POLITICA
Tras la sanción del Presupuesto 2026, el Gobierno se concentra en conseguir consensos para la Reforma Laboral y los cambios en la Ley de Glaciares
Las sanciones del Presupuesto 2026 y los cambios a la Ley Penal Tributaria marcaron este viernes la construcción de una mayoría que superó los 45 votos a favor en ambas sanciones. Con este escenario, el oficialismo aguarda el segundo llamado a sesiones extraordinarias, que ocurrirá a partir de febrero. En ese momento, los desafíos más grandes serán la Reforma Laboral y los cambios a la Ley de Glaciares.
“Vamos a seguir trabajando con la ley Laboral, recibiendo propuestas, comentarios y, de ser necesario, modificando el proyecto”, le dijo a TN un importante referente del bloque libertario.
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La sesión del viernes también dejó en claro que el triángulo que presentó el oficialismo para construir mayorías eclipsó —como plantearon en el Senado— a figuras como el asesor presidencial Santiago Caputo o a la propia titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
La senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli y el presidente de Diputados, Martin Menem, fueron quienes trabajaron los proyectos desde hace semanas. A ellos se le sumó la colaboración del secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de la Presidencia, Eduardo Lule Menem.
Ese trio, que se mostró victorioso en el salón de las Provincias tras los logros obtenidos, planifica los nuevos debates de los proyectos que ya cuentan con los dictámenes de mayoría firmados. La fecha de las discusiones quedó fijada para el 11 de febrero venidero.
“Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los Senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”, escribió Patricia Bullrich en su cuenta de X para celebrar el triunfo legislativo.
Es que la senadora alcanzó sus objetivos y pudo ayudar a Javier Milei a cumplir con sus primeros desafíos: primero condicionó al peronismo con la discusión por capítulos del proyecto de Presupuesto 2026 y, más tarde, las sanciones aprobando la Ley de leyes y la de Inocencia Fiscal.
Nuevo centro de operaciones: la oficina de Patricia Bullrich
Históricamente las discusiones políticas y legislativas en el Senado se realizaron en el salón Gris de la presidencia del Cuerpo. Pero ya no. El nuevo centro de acuerdos, seguimiento y construcción de mayorías es la oficina de la senadora Patricia Bullrich en el primer piso del palacio. Se trata de la misma que le perteneció hasta el pasado 9 de diciembre al exsenador Martín Lousteau. Está ubicada al final de un largo pasillo, tras los baños públicos y casi frente al comedor del Senado, un sector más utilizado por el personal del cuerpo que por parte de los legisladores. Fue allí fue donde el ministro Santilli, el secretario Guberman y el diputado Martin Menem se instalaron y coordinaron la construcción de mayorías. 
En esa oficina, también estuvo el secretario parlamentario del bloque oficialista, Cristian Larsen, quien punteó el listado de los senadores y marcó los votos a favor y en contra. Ante las dudas de alguna posición en particular, los roles están bien definidos: las inquietudes de los gobernadores se canalizaron con Santilli y él trasladó los pedidos más específicos a Guberman del ministerio de Economía. Mientras, Menem llevó las posturas de los legisladores y se complementó con la dueña de las instalaciones, Patricia Bullrich.
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El rol de Victoria Villarruel
La vicepresidenta desempeñó la tarea que imaginó tras las elecciones del pasado 26 de octubre y de la asunción de los nuevos senadores. Su lugar fue el de abrir y cerrar la sesión, controlar la formación del quórum, dar la palabra y dejar para el seguimiento de los debates al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Cumplió su rol institucional.
Toda actividad política ya no pasará por su despacho o por sus salones. La nueva dama fuerte del palacio legislativo es la senadora Patricia Bullrich. Y ya está trabajando para su próxima parada, la Modernización Laboral.
reforma laboral, Senado, Patricia Bullrich
POLITICA
Tensión en Aeroparque: Faroni descartó un teléfono celular cuando fue interceptado por la Policía
Esta madrugada, y en forma concomitante con el allanamiento realizado en su propiedad de Nordelta, la Justicia prohibió la salida del país a Javier Faroni, el empresario teatral vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La medida se ejecutó cuando Faroni intentaba viajar a Uruguay desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en un vuelo privado: la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidió abordar, pero el empresario llegó a descartar un celular que por el momento no fue hallado.
Según confirmaron fuentes de la investigación a este medio, aún se desconoce “si el chip que tenía se corresponde con el celular de él”. Y otro dato que llamó la atención de los pesquisas: ayer martes 29 arribó al país procedente de Uruguay y esta madrugada intentaba regresar al país vecino. No lo pudo hacer porque desde el juzgado de Armella ya había circulado la alerta que le prohibía salir de la Argentina.
Faroni quedó en el centro de una causa por presunto desvío de fondos millonarios al exterior que involucra la administración de recursos de la AFA a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos. El expediente investiga movimientos financieros por decenas de millones de dólares, transferencias a entidades sin actividad real y un entramado de relaciones opacas que habrían canalizado ingresos del fútbol argentino fuera del país. En total, los negocios bajo análisis rondan los USD 300 millones.
La pieza clave del esquema es TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida en agosto de 2021, de la cual Faroni era la cabeza visible. A los pocos meses de su creación, la firma se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para contratos en el exterior, bajo un acuerdo aprobado por el comité ejecutivo que preside Tapia. Ese contrato le otorgó a TourProdEnter la función de agente de cobro y pago de ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina: la empresa recaudaba, realizaba pagos, descontaba comisiones y transfería los excedentes a la AFA.
De acuerdo con registros bancarios confidenciales incorporados a la causa, TourProdEnter manejó más de USD 260 millones en apenas cuatro años, a través de cuentas abiertas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan. Entre los principales aportantes figuran empresas ligadas a la Selección, como Adidas, que transfirió USD 78,6 millones, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.
Sin embargo, una parte sustancial de ese flujo no tuvo como destino directo a la AFA. Los investigadores detectaron que al menos USD 42 millones fueron derivados a cuatro sociedades registradas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y presentan características típicas de “sociedades fantasma”. Esas transferencias se suman a un circuito financiero más amplio que, según la pesquisa, canalizó más de USD 260 millones sin una trazabilidad clara sobre el destino final ni sobre los verdaderos beneficiarios.
Otro eslabón relevante fue Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario en operaciones de cambio de bonos, con pasos por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina. Desde Adcap reconocieron su rol como agente financiero y sostuvieron que todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y estuvieron debidamente documentadas, afirmando que los fondos se transferían luego a cuentas de la AFA en bancos argentinos. No obstante, en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter aparece mencionada de manera marginal, identificada como deudora y sin que se detalle su rol central en la estructura internacional de cobros y pagos.
Las sospechas se profundizan al analizar quiénes están detrás de las LLC receptoras del dinero. Según la investigación, los beneficiarios son personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias: empleados de pequeños comercios, beneficiarios de vivienda social y personas con antecedentes de insolvencia y deudas significativas. Entre ellos figuran Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC; Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC; Verónica Inés López, asociada a Velp LLC; y Roberto Salice, relacionado con Velpasalt LLC y declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude. Las direcciones en Miami declaradas por esas firmas corresponden, además, a servicios de “oficina virtual”, y dos de ellas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.
En este marco, el juez federal Luis Armella emitió la orden de los procedimientos, a partir de un pedido formulado por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco. Por disposición del Ministerio Público, los allanamientos alcanzaron no sólo la vivienda de Faroni, sino también la sede de la AFA, en la calle Viamonte 1366, y el predio que la entidad posee en Ezeiza.
Según fuentes judiciales, los operativos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas que permitirían vincular maniobras de lavado de activos desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, presuntamente montados a partir de estructuras del fútbol profesional utilizadas como soporte operativo.
Qué es TourProdEnter y por qué es clave en la investigación
En el corazón del expediente aparece TourProdEnter LLC, la empresa que funcionó como engranaje central del circuito financiero bajo la lupa judicial. La firma fue creada en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, y en tiempo récord pasó a ocupar un rol estratégico: se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos internacionales, con aval del Comité Ejecutivo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Con ese acuerdo, TourProdEnter quedó habilitada para cobrar ingresos provenientes de sponsors globales, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina, realizar pagos a terceros, descontar comisiones y transferir los fondos restantes a la AFA. En los hechos, actuó como agente de cobro y pago en el exterior, concentrando una operatoria financiera de enorme volumen.
Según registros bancarios incorporados a la causa, entre 2021 y 2024 TourProdEnter administró más de USD 260 millones, canalizados a través de cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Parte sustancial de esos fondos provino de empresas vinculadas directamente a la Selección, como Adidas, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.
El foco de los investigadores está puesto en que al menos USD 42 millones salieron de esas cuentas hacia cuatro sociedades radicadas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y operan desde direcciones de “oficina virtual”, características típicas de estructuras utilizadas para ocultar beneficiarios finales.
A esto se suma el envío de cerca de USD 110 millones a Adcap Uruguay Agente de Valores, entidad que actuó como intermediaria en operaciones financieras que incluyeron la liquidación de bonos y el paso por distintas jurisdicciones. Para la Justicia, este circuito podría haber servido para triangular fondos, eludir controles y facilitar maniobras de lavado de activos.
Otro punto sensible es la escasa visibilidad de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA. Recién en junio de 2024 la empresa aparece mencionada ante la Inspección General de Justicia, y lo hace únicamente como empresa deudora, con un saldo pendiente de $13.296 millones, sin que se detalle su rol como administradora de los cobros internacionales. Esa falta de desagregación es señalada por los investigadores como una de las principales zonas grises del esquema.
Aunque Javier Faroni sostiene que la firma actuó siempre dentro del marco legal y que su operatoria respondió a las restricciones cambiarias vigentes en la Argentina, para los fiscales TourProdEnter constituye la pieza central del entramado financiero investigado, tanto por el volumen de dinero administrado como por la opacidad de parte de su circuito de transferencias.
El nombre de Faroni aparece asociado desde hace años al círculo de confianza de “Chiqui” Tapia. Además de su pasado como empresario teatral, fue quien estructuró TourProdEnter en Estados Unidos. La firma fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni, ex empresaria teatral y ex directiva de Aerolíneas Argentinas. En el marco de la pesquisa, la Justicia estadounidense activó un pedido de “discovery” para acceder a los registros bancarios de la productora contratada por la AFA.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos, donde alertó sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos mediante cuentas en territorio norteamericano. Según esa presentación, TourProdEnter habría acumulado alrededor de USD 25 millones en una cuenta del banco Synovus sin declarar esos fondos ante el fisco argentino. Parte de esos recursos, siempre según la denuncia, provendrían de un amistoso de la Selección en China y de un acuerdo de patrocinio, y no habrían ingresado a cuentas de la AFA ni al país.
Faroni, por su parte, difundió un comunicado en el que cuestionó a los medios, negó vínculos políticos y aseguró que no existe imputación formal en su contra. Allí reconoció la relación contractual entre TourProdEnter y la AFA, y sostuvo que la empresa actuó siempre dentro del marco legal como agente comercial, de cobro y de pago. Sin embargo, para los investigadores, las inconsistencias contables, la opacidad de las estructuras societarias y el desvío de fondos hacia empresas sin actividad real mantienen abiertas las sospechas.
Con la prohibición de salida del país ya efectiva y los allanamientos en marcha, la causa entra ahora en una etapa decisiva. La lupa judicial se posa no sólo sobre Faroni y TourProdEnter, sino también sobre la cúpula de la AFA, en una investigación que promete escalar y que podría exponer uno de los entramados financieros más complejos y sensibles del fútbol argentino reciente.
POLITICA
Causa cuadernos: las amenazas que denunció haber recibido un funcionario clave en el esquema de recaudación
“Desde 2003 hasta agosto de 2007 fue así. Primero le llevaba 150.000 dólares al despacho del ministro De Vido, luego se lo llevé personalmente al despacho presidencial, y se los entregaba en un maletín a las manos de Néstor Kirchner. La primera vez me hizo entregarle el maletín completo, con birome y todo, y me dijo: ‘me tenés que entregar más, acordate que te voy a hacer cagar’”.
Claudio Uberti es una pieza central en el presunto esquema de corrupción que se alzó en torno a la obra pública nacional durante el kirchnerismo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner fue el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y uno de los funcionarios encargados de recolectar los pagos de los empresarios del rubro.
En la última jornada del año de la causa Cuadernos y como parte de la causa que investigó el esquema de recaudación que giró en torno a los corredores viales, se repasaron sus declaraciones como arrepentido que, junto a la de los empresarios, dejaron a la vista una cascada de intimidaciones y amenazas que nacía en el Ejecutivo.
“Siempre que le llevaba una recaudación [Néstor] me preguntaba si eran euros o dólares. En una ocasión le llevé paquetes de pesos y euros. Agarró a patadas el paquete de los pesos y lo tiró por el despacho. Kirchner era un suplicio”, dijo, y sumó: “Si con Néstor era imposible trabajar con Cristina era mucho peor”.
En su descripción de los hechos, Uberti relató que, tras asumir en 2003, le encomendaron la tarea de confeccionar los nuevos pliegos para la licitación de los corredores viales, pero que llegado el momento de la firma, el exministro De Vido le advirtió que Néstor Kirchner no avalaría los acuerdos.
“El Presidente no va a firmar los contratos ni en pedo. Porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar”, le habría dicho De Vido. “Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan, te van a llorar, pero vos deciles que pongan porque si no el presidente no va a firmar. Viste cómo es el malo”.
Marcelo Marcuzzi, de Covico S.A., fue uno de los empresarios que, del otro lado del mostrador, describió el accionar de Uberti. En su descargo, sostuvo que uno de los gerentes de su empresa fue amenazado violentamente tras negarse a pagar el 10% que le exigía el funcionario. “Uberti respondió imitando una pistola con su mano, apuntándole a la frente, y le dijo que si no pagábamos tenía la orden de Néstor Kirchner de hacernos mierda”, manifestó.
Patricio Gerbi, de la constructora Coarco, indicó en su acuerdo como arrepentido -también leído hoy en la audiencia- que el funcionario lo citaba en las oficinas del OCCOVI y que, luego de hacerlo esperar durante casi una hora, lo hacía ingresar a su despacho para intimarlo con frases como: “Vos sabés lo que tenés que hacer”, “voy a ir por vos y por tu familia” o “te voy a hacer cagar”; un dicho que otros empresarios también le atribuyen a Uberti y que él, a su vez, le adjudica a Néstor Kirchner.
Con la lectura del requerimiento de la Unidad de Información Fiscal (UIF) en la causa por los Corredores Viales se pondrá punto final al primer tramo del juicio por los Cuadernos para pasar a dar lugar a las cuestiones preliminares.
En la hoja de ruta trazada por el tribunal está previsto que el primer martes de febrero expongan seis defensas, entre ellas la de la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro De Vido y el exfuncionario Roberto Baratta. Sin embargo, se presentaron planteos respecto al tiempo con el que cuenta cada letrado para exponer -en principio 45 minutos- y el Tribunal podría reconsiderar ese cronograma.
Federico González del Solar,Conforme a
Javier Milei excluirá a Victoria Villarruel de los aumentos salariales que dispondrá para el gabinete. El presidente firmará hoy la medida -que se publicará el viernes 2 de enero en el boletín oficial- y congelerá también su salario de forma indefinida.
En la Casa Rosada aseguran que el decreto alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, en línea con la recomposición que vienen reclamando distintos sectores del gabinete tras casi dos años de congelamiento. En Nación estiman que los sueldos jerárquicos acumularon una pérdida de poder adquisitivo cercana al 60% desde diciembre de 2023.
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La inflación acumulada en 2024 fue de 117,8% y el IPC acumula 27,9% en 2025 a noviembre. En Balcarce 50 sostienen que el aumento no implicará un esquema diferencial respecto del resto del Estado y que la recomposición no será superior a la que percibieron los empleados públicos bajo las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
En la mesa chica del oficialismo argumentan que el jefe de Estado definió excluir también a la vicepresidenta porque se trata de un cargo “electo y no técnico”. Se da en un contexto de vínculo deteriorado con el primer mandatario, que se profundizó a lo largo de 2025 por diferencias de agenda, exposición pública y posicionamientos internos.
En el Gobierno sostienen que el congelamiento salarial complicó el funcionamiento interno de la gestión, en especial para sostener equipos técnicos y cubrir cargos estratégicos. También advierten que la brecha con el sector privado se amplió en los últimos dos años, lo que generó dificultades para retener cuadros especializados.
El esquema salarial vigente contempla más de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta y $3,58 millones para los ministros, además de $3,2 millones para secretarios y cerca de $2,8 millones para subsecretarios. Los senadores cobran hasta $9,5 millones y los diputados alrededor de $7 millones.
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Las tensiones dentro del gabinete por el congelamiento salarial tuvieron diferentes niveles a lo largo del 2025, que contaron con planteos directos al primer mandatario para que habilite su firma. La mesa política de Nación no quería impulsarlo antes de las elecciones de octubre y se comprometió puertas adentro a oficializarlo a partir de enero.
El decreto se terminó de cerrar entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). La última instancia en la que Nación impulsó con un aumento salarial para cargos jerárquicos terminó con el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y con la derogación de la medida.
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