“Con este Congreso, no tengan dudas de que vamos a ir hasta el hueso para hacer de la Argentina el país más libre del mundo”. El presidente Javier Milei cerró el año con tono eufórico tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. Tras un período de sesiones ordinarias donde sufrieron muchas más derrotas que victorias parlamentarias, los libertarios encaran el 2026 vigorizados en todos sus flancos y apuestan a hacer valer la nueva relación de fuerzas para aprobar una ambiciosa agenda de reformas estructurales. La primera batalla será la reforma laboral, en los primeros días de febrero.

El panorama luce alentador para La Libertad Avanza. No solo porque la victoria electoral de octubre le permitió revertir su situación de minoría parlamentaria -pasó de 37 a 95 diputados y de 6 a 21 senadores-, sino porque la oposición quedó fragmentada y sin liderazgos claros, y porque además durante diciembre logró afianzar un nuevo esquema de negociación política, encabezado por Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem, que trajo buenos resultados.

El Gobierno dejó atrás el “principio de revelación” que truncaba muchas negociaciones para recurrir a prácticas más habituales de la “rosca” política. Por intermedio del ministro del Interior Diego Santilli, los gobernadores aliados recibieron miles de millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), adelantos de coparticipación, avales para tomar deuda por su cuenta y hasta la promesa de reformar la ley de Glaciares (un reclamo de las provincias mineras). Sus votos fueron claves para que el Gobierno cierre el año con dos victorias en el Congreso

En la misma sintonía, Martín Menem en Diputados y Patricia Bullrich en el Senado aceptaron los artículos que la oposición rechazó en pos del objetivo de fondo: que Milei tuviera su primer Presupuesto tras dos años con prórrogas. La ex ministra de Seguridad tampoco dudó en posponer para febrero el debate de la reforma laboral para seguir negociando y no correr riesgos innecesarios. Todo parece indicar que la lógica del “todo o nada” quedó relegada.

No obstante, durante los debates de diciembre el Gobierno también se vio beneficiado por el incierto rumbo de la oposición. El peronismo no solo perdió la primera minoría en Diputados y quedó mucho más lejos del quórum en el Senado, sino que atraviesa interminables internas y constantes amenazas de rupturas que le quitan poder de fuego.

Por su parte, los gobernadores de Provincias Unidas todavía no definen si adoptarán un perfil netamente opositor o colaboracionista con el Gobierno. De hecho, el debate del Presupuesto dejó expuestas esas inconsistencias y el interbloque no tuvo una posición unificada. Algo similar ocurre con la UCR, que además de haber quedado reducida a su mínima expresión en Diputados, con solo 6 bancas, deberá encontrar la forma de permanecer relevante.

Por otro lado, los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Neuquén, San Luis, San Juan y Santa Cruz dejaron en claro que están dispuestos a negociar su apoyo a cambio de bienes tangibles, ya que las cuentas provinciales los inclinan naturalmente al pragmatismo.

A pesar de los últimos éxitos, el saldo parlamentario de año que terminó fue netamente negativo para Milei. Entre marzo y noviembre del año pasado se sancionaron apenas once leyes -el número más bajo de la última década- y solo dos fueron impulsadas por el oficialismo. Durante todo 2025 la oposición controló la agenda y logró aprobar aumentos para universidades, de jubilaciones, para los hospitales pediátricos y para el área de discapacidad, también modificó la forma de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos.

El Presidente tuvo que recurrir al veto en siete oportunidades para bloquear todos los proyectos que a su entender ponían en riesgo el equilibrio fiscal, pero la oposición logró revertir tres de esos vetos (discapacidad, universidades y Garrahan).

Pero la dinámica se invirtió después del 10 de diciembre, con el recambio legislativo. El Gobierno ya logró aprobar dos (Presupuesto e Inocencia Fiscal) de los seis proyectos que envió al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias y tiene buenas expectativas para el resto del verano. En febrero comenzarán los debates de la reforma laboral, los cambios a la ley de Glaciares, la reforma penal (todavía no se conocen detalles del texto) y la nueva regla fiscal que apunta a prohibir el déficit fiscal.

El Banco Central inició un sumario formal contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria.

La investigación, que aún no fue notificada oficialmente, analiza cinco universos de operaciones realizadas entre 2020 y 2023. El volumen total bajo la lupa de la autoridad monetaria supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920, lo que en conjunto representa una cifra superior a los USD 242 millones.

De acuerdo a fuentes vinculadas con la investigación, la maniobra principal consistió en el ingreso y liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias de organismos internacionales.

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El eje de la observación reside en que la AFA modificó el concepto de declaración de estos fondos: de “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108). Esta modificación técnica habría permitido a la entidad evitar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al presentarlos como donaciones.

Entre los contratos más relevantes bajo análisis se encuentra el vínculo con Adidas, vigente hasta 2030, donde se detectaron casi EUR 95 millones que no habrían sido liquidados desde la segunda mitad de 2020. Asimismo, el expediente revisa ingresos provenientes de Fox, por una suma que supera los USD 45 millones, y de Argentina Football Distribution LLC, por USD 78 millones.

Según las fuentes, la AFA utilizó el mismo método en estos casos, declarando los ingresos bajo conceptos que esquivaban la normativa del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

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La investigación también incorpora movimientos relacionados con la FIFA y la Conmebol, donde se detectaron millones de dólares pendientes de liquidación o de ingreso al país por conceptos de subsidios y adelantos. El sumario señala como responsables, además de a la institución, a los tesoreros del período investigado, Alejandro Nadur y Pablo Toviggino.

Para los investigadores, este mecanismo fue una respuesta a las restricciones del cepo cambiario, permitiendo a la entidad “mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria”.

Este proceso, de carácter cambiario, podría derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. El Banco Central concedió prórrogas a la asociación para responder al expediente, fijando el plazo final para el 1 de septiembre de 2025.

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Los bloqueos sindicales contra las empresas bajaron en el trimestre octubre-diciembre de 2025 a uno de sus menores índices de los últimos años, pero el Sindicato de Camioneros inauguró una forma de extorsión sindical virtual que afecta a los dueños de las pymes.

“El año 2025 fue mucho más tranquilo que años anteriores”, dijo a Infobae el presidente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), Juan Méndez, quien detalló que “hubo muchos amagues de bloqueos que fueron disueltos prontamente, ya que en la medida en que se aplica un protocolo oficial que incluye la presencia de una fuerza de seguridad funciona como un fuerte elemento disuasivo para el sindicalismo».

“Afortunadamente, entre el MEAB y el Ministerio de Seguridad de la Nación hemos logrado disuadir a muchísimos dirigentes y activistas que amagaron con bloqueos y después no los llevaron adelante”, señaló el titular de la entidad, a quien sus pares acaban de reelegir en el cargo por otro período de dos años.

Según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el último trimestre de 2025 hubo un total de 26 bloqueos denunciados por los canales oficiales habilitados por esa cartera, a través de la línea telefónica 134, WhatsApp correo electrónico (6 en octubre, 6 en noviembre y 14 en diciembre), mientras que en el último trimestre de 2024 se registraron 29 denuncias (13 en octubre, 11 en noviembre y 5 en diciembre).

De todas formas, pueden haberse producido bloqueos sindicales que no fueron denunciados ante el Ministerio de Seguridad o ante el MEAB, que trabaja en conjunto con las autoridades nacionales para liberar a las empresas afectadas por estas protestas, que tuvieron un récord en 2021, cuando hubo unas 75 acciones de ese tipo en todo el país que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento gremial.

En los últimos años, se acumularon diversos factores que explican la caída de los casos de bloqueos. Por un lado, fue decisiva la existencia del MEAB, creado en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, dueña con su familia de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

La contraofensiva del MEAB al denunciar los bloqueos ante la Justicia fue consiguiendo resultados que modificaron la tendencia de los sindicatos a protestar de esa forma: gracias a la estrategia judicial desplegada por esta organización de pymes, en agosto de 2023 se registraron 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que iba a ir a juicio en unas 30 protestas. Algunos fallos involucraron a gremialistas como el ex cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, dirigente de confianza de Hugo Moyano.

En la baja de los casos de bloqueos fue determinante el artículo de la Ley Bases que los considera como “grave injuria laboral” y que da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes. A la vez, también fue clave el protocolo antibloqueos instrumentado en septiembre de 2024 por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales para actuar contra ese tipo de protestas.

Méndez atribuyó la menor cantidad de bloqueos de los últimos tiempos a la tarea desarrollada por el MEAB (“los empresarios nos cansamos, perdimos el miedo y nos unimos”) y a la decisión de “proteger el libre funcionamiento de las empresas por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich y ahora con Alejandra Monteoliva, respaldada por el jefe de Operaciones, Martín Culatto, que hace un trabajo enorme en favor de las pymes”.

“Pero los propios trabajadores están hartos de estas prácticas y no quieren ser parte de estas extorsiones, por las que pueden perder el empleo y los ingresos que necesitan para sostener a sus familias”, afirmó el titular del MEAB, para quien “muchos de los que bloquean son presionados y lo hacen por miedo a las represalias”.

Méndez advirtió que, pese a la disminución en el número de los bloqueos, sigue habiendo casos de hostigamiento sindical contra las empresas: “Me preocupa mucho la presión de la UOCRA porque donde hay una construcción aparece enseguida gente del sindicato presionando al empresario para meter gente propia y, si no lo hacen, empiezan a extorsionar y a bloquear”, aseguró.

El titular del MEAB detalló “un caso muy reciente de una automotriz que está terminando la ampliación de un depósito en la zona de Campana, a la que la UOCRA presionó para meter a sus propios trabajadores y terminaron siendo un dolor de cabeza para esta empresa porque eran una máquina de impedir”.

Según Méndez, a estos casos hay que sumar situaciones similares en el interior del país, como, por ejemplo, en Santa Cruz: “Si las empresas quieren hacer algo, tienen que poner el personal puesto por el sindicato; si no, no trabajan. Más allá de la UOCRA, sucede con el Sindicato de Seguridad, que condiciona la actividad minera, o con el transporte de personal, que tiene que hacerse con los choferes puestos por un gremio”.

Admitió, por otra parte, que hay muchos menos bloqueos ejecutados por el Sindicato de Camioneros, que durante años protagonizó la mayoría de esas protestas, aunque advirtió que la organización liderada por Hugo Moyano “utiliza otras prácticas nuevas para hostigar a las empresas, como bloquear el sitio web para poder imprimir la boleta del pago de los aportes sindicales”.

Para Méndez, esa situación, que expone a los empresarios que no pagan a tiempo los aportes a tener que abonar multas, apunta directamente contra las pymes que no les giran a Camioneros la contribución extraordinaria para la obra social, que fue pactada en el convenio, pero no homologada por la Secretaría de Trabajo.

El propio titular del MEAB sufrió esa suerte de bloqueo virtual: “Ya me pasó el mes pasado, me bloquearon las dos empresas. Hice un reclamo a la Secretaría de Trabajo y a los pocos días nos habilitaron la página, pero tuve que pagar intereses porque los aplica automáticamente. Para no tener conflicto, terminé pagando intereses que no correspondían. Pero este mes me encontré que una de mis dos empresas está bloqueada otra vez. Mandé una carta documento al sindicato haciéndolos responsables de impedirme el pago de los aportes sindicales que debo hacer, según marca la ley. Si ellos no lo quieren cobrar porque bloquean el sitio, judicializaré la situación».

Méndez destacó que “casi ninguna empresa de transporte está pagando” la contribución para la obra social de Camioneros. “Son muy pocas los que lo han pagado; si lo han hecho es porque las apretaron”, dijo.

Al hacer un balance de sus dos primeros años al frente del MEAB, Méndez aseguró: “Siento orgullo porque hemos dado batallas muy importantes. No hay nada mejor que ver una empresa liberada y que su dueño nos diga: ‘Gracias, tenía miedo. Ahora estoy dispuesto a enfrentar lo que sea porque descubrí que se puede’”.

Finalmente, opinó que el futuro de la Argentina está marcado por el desafío de lograr un país “libre para todos los empresarios argentinos, inclusive para los trabajadores, porque ellos mismos son oprimidos por el sindicalismo y eso se tiene que terminar”. “La gente tiene que perder el miedo, no solo los empresarios, sino los propios trabajadores; si no, serán rehenes de estas mafias”, concluyó el presidente del MEAB.