa.

Pero estas mismas personas están investigadas en otra causa en el juzgado federal de Armella por presunto delito de lavado de activos. Para la fiscal estaba a la vista la conexidad.

Ahora, ambos jueces avanzan en paralelo. Y Armella, a instancias de la fiscal Incardona y del fiscal Diego Velazco (de la procuraduría especializada en lavado de dinero), sumaron a la causa de Vallejo las evidencias sobre las actividades de la empresa que designó la AFA para manejar sus recursos en Estados Unidos, comandada por Javier Faroni.

Por esas evidencias, que reveló una investigación de , es que hoy el juez Armella allanó la AFA y la casa de Faroni, en Nordelta, con su yate amarrado a su marina particular.

Así, por ahora, la causa con la denuncia de ARCA contra Vallejo quedará en el juzgado de Villena, con la actuación de Incardona, y el resto en el de Armella, con intervención de la misma fiscal.