El juez federal de Campaña Adrián González Charvay pidió a su colega en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky que se inhiba de seguir investigando la causa por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, valuada en 20 millones de dólares y que se sospecha es de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Aguinsky, que es juez de la Capital, especializado en delitos económicos, insistirá en quedarse con el caso, con lo que el conflicto entre ambos magistrados deberá ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.

Los jueces de feria de la Cámara en la primera quincena de enero son Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas.

Este caso primero lo gestionó el juez federal Daniel Rafecas, que puso una consigna policial para que no vaciaran la quinta y mandó a peritarla para conocer su valuación.

El juez Marcelo Aguinsky se quedó con la causa por decisión de la Cámara Federal, que dijo que de todos modos no era una situación definitiva.

Los investigados como testaferros de Pablo Toviggino, dueño de la sociedad Real Central SRL -que aparece como dueña de la quinta cuestionaron la intervención del juez-, Luciano Pantano y Ana Conte, su madre, plantearon que Aguinsky no era competente para intervenir sino que debía investigarlos González Charvay, juez federal de Campana, porque la quinta está en jurisdicción del tribunal.

Por eso, le platearon a Charvay que le requiera a Aguinsky la inhibitoria. Y así lo hizo hoy el juez de Campana, previa opinión del fiscal federal Sebastián Bringas, que se opuso a esa medida.

El juez entendió que le corresponde investigar la acusa al amparo de las garantías del juez natural, dado que el objeto de la investigación se encuentra en la jurisdicción de su tribunal.

Dijo Charvay: “Entiendo que, si la hipótesis que comprende el objeto procesal de la presente fue encuadrada -en principio- en el supuesto típico del artículo 303 del Código Penal [Lavado de dinero] y habría tenido lugar en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, resulta este Juzgado competente en razón del territorio”.

Y abundó al sostener que ese criterio ya fue sostenido en otras causas por la Cámara Federal de San Martín por una causa con una hipótesis delictiva similar.

En ese caso, los denunciados eran funcionarios que residían en Pilar y se habrían hecho operaciones patrimoniales en esa jurisdicción.

“Teniendo en cuenta que la hipótesis delictiva trazada se circunscribe al partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y siendo este Juzgado Federal de Campana al que por ley le corresponde entender en la causa”, el juez González Charvay dispuso “solicitar al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10 que se inhiba de seguir entendiendo” en el caso y le remita el expediente.

Adrián González Charvay es un juez que conoce las implicancias políticas que trae aparejado su cargo.

Sus decisiones se cruzaron con los deseos del Gobierno de Javier Milei, por ejemplo, cuando recientemente le dio nueva vida a la ley de emergencia en discapacidad, que un decreto presidencial había suspendido o cuando permitió a la municipalidad de Pilar cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo postura del gobierno nacional.

González Charvay reemplazó como juez a Federico Faggionatto Márquez, quien fue destituido luego de realizar operaciones de inteligencia contra Francisco de Narváez y acusado de quedarse con el dinero producido por un campo de soja, que estaba secuestrado en una causa bajo su instrucción.

Aunque González Charvay ya tenía experiencia en el juzgado federal número 1 de San Isidro, como secretario, y además fue secretario de la Cámara Federal de San Martín.

Es un hombre de la familia judicial de la zona norte del conurbano, una rama diferente de la Comodoro Py 2002, con gimnasia para la política, aunque más lejos de los reflectores de los medios porteños.

Allí campea la influencia política del binguero radical, empresario y expresidente de Boca Daniel Angelici, con terminales en la Cámara Federal de San Martín y diálogo con todos los jueces federales de la zona. Aunque el juez federal no es tropa de Angelici, a quien conoce socialmente y como operador judicial.

En Zárate-Campana, una de las rutas favoritas para el paso de la droga por la Argentina, el juez federal fue implacable con el narcotráfico. Operativos con miles de kilos de cocaína decomisados fueron dirigidos por el magistrado. Metió preso a un narco que acopió 3.000 kilos de cocaína para llevarla al mundial de Qatar. Frustró el envío y secuestró 1.650 kilos de cocaína que iban a Asia, valuados en 60 millones de dólares. No dudó en detener a gendarmes cuando aparecieron robando droga e impuso condiciones de arresto durísimas para los narcotraficantes, inspiradas en los castigos de la justicia italiana a los mafiosos.

En su carrera como juez fue el encargado de mandar a juicio oral al exintendente de Pilar del Pro Nicolás Ducoté el 5 de mayo de 2022, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y un plan de microcréditos para refacción de viviendas.

La causa terminó de enterrar las aspiraciones políticas de Ducoté. Aunque el principal motor del caso contra Ducoté fue la información que llegó del Gobierno nacional.

González Charvay ya había mandado a juicio a otro intendente antes, Osvaldo Cáffaro, de Zárate. Allí el jefe comunal fue sepultado por las pruebas que aportó rápido el propio ministerio de Planificación, en manos de Julio De Vido en esa época.

González Charvay no oculta que tiene relación con la mayoría de los seis intendentes que están en jurisdicción del juzgado federal de Campana.

Achaval logró otra victoria en el juzgado cuando consiguió que se aprobara una cautelar contra el Gobierno de Javier Milei cuando suspendió la construcción de la universidad de Pilar. González Charvay hizo lugar a una cautelar de Lizzie Wanger, rectora de la futura casa de estudios y permitió que se siga adelante con el proyecto.

El fallo no juzga si es políticamente oportuna o no la medida del Gobierno, sino que pone el acento en que una resolución ministerial no puede estar por encima de una ley nacional, provincial o la autonomía municipal.