ECONOMIA
Requisitos, multas, límites y otras claves de la ley de inocencia fiscal
El Congreso transformó en ley el proyecto de Inocencia Fiscal promovido por el gobierno de Javier Milei, que propone redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes y fomentar el uso de los “dólares del colchón”. La iniciativa introduce cambios en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con el propósito de simplificar trámites y reducir la carga administrativa.
Es importante destacar que la medida no contempla un régimen de blanqueo de capitales ni modifica la estructura del impuesto. Su objetivo es permitir que los argentinos puedan utilizar sus ahorros, hasta un límite de $100 millones, sin ser sancionados por el fisco.
La propuesta del Ejecutivo surge en un contexto en que, según el Indec, al cierre del tercer trimestre de 2025, los argentinos atesoraban alrededor de USD 254.000 millones en divisas fuera del sistema financiero, cifra inferior a los USD 256.500 millones registrados en diciembre de 2023. Durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, estos dólares informales aumentaron significativamente debido a las restricciones para la compra oficial de moneda extranjera.
“Lo que intentamos fue generar una reparación histórica del ahorro de los argentinos”, señaló Juan Pazo, ex titular de ARCA.
“El principio de ley de inocencia fiscal tiene límites. Si uno supera los mil millones de pesos de ingresos anuales, si tiene más de diez mil millones de pesos de patrimonio o si es un gran contribuyente nacional, no puede acceder a los beneficios del régimen simplificado de Ganancias”, explicó. Esa restricción constituye una diferencia clave respecto de los esquemas de blanqueo anteriores, que no contemplaban límites de este tipo.
Pazo explicó que, cuando no se superan los umbrales establecidos, las personas pueden disponer libremente de sus ahorros, ya sea depositándolos en una entidad bancaria, utilizándolos para la compra de una propiedad con previa bancarización o ejerciendo plenamente la disponibilidad de esos fondos.
“Durante décadas hubo una combinación de un sistema impositivo asfixiante, control de cambios e inflación alta que empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión”, afirmó.
Al mismo tiempo, la ley establece un aumento de más de 100.000% en las multas automáticas para personas y empresas que no presenten en tiempo y forma la documentación requerida ante ARCA.
Por ejemplo, la penalidad prevista en el artículo 38, que actualmente es de $200 para personas humanas, se eleva a $220.000, mientras que para personas jurídicas sube de $400 a $440.000. Estas sanciones corresponden a la falta de presentación puntual de las declaraciones juradas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que no se impondrán sanciones automáticas, sino que el ente recaudatorio notificará previamente al contribuyente, otorgando la posibilidad de regularizar la situación antes de aplicar una penalidad económica.
“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa», señaló el titular del Palacio de Hacienda.
El régimen actualizado modifica los montos desde los cuales la evasión fiscal pasa a considerarse delito penal. De acuerdo con un análisis del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, la figura de evasión simple queda configurada cuando el monto evadido alcanza los $100 millones.
Martín Caranta, socio del área de Impuestos de la firma, aclaró que ese valor funciona como un umbral mínimo, pero no es suficiente por sí solo, ya que también debe existir un incumplimiento efectivo de una obligación tributaria, lo que implica la concurrencia de un elemento objetivo y otro subjetivo.
Respecto de la evasión agravada, la normativa eleva el monto mínimo de $15.000.000 a $1.000.000.000. Cuando la maniobra incluye el uso de personas interpuestas, entes intermediarios, esquemas societarios complejos, patrimonios de afectación, fideicomisos o jurisdicciones no cooperantes con el objetivo de ocultar al verdadero responsable, el piso se incrementa de $2.000.000 a $200.000.000.
Ese mismo umbral aplica también a los supuestos en los que se obtienen exenciones, reducciones u otros beneficios impositivos mediante prácticas fraudulentas.
En los casos en que la operatoria contempla, de manera total o parcial, la utilización de facturas o documentación apócrifa, la evasión agravada se establece a partir de los $100.000.000, sustituyendo el límite previo de $1.500.000.
- Principio de Inocencia Fiscal: El proyecto se sustenta en la presunción de que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones, salvo prueba en contrario. La autoridad tributaria no podrá presumir de manera automática la existencia de evasión en todos los supuestos y deberá orientar sus tareas de control y eventuales denuncias penales únicamente a aquellos casos en los que existan evidencias concretas de incumplimientos o conductas dolosas. El objetivo es fortalecer la confianza en el sistema impositivo, simplificar los procedimientos y priorizar el cumplimiento voluntario.
- Modificaciones al régimen penal tributario: La iniciativa actualiza los montos a partir de los cuales una falta deja de tener carácter administrativo y pasa al ámbito penal, adecuando los umbrales a la inflación acumulada desde 2017. Se conserva la posibilidad de evitar la denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses antes de que se formalice la denuncia, aunque este recurso solo podrá utilizarse una vez por cada persona. No se promoverán acciones penales cuando no se acredite intención de evadir, incluyendo situaciones basadas en interpretaciones razonables de la norma o presentaciones espontáneas realizadas antes de una fiscalización.
- Extinción de la acción penal y prescripción de facultades: El texto aprobado establece que la acción penal se extingue cuando prescriben las facultades del fisco para determinar o exigir el tributo. En consecuencia, si el Estado pierde la posibilidad de reclamar la deuda por la vía administrativa, tampoco podrá sostener un proceso penal. Asimismo, se excluye expresamente la posibilidad de finalizar causas penales tributarias mediante mecanismos de conciliación o reparación integral, a diferencia de otros tipos de delitos.
- Penas y figuras penales específicas: Se fijan penas de prisión de dos a seis años para quienes simulen la cancelación total o parcial de impuestos o aportes al sistema de seguridad social mediante el uso de documentación falsa, declaraciones inexactas o maniobras engañosas. Esta figura se configura cuando el monto comprometido supera el equivalente a 115 salarios mínimos, vitales y móviles por ejercicio anual en materia impositiva, o 23 salarios mínimos por mes en el caso de aportes y contribuciones.
- Actualización anual de montos y difusión de valores vigentes: Todos los importes previstos tanto en el régimen penal tributario como en el régimen simplificado se ajustarán de manera anual a partir del 1 de enero de 2027, según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). La administración tributaria deberá publicar cada año los nuevos valores, con el propósito de evitar desfasajes derivados de la inflación.
- Cambios en procedimientos y plazos de prescripción: El proyecto introduce modificaciones en el esquema de multas por incumplimientos formales y redefine los plazos de prescripción. Para los contribuyentes con cumplimiento regular, el plazo general se reduce de cinco a tres años, siempre que no se detecten diferencias relevantes. En el caso de los no inscriptos, el plazo continúa siendo de diez años. Además, se elimina la suspensión automática de la prescripción por el inicio de una determinación de oficio, lo que obliga al fisco a actuar dentro de plazos más acotados. También se apunta a armonizar los plazos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.
- Reducción de multas administrativas para personas humanas y pymes: La propuesta contempla una disminución de las multas administrativas para personas físicas y pequeñas y medianas empresas, con quitas que pueden alcanzar hasta el 90%, siempre que no se trate de grandes contribuyentes. La finalidad es aliviar la carga sancionatoria sobre los sectores de menor tamaño y fomentar la adhesión voluntaria al cumplimiento fiscal.
- Régimen opcional de declaración jurada simplificada de Ganancias: Se crea un sistema optativo de declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. Bajo este esquema, ARCA confeccionará la declaración con la información disponible y quienes abonen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves o diferencias sustanciales.
- Efecto sobre los “dólares del colchón” y ausencia de un blanqueo de capitales: Si bien la iniciativa se presenta como un estímulo para transparentar ahorros no declarados, no incorpora un régimen específico de exteriorización de bienes ni modifica el Impuesto a las Ganancias. El impacto sobre los denominados “dólares del colchón” sería indirecto: al suprimirse la obligación de declarar la evolución patrimonial dentro del régimen simplificado y limitarse el uso de presunciones automáticas, disminuye el riesgo de fiscalizaciones por incrementos patrimoniales sin justificación. ARCA conserva, no obstante, la facultad de fiscalizar y cuestionar las declaraciones cuando detecte inconsistencias relevantes.
- Modernización de la administración tributaria: La efectividad de la reforma dependerá en gran medida de la capacidad del organismo recaudador para avanzar en su modernización y en la incorporación de tecnología. Sin una mejora sustancial en las herramientas informáticas y de gestión, la evasión fiscal continuará siendo un problema estructural.
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ECONOMIA
El campo argentino también sufre los efectos de la guerra, pese a la suba del precio de la soja
Duró poco la euforia inicial por los «petrodólares» adicionales que podían ingresar al país como consecuencia del conflicto en Medio Oriente y la disparada de las cotizaciones. Además de los consabidos incrementos de precios de los fletes, del impacto en la importación de gas licuado y en el seguro ajuste que sufrirán las naftas en el mercado doméstico, hay otra víctima de la guerra de la que se habla poco: el campo argentino.
Y es por eso que los reclamos por una nueva baja de retenciones a la exportación cobraron fuerza en los últimos días, algo que puede tomar un cariz conflictivo, dado que mientras el presidente Javier Milei avisó que la baja de la presión tributaria será gradual para no afectar las cuentas fiscales, desde las gremiales de pequeños productores ya se habla sobre rentabilidades neutras y hasta casos de quebranto.
La cuenta es sencilla e impactante: con respecto a los precios de hace un mes, la tonelada de soja en el mercado de Chicago aumentó un 4%, pero el costo de la urea -un insumo fundamental para la fertilización de los cultivos- se disparó un 25%. Dicho de otra forma, hace un mes se necesitaba vender 1,4 toneladas de soja para comprar una tonelada de urea, mientras que ahora se necesita 1,7 toneladas, y la tendencia es al alza.
Esto es lo que hace que lo que en principio iba a ser una buena temporada para el campo argentino, súbitamente se haya transformado en un caldo de cultivo para los quebrantos. Ya desde el año pasado los productores se quejaban de que, fuera de la zona núcleo, los números del negocio no estaban cerrando, y que esa situación no cambió con la rebaja de dos puntos a las retenciones de la exportación sojera.
Para colmo, el precio que se le paga al productor en el mercado interno no está subiendo a la misma velocidad que el internacional. Más bien al contrario, cuando se hace la conversión a dólares de los precios en Rosario, lo que se observa es una merma. Los actuales $465.000 equivalen a u$s328, el precio más bajo desde el fin del «tax holiday» de octubre pasado.
Mercados alterados por la guerra en Medio Oriente
Y, de momento, todo indica que la tendencia se acentuará. Mientras el petróleo sigue en la montaña rusa, los reportes de las consultoras de materias primas advierten sobre los efectos por venir: «La guerra de Irán está empezando a hacerse evidente en los mercados globales de commodities. Una de las primeras señales: los precios de los fertilizantes, que saltaron a su nivel más alto desde 2022», argumenta un informe reciente de SovEcon, que compara la situación actual con la que se generó tras la invasión rusa a Ucrania, cuatro años atrás.
Los expertos en el tema afirman que, lejos de haber alcanzado su pico, este impacto sobre el agro mundial recién está empezando a acelerarse. Irán es el cuarto mayor productor de urea, y además acaba de bombardear una planta productora en Quatar.
El informe de SovEcon señala, por ejemplo, que en la medida en que el precio del petróleo se mantenga en niveles altos, esto afectará la demanda de los biocombustibles, lo cual dejará margen para una mayor suba en la cotización del maíz. Es una situación que, por un lado beneficiaría la exportación argentina, aunque también pondría presión sobre precios del mercado doméstico.
Respecto de la soja, en cambio, se considera que ya en los meses previos el precio estaba descontando las tensiones geopolíticas y que no tiene -al menos mientras el petróleo Brent no supere los u$s100 por barril- tanto recorrido alcista. Uno de los motivos para esa suposición, claro, es el boom de oferta por las excelentes cosechas en Estados Unidos y Brasil. Puesto en números, el país del norte subirá un 4,4% su nivel de la campaña pasada y cosechará 121 millones de toneladas de soja, mientras Brasil batió su récord productivo con una «super zafra» de 180 millones.
Revisando los márgenes
Y es entonces cuando surge el interrogante: ¿se mantienen los pronósticos optimistas sobre el aporte de divisas del campo para este año? En principio, gracias al muy buen volumen logrado -la Bolsa de Comercio de Rosario prevé 48 millones de toneladas de soja, apenas por debajo de la cosecha del año pasado-, el optimismo se mantiene.
Si a la soja se suman las excelentes campañas de maíz y trigo, totalizarían un volumen récord de 140 millones de toneladas. Es así que se especula con una liquidación de granos en el orden de u$s40.000 millones, una cifra que no se veía desde 2022, cuando el conflicto ruso-ucraniano llevó la cotización de la soja por encima de u$s630.
Pero claro, con costos crecientes, se torna una decisión difícil la de cuándo vender. Según informó Marianela de Emilio, experta del Inta y Agroeducación, uno de los principales insumos para la fertilización, el fosfato diamónico ya subió un 6% en los embarques de Nueva Orleans. Y se trata de un insumo aun más caro que la urea: actualmente una tonelada de este fertilizante equivale a 2,7 toneladas de soja, 4,9 de maíz y 5 de trigo.
«El gran problema es la cantidad de pesos en los costos básicos y la relación que hay con la generación de dólares», plantea el consultor Sergio Juve en un informe de AgroEducación.
Y adelanta que los productores tendrán que rehacer todos los cálculos con vistas a la planificación de la cosecha fina, en una cuenta donde no sólo deben tenerse en cuenta las cotizaciones de los mercados de futuros sino, además, el manejo del costo financiero para quienes tomaron crédito.
El factor financiero
Ya desde hace un año, en el campo se están dando una sucesión de crisis financieras, incluyendo algunos nombres resonantes, como Los Grobo. Al principio, el gobierno minimizó el problema, y dijo que la mayoría de los casos se explicaban por la toma irresponsable de deuda para aumentar stock, que se hacía con la previsión de que luego la inflación licuaría los costos financieros.
Sin embargo, tras un año de tipo de cambio relativamente estable y de inflación en descenso, los problemas financieros del campo no han mermado. Más bien al contrario, abundan las advertencias de empresarios agrícolas que se quejan sobre la «inviabilidad» del negocio por la combinación de retenciones y, además, un tipo de cambio en baja.
Y, si a estas quejas -que ya se escuchaban antes del estallido de las hostilidades en Medio Oriente- se agrega ahora el mayor costo de los combustibles y la logística en la exportación, se puede inferir que, por más que en Chicago suba la soja, no habrá mucho margen para que las grandes exportadoras del mercado argentino mejoren el precio que les ofrecen a los productores.
Si, además, el sistema financiero mantiene tasas en pesos elevadas y los insumos se encarecen, las decisiones se tornan difíciles. Siempre está la posibilidad de recortar el uso de fertilizantes, pero eso implica menores rendimientos para la próxima campaña.
Y en cuanto al costo financiero, hay consultores que están aconsejando la toma de créditos en dólares, para aprovechar la estabilidad cambiaria y una tasa relativamente baja. Pero claro, eso supone asumir un riesgo cambiario, que obligaría a la toma de coberturas en el mercado de futuros del dólar. En definitiva, ya el costo del crédito no resultaría tan bajo.
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ECONOMIA
Ley de Semillas: un punto clave del acuerdo comercial con Estados Unidos reabre una grieta en el campo
(Imagen ilustrativa Infobae)
En su discurso durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei volvió a poner al campo en el centro de su agenda económica. Allí, reiteró su intención de reducir las retenciones de manera gradual, “siempre que el superávit fiscal lo permita”. Pero junto con ese mensaje, revivió un tema que el agro arrastra desde hace décadas y que divide al sector: la posible reforma de la Ley de Semillas.
El debate no es nuevo, pero volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó el mes pasado con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.
Se trata de una norma internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Y que, en la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola.
Detrás de esta discusión técnica, aparece un conflicto sectorial más profundo. Por un lado, las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, y, por el otro, buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.
La ley vigente en el país data de 1973 y quedó desactualizada frente al avance de la biotecnología y del comercio global de semillas. Mientras tanto, más de 60 países ya adoptaron UPOV 91 como estándar internacional.
En el centro de la discusión aparece una práctica clave del agro argentino. El llamado ‘uso propio’ implica que los productores pueden guardar parte de su cosecha y volver a sembrarla en la campaña siguiente sin pagar regalías adicionales por la genética utilizada.
Las empresas del sector sostienen que este esquema dificulta recuperar las inversiones en investigación y desarrollo. Los productores, en cambio, advierten que limitarlo podría concentrar el negocio en pocas multinacionales y encarecer la implantación de los cultivos.
(Revista Chacra)
En la práctica, el sistema actual genera además un incentivo a la multiplicación informal de semillas. Un productor puede comprar una variedad una campaña, comprobar su buen desempeño y luego reservar parte del grano para volver a sembrarlo en las siguientes temporadas.
Según datos del mercado local, el nivel de formalidad en el pago de derechos de propiedad intelectual en semillas no supera el 40 por ciento. En Brasil, en cambio, más del 80% de los productores reconoce esos derechos.
Para parte de la industria semillera, ese diferencial explica el atraso productivo argentino. “En el caso de la soja, el principal cultivo del país, los rindes se mantienen prácticamente estancados desde hace dos décadas en torno a los 3.000 kilos por hectárea. En ese mismo período, Brasil pasó de tener rendimientos unos 300 kilos inferiores a los de la Argentina a superarlos hoy en más de 350 kilos por hectárea”, dijo el analista agropecuario Javier Preciado Patiño.
Analizó, además, que si el país vecino tuviera hoy el mismo rendimiento que a comienzos de los años 2000, su producción rondaría las 134 millones de toneladas. En cambio, actualmente se ubica cerca de las 180 millones de toneladas al año.
Para algunos actores del sector, la explicación está en el acceso a genética más avanzada. “La discusión de fondo es si queremos que el productor argentino acceda a la misma tecnología que utilizan los productores brasileños o estadounidenses”, explicó una fuente vinculada a la industria semillera. Según ese diagnóstico, la falta de un sistema claro de recuperación de la inversión en genética desincentiva la llegada de nuevos desarrollos al país.
“Para quien se adelante a objetar que el diferencial es impositivo, el algodón lo muestra todavía más nítido. Tuvo retenciones más bajas que los cultivos principales, las eliminamos, y aún así tenemos la mitad del rinde que Brasil (~700 kg de fibra/ha vs +1.500)”, escribió el secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, en su cuenta de X.
Destacó, además, que “la innovación agrícola es hiperlocal, particular a cada geografía. Sin retorno para quien la desarrolla acá, no se desarrolla acá. Sin innovación, los rindes se estancan. Ese rinde no capturado son miles de millones en exportaciones que no ocurren. El pago de semillas no es un beneficio para las semilleras. Es la condición para que exista mejoramiento local. Y con rindes estancados, el que pierde es el productor. Más tecnología en el campo = más kilos por hectárea = más Argentina”, publicó el funcionario.
En los últimos años varias compañías redujeron sus programas de investigación o limitaron la introducción de nuevas variedades. La soja Intacta, desarrollada por Bayer, dejó de tener nuevas versiones comerciales en el mercado local, mientras que otras tecnologías que ya se utilizan en Brasil o Estados Unidos todavía no están disponibles para los productores argentinos.
Actualmente, apenas un puñado de empresas mantiene programas de mejoramiento de soja a escala en el país, encabezados por compañías como DonMario y algunos desarrollos de origen internacional.
Desde una de las principales compañías de genética agrícola con presencia global y operaciones en la Argentina señalaron que los países que reforzaron la protección de la propiedad intelectual lograron acelerar la adopción de nuevas variedades y expandir sus exportaciones agrícolas.
Ante la falta de una reforma legal, la propia industria impulsó en los últimos años un sistema privado para regular el pago de regalías. Se trata de Sembrá Evolución, un esquema de licencias que ya reúne a más de 21.000 productores y cubre unas 3,8 millones de hectáreas de soja sobre un total cercano a las 16 millones sembradas en el país.
El sistema busca ordenar el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las variedades, aunque el nivel de adhesión todavía es parcial y convive con prácticas informales como la llamada ‘bolsa blanca’.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que la adhesión a UPOV 91 “limita severamente el concepto de uso propio”, desequilibra la relación entre obtentores y productores y podría incrementar los costos de implantación.
En un comunicado, la entidad reconoció la necesidad de reglas claras para fomentar la innovación, pero reclamó preservar el rol del productor como “socio estratégico y no solo cliente cautivo de la tecnología de semillas”.
La Mesa de Enlace también comenzó a analizar el tema. Según explicó Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, la entidad no respaldará la adhesión a UPOV 91, aunque está dispuesta a discutir una nueva ley nacional que combine innovación con los derechos históricos de los productores.
REUTERS/Tomas Cuesta
Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano destacó la importancia de alcanzar consensos dentro del sector y vinculó el debate con el estancamiento productivo del país. “Argentina está estancada en materia productiva hace bastante tiempo”, señaló. Y agregó que para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos -tal como lo dijo el presidente en su discurso en el Congreso- también será necesario avanzar en la reducción de las retenciones.
El frente político no es sencillo. Durante más de dos décadas se presentaron distintos proyectos para actualizar la Ley de Semillas, pero ninguno logró avanzar en el Congreso. Las diferencias entre productores, empresas y entidades rurales imposibilitaron cualquier intento de reforma.
En el sector reconocen que el debate volverá a ser intenso en el Parlamento, donde las entidades rurales mantienen fuerte influencia sobre distintos bloques políticos. Comentan que, incluso dentro del oficialismo, conviven posiciones diferentes sobre el tema: mientras algunos legisladores cercanos al sector agropecuario prefieren avanzar en una nueva ley nacional otros optan por adherir directamente a UPOV 91.
Mientras tanto, el Gobierno convocó a los distintos actores del sector para presentar propuestas y anticipó el envío de un proyecto al Congreso.
La alternativa a la adhesión directa a UPOV 91 sería una nueva ley nacional. Ese proyecto —que aún no existe formalmente, pero que distintos actores del sector aseguran que está en elaboración— también deberá pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería, un espacio históricamente atravesado por la influencia de las entidades rurales y de las provincias agrícolas.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector comenzarán esta semana la negociación salarial de la paritaria de Comercio 2026, en el marco de la cláusula de revisión prevista en el acuerdo firmado a fines del año pasado.
El encuentro llega en un momento clave para el convenio colectivo de trabajo 130/75, ya que en abril se incorporarán al salario básico los $100.000 no remunerativos otorgados en el último acuerdo. Esa decisión tendrá impacto directo en el sueldo de los empleados de comercio y en los descuentos que se aplican sobre el salario.
Por ese motivo, el inicio de la discusión salarial aparece como una instancia clave para definir cómo evolucionarán los sueldos del sector durante los próximos meses.
Paritarias de empleados de comercio: arranca la negociación entre gremio y empresas
La reunión entre FAECyS y las cámaras empresarias estaba prevista en el acta paritaria firmada en diciembre pasado, que estableció la revisión de las escalas salariales durante marzo.
El objetivo de esa cláusula fue permitir que las partes analicen la evolución de la economía, la inflación y el consumo antes de definir nuevos ajustes salariales para los trabajadores mercantiles.
Con la apertura formal de la mesa paritaria, se comenzarán a discutir distintos puntos centrales del acuerdo, entre ellos:
el porcentaje de aumento salarial para empleados de comercio
el esquema de aplicación de los incrementos
el cronograma de actualización del salario básico
el impacto de la incorporación de las sumas no remunerativas al sueldo
Sueldo y bono: qué pasará con los $100.000 no remunerativos
Uno de los aspectos más sensibles de la negociación es la incorporación al salario básico de los $100.000 no remunerativos (40.000 + 60.000) otorgados en el acuerdo paritario anterior.
Cuando este tipo de sumas se integran al básico se producen dos efectos simultáneos: por un lado, aumenta la base de cálculo para adicionales, aportes y contribuciones; por otro, se incrementan los descuentos que impactan sobre el salario.
Esto puede generar, en algunos casos, que el sueldo de bolsillo se vea reducido pese a que el salario bruto aumente.
Por esa razón, el gremio buscará que el nuevo acuerdo salarial contemple un incremento adicional que compense ese efecto y evite una pérdida en el ingreso neto de los trabajadores.
Inflación y consumo, las variables que siguen de cerca en la paritaria
La negociación también coincide con la publicación del próximo índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato que suele tener fuerte influencia en las discusiones paritarias.
Desde FAECyS, conducida por Armando Cavalieri, mantienen reserva sobre el porcentaje de aumento que reclamarán, aunque en el sector anticipan que el pedido deberá contemplar varios factores clave.
Entre ellos se destacan la inflación acumulada en los últimos meses, la proyección inflacionaria para el corto plazo y el impacto que tendrá en el salario neto la incorporación de las sumas no remunerativas al básico.
Del lado empresario, en tanto, las cámaras siguen de cerca la evolución del consumo y de los indicadores de actividad antes de fijar una postura definitiva en la mesa de negociación.
Una paritaria que marca tendencia
La paritaria de empleados de comercio es la más grande del país, ya que alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores en todo el territorio nacional.
Por ese motivo, los acuerdos salariales que se firman en esta actividad suelen convertirse en referencia para otras negociaciones de gremios y sectores productivos.
Con abril como mes clave por la incorporación de las sumas no remunerativas al salario básico, el sector espera definiciones rápidas que permitan anticipar cómo quedarán los sueldos del convenio 130/75 en el inicio del nuevo tramo paritario.
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