POLITICA
El escándalo de la comida en la cárcel de Ezeiza: un negocio de 25 millones de dólares por año y viandas con pelos, clavos y carne podrida
“Nos daban polenta con salsa blanca sin carne ni pollo, fideos con una salsa roja incomible, manzanas en compotas podridas literalmente. Y cuando se recibía pollo o carne, era máximo 60 gramos, a veces el cogote o la carcaza de pollo. Y la carne era pura grasa o cartílago”.
Rubén C. estuvo detenido en el pabellón LGBT del módulo 5 del penal de Ezeiza durante tres años y salió el mes pasado. En ese tiempo que pasó privado de su libertad (condenado a seis años de prisión por “tenencia y consumo de marihuana”) presentó más de 10 habeas corpus a la Justicia por la pésima calidad de la comida que le servían a él y al resto de los aproximadamente 2.000 detenidos de esa cárcel de “máxima seguridad”.
“En varias oportunidades las comidas llegaban en mal estado o con algún ‘cuerpo extraño’ como clavos, cucarachas, mechones de pelo o cintas con las que se atan las hojas de acelga”, contó el hombre a Infobae, luego de que este medio revelara ayer el allanamiento ordenado por el juez federal Federico Villena a las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, por sospechas de connivencia en el negocio de la provisión de viandas dentro del penal.
Rubén C. no fue el único en presentar habeas corpus. La cantidad de reclamos a la Justicia fue tal desde 2016 -año en que el interno Diego Ariel Díaz denunció por primera vez- a esta parte, que Villena unificó todas las denuncias y armó una única causa que había terminado en 2024 con la prohibición a la empresa Food Rush S.A. de volver a brindar el servicio de catering al penal de Ezeiza.
Sin embargo, el mes pasado Villena reactivó el expediente al recibir otra catarata de habeas corpus que indicaban que la calidad de la comida seguía siendo denigrante.
Al retomar la investigación, el magistrado federal de Lomas de Zamora descubrió indicios que le permiten sospechar que la nueva empresa adjudicataria del servicio de viandas, Biolimp, es una pantalla para que siga operando Food Rush. Y que esto no podría no saberlo la autoridad máxima del penal de Ezeiza y, mucho menos, la máxima autoridad del Servicio Penitenciario Federal.
Se trata de un negocio que maneja cifras millonarias. Según detallaron fuentes con acceso a la investigación, la empresa factura 17 mil pesos por cada plato que entrega. Y son tres por día, por persona, lo que, a razón de aproximadamente dos mil internos, da $102 millones diarios y 37.230.000.000 de pesos anuales. En dólares -con un cambio estimado en $1.500- se entiende mejor: 24.820.000 por año.
A pesar de que 17 mil pesos es lo que cuesta en promedio un menú ejecutivo en cualquier cantina de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se infiere que la calidad debería estar a la altura de la alimentación digna de un ser humano, no es lo que relatan los detenidos consultados por este medio.
Alguien contó que en una de las unidades de Ezeiza está rota la cocina y se usa el casino de suboficiales, que no cumple con las condiciones de higiene y bromatología debidas.
Otro aseguró que la mala provisión de comida obliga a que los presos compren los alimentos en la “cantina” del penal. Pero no todos tienen los recursos para hacerlo. Un preso le pasó a este medio el listado de precios: 1 kilo de cebolla cuesta $ 1.700; 1 maple, $16.000; un morrón, $ 4.100; 1 kilo de arroz, $3.000. “Muchos productos no entran con la visita, por eso los precios son altísimos”, cuenta.
Un sobrino de otro detenido contó a Infobae: “Esta semana, cuando le llevaron la comida a mi tío, uno de los celadores le dijo ‘Así como se la entrego tírela’”.
Este interno tiene problemas de salud cardiovascular y diabetes. La alimentación saludable, para personas con este tipo de patologías, es tan importante (o más) que la medicación y la actividad física; dos aspectos que, por cierto, también son limitados en Ezeiza, en el mejor de los casos.
“Medicamentos, la misma situación. Hoy por hoy se los estamos llevando nosotros porque, o no tienen, o te dan un génerico al que el organismo no esta acostumbrado. Sé de presos que por ejemplo tomando el medicamento de ‘cuidado’ de stents y se les han tapado las arterias por la calidad de los medicamentos que les dan en el penal”, contó.
Esta misma persona relató que esta semana vio con sus propios ojos que estaban repartiendo la comida en una ambulancia. “Para no hablar de la calidad del agua. Mi tío estuvo con diarrea los primeros diez días”, relató.
Rubén C. tiene infinidad de ejemplos para dar cuenta de la falta de humanidad que existe respecto de la alimentación en la cárcel de Ezeiza.
“El almuerzo siempre llega después de las 14. Dos veces a la semana, la comida llega comible, cerdo al horno con papas hervidas y pollo al horno con ensalada. Después, tres veces a la semana llega arroz con salsa roja, fideos con salsa roja y los miércoles llega una porción de pizza asquerosa con repollo cortado. Los sábados llevan lentejas con trocitos de carne”, detalló.
“Muchas veces a la semana teníamos diarrea o acidez y era una pelea con el médico conseguir medicación. Los fideos tienen olor a cucaracha”, agregó Rubén. Y más: “Una vez por semana era seguro que venían comidas descompuestas, ensaladas fermentadas o pollo color verdoso”.
Villena mismo probó las viandas. Y sufrió una intoxicación al otro día. Su investigación no sólo se centra en la calidad de los alimentos, sino también en el incumplimiento de las dietas prescriptas por cuestiones de salud. Como si al Servicio Penitenciario Federal o a los jueces de ejecución de la pena no les importara si los condenados se mueren como consecuencia de esto.
Por orden del juez de Lomas, la ANMAT analizó las viandas que se secuestraron en el marco de la causa y el organismo del Estado determinó que no se cumplen con las especificaciones del Código Alimentario Argentino y no son aptas para el consumo humano porque superan los máximos admitidos para el recuento de la bacteria Escherichia coli.
“Su presencia en alimentos sugiere una falta general de higiene en el manejo de los mismos o un almacenamiento inadecuado. La contaminación del alimento puede ser atribuible a utensilios de cocina, superficies, manos de manipuladores o contaminación cruzada por contacto con otros alimentos contaminados”, dice uno de los varios informes de ANMAT realizados en marzo, mayo, agosto y diciembre de 2023 a los que tuvo acceso este medio, e incorporados al expediente.
También se detectó la presencia de Listeria monocytogenes y de Bacillus cereus, bacterias que también impiden el consumo humano. Por ejemplo, la Escherichia coli se encontró en mayo de 2023 en viandas con pollo y legumbres.
Rubén C. cuenta que “jamás nos entregaban la comida cuando en el penal estaba la gente de la Procuración Penitenciaria” y que las empezaban a distribuir “cuando ellos se iban”. Esto implicaría un conocimiento de parte del SPF de que la calidad de la vianda es mala.
“Siempre que iba un juez o alguna entidad repartían las mejores comidas, una pata de pollo y muslo enteros con arroz blanco o un bife de carne con tomate y lechuga. Pero al día siguiente era lo mismo. En algunos pabellones no podían denunciar porque los enviaban a alguna cárcel lejos de su familia, como las de Rawson o Senillosa”, enumeró Rubén.
Y agregó: “El SPF hacía arreglo con algunos detenidos, les conseguían trabajo o algún beneficio a cambio de no denunciar”.
Tras el fallo de Villena que le prohibía a Food Rush Soluciones Gastronómicas S.A. operar en la cárcel de Ezeiza, el 22 de agosto del año pasado el Servicio Penitenciario reemplazó de manera transitoria el servicio por el de Biolimp Soluciones de Calidad S.A.
Pero no tardaron en llegar nuevos habeas corpus que denunciaban que la comida era igual de pésima que con el servicio anterior, por lo cual Villena reabrió el expediente y ordenó nuevas inspecciones que le permitieron descubrir un vínculo entre ambas empresas: por ejemplo, que Biolimp usaba camiones pertenecientes a Food Rush que llevaban un ploteo de la firma Q-Chef encima de las de Food Rush observables a simple vista.
Villena detectó, además, que uno de los vehículos tiene una medida de inhibición dispuesta por una fiscalía de La Pampa.
Ambas compañías, Food Rush y Biolimp, además, comparten los mismos empleados. Y el domicilio de Q-Chef es el mismo que el de Biolimp, en la localidad de Dock Sud, Avellaneda. También, en otra de las direcciones fiscales de esta firma funciona una financiera.
Por eso el magistrado requirió nuevamente la intervención de ANMAT y otra vez el resultado de los análisis concluyó en que la comida no era apta para consumo humano.
El viernes pasado, 26 de diciembre, se iba a llevar la licitación para confirmar la empresa que brindará el servicio los próximos años. Aunque Food Rush no podía participar, se presentó. También lo hicieron Biolimp y otras tres compañías sin antecedentes en el rubro, lo cual las dejó afuera de la supuesta compulsa.
Villena entonces ordenó allanamientos en todas las empresas para ese mismo viernes a las 11.30 y también en las oficinas del Servicio Penitenciario Federal, incluida la de su director Fernando Martínez, nombrado en 2024 por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El juez pidió secuestrar los celulares de los empresarios y los responsables del penal de Ezeiza, incluido Martínez. Lo curioso es que el director del SPF llegó con aparato viejo. Cuando los oficiales de la Policía de la Ciudad, que habían ido por orden de Villena, se dieron cuenta, el funcionario adujo que lo había “perdido”.
El magistrado revisó el impacto de las antenas de telefonía celular y descubrió que el “extravío” se había dado apenas una hora antes del allanamiento.
La situación se puso extremadamente tensa en la oficina del director del SPF. El juez hasta pensó en detenerlo, pero luego eligió no generar un desastre institucional mayor.
Martínez, que llegó ese día a la oficina en una Toyota Hilux gris a nombre de Enrique Antequera, uno de los “reyes” de La Salada, profugado de la Justicia, no quedó bien parado. ¿Alguien le avisó del allanamiento? ¿Qué tiene para ocultar Martínez en su teléfono que prefirió deshacerse de este?
Más pronto que tarde en la Justicia creen que se sabrá. Los investigadores cuentan con los teléfonos de los empresarios y los otros funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.
“Es una mafia interna enquistada hace muchos años. Villena se está metiendo en la boca del lobo. Todo lo maneja el Servicio”, contó una fuente que transita los pasillos de Tribunales de Lomas de Zamora y agregó: “Es preocupante el desafío a la justicia que tuvo Martínez. Como funcionario del Estado, si el juez te pide el celular se lo tenés que entregar. Es causal para detenerlo. Fue prudente en no detenerlo Villena, porque era un escándalo”.
POLITICA
La fundación del PRO destacó la estabilidad macroeconómica pero alertó sobre la falta de obra pública
A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, un informe de la Fundación Pensar, del PRO, evaluó los principales resultados del período. En el informe titulado “A mitad de camino”, think tank que preside María Eugenia Vidal destacó como logros centrales la reducción de la inflación y el ordenamiento macroeconómico.
Sin embargo, advirtió que los resultados electorales de octubre, marcados por un amplio triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional, “podrían hacer creer que todo está bien, pero no”.
“Hay pendientes, desafíos no resueltos. El orden macroeconómico por si solo, no alcanza. Hay sectores y lugares del país en donde el día a día es cuesta arriba. Se necesita más trabajo coordinado con las provincias y los municipios. Planificación y método de trabajo sostenidos harán la diferencia. Y volver a tener obra pública. Si esto falta, el cambio real se diluye”, plantean desde el PRO en la introducción del estudio, firmada por la vice del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.
En el apartado económico, elaborado por Nicolás Gadano, ex gerente general del Banco Central de la República Argentina, y Bautista Santamarina, analista de Pensar, el informe destaca que el principal éxito del programa de Milei fue la estabilización macroeconómica.
La inflación interanual medida por el INDEC descendió del 211% al 26% en el último bienio, mientras que la política de superávit fiscal, calificado como el “eje del programa económico”, sostuvo la disminución del déficit y la estabilidad monetaria.
De acuerdo con la evaluación de Pensar, la economía nacional exhibió una recuperación tras años de caída, aunque este avance permanece condicionado por desafíos pendientes. Entre ellos, identifican la necesidad de completar la liberalización completa del mercado cambiario (cepo a las empresas) y la acumulación de reservas internacionales, cuya cifra actual ronda los USD -15.000 millones, “por debajo de los niveles en el inicio de la administración”.
A su vez, advierten que la tasa de desempleo formal persiste prácticamente estancada desde 2011, y que el crecimiento económico reciente ha sido liderado por sectores como la minería, la energía y el agro, caracterizados por su baja generación de empleo.
“La reforma laboral puede contribuir, en tanto apunta a corregir algunas de las principales debilidades del mercado de trabajo -altos costos, elevada litigiosidad e inflexibilidad-, aunque resulta poco probable que sus efectos sean inmediatos”, aseguran.
El analista económico Lucas Tettamanti destaca que los ganadores del modelo fueron la minería, la energía y el campo, aunque aclara que la realidad económica del país ha sido heterogénea.
En esa línea, precisa que, entre noviembre de 2023 y el cierre del periodo analizado, la industria y la construcción perdieron respectivamente 42.400 y 62.700 asalariados privados, y que el 75% de la destrucción de empleo formal se concentró en estos dos sectores, principalmente desplegados en grandes urbes.
En contraste, las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz —donde predominan los sectores ganadores del modelo actual— muestran mejor desempeño relativo, mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe resultan más afectadas.
A la hora de analizar la opinión de la sociedad, la consultora Mora Jozami (Casa Tres) plantea que la ciudadanía se siente “esperanzada”.
Por primera vez los sentimientos positivos superan a los negativos, con un 50% de la población manifestando esperanza y el 47% identificando emociones adversas. La confianza en el gobierno, medida por UTDT, aumentó un 17,5% respecto a un año atrás y la aprobación de la gestión presidencial alcanza un 54%, si bien persisten críticas en torno al tratamiento de jubilaciones y personas con discapacidad, señaladas como los principales focos de insatisfacción entre sectores diversos.
Adicionalmente, aunque la inflación dejó de ser el problema principal —su mención pasó del 21% en abril de 2024 al 4% en septiembre de 2025—, la preocupación por la economía y el costo de vida sigue en primer plano tanto en debates públicos como privados.
“El dato distintivo del momento es el clima de expectativa positiva hacia el futuro. Predomina la creencia de que la situación económica puede mejorar el próximo año y se instala la percepción de que el esfuerzo empieza a rendir frutos. La esperanza —más alta que nunca en toda la serie— actúa como un crédito social que sostiene al gobierno”, dice el informe.
Las reformas estructurales aparecen como tareas pendientes. El diputado nacional Fernando de Andreis y el equipo de Pensar enumeran entre las prioridades una reforma laboral integral que reduzca costos y barreras para la contratación, una reforma tributaria orientada a la simplificación y un rediseño del sistema previsional, cuyo déficit representa alrededor del 50% del gasto público nacional.
“El alto costo laboral golpea sobre todo a las pymes, que son las principales generadoras de empleo. Para muchas de ellas, tomar un trabajador se convirtió en una decisión de alto riesgo económico y legal. En los últimos 20 años, los juicios laborales se multiplicaron por 40. En 2003 se iniciaban alrededor de 3.000 juicios al año; en 2025 ya fueron más de 123.000”, aseguró el diputado.
Se menciona además la existencia de 115 impuestos diferentes, de los cuales 85 corresponden a tributos municipales, configurando un esquema percibido como poco eficiente. “Este entramado no solo desalienta la inversión: castiga especialmente a quienes producen y generan empleo”, concluyen.
En el capítulo institucional, Silvia Lospennato, legisladora de CABA, subraya la persistencia de vacancias en el Poder Judicial, con 608 cargos sin cubrir sobre un total de 1.635 (37%). Solo en la Justicia Federal existen 170 vacantes de 485 posibles (35%), mientras que en el Ministerio Público Fiscal la proporción asciende al 46%. Otros problemas señalados incluyen el decreto que restringió el acceso a la información pública, la aplicación incompleta de la ley de ética y pendientes en materia de extinción de dominio y voto exterior.
En materia de gestión no económica, el informe registra un aumento del 20% en los episodios de inseguridad denunciados a nivel nacional durante 2025, con Tucumán registrando el mayor incremento (65%).
La inversión pública prevista en infraestructura para 2026 se estima en 0,4% del PBI, por debajo del 1,3% alcanzado en 2023, lo cual —según la Cámara Argentina de la Construcción— solo permite mantener obras en curso, sin capacidad para nuevos desarrollos ni revertir el deterioro acumulado. En educación, la inversión real en el nivel universitario fue la más baja desde 2007 y persiste la necesidad de implementar políticas para modernizar la educación obligatoria y reducir el abandono escolar.
La percepción hacia el futuro, según las encuestas incluidas en el informe, muestra que un 41% de la población espera una mejora en la situación económica para el próximo año, mientras que un 28% prevé estabilidad y un 27% anticipa un empeoramiento.
El informe de la fundación del PRO concluye señalando que, pese a la estabilización de variables macroeconómicas y el cambio de expectativas, la mejora en la vida cotidiana aún no se materializa para buena parte de la sociedad, y que las reformas estructurales e institucionales son ineludibles para sostener el crecimiento y profundizar en la transformación del país.
Tres jueces federales realizaron el lunes 60 allanamientos en bancos, financieras y domicilios particulares por presuntas maniobras irregulares con el dólar blue cuando estaba vigente el cepo cambiario, entre 2022 y 2023.
El expresidente del Banco Central en esa época, Miguel Pesce, defendió su gestión y dijo que la mayoría de las investigaciones empezaron motorizadas por denuncias de su autoría.
Los operativos dispuestos por las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti y el juez federal Sebastián Casanello pusieron bajo la lupa presuntas maniobras con el mercado cambiario durante la gestión de Alberto Fernández.
Pesce dijo, en diálogo con Radio 10: “Siempre que se encontraron irregularidades fueron denunciadas, se iniciaron investigaciones, sumarios y se suspendieron a las entidades. Y por la propia temporalidad y los derechos a defensa, los castigos se aplican después, con las multas”.
Asimismo, indicó que desde el BCRA pusieron en la mira 136 operadores y casas de cambio que habrían incumplido las reglas.
“La mayoría de las investigaciones empezaron durante nuestra gestión, con denuncias que presentamos”, afirmó. Además, aseguró que “se están aplicando multas de esos sumarios que iniciamos. Algunos tuvieron multas de hasta $ 60.000 millones, otros de $ 18.000 millones”.
Noticia en desarrollo
60 allanamientos en bancos,Miguel Pesce,Banco Central,Conforme a,Miguel Pesce,,»No son una bomba». Pesce hizo una fuerte defensa de las Leliqs y contradijo a Milei,,Disputa. Por tercera vez, la Justicia Federal obligó al Banco Central a venderle dólares oficiales al gobierno de Córdoba,,»Incapaz de controlar la inflación». Pesce, presidente del BCRA, tuvo la peor calificación en un ranking mundial de banqueros centrales
Cerrando el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, y conocida la determinación del Gobierno nacional referido al futuro de la Agencia Nacional de Discapacidad, el titular del bloque kirchnerista, Germán Martínez dijo que “quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad. No es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad”.
Desde el peronismo, el diputado Pablo Yedlyn presentó un proyecto de declaración “que alerta sobre la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya que se realiza sin un plan integral de transición que garantice la continuidad de las políticas públicas, la preservación documental y la transparencia administrativa.
“Estamos ante una medida que no solo debilita la institucionalidad de las políticas de discapacidad en la Argentina, sino que pone en riesgo la documentación en un área que actualmente es objeto de investigaciones judiciales y periodísticas”, señaló Yedlin. A su iniciativa lo acompañan Germán Martínez, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Cecilia Moreau, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Ana María Ianni, Carlos Castagneto, Julia Strada y Sabrina Selva, entre otros.
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Además, los diputados Juan Marino y Sabrina Selva recordaron que impulsaron y aprobaron, durante este 2025, las interpelaciones del ministro de Salud, Mario Lugones y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por las denuncias en la ANDIS.
“No solo se quedan con la plata de los medicamentos de las personas con discapacidad (3%), incumplen la ley de emergencia, reducen drásticamente las pensiones y no dan explicaciones, sino que ahora directamente disuelven la ANDIS. Cada decisión política de este Gobierno apunta a seguir ajustando a los sectores que peor la están pasando. Una crueldad y un cinismo sin precedentes”, posteó en las redes sociales Sabrina Selva.
Otro de los sectores que mostró cuestionamientos es la Coalición Cívica. La diputada Mónica Frade dijo: “El gobierno, una vez más, utiliza su propia corrupción, no para deshacerse de los corruptos, sino para eliminar Estado. A los primeros, si son propios, los cubre. Durante el 2025, como nunca antes, los discapacitados fueron brutal blanco de abandono y ataque. La disolución del organismo específico para garantizarles protección, anticipa la continuidad de esta ‘política’”, planteó.
Reforma de la ANDIS
El diputado de UxP Juan Marino, en octubre de este año, logró el dictamen de mayoría, en las comisiones de Discapacidad y de Asuntos Constitucionales, de su proyecto de Reforma Democrática de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el mismo estableció que su finalidad sería “democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones”.
Establecía también “control social y prevención de la corrupción: establecimiento de mecanismos efectivos para la fiscalización de la gestión por parte de la sociedad civil, como medida para prevenir y combatir la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Federalismo: articulación permanente con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando sus competencias y promoviendo políticas coordinadas a través del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS)”.
En su artículo 12 se dispone la reincorporación “a todos los trabajadores que desempeñaban tareas en la ANDIS y que fueron despedidos en el período de tiempo que abarca desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la presente ley”.
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El dictamen cayó desde el punto de vista legislativo por el recambio parlamentario en ambas cámaras del Congreso, pero el proyecto tiene plena vigencia para ser tratado a partir del 1 de marzo de 2026.
La postura del Gobierno
Este martes desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni señaló en conferencia de prensa: “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Desde que el organismo fue creado en 2017, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una administración transparente”.
El ministro Coordinador aseguró que a pesar de la medida adoptada “habrá auditorías permanentes y se van a eliminar 16 cargos políticos. Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”.
Discapacidad, Diputados, Manuel Adorni
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