El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió una nueva investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, entre otros, por los dólares y euros que la entidad recibió entre 2020 y 2021, pero que no liquidó en el mercado oficial de cambios. La cifra bajo la lupa supera los US$200 millones provenientes de la FIFA, Conmebol, empresas que tenían o tienen acuerdos con la institución y supuestas donaciones durante la vigencia del cepo.

La maniobra que investiga el BCRA abarca un período definido: 2020 y 2021. Es decir, la etapa previa a la contratación de TourProdEnter LLC, cuando la AFA recibía todos sus ingresos en cuentas bancarias dentro del país, donde imperaba el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y el “blue”. Los sabuesos del Central pusieron la lupa en esos movimientos y estudian una supuesta violación a la ley penal cambiaria. En ese entonces, Miguel Ángel Pesce era la principal autoridad en el Central y Martín Guzmán dirigía el Ministerio de Economía.

El sumario se centra en 131.384.828,36 dólares y 94.999.920 euros -unos US$110 millones al tipo de cambio entonces vigente– que la AFA no liquidó en el mercado único libre de cambios, según sospechan los investigadores del BCRA, a diferencia de otros exportadores de bienes y servicios locales.

En aquellos años de cepo, cabe recordar, múltiples actores económicos reclamaban tener otro tipo de cambio o un dólar diferencial para pesificar sus ingresos internacionales porque la cotización oficial tenía un valor más bajo que las paralelas, como el blue, contado con liquidación (CCL) o MEP. Perdían con la brecha. Un ejemplo de esto fue el “dólar soja”, que le permitió al campo entrar su dinero a un mejor precio.

consultó a fuentes de la gestión anterior en el BCRA, quienes indicaron que ya habían realizado una instrucción sobre la liquidación de divisas de AFA. “Esas instrucciones llevan tiempo y después pueden ser tomadas o no por la Justicia penal económica”, agregaron. Por su parte, representantes de la AFA no emitieron respuesta.

El sumario del BCRA se abrió durante la última semana de diciembre con los movimientos de dinero de la entidad de la calle Viamonte divididos en dos grupos. Uno lo componen los millones que ingresaron a las cuentas de la AFA, pero supuestamente bajo un código que los exceptuaba de ser pesificados al tipo de cambio oficial y, por tanto, más bajo.

“Cambiaron el rubro del dinero y lo pasaron a donación”, sostuvieron. Ese rubro permitía ingresar dólares al país, “pero sin liquidar”, explicó una de las fuentes consultadas. “Cuando estaban ingresados correctamente (los dólares) utilizaban el código S24 de ‘otros servicios personales, culturales y recreativos’. Es como un rubro de servicios, pero para el fútbol. Y después lo cambian por el código |08: ‘otras transferencias corrientes’. Y bajo ese nombre genérico, no lo liquidan”, especificó.

El segundo bloque de transferencias que recibió la AFA, en tanto, se agrupó bajo el rótulo “Monto pendiente de Ingresos y Liquidación”, que en palabras menos técnicas, alude a remesas que no pasaron por el Mercado Único Libre de Cambios, como también se analizan posibles operatorias con dólares financieros, como el “contado con liqui” o CCL.

La mayor cantidad de los fondos que recibió la AFA entre 2020 y 2021 que quedaron bajo la lupa provinieron de Adidas, uno de los mayores patrocinadores de la entidad de la calle Viamonte, según las fuentes con conocimiento del caso. Allí, los papeles muestran cobros de la AFA por 94.999.920 euros.

Por debajo de la marca de las tres tiras, el Banco Central colocó bajo la lupa los giros provenientes de la sociedad comercial Argentina Football Distribution LLC. A esta firma, vinculada al servicio de AFA Play y la transmisión de partidos en el extranjero, le adjudican transferencias por US$ 65 millones.

También relacionado a la transmisión de eventos, en el BCRA incluyeron un capítulo para los giros de dinero de Fox e Imágen Satelital. ¿La cifra? US$45 millones. “Hay un acuerdo conciliatorio en diciembre de 2020”, detalló una de las fuentes consultadas. “Armaron un cronograma de pagos que fue el 18 de enero de 2021, por US$30 millones, y el 31 de julio de 2021, por otros US$15 millones”, sumó.

Con números más bajos constan los montos que AFA recibió de la FIFA y de la Conmebol. La principal organización del fútbol mundial aparece con giros que sumaron US$6,2 millones y 498.163 euros, en tanto que las transferencias de la confederación sudamericana fueron por US$5,9 millones y 8,6 millones de euros. “Esto arranca por FIFA, porque es donde primero se detecta que tenés tres cobros bajo el código S24 y de repente aparece con el código 108 en el Banco de Servicios y Transacciones (BST)”, indicaron.

Las fuentes consultadas con acceso al sumario aclararon, sin embargo, que la investigación que abrió el Central no tiene entre los apuntados a las empresas u organizaciones como FIFA o Conmebol. Por el contrario, sólo concentra su mirada en la AFA y sus autoridades. A su vez, señalaron que el BCRA le solicitó documentación a la casa madre del fútbol argentino sobre estas operaciones en siete oportunidades desde septiembre del año pasado. “Respondieron, pero no lo suficiente”.

La justicia allanó hoy la casa del dirigente de la Coalición Cívica (CC), Matías Yofe, uno de los denunciantes en la causa por la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares y sospechada de pertenecer en las sombras a altos dirigentes de Asociación del Fútbol Argentino(AFA).

El operativo fue autorizado por el juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, a pedido del fiscal Germán Camafreita, quien investiga a Yofe en una causa por “presunto robo o hurto”. Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

El dirigente de la CC, uno de los impulsores de la investigación por la fastuosa mansión de Pilar, que se sospecha que pertenecería a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, se encontraba en Mar del Plata, junto con dos de sus tres hijos, cuando efectivos de la Policía Bonaerense se presentaron en su domicilio en Buenos Aires para allanar la vivienda. Según relataron desde la fuerza de Carrió, el operativo se realizó de forma “violenta y brutal”. La esposa de Yofe estaba en el hogar junto con una beba de apenas cuatro meses.

Cerca de la diputada advierten que el procedimiento “incluyó un trato inadmisible” hacia la esposa del dirigente. “No mostraron la orden de allanamiento y amenazaron a la esposa de Matías con arrestarla y sacarle a la nena”, indicaron a fuentes de la CC.

De inmediato, Carrió se trasladó hasta la vivienda de Yofe para asistir a la mujer. “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, denunció la exdiputada y cofundadora de Cambiemos.

Desde la CC sospechan que los investigadores fueron a buscar “dispositivos de almacenamiento de datos”.

“Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras de amedrentamiento”, expresó la CC a través de un comunicado.

Yofe también había impulsado denuncias por “graves irregularidades” vinculadas a las VTV en la provincia de Buenos Aires.

Cerca de Carrió califican el operativo como “cuasi mafioso y desproporcionado”. “Evidentemente, la mafia está preocupada y echa mano de sus peones en la Justicia. Hagan lo que hagan vamos a seguir adelante”, remarcó Hernán Reyes, uno de los referentes porteños del partido de Carrió.

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli también repudió el operativo.

“Acabo de estar en su casa y he visto las consecuencias del destrato brutal que sufrió su esposa y la bebé. Todo hecho para amedrentarlos”, señaló Campagnoli .

De igual forma, María Eugenia Talerico, exvicetitular de la Unidad de Información Financiera durante la presidencia de Mauricio Macri, salió a solidarizarse con Yofe y consideró que el hecho es “gravísimo”.

El caso por la quinta de Pilar está en manos del juez Marcelo Aguinsky, especializado en delitos económicos.

Este caso primero lo gestionó el juez federal Daniel Rafecas, que puso una consigna policial para que no vaciaran la quinta y mandó a peritarla para conocer su valuación.

Aguinsky se había quedado con la causa por decisión de la Cámara Federal.

Los investigados como testaferros de Toviggino, dueño de la sociedad Real Central SRL -que aparece como dueña de la quinta cuestionaron la intervención del juez-, Luciano Pantano y Ana Conte, su madre, plantearon que Aguinsky no era competente para intervenir sino que debía investigarlos Adrián González Charvay, juez federal de Campana, porque la quinta está en jurisdicción del tribunal.