POLITICA
Imputan a Tapia, Toviggino y al resto de la cúpula de la AFA por la retención de aportes
El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio “Chiqui” Tapia, su mano derecha, Pablo Toviggino, y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones.
La imputación advierte que, si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Tapia “como responsable de las maniobras descriptas” en su carácter de presidente de la AFA y “administrador de clave fiscal”, la “estructura societaria” de la entidad exige extender la investigación a “los otros integrantes de la comisión directiva”.
El dictamen del fiscal nombra específicamente a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo, que integran la comisión directiva de la AFA. Toviggino es el tesorero de la entidad que reúne a todos los clubes de fútbol del país.
La denuncia había sido presentada por ARCA ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporado al expediente por presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario.
Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención —descontando impuestos y cargas sociales a terceros— y se financió con esos fondos.
En una primera instancia, ARCA había informado un monto cercano a los $7500 millones, correspondiente a una parte de las retenciones y aportes detectados. Ahora, en el último texto, al que tuvo acceso , el organismo indicó que hubo retenciones y contribuciones no ingresadas en nuevos períodos que ascienden a $11.759 millones, al considerar un alcance temporal más amplio y nuevos conceptos tributarios y previsionales
Así, la ampliación incorpora un cuadro consolidado bajo el título “Monto total denunciado”, en el que la entidad al mando de Andrés Edgardo Vázquez expone la totalidad de la pretensión punitiva, resultante de la suma de la denuncia original y la ampliación. De acuerdo con ese detalle, el monto global de la maniobra investigada asciende a $19.353.546.843,85, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias (en distintos regímenes) y contribuciones no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo (intención) por parte de la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
ARCA encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no deposite los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
El organismo solicitó al juzgado Penal Económico de Diego Amarante, donde recayó la causa, que cite a declaración indagatoria a Tapia y a los responsables del organismo y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
Esta es una de las tres causas abiertas que tiene a las autoridades de la AFA en la mira de la Justicia. Las otras están vinculadas a los negocios de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, cercano a Tapia, y la quinta de lujo de Pilar que estaría a nombre de dos presuntos testaferros de Toviggino.
La causa de Sur Finanzas tramita en el juzgado de Luis Armella, en Lomas de Zamora, y cuenta con el impulso de la fiscal Cecilia Incardona. Investiga presuntas irregularidades en una red de movimientos financieros que une a la firma con la AFA y una gran cantidad de clubes de futbol. Se inició con una denuncia que señalaba un préstamo al club Banfield, pero cobró otra fisonomía con una presentación de la Dirección General Impositiva (DGI).
Hubo allanamientos en sedes deportivas y administrativas de 18 clubes de futbol, como San Lorenzo, Racing, Independiente y Barracas Central, entre otros; en las oficinas centrales de la AFA y en una serie de domicilios ligados a Vallejo y su financiera.
Otra causa que avanzó con allanamientos y medidas varias es la que investiga la fastuosa quinta en Pilar, que cuenta con helipuerto y un haras de caballo. En los papeles, es propiedad de un monotributista y una jubilada, pero la sospecha que funda el caso es que podría pertenecer a los altos mandos de la AFA.
La Justicia analiza si los dueños formales tanto de la quinta como de la colección de autos -Luciano Pantano y Ana Conte-, son, en realidad, prestanombres que integran un esquema de lavado y encubrimiento. Pantano y Conte deberán declarar en la Justicia el lunes próximo, al filo del fin de año.
Pantano es monotributista y Conte es jubilada. Pagaron 1,8 millones de dólares por la quinta a razón de sólo 32 dólares el metro cuadrado, una cifra muy por debajo de los valores de mercado, según consta en la escritura.
retención indebida de tributos,Pagaron 1,8 millones de dólares por la quinta,Javier Milei,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,,»Sanciones económicas severas». El Gobierno intima a la AFA y a la Superliga a dar explicaciones por sus cuentas y lanza una advertencia,,»Fue sobreseído». La AFA salió en defensa de Chiqui Tapia y denunció intromisión política,,$7.593.903.512. El Gobierno denunció a la AFA y a “Chiqui” Tapia por apropiación indebida de tributos,Javier Milei,,»Callate, mamarracho». El enojo de una senadora kirchnerista y la embestida de Mayans contra Bullrich,,Al rojo vivo. Presupuesto 2026: qué se sabe de la sesión de este viernes en el Senado,,“Concreta, firme y bastante alta”. Cierra un muy buen año, con valores récord, la compraventa de campos agrícolas
POLITICA
Fiscales federales de Corrientes piden revertir un fallo que impide el trabajo en equipo en causas por narcotráfico
La presentación de los fiscales federales de Corrientes, encabezada por el coordinador Carlos Schaefer, se dirigió contra una decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes que limitó la intervención del equipo de la unidad fiscal durante el juicio a Jorge Eduardo Espinoza, alias “Chaquito”. En febrero, en el marco de las audiencias, el tribunal determinó que solo podrían participar dos fiscales en cada audiencia, incluidas las intervenciones en la acusación final.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió lo anterior tras un planteo de la defensa oficial, estableciendo que únicamente podían intervenir dos integrantes de la unidad fiscal por jornada, también durante los alegatos. Esta dupla definida podría alternarse conforme al artículo 105 del código, el cual prevé dos defensores para el imputado.
En otros casos se ha repetido esta práctica. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó el mismo límite en el proceso que investigó la desaparición del submarino ARA San Juan, en el que también solo dos de los cuatro acusadores pudieron participar en las audiencias de debate.
El argumento de ambos tribunales es que debe mantenerse la “igualdad de armas” entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
A pesar de estas restricciones, el acusado Espinoza fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a trece años de prisión. Sin embargo, se estableció un precedente sobre cómo puede organizarse la acusación en un juicio oral. Pero quedó el antecedente de cómo se configura la acusación en un debate. Esto podría ser esgrimido de nuevo cuando, por ejemplo, el mismo Tribunal juzgue el Caso Loan.
Una nueva negativa
En marzo, previo a la sentencia, la Fiscalía Federal de Corrientes insistió con su planteo y presentó un nuevo argumento: mencionó que el escenario de lucha contra el narcotráfico había cambiado después de conocerse que en Entre Ríos se había gestado un plan criminal que incluía el asesinato de un fiscal federal y un juez federal.
Según la confesión de otros detenidos, Leonardo Airaldi planeaba ejecutar esa acción debido a que ambas víctimas, José Candioti (fiscal federal) y Leandro Ríos (juez federal), participaron en distintas etapas de los procesos en su contra. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también figuraba en la lista de objetivos. Roncaglia fue jefe de la Policía Federal y, previamente, titular del área de Drogas Peligrosas de esa fuerza.
Para los fiscales federales de Corrientes, lo sucedido en la provincia vecina es una causa nueva para revisar el criterio de dos fiscales y dos defensores. Schaefer recalcó la necesidad funcional de que un equipo, compuesto por fiscales y auxiliares fiscales, intervenga en juicios complejos.
Entre los fundamentos, el fiscal coordinador expuso que contar con un equipo que actúe “de manera simultánea, conjunta o alternada en la etapa de alegatos” resulta esencial por motivos de organización y distribución funcional del Ministerio Público Fiscal. La división del trabajo correspondía con la complejidad objetiva y subjetiva del proceso seguido contra Espinoza.
El expediente abordaba catorce imputados, de los cuales cuatro permanecen prófugos.
El reclamo era duplicar el número de acusadores, con la participación de cuatro fiscales. El pedido buscaba brindar transparencia, protección y seguridad al equipo fiscal: “Estamos frente a organizaciones narcocriminales. Con la participación de equipos alegando, también se diluye la posibilidad de amenazar y amedrentar al actor público”.
El fiscal coordinador subrayó que la intervención de más personas “no configura una multiplicidad de acusadores independientes. Se trata, por el contrario, de una única voluntad institucional que, ejercida de manera coordinada, se plasma en una única teoría del caso”.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes mantuvo su decisión inicial, lo que, a juicio de la acusación, constituyó una invasión a la independencia del Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía Federal de Corrientes presentó entonces un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin embargo, el mismo tribunal rechazó la medida, por lo que la cuestión fue elevada mediante una queja a la Cámara Nacional de Casación Penal. Este órgano debe resolver no solo este caso sino también el planteo de los fiscales del ARA San Juan, lo que podría determinar el criterio para futuras causas de alta complejidad institucional.
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El expresidente Mauricio Macri convocó a dirigentes y autoridades del PRO a un encuentro estratégico que se realizará este jueves en Parque Norte. La cita tiene como objetivo definir la hoja de ruta del partido para el resto del año y planificar su papel en las elecciones de 2027.
La reunión, organizada por el diputado y secretario general del partido Fernando de Andreis, espera concentrar a intendentes, legisladores, concejales y figuras nacionales del espacio, entre ellos María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y la legisladora porteña Silvia Lospennato.
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Más allá de cumplir con formalidades estatutarias del Consejo Nacional del PRO, el cónclave tendrá un fuerte componente político. Allí se evaluarán estrategias legislativas, la representación del partido en el Congreso y los vínculos con gobernadores provinciales, considerados clave para ampliar la influencia federal del macrismo.
El exmandatario ya había iniciado reuniones previas con el foco puesto en consolidar la identidad del PRO y definir su relación con La Libertad Avanza.
La postergación del Consejo Nacional del PRO a fines del mes pasado permitió reprogramar esta cumbre, otorgándole a Macri espacio para marcar la estrategia del partido.
Escala la pelea en el Senado: el oficialismo busca quedarse con comisiones y el kirchnerismo reclama más lugares
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A poco más de 10 días de su llegada al Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques continúa con los cambios dentro de la cartera en áreas clave. Durante esta madrugada, se hizo efectiva la salida de quien era hasta este martes la titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores.
La renuncia de María Fernanda Rodríguez se hizo efectiva mediante la publciación del decreto 156/2026, en el Boletín Oficial. Los motivos de su dimisión no fueron explicitados, pero se dan en el marco de una reestructuración del Ministerio tras la designación de Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
“Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo», dice la normativa publicada esta madrugada, en la que no se especificó quién será el nuevo jefe de Gabinete de Justicia.
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Horas antes, el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento de los veedores sobre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La intervención es en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.
De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
La semana pasada se dieron otros cambios en el Ministerio con al designación de Emiliano Pedro Méndez Ortiz como subsecretario de Política Criminal, quien tendrá entre sus funciones y responsabilidades asistir al secretario en la definición de la política criminal de la Nación y en la ejecución de acciones en la materia.
Además, según lo dipuesto, entre sus tareas se encuentra la coordinación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, brindando apoyo y asistencia a las víctimas. Además, interviene en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, así como la promoción de la eficacia, la eficiencia y la calidad en el sistema de justicia.
Con esta incorporación, Mahiques avanza con la conformación de la cartera a la que asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona el 5 de marzo. En este sentido, también aguarda el nombramiento oficial de Matías Gabriel Álvarez, quien estará al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Se trata de un fiscal especializado en criminología, con formación en la investigación de delitos complejos y una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Más designaciones dentro del Gobierno
Además de los cambios en Justicia, el Ejecutivo nacional nombró a nuevos funcionarios en dos organismos: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Con respecto a la primera, a través del decreto 16/2026, nombraron como subadministrador Nacional a Gabriel Leonardo Barbagallo. Mientras tanto, en el ORSNA —a través del decreto 155/2026—, aceptaron las renuncias presentadas por Carlos Pedro Lugones Aignasse al cargo de presidente del organismo y la de Fernando José Muriel como vicepresidente.
En el mismo acto administrativo, el Gobierno nacional designó a Diego Pablo Giuliano como nuevo presidente del ORSNA y a Adrián Enrique Bianchi en la Vicepresidencia. Según lo expuesto en la resolución, las nuevas autoridades asumen la gestión del organismo a partir de la fecha de publicación del documento. Esta decisión fue adoptada bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura.
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