POLITICA
Declaran inconstitucional el DNU de Javier Milei que decidió que el Poder Ejecutivo administre los bienes decomisados de la corrupción
La Cámara Federal en lo Penal Económico declaró nulo, de nulidad absoluta, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que se reservaba para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en la causas judiciales de corrupción.
Así, el tribunal respaldó a la Corte Suprema de Justicia, que había dictado una norma en la que se reservaba la facultad de registrar y administrar los bienes decomisados en las causas federales.
Esta pelea se dio en coincidencia con las decisiones de los tribunales orales que condenaron a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez por la causa Vialidad y la Ruta del dinero K, de rematar sus bienes por una suma de más de 640 millones de dólares.
La Cámara en lo Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, anuló el DNU 575/2025 dictado por el Ministerio de Justicia, que buscaba cambiar el sistema de administración de los bienes y dinero secuestrados en causas penales federales y cuya aplicación fue suspendida por un juez en lo contencioso administrativo.
La Cámara sostuvo que el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias y no se demostró que el Congreso estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre el tema.
“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, enfatizó el tribunal citando el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional.
“Ninguna de las circunstancias que se invocaron por los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia N°575/2025 resultaban de surgimiento repentino y/o sorpresivo”. Tampoco, se agregó, se demostró “una situación de crisis o de gravedad que sólo podría conjurarse mediante un cambio inmediato en la normativa vigente”.
El tribunal cuestionó la “razones tan genéricas” invocadas en la supuesta urgencia y añadió: “La Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio” de un decreto.
La Cámara también señaló que la Corte Suprema ya había dictado el 15 de julio de 2025 la Acordada 22/2025, que regulaba precisamente la administración de estos bienes, lo que –para la Cámara– desvirtúa la idea de un vacío legal que justificara un DNU urgente.
Tampoco podía justificarse en la necesidad de contar con recursos para la implementación del Código Procesal Penal Federal, ya que su aplicación ya rige en varias provincias y hay un cronograma previsto para las jurisdicciones que faltan. Ni ampararse en las obligaciones asumidas, como Estado, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En octubre pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) y dispuso la suspensión cautelar del DNU 575/2025, que fue dictado en agosto y aprobó el “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”.
Además, creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, como órgano de supervisión, evaluación y toma de decisiones al respecto.
El fallo de la Cámara en lo Penal Económico, que dictó la nulidad del DNU el jueves pasado, se registró en una causa en donde se decide el destino del dinero secuestrado en un caso por lavado de dinero contra Guillermo Greppi, el financista relacionado con el exsubsecretario general de la Presidencia kirchnerista Carlos Liuzzi, uno de los hombres de confianza de Carlos Zannini –secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo y luego Procurador del Tesoro–.
El nombre de Greppi salió a la luz en 2014, cuando, en medio de un allanamiento ordenado por el entonces juez Norberto Oyarbide, quien insólitamente frenó el procedimiento judicial tras recibió una llamada de Liuzzi.
Dos años después, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart ordeno allanamientos en la financista de la mutual Propyme y secuestró millones de dólares y pesos en efectivo que estaban escondidos en un baño y un placard.
Lo cierto es cierto es que, en esa causa, se discute ahora el destino del dinero secuestrado.
El juez de primera instancia aplicó el DNU 575/2025 para ordenar que las sumas de dinero secuestradas en 2016 en la casa de Greppi (procesado por lavado de activos) fueran puestas a disposición del Ministerio de Justicia de la Nación.
Eso implicaba que los bienes fueran a manos del Estado Nacional. Pero ante un recurso de la defensa, el juez analizó entonces el decreto y declaró su inconstitucionalidad. El Estado Nacional y la Fiscalía apelaron. Pero la Cámara en lo Penal Económico ratificó la inconstitucionalidad del DNU.
En un fallo de casi 30 páginas, los camaristas Hornos y Robiglio reafirmaron el deber de los jueces examinar la validez de los DNU.
Y aunque el juez de primera instancia también había dicho que el DNU era inconstitucional por legislar en materia penal (prohibido por la Constitución), la Cámara consideró que no era necesario profundizar en ese punto, ya que la falta de “necesidad y urgencia” era suficiente para anularlo. Fue una respuesta a los abogados del propio Estado Nacional que buscaban que se declarar la nulidad de la resolución que había declarado la inconstitucionalidad del DNU.
El fallo destacó que en “la propia Constitución Nacional se establece la pena con que se conmina a los decretos de necesidad y urgencia que fuesen dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en casos que no son los previstos excepcionalmente por su art. 99, inc. 3.”
“El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025 fue dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del año en curso (confr. art. 63 de la Constitución Nacional), y ni por los fundamentos de aquella disposición, ni por los recursos de apelación presentados por los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Estado Nacional, se hizo referencia a la existencia de impedimentos de índole material y/o jurídico que, en aquel momento, imposibilitaran que los integrantes del Poder Legislativo se reunieran a sesionar”, advirtió el tribunal.
Además, el fallo afirmó que “si lo pretendido era ‘implementar en forma inmediata un régimen [nuevo] de administración de bienes provenientes del delito…’, aquella inmediatez difícilmente podría haberse logrado mediante la presentación –por parte del Poder Ejecutivo Nacional– de un proyecto de ley y el sometimiento de aquella iniciativa al trámite ordinario establecido por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.
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POLITICA
Los gremios le advirtieron al Gobierno que miles de monotributistas podrían perder su cobertura médica
El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac), Carlos Pérez, se reunieron ayer con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para advertirle sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de obras sociales debido al desfasaje entre los aportes que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones médicas.
Si bien el encuentro fue de Cavalieri y Pérez con el ministro, los dos dirigentes gremiales llevaron al debate la preocupación de todos los miembros de la CGT que administran obras sociales.
Según el informe que elevaron Cavalieri y Pérez al ministro Lugones, mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto —y asciende a entre $160.000 y $170.000 en el caso de adultos mayores—, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales.
El informe indica que con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica; además una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000. Esto sin contemplar procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas.
“El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”, planteó Cavalieri, el líder mercantil de casi 90 años y que está hace 40 años al frente del sindicato más numeroso del país.
Tras la reunión, Cavalieri explicó que al ministro de Salud le acercaron algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributista.
En tanto, Pérez sostuvo: “Desde Osecac queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema”.
“Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de Osecac. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales. Por eso creemos que este tema debe debatirse con responsabilidad. El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina”, explicó Cavalieri en un comunicado.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena aseguró que Cristina Kirchner rechaza el indulto presidencial, pero subrayó la necesidad de aplicarlo para reparar lo que considera una persecución judicial.
En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el funcionario bonaerense remarcó: “Si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina”. De todos modos, aclaró que la ex mandataria no pretende ese beneficio: “Ella no quiere ningún indulto, eso lo puedo asegurar. Lo hemos discutido 12 veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere un perdón”.
En el mismo sentido, el Ministro de Justica de la PBA insistió en que la situación judicial de Cristina Kirchner responde a un entramado de persecución política y mediática, y cuestionó que “la justicia se transforme en un show mediático (…) Lo grave es que para llevar adelante estas causas se llevaron puesta la Constitución Nacional entera y todas las leyes de nuestro país”.
Según Mena, la gravedad del caso no se limita al impacto mediático: “Si con una motivación política vos podés cargarte todos los derechos y garantías constitucionales que se crearon para proteger a los ciudadanos del abuso del poder, me parece que lo grave es eso”.
Al referirse al desarrollo de la causa Cuadernos, el ministro explicó: “Vamos a tener no menos de dos años de juicio. Hay una pericia que por unanimidad dijo que esos supuestos cuadernos tienen más de 1.500 enmiendas, tachaduras y correcciones, que hay más de cuatro manos distintas a las de Centeno escribiendo”. Para Mena, el expediente judicial se convirtió en “un mamarracho jurídico que tuvo un solo, un exclusivo fin político”.
El impacto institucional y la autocrítica del peronismo
El funcionario bonaerense expuso que el funcionamiento actual del Poder Judicial afecta no solo a dirigentes políticos, sino también a la ciudadanía: “Imaginate que si esto pasa con una ex presidenta, ¿qué pasa con el resto de los ciudadanos? Andá a pelear un caso en la justicia de familia de este país, dejás la vida”.
El ministro reconoció las falencias durante la gestión del peronismo y la imposibilidad de modificar el sistema judicial: “Yo fui el secretario de Justicia de ese gobierno que fracasó. Así que la primera autocrítica es la propia. Tratando de cambiar este estado de cosas, no solo no cambiamos nada, se agravó”.
Durante la extensa entrevista, Mena insistió en la diferencia entre el deseo personal de la ex presidenta y lo que considera una necesidad institucional: “Cristina no quiere ningún indulto, eso te lo puedo asegurar. Lo hemos discutido doce veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere que se le perdone el delito”.
Al ser consultado sobre si cree que el indulto es una herramienta válida, Mena respondió: “No tengo dudas. Sí, claro. Yo no tengo duda que si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina. Incluso en contra de lo que ella opine”.
Finalmente, el funcionario subrayó que “la lucha contra la corrupción se convirtió en una persecución política en la que engañan a la ciudadanía que tiene todo el derecho de querer justicia. Generan todo lo contrario. En los casos concretos generan impunidad absoluta”.
Mena vinculó la crisis judicial con la inseguridad en la provincia
Frente a las preguntas sobre los recientes casos de violencia en la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena advirtió que “todas las críticas que le caben al funcionamiento de la justicia respecto a lo que hablábamos del juzgamiento de la política, el someterse a presiones indebidas de otros poderes, también caben en materia de seguridad”. Para el ministro, el mismo sistema judicial cuestionado por su desempeño en causas de corrupción tiene impacto directo en la vida cotidiana de los bonaerenses.
El funcionario fue concreto al describir el efecto de la ineficiencia judicial sobre la seguridad: “Es la misma justicia la que tiene que procesar. Obviamente, llega tarde porque el delito ya se cometió. Acá el enfoque principal, el esfuerzo estatal, debería estar puesto en la prevención y en que no se den las condiciones para que los delitos sucedan”.
Mena destacó la dimensión estructural del problema: “Cuando los delitos ya sucedieron, llega la justicia, que llega tarde, pero que es una pata importantísima a la hora de resolver un caso. Sobre todo para satisfacer los derechos de la víctima, la justicia es fundamental. Porque una justicia que es permeable a las corporaciones, permeable al poder económico, es una justicia que falla también a la hora de resolver los casos de inseguridad cotidianos”.
El titular de la cartera de Justicia bonaerense señaló la magnitud del desafío en el conurbano: “Nosotros lo repetimos siempre: para que la droga llegue a la provincia de Buenos Aires, al conurbano, recorre 1.800 kilómetros. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, no se produce droga. Se vende, se distribuye. Entonces, si recorre desde la frontera y atraviesa todo el país, hay toda una cadena de funcionarios, no solo políticos, de fuerzas de seguridad y también judiciales, que fallaron”.
En ese sentido, Mena remarcó que la independencia judicial no solo es clave para casos resonantes sino también “para el combate del delito: necesitamos una justicia independiente realmente, no solo del poder político, sino del poder económico, del poder mediático, de todos los poderes concentrados”.
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Los ministerios de Salud y Economía eliminaron las restricciones vigentes para la obtención de patentes farmacéuticas mediante una norma publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El Gobierno sostuvo que la decisión apunta a alinear el sistema local con los estándares internacionales. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en su cuenta de X con la consigna: “Argentina vuelve al mundo”.
La Resolución Conjunta 1/2026 derogó la normativa 118, vigente desde 2012, que fijaba criterios específicos para el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y limitaba su facultad para evaluar y otorgar títulos de propiedad intelectual. La nueva reglamentación lleva las firmas de Mario Lugones, titular de Salud; Luis Caputo, responsable de Economía; y Carlos María Gallo, presidente del organismo.
El texto entró en vigencia con su publicación oficial y establece que el fortalecimiento de la protección de las invenciones aportará “condiciones de previsibilidad”. Según se detalla, el esquema favorece la incorporación de desarrollos científicos y el acceso a nuevos medicamentos. Además, establece que el INPI ejercerá su competencia para analizar las solicitudes de manera individual.
El organismo aplicará los requisitos de novedad y actividad inventiva previstos en la Ley 24.481. La medida establece un mecanismo de protección para los productos que ya circulan en el mercado: el artículo 2 de la resolución determina que “para el caso de patentes concedidas vinculadas a productos farmacéuticos que estén siendo comercializados por terceros localmente, los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”.
Sturzenegger, en tanto, difundió los detalles de la iniciativa a través de su cuenta oficial en la red social X. El funcionario calificó el cambio como “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Sostuvo que la normativa anterior dificultó el registro de “terapias innovadoras” en el país.
Aseguró que la Argentina se alineó con los estándares internacionales de sus socios comerciales y anunció que el país avanzó en un acuerdo con Estados Unidos para facilitar el ingreso de la industria local a ese mercado. Sturzenegger puntualizó, además, que la derogación rige para los trámites futuros, pero que los medicamentos ya presentes en el mercado mantienen su situación actual.
Sturzenegger vinculó la decisión con el programa de gobierno que encabeza Javier Milei: “El Presidente nos ha comandado a implementar políticas basadas en el precepto moral de hacer ‘lo que está bien’. Respetar la propiedad, entre ellas la intelectual, es una derivada directa del respeto a la libertad y la propiedad”, expresó en su posteo.
El ministro de Salud, Mario Lugones, también celebró el anuncio: “Nos alineamos con el mundo en materia de propiedad intelectual para que la industria farmacéutica argentina pueda ingresar a nuevos mercados e impulsar la llegada de terapias innovadoras para los argentinos».
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Una mujer fue acusada de haber asesinado a su hija, dio una declaración falsa, pero fue beneficiada con un fallo polémico: el caso de «la madre más odiada» de EE.UU.
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