CÓRDOBA.- Las referencias y críticas Martín Llaryora a la oposición cordobesa hace una semana, en la apertura del año legislativo, con el libertario Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo sentados en el recinto, significó el inicio anticipado de la campaña electoral en la provincia mediterránea. Y ahora, la polémica se retomó con la compra de drones para el área de seguridad provincial.

El freno que, en el Tribunal de Cuentas, el juecismo le puso a la compra de los drones fue el hecho que provocó el quiebre. El peronismo cordobés está en minoría en el organismo de control y hace unos diez días la oposición observó la licitación lanzada para la compra de estas unidades por US$7 millones.

Llaryora dijo que “hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses” y el senador Juez le respondió por sus redes sociales: “No se equivoque, señor gobernador, lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida”. La ganadora fue una empresa cordobesa.

En medio de esos cruces, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros (un exjuecista), presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público Fiscal investigue si existió una extralimitación funcional y una posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública por parte de los tribunos juecistas. Cuestionó las acusaciones, incluso de carácter personal, que hicieron sobre la operación. “Todo tiene un límite”, dijo.

Después de la presentación, el fiscal Tomás Casas ordenó un allanamiento del tribunal, donde las autoridades se negaron a entregar la documentación solicitada. El presidente del organismo, Beltrán Corvalán, aseguró que ese material ya no está en el lugar y que debe pedírselo un juez.

Los cruces entre el juecismo y el oficialismo cordobés son habituales hace años. El senador, aliado de La Libertad Avanza (LLA) y con un monobloque en la Cámara alta, mantiene sus aspiraciones a ser candidato a gobernador. Con la foto actual pareciera dificultoso que vaya a tener la bendición del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, la armadora nacional de los libertarios.

El año pasado, cuando Córdoba eligió diputados nacionales, Juez estaba dispuesto a renunciar a su banca en el Senado para integrar la lista de LLA. Los Milei no consideraron esa posibilidad y se inclinaron por una lista conformada por nombres prácticamente desconocidos por la ciudadanía, que se impuso por casi 15 puntos a la del peronismo local, liderada por el exgobernador Juan Schiaretti.

Tampoco el radical De Loredo logró ser cabeza de la lista libertaria. Decidió ir por la UCR, pero renunció a participar después de que, en la Justicia electoral, perdió frente a Ramón Mestre que logró ir con el sello.

A su vez, Bornoroni mantiene una excelente relación con Karina Milei y Martín Menem, y aparece hoy como el candidato natural a gobernador de LLA. Después de la apertura de sesiones y de las críticas y anuncios de Llaryora, dijo que está “intentando parecerse al Gobierno nacional, pero cuando tenés la posibilidad de votar al original, los cordobeses la tienen clara: no votamos copias baratas”.

El jefe de la bancada libertaria en Diputados compartió escena con De Loredo, Juez y Gonzalo Roca. No solo se mostraron juntos, sino que coincidieron en sus opiniones sobre el discurso de Llaryora. Esa es la estrategia que mantendrán hasta que llegue el momento de las definiciones.

En una entrevista con La Voz, Llaryora apuntó también a ese aspecto a la hora de hablar del radicalismo: “Quieren quedar bien con Milei… están haciendo mérito solamente para ver si Milei los elige. Milei elige libertarios puros y por más mérito que quieran hacer no llegan a nada”.

Esta provincia es una de las que más veces visitó el presidente Milei, no solo en la campaña legislativa, sino que fue sede de una Derecha Fest y también la elegida para iniciar su tour de la gratitud. El mes pasado, además, estuvo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en lo que fue su bautismo en fiestas populares no organizadas por LLA.

Un grupo de obispos que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas de la Iglesia católica rechazaron mediante un duro documento la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron al Gobierno que “no resuelve el problema”, sino que “lo profundiza”.

Señalaron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico, y en cambio pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel.

Reconocieron que es necesaria una reforma para adecuar las normas a los compromisos internacionales en defensa de los menores de edad, pero señalaron que “el debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático”.

Dijeron que una propuesta normativa “debe surgir del compromiso con la realidad y la responsabilidad pública, no del oportunismo electoral ni de la manipulación del legítimo malestar social”.

Bajo el título “Cuando el oportunismo reemplaza al realismo”, mencionaron: “Constatamos que el oportunismo político prescinde incluso de los datos empíricos disponibles y, a partir de hechos particulares, instala un discurso de soluciones aparentes e ilusorias”.

La carta abierta está firmada por Cáritas Nacional, que preside monseñor Gustavo Carrara; la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, que preside el obispo de Azul, monseñor Hugo Salaberry, e integra el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida.

Está dirigida a los legisladores que debaten un proyecto del Gobierno para cambiar la ley penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años.

Las organizaciones eclesiásticas rechazaron el proyecto para bajar la edad de imputabilidad; lo consideraron una medida regresiva que “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo desplaza y lo endurece”.

Criticaron que el debate actual se esté dando en un clima político donde “predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático” y señalaron que esta reforma ”surge del “oportunismo electoral” y la manipulación del malestar ciudadano, en lugar de buscar soluciones a los problemas estructurales de los sectores más vulnerables.

Los religiosos cuestionaron la capacidad del Estado para implementar una reforma de este tipo y alertaron sobre la creciente desfinanciación en materia social.

Indicaron que es ilusorio pensar que el sistema penitenciario actual pueda garantizar la reinserción de niños y adolescentes. En cambio, alertan que el encarcelamiento temprano suele aumentar los niveles de reincidencia y violencia, en lugar de disminuirlos.

Contra la consigna de “delito de adulto, pena de adulto”, la Iglesia opuso argumentos científicos y estadísticos. Por un lado, afirmó que “el cerebro adolescente está en desarrollo y no tiene la misma capacidad de control de impulsos que un adulto, lo que cuestiona la idoneidad de bajar la edad penal”.

Por otro lado, mencionaron que países con una edad de imputabilidad de 12 años, como Ecuador, Honduras y Brasil, tienen tasas de homicidio drásticamente más altas (entre 23 y 45 cada 100.000 habitantes) que Argentina, que tiene un índice de 3,8 cada 100.000 habitantes, mientras mantiene la edad en 16 años.

“El ingreso temprano al sistema penal no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, sentenciaron. Y recordaron que “nuestro país, con la edad de imputabilidad más elevada, es uno de los menos violentos de la región”.

Recordaron que hay una baja incidencia en la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en delitos. Así están presentes en el 0,42% de los procesos penales y, mayoritariamente, en delitos contra la propiedad, no homicidios.

El texto advierte que el proyecto de ley que discute el Congreso presenta “serios cuestionamientos de constitucionalidad” al contradecir tratados internacionales de derechos humanos y el principio de no regresividad.

Denunciaron que la ley permitiría tratar a niños como punibles sin garantizar un debido proceso especializado, habilitando incluso su alojamiento en dependencias de fuerzas de seguridad.

Lejos de proponer “no hacer nada”, la Iglesia sugirió un abordaje diferente que incluya que los menores de 16 años sean atendidos por juzgados de Familia y el Sistema de Protección de Derechos, no por el sistema penal.

Pidieron “urgentemente” recursos para el tratamiento de las adicciones, al señalar que el consumo de sustancias comienza en muchos casos a los 9 o 10 años.

Defendieron la puesta en práctica de una justicia restaurativa, para los mayores de 16 años, con modelos que involucren a víctimas, victimarios y la comunidad, en la reparación del daño, lo que demostró reducir la reincidencia casi a cero.

Los obispos hicieron un llamado a la sociedad para no caer en la “cultura del descarte” y advirtieron que bajar la edad de imputabilidad instala la idea de que los niños son peligrosos, cuando en realidad son víctimas del abandono estatal y el narcotráfico.

“Urge abandonar el falso dilema entre hacer algo o no hacer nada. Lo que se impone es hacer lo correcto”, concluyó el texto, que cita al Papa Francisco sobre la necesidad de ofrecer privilegios de inclusión a los niños en lugar de castigos penales.