Tras las agitadas sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei entre el 10 de diciembre y ayer -inclusive-, el Congreso ya se prepara para el receso y aguarda un nuevo llamado, en principio, para febrero. Para el 1 de marzo quedará la apertura del período ordinario, a cargo del jefe de Estado, y un lote de candidaturas sensibles que deberá tratar el Congreso -la mayoría deben ser enviadas por el Ejecutivo y analizadas sólo por el Senado-, donde la gran incógnita es con quién negociará el Gobierno: la oposición dialoguista o el kirchnerismo.

A las dos butacas de la Corte Suprema de Justicia -hubo un fallido intento de la Casa Rosada el corriente año- se suman el procurador general -jefe de fiscales-, centenares de pliegos judiciales, y los Defensores del Pueblo y del Niño, entre otros. En el último caso, la postulante fue aprobada por Diputados y resta el aval de la Cámara alta. Se trata de María Paz Bertero, quien trabaja en Buenos Aires, y está relacionada con la gestión de Axel Kicillof y con el exjefe del PJ bonaerense Máximo Kirchner.

Bertero llegó al final del concurso gracias a un acuerdo del cristinismo/peronismo con la Unión Cívica Radical (UCR) y la otrora macrista María Sotolano, que para ese momento ya había sido electa en las elecciones provinciales -que desdobló Kicillof- en la lista que encabezó, por la Libertad Avanza, el excomisario Maximiliano Bondarenko. Esto ocurrió hace un puñado de meses, nada más.

A cambio de las gestiones que llevó, como presidenta de la bicameral, la entonces diputada radical Natalia Sarapura soñó con ser entronizada como Defensora del Pueblo. Hablamos de estructuras siempre codiciadas para hacer política. Y picardías. Incluso, a pesar los hachazos al gasto público de la administración libertaria. No ocurrió. Además, otros candidatos del centenario partido tuvieron una exposición muy por encima de la jujeña. Los mejores muchísimas veces no llegan, en reiteradas ocasiones, con el Congreso y el Ejecutivo metidos en la trifulca.

Más conocido es el caso de la Corte Suprema, con un sinfín de aparentes ventanas de negociación que no existieron. Y los votos nunca estuvieron. La Casa Rosada aceleró a fondo y se encontró con una muralla opositora, que hierve de furia por la demora de Balcarce 50 para mandar centenares de pliegos judiciales.

En junio pasado, previo a aterrizar en el recinto del Senado, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos informó que había 330 espacios sin ocupar. Es decir, casi un tercio (31,25%) del total. En la Justicia nacional de la Capital Federal, el exfuncionario indicó 178 vacantes de 571; en la federal de la Capital Federal, 46 de 159; y en la federal del interior del país, 106 de 326.

Dos meses más tarde, algunos dialoguistas que integraban la comisión de Acuerdos de la Cámara alta alertaron: “Existen un total de 337 vacantes actualmente distribuidas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura. Específicamente, 184 de estas vacantes se encuentran ya elevadas al Poder Ejecutivo Nacional y 153 se encuentran en trámite dentro del Consejo de la Magistratura”.

“De las 153 en trámite, 138 corresponden a concursos ordinarios y 15 a concursos anticipados. A su vez, de aquellos en trámite, 136 son para tribunales habilitados y 17 para tribunales no habilitados. En múltiples anuncios el Gobierno Nacional ha declarado que remitiría prontamente al Senado de la Nación los pliegos en cuestión. Por ello la comisión de Acuerdos se ha mantenido atenta a ese envío con el fin de actuar con la mayor celeridad y responsabilidad en la tarea, entendiendo la urgencia y delicadeza que el tema conlleva”, agregaron los legisladores hace casi cuatro meses.

Otras pujas cercanas de definición apuntan a la Auditoría General de la Nación (AGN). En Diputados, los libertarios pactaron con el cristinismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en contra del PRO y la UCR. Se repartieron tres lugares. Perdieron los fervorosos defensores del “consenso” y la “rosca”, que preparaban el desembarco de Emilio Monzó. Resta saber qué hará el Senado.

Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajará en enero hacia Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información sobre la investigación a la AFA.

El funcionario se reunirá con las autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), un organismo norteamericano que se especializa en el control de los delitos financieros. Su objetivo es detectar y prevenir el lavado de dinero.

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El intercambio de información entre la UIF y el FinCEN se da porque existe un convenio de colaboración entre ambos, para que puedan acceder y requerir información sobre inteligencia financiera relacionada con los presuntos delitos en la Argentina y Estados Unidos. El acuerdo también permite la posibilidad de que los propios organismos entreguen de manera repentina datos sobre maniobras de lavado de dinero y otros crímenes financieros.

La decisión de la UIF de reunirse con las autoridades norteamericanas se tomó tras las sospechas sobre TourProdEnter, que es administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni.

La casa de Faroni fue allanada este martes por la Policía, en medio de la investigación por la empresa vinculada a él que involucra presuntos desvíos de fondos hacia Estados Unidos. Además de la futura visita de Starc, la Justicia -el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella-, ya pidió información a cuatro bancos de EE.UU. sobre diversos movimientos financieros.

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En ese sentido, la Justicia investiga si el contrato de exclusividad que TourProdEnter mantiene con la AFA le permite recaudar fondos de los contratos hechos por la Asociación de Fútbol en el exterior.

El detalle de los contratos que encontró la Justicia

Starc viajará en los primeros días de enero a Washington, luego de que la Justicia haya encontrado los contratos entre la AFA y la empresa relacionada con Faroni.

El empresario se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó en el exterior durante los últimos cuatro años. La participación quedó establecida en contratos firmados por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia y alcanzó a los acuerdos internacionales vinculados tanto a la AFA como a la Selección argentina.

Pero el esquema fue más amplio. Además de ese porcentaje sobre los ingresos, Faroni también percibió el 10% de todas las salidas de dinero asociadas a tareas de “logística” incluidas en los contratos que intervino para la AFA desde 2021. Se trata de gastos operativos que formaron parte de los convenios comerciales firmados por la entidad de la calle Viamonte.

La documentación lleva las firmas de Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol. El acuerdo fue rubricado el 9 de diciembre de 2021, apenas un día después de que Erica Gillette, esposa de Faroni, presentara una oferta de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El contrato, tal como quedó redactado, le otorgó a TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva de la Asociación del Fútbol Argentino en todo el mundo, con la única excepción del territorio argentino. El acuerdo la habilitó a promover, en nombre de la entidad, la firma de convenios vinculados al uso de marcas, emblemas, imágenes y otros derechos comerciales de la AFA.

Además, la empresa quedó autorizada a intervenir en la organización y concertación de distintos eventos deportivos y comerciales relacionados con la AFA y sus selecciones nacionales, como parte del esquema de explotación de los activos de la entidad en el exterior.

AFA, UIF, Estados Unidos

El Gobierno Nacional planea tomar medidas para resolver la deuda que la provincia de Buenos Aires mantiene con cinco hospitales de responsabilidad compartida, los denominados SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad). Así lo reconoció esta mañana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue consultado por Infobae luego de que minutos antes hiciera mención de los fondos pendientes que la Provincia debe en diversos centros hospitalarios.

En la introducción de su conferencia de prensa, Adorni marcó que en los últimos años la Gobernación de Axel Kicillof no envió fondos obligatorios para el mantenimiento de cinco SAMIC por un total de $ 507.064 millones. Esta cifra se desglosa en deudas que serían:

• $ 328.432 millones para el Hospital El Cruce
• $ 82.237 millones para el Hospital Cuenca Alta
• $ 45.722 millones para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría
• $ 42.297 millones para el Hospital René Favaloro
• $ 8375 millones para el Hospital Presidente Néstor Kirchner

“Su Presupuesto es de 34 billones de pesos. Y, a pesar de ser gestión compartida, hoy están totalmente financiados por el Estado nacional”. En ese sentido, el jefe de Gabinete repudió que el gobierno bonaerense haya realizado “gastos en cajas navideñas y en políticas de género”. “Sería bueno que siempre se le dé prioridad a la salud de los bonaerenses”, aseveró.

En conferencia de prensa, Infobae consultó al respecto a posibles cursos de acción ante el panorama descrito por Nación. Desde el 2024 que las autoridades sanitarias marcan la situación de los nosocomios de gestión mixta, aunque sin acciones concretas para resolver el problema.

En los últimos meses, hubo funcionarios que mencionaron la intención de traspasar de Nación a la esfera de la Provincia alguno de estos centros. Aunque habría habido conversaciones por uno de ellos, las gestiones no prosperaron.

En la consulta hecha por Infobae fueron mencionadas diferentes opciones: la de judicializar esta situación, la de desprenderse de su manejo o resolver la deuda a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (el cual resuelve deudas que Nación mantiene con distritos subnacionales y viceversa).

“Están sobre la mesa todas las alternativas, incluso algunas que no fueron nombradas, que probablemente sea el curso a seguir”, respondió Adorni.

Importantes fuentes del sector de la salud marcaron a Infobae que el Gobierno realizó consultas con jugadores de peso del rubro para “mantener los hospitales públicos nacionales con gestión privada”. “Están trabajando en eso”, marcaron.

Un funcionario de altísimo peso dentro de la mesa política presidencial aseguró a Infobae que la medida sigue en proceso de depuración y que “se estaban evaluando todas las opciones”.

A mitad de año, el Gobierno publicó el Decreto 460/2025 que deja sin efecto la facultad del Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC y disponer la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales. En esa normativa, el Ejecutivo marcó que se debe ir “fortaleciendo la descentralización hacia las jurisdicciones provinciales” y que hay pruebas de “la ineficacia de los entes interjurisdiccionales para garantizar una distribución equitativa de los recursos y responsabilidades”.

El Gobierno reconoce que habrá una medida concreta en cuestión de semanas. “Es muy probable que en enero vayamos a tener novedades”, apuntan fuentes al tanto de los avances.

En su respuesta en vivo, el jefe de Gabinete marcó que lo que se pretende “es que los bonaerenses tengan participación de su Gobierno provincial y que afronte los gastos de salud”. “El Gobierno nacional no está dispuesto a que un bonaerense no se pueda atender. Es por eso es que el Gobierno nacional solventa el 100% de los gastos compartidos. Es algo que está mal”, agregó.

Desde la provincia de Buenos Aires desconocen la cifra que comunicó hoy el vocero presidencial. “Nosotros no tenemos ese número y no sabemos como la construyeron”, afirman, agregando que la disposición al diálogo que existe de parte de la Casa Rosada y del Ministerio de Salud de la Nación es prácticamente nulo.

“No hay articulación ni tienen voluntad de resolver los problemas. Hay una voluntad de prepotear. Es una de las tantas amenazas que venimos recibiendo en los últimos dos años. Nosotros tenemos aproximadamente 100 hospitales a cargo y mucho del funcionamiento de los mismos fue motorizado por esta administración”, explican.

Esto marcaría la pauta de que cualquier medida implementada en el corto plazo por Nación no habría sido extensamente conversada con sus pares bonaerenses. “Si quieren hacer alguna modificación tienen que pasar primero por el Congreso. Si lo quieren cerrar que le pongan llave porque son hospitales principalmente nacionales. Pero cualquier cambio lo tienen que hacer por el Congreso y para eso necesitan otra ley”, afirman.

Los SAMIC se rigen hoy día bajo la Ley 17.102 de Salud Pública, la cual crearon los ”Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad» (SAMIC), unidades hospitalarias que se integrarían al sistema público.

Los hospitales englobados en el SAMIC tienen una participación mayoritaria del Estado Nacional y una minoritaria de las provincias (solo en tres casos hay municipios involucrados -en El Calafate, el Favaloro y el Néstor Kirchner-).

En líneas generales, El Estado Nacional tiene una responsabilidad financiera con los hospitales de entre 80 y 70 por ciento. En años anteriores el aporte nacional era menor. En 2017 se acordó que la CABA dejaría de cubrir el 50% de los gastos del Garrahan y pasaría al 20%. Otro caso es el del Hospital El Cruce, que Nación se elevó las transferencias de 70 a 80 por ciento en 2022.