ECONOMIA
El Gobierno advirtió que va a despedir a empleados del Banco Nación que pidan documentación innecesaria para depositar dólares
La administración nacional endureció su postura frente a las entidades financieras para facilitar el ingreso de dólares al sistema formal. Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que el Banco Nación instruirá a su personal para ajustar cada trámite a la normativa vigente y aseguró que cualquier empleado que exija documentación no prevista será despedido.
En el contexto de la Ley de Inocencia Fiscal, que el Congreso sancionó recientemente, el objetivo del Gobierno es promover la formalización de fondos que hoy permanecen fuera del circuito bancario. Aunque la ley aún no se encuentra promulgada ni reglamentada, las autoridades buscan acelerar su puesta en marcha, mientras el andamiaje operativo se mantiene en proceso de definición.
Manuel Adorni sostuvo en conferencia de prensa: “Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”. Al detallar el mecanismo previsto, agregó que para depositar dólares será suficiente acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias y que esos fondos podrán ser utilizados “para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”. En la misma intervención, Adorni defendió el nuevo marco normativo señalando: “Con el nuevo esquema los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables” y afirmó que “Argentina dejó de vivir en el reino del revés”.
El mensaje del Poder Ejecutivo apunta a eliminar trabas para los ahorristas y busca garantizar que los bancos no impongan requisitos adicionales, más allá de lo que establece la ley. La instrucción fue dirigida especialmente al Banco Nación, aunque también alcanzó al resto de las entidades financieras que operan en el país. Según la información oficial, los bancos deberán limitarse a solicitar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias como único requisito para aceptar depósitos de dólares provenientes del ahorro personal.
La Ley de Inocencia Fiscal crea un régimen destinado a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá la función de concentrar los controles en los ingresos facturados y las deducciones de cada persona o empresa, sin revisar gastos ni bienes. El pago del impuesto correspondiente libera al contribuyente de futuros reclamos por Ganancias y habilita la realización de operaciones de gran magnitud sin reportes automáticos de bancos, escribanías, concesionarias o tarjetas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a la presión oficial y utilizó sus redes sociales para advertir públicamente a las entidades financieras. “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, escribió el funcionario, en respuesta a la consulta de un usuario.
Caputo remarcó que quienes cumplan con la adhesión al régimen simplificado tendrán la posibilidad de depositar sus dólares en el banco y disponer de los mismos de inmediato, ya sea para realizar consumos o para conservarlos y obtener intereses, con funcionamiento equiparable al de cualquier sistema financiero internacional.
La ley, que todavía no fue promulgada ni reglamentada, busca modificar el vínculo entre los contribuyentes y el Estado, priorizando la incorporación de ahorros al sistema formal. El ex titular de ARCA, Juan Pazo, explicó que el nuevo régimen permitirá “exteriorizar y hacer depósitos en un banco hasta la suma de $10 millones sin que exista un delito de evasión tributaria”. Subrayó que se trata de fondos “bien habidos” y que, de acuerdo con observaciones del FMI, los depósitos en dólares deben considerarse un “principio de inclusión financiera”. “Es mucho más importante que los fondos estén dentro del sistema”, sostuvo Pazo, quien pidió transmitir tranquilidad a los ahorristas.
Según Pazo, la renta de fuente extranjera ya puede incorporarse al régimen simplificado, siempre que sea declarada ante ARCA. Además, puntualizó que en caso de que los fondos depositados se vuelquen a la compra de bienes, como autos o maquinaria agrícola, la operación deberá estar bancarizada por alguna de las partes involucradas. Pazo también analizó el comportamiento del sistema financiero y afirmó que las entidades están actuando con un nivel de cautela aún mayor al recomendado por los organismos internacionales. “Lo que hacen es tomar cobertura de los riesgos. En el momento que un banco empiece a tomar los fondos, el que no lo haga va a quedar fuera del mercado”, evaluó.
La advertencia del Gobierno a los empleados del Banco Nación busca acelerar la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal y disipar dudas en torno a la operatoria de depósitos en dólares. Desde el Ejecutivo reconocen que los cambios en la ley penal “no son tan sencillos” de aplicar, pero insisten en que la iniciativa se trata “intensamente” para favorecer la remonetización de la economía.
El texto legal, además de establecer requisitos y límites para quienes adhieran al régimen simplificado, actualiza los montos previstos en los delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada y habilita mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago en determinadas condiciones. También reduce los plazos de fiscalización y reclamo impositivo, con esquemas de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento fiscal del contribuyente.
Mientras tanto, los bancos aguardan definiciones y han hecho llegar sus inquietudes al Banco Central. De acuerdo con lo que trascendió, el sistema financiero se encuentra “bastante confundido” y espera precisiones sobre la operatoria definitiva que regirá una vez que la norma sea promulgada y reglamentada por ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF). La postura oficial es que las entidades deben evitar cualquier traba adicional y ceñirse de manera estricta a la letra de la ley.
La medida busca impulsar la formalización de divisas actualmente fuera del circuito, en línea con recomendaciones internacionales y bajo el argumento de que la inclusión de esos fondos contribuye al fortalecimiento del sistema financiero nacional. El Gobierno remarcó que, con la nueva ley, los ciudadanos ya no serán tratados como “potenciales sospechosos” y podrán disponer de su dinero sin rendir cuentas adicionales al Estado, siempre que cumplan con los requisitos previstos.
En el escenario actual, la consigna oficial es que cualquier exigencia de documentación extra por parte de los empleados del Banco Nación será causal de despido inmediato. Las autoridades insisten en que el cumplimiento del régimen simplificado de Ganancias será la única condición para acceder a los beneficios de la operatoria, mientras la reglamentación definitiva avanza en los organismos correspondientes.
La presión del Gobierno sobre el sistema financiero apunta a garantizar que los ahorristas puedan incorporar sus fondos de manera ágil y sin obstáculos, al tiempo que se promueve un nuevo marco de relación entre los contribuyentes y el Estado. La implementación plena de la Ley de Inocencia Fiscal permanece sujeta a la promulgación y reglamentación, pero las directivas a nivel oficial ya anticipan un cambio de paradigma para quienes buscan ingresar dólares al circuito formal.
ECONOMIA
Derrumbe de SanCor: más de 1.000 reclamos laborales y la láctea deja de producir para terceros
La situación de crisis que atraviesa SanCor sigue sumando capítulos y la compañía, un auténtico emblema de la lechería argentina, no deja de acumular novedades negativas. La firma en cuestión mantiene en situación de parálisis sus plantas cordobesas en Balnearia y Devoto, además de San Guillermo, ya en Santa Fe. Ocurre que Elcor SA, Punta del Agua y La Tarantela/Failar, que utilizaban esas instalaciones para sus respectivas producciones, frenaron los acuerdos «a fazón» con SanCor a raíz de diferencias con el gremio ATILRA. Por otra parte, el concurso preventivo en el que se encuentra la láctea presentó novedades y se conoció 1.506 acreedores reclamaron pagos de la lechera ante los tribunales de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.
Según fuentes cercanas a la compañía, el parate establecido por las empresas con acuerdos con SanCor emergió luego de que el gremio presentó ante el Ministerio de Capital Humano un documento solicitando que Elcor SA, La Tarantela y Punta del Agua sean consideradas «responsables solidarias» de la deuda salarial que la unión de cooperativas posee con sus empleados.
SanCor: se multiplican los reclamos laborales
Al parecer, sobre todo a partir de enero distintos operarios de la lechera evaluaron la posibilidad de enviar telegramas intimando a esas empresas para que afronten los incumplimientos de SanCor.
«En estas semanas, no sólo se paralizó la producción en esas plantas, sino que a la vez las empresas que producían quesos y manteca, principalmente, retiraron de las plantas implementos, insumos y dejaron de remitir leche cruda y crema para su proceso. Incluso envases con las marcas de terceros se sacaron de las plantas, principalmente Devoto, Balnearia y San Guillermo», indicó el sitio especializado Bichos de Campo.
En paralelo, trascendió que 1.506 acreedores presentaron su reclamo de pagos ante la Justicia de Rafaela, en el marco del concurso preventivo que se le sigue a la compañía. De acuerdo a datos de la sindicatura, la compañía posee una deuda cercana a los u$s140 millones entre compromisos laborales, e incumplimientos financieros y comerciales.
También se indicó que, en cuanto a las presentaciones de acreedores, casi el 71% de los reclamos -alrededor de 1.060- refiere a acreedores laborales. Además, la compañía mantiene deudas con firmas como Prevent SMK SA, Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, la láctea Inproal, y las firmas de servicios públicos Litoral Gas, EPE Santa Fe, y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), entre otras.
Intervención judicial en la unión de cooperativas
A raíz de los continuos incumplimientos de salarios y deuda con proveedores que ha efectuado la unión de cooperativas, a fines del mes pasado la Cámara de Apelación de Santa Fe confirmó la intervención dispuesta para la compañía por el juzgado de Primera Instancia de Rafaela.
De esa forma, se ratificó que la láctea será coadministrada por el aparato judicial de la provincia en cuestión. Por estos días, SanCor acumula una deuda laboral del orden de los 20.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la firma suma más de 300 pedidos de quiebra en su contra.
Un aspecto que dio lugar a la ratificación aplicada estuvo, según fuentes judiciales, en que la cúpula de la lechera dio señales de no querer colaborar con la investigación llevada a cabo por los tribunales.
Recientemente, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, dos expresidentes de la lechera, fueron procesados por la presunta apropiación indebida de al menos $1.600 millones que, señala la Justicia, debieron destinarse al pago de los aportes de los operarios de la firma.
La medida en cuestión, establecida por Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Rafaela, incluyó un embargo por $90 millones aplicado a ambos exejecutivos. También se rechazó la posibilidad de que Gastaldi y Sánchez obtengan una suspensión del juicio fijado por el mismo Cuello Murúa.
A principios de noviembre de 2025, la directiva de la empresa presentó ante la Justicia un plan de crisis que propone, a modo de aspecto sobresaliente, el recorte de 304 empleos como medida concreta para mejorar el presente financiero de la lechera.
En los últimos dos años SanCor implementó 370 despidos aunque, más allá del tenor de la medida, la láctea no logró reducir su rojo operativo y financiero.
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Tras 26 años de negociación, Argentina ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El Senado de la Nación aprobó por 69 votos a favor y 3 en contra de la alianza. En Infobae en Vivo Al Amanecer, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, analizó el impacto del convenio y la situación actual del campo argentino. El sector agropecuario considera que el pacto representa una oportunidad. Pino destacó los desafíos que enfrenta el sector y la necesidad de fortalecer el negocio ganadero y la producción nacional.
De acuerdo con Pino, es “muy importante cerrar una etapa de más de veinticinco años de negociación. Se abre un nuevo desafío hacia adelante”, dijo el titulo de la Sociedad Rural a Infobae Al Amanecer, programa conducido por Nacho Girón, Luciana Runbinska y Belén Escobar.
El dirigente explicó que el acuerdo permite un intercambio “intenso y mucho” con la Unión Europea, aunque señaló que “hay que empezar a transitar este camino, a ver las cuotificaciones, cómo van a ser, porque todo esto va de la mano de cuotas”. Pino sostuvo: “Cuando vos exportás, habitualmente también importás. Esa convivencia comercial va a tener que ser empezada a trabajar”.
Pino remarcó que el acuerdo se enfrenta a temores y resistencias, pero defendió su potencial. “Tiene que ser un camino con optimismo y sin temor a que nadie va a sufrir ninguna consecuencia a algunos que tienen miedo que la Argentina vuelva al mundo”, aseguró.
Entre otras cosas, el presidente de la Sociedad Rural Argentina abordó la preocupación por el precio de la carne y el abastecimiento local. “El negocio de la carne es un comercio como cualquier otro, que se rige por oferta y demanda”, afirmó Pino. Explicó que “el negocio ganadero viene quedado en la Argentina en los últimos treinta años”, debido a las restricciones impuestas por distintos gobiernos.
Pino sostuvo: “El negocio ganadero volvió a tener números interesantes y eso va a incentivar a al productor”. Sobre los precios, afirmó: “La carne recuperó un valor contra la inflación. Cuando uno parte de muy atrasado, el impacto es fuerte”.
De acuerdo con Pino, el precio de la carne responde a factores culturales además de los económicos: “El consumo bajó porque culturalmente viene bajando el consumo de carne de vacuno. Cuando yo era chico, hace treinta o cuarenta años, nos comíamos 75 kilos de carne por habitante por año. Hoy ese número está rozando los 50 kilos”. Pino atribuyó esta caída al “cambio de hábitos”.
Consultado sobre el dólar, Pino valoró la existencia de un “dólar único”. “Hoy vendemos nuestro producido y vamos a comprar insumos para seguir produciendo, y ese dólar vale lo mismo. Eso es una gran cosa”, explicó. Señaló que “hubo brechas de hasta el 200%” y que, más allá del valor exacto, “nuestro negocio, nuestro medio de vida, nuestra forma de vida, es producir y defender el precio de nuestros productos”.
Pino advirtió sobre la presión fiscal: “El tema impositivo sigue siendo un ancla muy pesada, no solo a nivel nacional, sino provincial y municipal”. El dirigente insistió en que “se hace pesado” para los productores.
Sobre el futuro, Pino afirmó: “No hay que horrorizarse porque dice que la carne está muy cara, entonces el consumo bajó”. Destacó que “los argentinos estamos en el mundo en el puesto número tres de país consumidor de proteína animal”. “Consumimos 114 kilos de carne, de proteína animal, que es un dato muy interesante y muy importante”, afirmó.
Pino también se refirió a la crisis en la industria láctea. “Preocupa y ocupa también, porque esta situación se está dando no solo en empresas tamberas, sino también en empresas que son distribuidoras de insumos, que viene sucediendo ya desde hace un año”, señaló. Explicó que “que una fábrica frene o pare los pagos o tenga todos los cheques rechazados, esos cheques muchos productores los recibimos”.
Según Pino, el sector experimenta un cambio de paradigma. “A partir de hace un par de años, se empezaron a priorizar los balances productivos sobre los balances financieros. Eso es un cambio de paradigma”, sostuvo. Relató: “Antes, la baja productividad era cubierta con el proceso inflacionario. Al no tener más esto, hay que darle mucha bola a los balances productivos, ser muy eficiente en la producción”.
Pino ejemplificó: “Hasta hace dos años, si vos tenías mercadería en stock con respecto a la inflación, era algo virtuoso, porque lo que valía hoy uno, pasado mañana valía dos. Hoy, estar muy stockeado te genera que te falte dinero para la mecánica del día a día”.
Sobre las elecciones en la Sociedad Rural Argentina, Pino declaró que aún no tiene definió su candidatura: “Todavía no he pensado”. Respondió a las críticas y cartas cruzadas dentro de la entidad: “Lamento que haya gente con mala información, vaya a saber si con alguna intención. Gente que habla de ética. Todo está al alcance de la mano del socio. El socio no tiene más que ver, leer y se va a dar cuenta de que lo que se dice no es real”.
Y agregó: “Yo no soy un tipo rico, vivo de mi trabajo. Tengo dos socios que son generosos conmigo, que me dicen: ‘Seguí ahí, que nosotros aguantamos’. También tengo familia. Tengo que vivir un proceso donde un montón de cosas se tienen que dar para que yo pueda tomar una decisión. Más allá de la decisión de Pino, acá el que decide es el socio de la Rural”, concluyó.
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ECONOMIA
Actualizan los valores de las asignaciones familiares en marzo 2026: cuáles son los nuevos montos
El Gobierno oficializó un aumento del 2,88% en las asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización comenzará a regir en marzo y fue establecida a través de la resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La suba alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público nacional, beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo, del Seguro de Desempleo y monotributistas, así como a integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También incluye a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
Quedan excluidas de esta actualización las asignaciones correspondientes a la ayuda escolar, cuyo pago fue formalizado mediante el decreto 115/2026.
Cómo se definió el aumento
El ajuste del 2,88% se aplicó en base a la fórmula de movilidad que toma como referencia las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La resolución ratifica además que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.722.595, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones, incluso cuando la suma total de ingresos no supere el tope máximo previsto en la normativa.
Nuevos montos desde marzo
Los valores varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica.
Asignación por hijo
IGF hasta $1.028.268
General: $66.414
Zona 1: $66.414
Zona 2: $143.205
Zona 3: $132.638
Zona 4: $143.205
IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055
General: $44.799
Zona 1: $59.167
Zona 2: $88.621
Zona 3: $117.851
Zona 4: $117.851
IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100
General: $27.097
Zona 1: $53.329
Zona 2: $80.025
Zona 3: $106.497
Zona 4: $106.497
IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190
General: $13.980
Zona 1: $27.335
Zona 2: $40.908
Zona 3: $54.128
Zona 4: $54.128
Asignación por hijo con discapacidad
Asignación prenatal
Los montos son equivalentes a los de la asignación por hijo, según cada rango de ingreso y zona.
Asignaciones de pago único
Nacimiento (IGF hasta $5.445.190): $77.414 en todas las zonas.
Adopción (IGF hasta $5.445.190): $462.845 en todas las zonas.
Matrimonio (IGF hasta $5.445.190): $115.913 en todas las zonas.
Estos valores corresponden a los montos vigentes a partir de marzo de 2026 según el cuadro oficial difundido por ANSES.
Bono para jubilados y pensionados
En paralelo, el organismo confirmó el pago de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados, formalizado a través del decreto 109/2026. El refuerzo se suma a los otorgados desde 2024 con el objetivo de compensar el impacto de la inflación sobre los haberes previsionales.
Desde julio de 2024, las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del IPC informada por el INDEC.
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