POLITICA
Guillermo Moreno lanzó su candidatura presidencial para 2027 pese a la inhabilitación de la Corte
El dirigente de Principios y Valores (PyV) y referente del peronismo, Guillermo Moreno, confirmó que su decisión de competir en las elecciones presidenciales de 2027, a pesar de que está inhabilitado por la Corte Suprema para ejercer cargos como funcionario público.
“No es temprano para lanzar mi candidatura, es necesario”, dijo, al ser consulado sobre su apuesta nacional. Lo anticipó hoy en diálogo con Delta 90.3, donde argumentó que su postulación contribuye a “emparejar la cancha” en la interna del peronismo donde, según anticipó, habrá otros candidatos con posturas estratégicas contrapuestas, entre ellos, la del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que definió como “pro chino”.
Sin embargo, el exsecretario de Comercio Interior, que resolvió aliarse con Fuerza Patria en las últimas elecciones, deberá sortear antes una traba judicial. En octubre, la Corte Suprema dejó firme dos condenas contra Guillermo Moreno, con penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso, además de enfrentar la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Moreno está decidido a dar la discusión sobre los alcances de la medida, con el objetivo de transformarlo en un caso que siente precedentes doctrinarios. “La condena es por inhabilitación perpetua para ser funcionario público. Un funcionario público es un policía, o un ministro. Lo que está en discusión son los que fueron electos por la voluntad popular”, precisó, en conversación telefónica con Infobae.
“No está claro que un Presidente sea un funcionario público, el Presidente es un representante del pueblo. El funcionario siempre está a la manda de algunos de los tres poderes. Una cosa son los cargos electivos, y otros son los cargos por designación. Los cargos electos por el pueblo son tema de debate”, amplió.
La primera sentencia por la que quedó inhabilitado Moreno se originó por la causa de la asamblea de accionistas de Papel Prensa, celebrada el 12 de agosto de 2010, donde el entonces secretario irrumpió con guantes de boxeo y casco de sparring, en representación de las acciones del Estado nacional. Los jueces interpretaron que su comportamiento fue amenazante y que forzó la suspensión de la votación. Por estos hechos, el Tribunal Oral Federal 8 lo condenó por amenazas coactivas.
La segunda condena, dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal 7 y ratificada en 2019, está vinculada al uso de fondos públicos para financiar artículos promocionales con consignas hostiles contra el Grupo Clarín, como la frase “Clarín miente”, difundidos entre 2011 y 2013 desde la Secretaría de Comercio. El tribunal acreditó el delito de peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva.
Ambas sentencias habían sido recurridas, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos.
Como estrategia para pelear su candidatura, Moreno citó como un precedente el caso del presidente Donald Trump, quien fue declarado culpable por falsificación de documentos para silenciar una relación con la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels, previa a las elecciones de 2016. Aquella sentencia no le impidió ser habilitado como candidato y ganar las elecciones en Estados Unidos. “Trump fue declarado culpable en juicio, y no le dieron la condena porque fue electo presidente”, subrayó. “Esto lo va a definir la Justicia electoral, y vamos a ser extremadamente respetuosos de lo que diga la Justicia”, remarcó.
Sin embargo, Moreno reconoce que su situación es similar a la de la expresidenta Cristina Kirchner, que quedó detenida e inhabilitada de manera permanente por el caso “Vialidad”. Ese fallo ya le impidió a ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por la Tercera Sección Electoral en las elecciones del 7 de septiembre. “Se abre el debate doctrinario, el derecho a ser elegido debe ser resuelto por la Justicia. Hay que ver si es constitucional. Lo va a resolver el fuero que corresponde y veremos hasta qué instancia llega”, insistió en conversación con este medio.
La discusión sobre el alineamiento con Estados Unidos o China
Moreno es una de las voces que, dentro del peronismo, apoya que el próximo candidato presidencial de 2027 debe tener, como política exterior, un alineamiento con Washington. Según su interpretación, está dada de la oportunidad para recuperar las Islas Malvinas y desarrollar una geopolítica continental de desarrollo industrial, con el respaldo norteamericano.
“Lo relevante de la discusión política es que habrá diversos candidatos. Hay un candidato que tiene un sesgo prochino, que es Kicillof. El alineamiento de Argentina tiene que ser la definición del general Perón de ‘América para los americanos’. Si ‘América es para los americanos’, que sea de los que viven en América. Los ingleses se tienen que ir de Canadá y de Malvinas, y los daneses de Groenlandia», expresó, en sintonía con el reclamo de Trump con relación a otras regiones en disputa de soberanía.
“Es una buena oportunidad para recuperar la presencia del Atlántico Sur para que se vayan los ingleses. Además, se terminaría el acuerdo estratégico entre chilenos y británicos, que es por la Patagonia argentina. Ese debate es el debate central dentro del peronismo”, esbozó, y completó: “Basta de manufactura china, porque está destruyendo nuestra industria y nuestro trabajo”.
Para Moreno, la alternativa opositora del peronismo es avanzar en una “reindustrialización y acumular capital en el sector manufacturero”. “Eso es lo que tiene que decir la política económica. No es frenar a Milei, es decir: “Muchachos, vamos a trabajar”. Así pagamos la deuda, hacemos lo que hay que hacer y recuperamos densidad en el Atlántico Sur. Ahí está nuestro interés nacional. Todo esto conforma un proyecto de país. Pensar que vas a ganar las elecciones peleándote con la superpotencia, con Putin o sin respetar al Papa, es un disparate», remarcó.
Moreno señaló que este debate representa una “discusión muy profunda en el peronismo” y advirtió sobre la necesidad de convocar al electorado que no acompañó en las últimas elecciones. Y atribuyó que la política exterior es central para capturar al sector que dejó de apoyar al peronismo. “Si no, no vas a poder convocar a ese 8% que falta, que va para los dos lados. Cristina en 2011 sacó 55% de los votos y ahora sacamos 43%. Cristina hizo una cuenta de 35%, pero le faltó incluir a Schiaretti, por ejemplo, a los votos del peronismo en Salta, Tucumán, Mendoza, los del Frente Renovador de Misiones. Depende cómo lo mires”, ejemplificó.
El exsecretario de Comercio, que ganó presencia mediática y en las redes sociales en los últimos años, concluyó sobre cuál debe ser el eje de campaña de 2027: “El antagonismo va a ser libertarios o peronismo. Tenemos que definir bien la consigna. Y la consigna es que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo”.
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Tras las indagatorias, la causa contra «Chiqui» Tapia por evasión entra en etapa de definiciones y su situación podría complicarse
La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social entró en una etapa decisiva. Concluidas las rondas de indagatorias y presentados los escritos de defensa, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal del máximo dirigente del fútbol argentino.
A partir de ahora, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para definir si dicta el procesamiento de Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas en esta instancia del expediente. Según pudo saber TN, las pruebas complican la situación del mandamás de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino y el magistrado se inclinaría por procesarlos. La duda que persiste es si mantendrá la prohibición de que viajen al exterior.
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Tapia fue indagado en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos. La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino no pagó en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales durante un período que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Según lo establecido en la normativa vigente, el delito se configura cuando se vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza. En este caso, ese plazo es de 30 días desde que debieron efectuarse los aportes.
La investigación también determinó que durante ese período la AFA constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.
El planteo de la defensa de Tapia
Durante las indagatorias, los imputados presentaron escritos en los que argumentaron que no hubo incumplimiento. Según sostuvieron, existía una disposición de ARCA que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, afirmaron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento.
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Además, la AFA sostuvo que la deuda ya fue regularizada. También señaló que hasta mitad de este año se mantienen vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales, por lo que —según su postura— la deuda no podía exigirse.
En ese contexto, desde la entidad argumentaron que existe una persecución. Señalaron que la denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei se presentó en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
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El escrito presentado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, insistió en esa línea defensiva. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó. En el mismo documento agregó que “está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Tanto Tapia como Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. La decisión ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Los argumentos de ARCA
Del otro lado, el organismo recaudador ARCA sostiene que existió una apropiación indebida de tributos. Según su planteo, la AFA actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en tiempo oportuno.
La acusación sostiene que la conducta se repitió durante 19 meses consecutivos, desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. En total, ese período implicaría 69 hechos delictivos que concurren entre sí.
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Para ARCA, el delito se perfecciona cuando no se deposita el dinero retenido dentro del plazo de 30 días corridos. Además, remarcan que esos fondos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero que correspondía a los contribuyentes a los que se les había practicado la retención.
En su presentación también señalaron que la entidad tenía capacidad para realizar esos pagos. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.
Chiqui Tapia, Claudio Tapia, ARCA, AFA
POLITICA
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
Organización de las audiencias públicas y desafíos logísticos
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
Estrategias de los actores políticos y sociales frente a la reforma
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.
Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
Contexto y repercusiones de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.
Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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