POLITICA
Por DNU, el Gobierno avanzó con la reforma integral de la SIDE: qué cambia

El Gobierno estableció este viernes por decreto de necesidad y urgencia (DNU) una reestructuración integral de la SIDE, como anticipó TN. Implica una reforma del Sistema de Inteligencia Nacional, a fin de modernizar su funcionamiento, clarificar roles y fortalecer los mecanismos de control.
El DNU reorganiza la estructura de la SIDE, le quita algunas áreas, pero refuerza su capacidad de influencia y control.
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Uno de los puntos más controvertidos es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”. El Gobierno justificó la medida por la sensibilidad de la información y para reducir el riesgo estratégico nacional”.
Además, el decreto autoriza a los agentes de inteligencia a “aprehender” personas en casos de flagrancia o por orden judicial. En esos casos, deberán avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad.
Reforma integral de la SIDE por DNU: los puntos clave
El DNU disuelve la Agencia de Seguridad Nacional y crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como misión prevenir amenazas como el espionaje, el sabotaje, la injerencia externa y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las medidas de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.
En el plano digital, el Gobierno separó la ciberseguridad de la ciberinteligencia. Se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con foco exclusivo en inteligencia en el ciberespacio.
Otro cambio fuerte es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Desde ahora, toda la inteligencia estratégica militar queda bajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para evitar superposiciones y simplificar la estructura.
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La SIDE pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, a aprobar y controlar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— y a requerir información a todos los organismos del Estado nacional, provincias y Ciudad de Buenos Aires.
El DNU crea dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF); y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y áreas vinculadas a energía, lo nuclear y el espacio. Su función será proveer información relevante para la producción de inteligencia.
El DNU también modifica el sistema de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE. Ahora, esa función pasa del Poder Ejecutivo al secretario de Inteligencia.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá modernizar y legitimar el sistema, integrarlo de manera más clara al Estado, separarlo de funciones policiales y adecuarlo a las amenazas contemporáneas, con mayores controles y transparencia.
SIDE, reforma, Javier Milei
POLITICA
Congreso: un gobernador impulsa un nuevo proyecto de Ficha Limpia más estricto que el que no prosperó

Pese a la polémica generada en su tratamiento el año pasado, todo indica que habrá un nuevo intento por sancionar Ficha Limpia en 2026. Sucede que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, instruyó a las dos representantes de su espacio político en el Congreso a presentar un nuevo proyecto, con requisitos más estrictos que el que fue rechazado en el Senado en 2025.
El anuncio fue realizado días atrás a través de las redes sociales por la diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza, quienes informaron que la iniciativa fue presentada de manera simultánea en ambas cámaras. El texto toma como base la ley que fue sancionada en la Legislatura de Neuquén a comienzos del año pasado.
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Aunque fue presentado en las últimas horas del 2025, el proyecto recién podrá comenzar a debatirse en el próximo período de sesiones ordinarias, que se iniciará el 1 de marzo. El rechazo que sufrió el proyecto impulsado por el PRO y La Libertad Avanza el 7 de mayo impidió que el tema vuelva a tratarse durante el resto de 2025.
Al igual que la iniciativa anterior, el nuevo texto establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos ni partidarios quienes tengan condenas por delitos de corrupción, malversación de fondos o enriquecimiento ilícito, siempre que la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia.
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Sin embargo, el proyecto neuquino amplía el alcance: también excluye a personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales, tráfico de estupefacientes y delitos contemplados en el Régimen Penal Tributario de la Ley Nacional 27.430. Además, quedan inhabilitados quienes hayan sido destituidos mediante juicio político u otros mecanismos legales.
Rolando Figueroa explicó que la iniciativa “toma aspectos de la que ya funciona en Neuquén” y recalcó que se trata de “la Ley más contundente y exigente del país”, ya que implica que nadie con antecedentes penales pueda acceder a una candidatura ni ser designado en un cargo de la función pública.
Los intentos fallidos de los últimos años
Durante la última década hubo varios intentos de sancionar una ley de Ficha Limpia a nivel nacional. Sus principales impulsores fueron el PRO, la Coalición Cívica y un sector de la UCR.
En 2024, una versión del proyecto promovida por el PRO obtuvo dictamen de comisión, pero fracasó en dos oportunidades en la Cámara de Diputados por falta de quórum. En ese momento, el espacio libertario no acompañó la iniciativa. Referentes cercanos al presidente Javier Milei y al asesor Santiago Caputo sostenían que una ley de ese tipo habría impedido competir a Donald Trump en Estados Unidos, por supuestas causas judiciales impulsadas por los demócratas.
No obstante, a fines de ese año, Milei decidió avanzar con una versión propia del proyecto junto al entonces ministro Luis Petri y el abogado Alejandro Fargossi. El texto obtuvo media sanción en Diputados, pero fue rechazado en el Senado: cosechó 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de la mayoría absoluta necesaria para convertirse en ley.
El debate estuvo atravesado por las especulaciones sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, ya que en ese momento la Corte Suprema aún no había ratificado la condena en su contra.
Tras el rechazo, la cuenta oficial de La Libertad Avanza apuntó contra sectores de la oposición. “Mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección”, escribieron en redes sociales.
Desde el PRO, en cambio, denunciaron una maniobra del Gobierno. Dirigentes macristas señalaron que los dos senadores misioneros que cambiaron su voto y definieron la votación habían sido aliados del oficialismo y sostuvieron que la Casa Rosada no quería que la ley se aprobara para habilitar una candidatura de Cristina Kirchner y beneficiarse electoralmente de la polarización.
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POLITICA
Corrupción en la AFA: Aguinsky rechazó desprenderse del caso de la quinta y un camarista de San Martín decide si le saca la causa

La disputa por la competencia en la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta en Pilar se formalizó este viernes: el juez federal en lo penal económico Marcelo Aguinsky se negó apartarse del caso. Rechazó así el pidió su colega de Campana, Adrián González Charvay, quien reclama el expediente para su juzgado.
Ahora, tras la resolución de Aguinsky, la contienda deberá ser zanjada de manera unipersonal por la Cámara Federal de San Martín, por tratarse de un pedido de inhibitoria, dijeron fuentes judiciales. Durante la primera quincena de la feria judicial de enero, se encuentra activa la Sala I de la Cámara, que será presidida por el magistrado Juan Pablo Salas hasta el 24 de enero. A él le tocará decidir en la disputa entre Aguinsky y González Charvay, si es que se resuelve dentro de las dos primeras semanas de enero, la primera mitad de la feria judicial.
El juez Aguinsky basó su decisión en que el objeto de la investigación no es la quinta en sí -que cuenta con helipuerto, un haras de caballos y una muy costosa colección de autos- sino el presunto delito que la precede y, sobre todo, la Asociación del Futbol Argentino (AFA), a la que se la vincula cada vez con más elementos.
“El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”, dijo el juez.
El camarista que recibe el caso
Junto a los camaristas Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, Salas integra la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. Ingresó a la Justicia en 1989 y se graduó de abogado en 1993, en la UBA. Antes de llegar a la Cámara, se desempeñó como secretario y luego, como juez en Morón. Fue designado camarista en 2016.
Salas intervino en un tema de alta sensibilidad para el Gobierno cuando le tocó zanjar otra disputa, también por un tema de competencia, en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente Javier Milei en redes y es investigada como posible estafa. Salas resolvió en aquel entonces que el caso dejara definitivamente el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro, para pasar a tramitar en Comodoro Py, en el juzgado de María Servini, quien finalmente se apartó.
Salas también intervino como juez de primera instancia en la causa que investigó la muerte del exespía de la SIDE, Pedro “Lauchón” Viale, en 2013, cuando miembros del grupo Halcón abrieron fuego en su casa de La Reja, partido de Moreno, y lo acribillaron. Por aquel episodio, el juez Salas procesó a diez policías bonaerenses por homicidio calificado.
El argumento que esgrimió González Charvay para reclamar el caso de la quinta fue que el inmueble está ubicado en Pilar, partido sobre el cual su juzgado tiene jurisdicción. El juez Aguinsky dijo, sin embargo, que la ubicación de la finca es “solamente un punto en el mapa” y que lo relevante es el presunto delito de lavado.
“Para avanzar en la pesquisa del delito de lavado de dinero desde la finca de Villa Rosa, hay que retroceder en el tiempo. Primero se comete el delito y luego se aprovechan (blanquean) sus frutos”, sostuvo Aguinsky.
El juez se apoyó, además, en la decisión del fiscal Claudio Navas Rial, quien sostuvo en su dictamen que lo relevante para la investigación es el “despliegue de actos jurídicos y materiales” detrás de la quinta, que abarcan “la constitución y modificación de firmas, la adquisición de otras, las relaciones personales y laborales de los sujetos con instituciones relacionadas con el fútbol profesional y los negocios comerciales conexos”.
Más indicios
En su fallo de este viernes, Aguinsky señaló que la sospecha que guía la investigación -que la suntuosa quinta no pertenecería a sus dueños formales, un monotributista y una jubilada- no hizo más que acrecentarse en el último tiempo.
Destacó una última prueba en ese sentido: un informe sobre la tarjeta de crédito de Pantano que llegó recientemente a su juzgado del que surge que el plástico «pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
“En esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025 -dice el juez. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar, y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”.
El expediente ya tuvo un cambio de manos cuando pasó de los tribunales de Comodoro Py al fuero penal económico. El primer juez en intervenir fue Daniel Rafecas, quien encauzó la investigación con las primeras medidas de prueba, como el allanamiento a la quinta. En el lugar, la Policía encontró, entre otros elementos, un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Luego de que el propio Rafecas se declarara incompetente, el camarista Leopoldo Bruglia resolvió que el expediente pasara al juzgado de Aguinsky, en el fuero penal económico.
En su resolución, el camarista dejó entrever que, más allá de su decisión de llevar el caso al fuero económico, podría abrirse luego una disputa territorial. “En atención a los datos y circunstancias fácticas expuestos en la denuncia, asistirá al magistrado interviniente [por Aguinsky] analizar aspectos sobre la competencia territorial”, dijo Bruglia, preanunciando la actual disputa, que se originó con un pedido de los presuntos testaferros de la quinta para que el caso pase a los tribunales de Campana.
Hoy, Aguinsky sostuvo que los dichos de Bruglia fueron anteriores al pronunciamiento del fiscal Navas Rial y a la “producción y agregación de nuevas pruebas relevantes en la causa, las cuales han permitido delimitar con mayor precisión el desarrollo de las maniobras investigadas, el lugar de ejecución de los actos principales y, en definitiva, el epicentro del hecho delictivo”.
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POLITICA
Javier Milei reiteró la suspensión de contrataciones en el sector público

Con motivo de continuar con el ajuste al Estado, el gobierno de Javier Milei, reiteró la suspensión de las contrataciones en la plantilla del sector público. A través del decreto 934/2025, se oficializó este viernes 2 de enero la medida.
Según indica el documento oficial las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”.
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Dicha prohibición alcanza a las plantas transitorias, los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público; los contratos laborales; las locaciones de servicios profesionales; las designaciones transitorias en cargos de planta permanente; las contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.
Sin embargo, el decreto establece excepciones en lo que define como áreas estratégicas o con regímenes especiales. Como las universidades nacionales; Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad; Servicio Penitenciario Federal; Sistema Nacional de Manejo del Fuego; Cuerpo de Guardaparques Nacionales; Personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del Ministerio de Salud; Personal de gabinete; Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP), entre otras.
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