Esta madrugada, y en forma concomitante con el allanamiento realizado en su propiedad de Nordelta, la Justicia prohibió la salida del país a Javier Faroni, el empresario teatral vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La medida se ejecutó cuando Faroni intentaba viajar a Uruguay desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en un vuelo privado: la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidió abordar, pero el empresario llegó a descartar un celular que por el momento no fue hallado.

Según confirmaron fuentes de la investigación a este medio, aún se desconoce “si el chip que tenía se corresponde con el celular de él”. Y otro dato que llamó la atención de los pesquisas: ayer martes 29 arribó al país procedente de Uruguay y esta madrugada intentaba regresar al país vecino. No lo pudo hacer porque desde el juzgado de Armella ya había circulado la alerta que le prohibía salir de la Argentina.

Faroni quedó en el centro de una causa por presunto desvío de fondos millonarios al exterior que involucra la administración de recursos de la AFA a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos. El expediente investiga movimientos financieros por decenas de millones de dólares, transferencias a entidades sin actividad real y un entramado de relaciones opacas que habrían canalizado ingresos del fútbol argentino fuera del país. En total, los negocios bajo análisis rondan los USD 300 millones.

La pieza clave del esquema es TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida en agosto de 2021, de la cual Faroni era la cabeza visible. A los pocos meses de su creación, la firma se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para contratos en el exterior, bajo un acuerdo aprobado por el comité ejecutivo que preside Tapia. Ese contrato le otorgó a TourProdEnter la función de agente de cobro y pago de ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina: la empresa recaudaba, realizaba pagos, descontaba comisiones y transfería los excedentes a la AFA.

De acuerdo con registros bancarios confidenciales incorporados a la causa, TourProdEnter manejó más de USD 260 millones en apenas cuatro años, a través de cuentas abiertas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan. Entre los principales aportantes figuran empresas ligadas a la Selección, como Adidas, que transfirió USD 78,6 millones, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.

Sin embargo, una parte sustancial de ese flujo no tuvo como destino directo a la AFA. Los investigadores detectaron que al menos USD 42 millones fueron derivados a cuatro sociedades registradas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y presentan características típicas de “sociedades fantasma”. Esas transferencias se suman a un circuito financiero más amplio que, según la pesquisa, canalizó más de USD 260 millones sin una trazabilidad clara sobre el destino final ni sobre los verdaderos beneficiarios.

Otro eslabón relevante fue Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario en operaciones de cambio de bonos, con pasos por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina. Desde Adcap reconocieron su rol como agente financiero y sostuvieron que todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y estuvieron debidamente documentadas, afirmando que los fondos se transferían luego a cuentas de la AFA en bancos argentinos. No obstante, en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter aparece mencionada de manera marginal, identificada como deudora y sin que se detalle su rol central en la estructura internacional de cobros y pagos.

Las sospechas se profundizan al analizar quiénes están detrás de las LLC receptoras del dinero. Según la investigación, los beneficiarios son personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias: empleados de pequeños comercios, beneficiarios de vivienda social y personas con antecedentes de insolvencia y deudas significativas. Entre ellos figuran Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC; Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC; Verónica Inés López, asociada a Velp LLC; y Roberto Salice, relacionado con Velpasalt LLC y declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude. Las direcciones en Miami declaradas por esas firmas corresponden, además, a servicios de “oficina virtual”, y dos de ellas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.

En este marco, el juez federal Luis Armella emitió la orden de los procedimientos, a partir de un pedido formulado por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco. Por disposición del Ministerio Público, los allanamientos alcanzaron no sólo la vivienda de Faroni, sino también la sede de la AFA, en la calle Viamonte 1366, y el predio que la entidad posee en Ezeiza.

Según fuentes judiciales, los operativos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas que permitirían vincular maniobras de lavado de activos desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, presuntamente montados a partir de estructuras del fútbol profesional utilizadas como soporte operativo.

Qué es TourProdEnter y por qué es clave en la investigación

En el corazón del expediente aparece TourProdEnter LLC, la empresa que funcionó como engranaje central del circuito financiero bajo la lupa judicial. La firma fue creada en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, y en tiempo récord pasó a ocupar un rol estratégico: se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos internacionales, con aval del Comité Ejecutivo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Con ese acuerdo, TourProdEnter quedó habilitada para cobrar ingresos provenientes de sponsors globales, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina, realizar pagos a terceros, descontar comisiones y transferir los fondos restantes a la AFA. En los hechos, actuó como agente de cobro y pago en el exterior, concentrando una operatoria financiera de enorme volumen.

Según registros bancarios incorporados a la causa, entre 2021 y 2024 TourProdEnter administró más de USD 260 millones, canalizados a través de cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Parte sustancial de esos fondos provino de empresas vinculadas directamente a la Selección, como Adidas, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.

El foco de los investigadores está puesto en que al menos USD 42 millones salieron de esas cuentas hacia cuatro sociedades radicadas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y operan desde direcciones de “oficina virtual”, características típicas de estructuras utilizadas para ocultar beneficiarios finales.

A esto se suma el envío de cerca de USD 110 millones a Adcap Uruguay Agente de Valores, entidad que actuó como intermediaria en operaciones financieras que incluyeron la liquidación de bonos y el paso por distintas jurisdicciones. Para la Justicia, este circuito podría haber servido para triangular fondos, eludir controles y facilitar maniobras de lavado de activos.

Otro punto sensible es la escasa visibilidad de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA. Recién en junio de 2024 la empresa aparece mencionada ante la Inspección General de Justicia, y lo hace únicamente como empresa deudora, con un saldo pendiente de $13.296 millones, sin que se detalle su rol como administradora de los cobros internacionales. Esa falta de desagregación es señalada por los investigadores como una de las principales zonas grises del esquema.

Aunque Javier Faroni sostiene que la firma actuó siempre dentro del marco legal y que su operatoria respondió a las restricciones cambiarias vigentes en la Argentina, para los fiscales TourProdEnter constituye la pieza central del entramado financiero investigado, tanto por el volumen de dinero administrado como por la opacidad de parte de su circuito de transferencias.

El nombre de Faroni aparece asociado desde hace años al círculo de confianza de “Chiqui” Tapia. Además de su pasado como empresario teatral, fue quien estructuró TourProdEnter en Estados Unidos. La firma fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni, ex empresaria teatral y ex directiva de Aerolíneas Argentinas. En el marco de la pesquisa, la Justicia estadounidense activó un pedido de “discovery” para acceder a los registros bancarios de la productora contratada por la AFA.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos, donde alertó sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos mediante cuentas en territorio norteamericano. Según esa presentación, TourProdEnter habría acumulado alrededor de USD 25 millones en una cuenta del banco Synovus sin declarar esos fondos ante el fisco argentino. Parte de esos recursos, siempre según la denuncia, provendrían de un amistoso de la Selección en China y de un acuerdo de patrocinio, y no habrían ingresado a cuentas de la AFA ni al país.

Faroni, por su parte, difundió un comunicado en el que cuestionó a los medios, negó vínculos políticos y aseguró que no existe imputación formal en su contra. Allí reconoció la relación contractual entre TourProdEnter y la AFA, y sostuvo que la empresa actuó siempre dentro del marco legal como agente comercial, de cobro y de pago. Sin embargo, para los investigadores, las inconsistencias contables, la opacidad de las estructuras societarias y el desvío de fondos hacia empresas sin actividad real mantienen abiertas las sospechas.

Con la prohibición de salida del país ya efectiva y los allanamientos en marcha, la causa entra ahora en una etapa decisiva. La lupa judicial se posa no sólo sobre Faroni y TourProdEnter, sino también sobre la cúpula de la AFA, en una investigación que promete escalar y que podría exponer uno de los entramados financieros más complejos y sensibles del fútbol argentino reciente.

Federico González del Solar,Conforme a

Javier Milei excluirá a Victoria Villarruel de los aumentos salariales que dispondrá para el gabinete. El presidente firmará hoy la medida -que se publicará el viernes 2 de enero en el boletín oficial- y congelerá también su salario de forma indefinida.

En la Casa Rosada aseguran que el decreto alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, en línea con la recomposición que vienen reclamando distintos sectores del gabinete tras casi dos años de congelamiento. En Nación estiman que los sueldos jerárquicos acumularon una pérdida de poder adquisitivo cercana al 60% desde diciembre de 2023.

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La inflación acumulada en 2024 fue de 117,8% y el IPC acumula 27,9% en 2025 a noviembre. En Balcarce 50 sostienen que el aumento no implicará un esquema diferencial respecto del resto del Estado y que la recomposición no será superior a la que percibieron los empleados públicos bajo las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

En la mesa chica del oficialismo argumentan que el jefe de Estado definió excluir también a la vicepresidenta porque se trata de un cargo “electo y no técnico”. Se da en un contexto de vínculo deteriorado con el primer mandatario, que se profundizó a lo largo de 2025 por diferencias de agenda, exposición pública y posicionamientos internos.

En el Gobierno sostienen que el congelamiento salarial complicó el funcionamiento interno de la gestión, en especial para sostener equipos técnicos y cubrir cargos estratégicos. También advierten que la brecha con el sector privado se amplió en los últimos dos años, lo que generó dificultades para retener cuadros especializados.

El esquema salarial vigente contempla más de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta y $3,58 millones para los ministros, además de $3,2 millones para secretarios y cerca de $2,8 millones para subsecretarios. Los senadores cobran hasta $9,5 millones y los diputados alrededor de $7 millones.

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Las tensiones dentro del gabinete por el congelamiento salarial tuvieron diferentes niveles a lo largo del 2025, que contaron con planteos directos al primer mandatario para que habilite su firma. La mesa política de Nación no quería impulsarlo antes de las elecciones de octubre y se comprometió puertas adentro a oficializarlo a partir de enero.

El decreto se terminó de cerrar entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). La última instancia en la que Nación impulsó con un aumento salarial para cargos jerárquicos terminó con el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y con la derogación de la medida.

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