Agentes de la Policía Federal detuvieron a 12 activistas en el Congreso que protestaban contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares. Los manifestantes, de Greenpeace, saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción, hoy en el Senado. Además arrestaron a un camarógrafo.

La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

Leé también: El Gobierno negoció cambios a la Ley de Glaciares y confía en que logrará aprobarla este jueves en el Senado

TN accedió a las últimos cambios que hizo el oficialismo en el dictamen original del proyecto que estaba desde diciembre.

No hay grandes modificaciones, y la más significativa son dos agregados en los artículos 6 y 7, que incluyen la prohibición de actividades que impliquen daños al ambiente en términos de la Ley General del Ambiente 25.675, y la determinación de que las evaluaciones ambientales cumplan con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688. Este último punto implica un monitoreo de la calidad y cantidad del caudal de agua que se vea afectado.

El Gobierno apuesta a priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, atraer y darles luz verde a proyectos mineros internacionales.

Para eso abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Algo que, según la ley vigente, está prohibido.

Si el proyecto se convierte en ley la relevancia hídrica pasarán a determinarla las provincias, a la que se les otorgaría mayor poder de decisión para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.

Fuertes críticas y advertencias de Greenpeace en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares

La organización ecologista Greenpeace ya se había manifestado a principios de mes contra la iniciativa, con un cartel de 50 metros de largo con el mensaje: “El agua es un derecho, no se negocia”.

La especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, explicó: “La protección de los glaciares no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas. Reducir los estándares de protección actuales, lejos de ser un avance, representaría un retroceso peligroso que compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras”.

Congreso

La Justicia halló en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) documentos que acreditan pagos por al menos $300 millones a Real Central SRL, la empresa propietaria de la mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares.

La documentación, secuestrada por orden del juez Luis Armella, detalla transferencias realizadas en junio de 2025 bajo el concepto de “servicio de logística”. Entre los comprobantes figura una orden de pago por $231.110.000 con la referencia “VAR”, lo que sugeriría que la firma, cuyos titulares son una jubilada y un monotributista, habría provisto el servicio de videoarbitraje a la entidad.

El gobierno de Axel Kicillof intervino en una de las causas de la AFA y benefició a Claudio “Chiqui” Tapia

La investigación señala a los dueños formales de Real Central SRL, Ana Lucía Conte y su hijo Luciano Pantano, como presuntos “testaferros” de Claudio “Chiqui” Tapia o Pablo Toviggino.

En los papeles secuestrados aparece la firma de Pantano en órdenes de pago y también como receptor de un desembolso de $600.000.000 efectuado por el club Argentinos Juniors a la AFA. Actualmente, tanto Conte como Pantano tienen prohibida la salida del país, poseen sus cuentas congeladas y bienes inhibidos, mientras la firma figura además como titular de 59 autos de lujo.

El Ministerio de Justicia aceptó el pedido de la IGJ para designar veedores en la AFA

El hallazgo se produjo de manera accidental durante un allanamiento dirigido a recolectar información sobre TourProdEnter, la firma que administró fondos de la AFA en el exterior. Esta otra línea de investigación analiza el manejo de unos 260 millones de dólares, de los cuales se habrían “desviado al menos 42 millones” hacia un entramado de empresas presuntamente falsas.

Pese a que el operativo en la calle Viamonte no buscaba específicamente datos sobre Real Central SRL, el material encontrado fue incorporado como un dato relevante en las causas que investigan la gestión dirigencial.

Respecto a la mansión del country Ayres Plaza, la Justicia detectó una irregularidad entre el valor declarado de compra por la firma (1.800.000 dólares) y la tasación oficial de 17 millones de dólares. 

La entrada Hallaron documentación que confirma pagos de la AFA a la supuesta propietaria de la mansión de Pilar se publicó primero en Nexofin.

AFA,Claudio «Chiqui» Tapia,Mansión de Pilar,Pablo Toviggino

Luego de que el ex titular de la Unidad Antimafia Raúl Contreras renunciara a su puesto a finales del año pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que su reemplazante será José Fernando Pereyra. Se trata del abogado que había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo en 2023.

La decisión quedó asentada en la Resolución 158/2026, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. “Desígnase al Dr. José Fernando Mariano Pereyra como titular de la Unidad Antimafia (UA) de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada de este Ministerio”, dispuso la ministra Alejandra Monteoliva.

Según explicaron las autoridades, la modificación en el área se debió a la renuncia presentada por el ex titular Raúl Contreras el 28 de noviembre de 2025. A pesar de que se aceptó su decisión, no trascendieron los motivos detrás de su salida.

Desde que fue creada la Unidad Antimafia en mayo de 2024 durante la gestión de la ahora senadora Patricia Bullrich, Contreras había sido el único funcionario en estar al frente de la misma. No obstante, su sucesor no sería una persona ajena a la cartera de Seguridad Nacional.

De hecho, el 10 de diciembre de 2023, Pereyra había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo. En principio, la posición era de carácter transitorio, pero su permanencia en el rol se fue renovando a medida que vencieron los plazos determinados.

Ahora que asumirá la titularidad de la Unidad Antimafia, la ministra de Seguridad Nacional confirmó que Pereyra mantendrá ambos cargos en simultaneidad.

La Unidad Antimafia había sido creada en marzo de 2024, luego de que se registrara una ola de violencia y ataques sicarios en la ciudad de Rosario. Así, la Resolución 134/2024 estableció que tendría un papel central en la coordinación, prevención y combate del avance de las organizaciones criminales de tipo mafioso en todo el territorio argentino.

De esta manera, informaron que la estructura de la UA incluyó la conformación de un Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA) y una Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM). Asimismo, subrayaron que la mesa invitaría a participar a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

</html

Para ese entonces, remarcaron que uno de los objetivos sería la creación de un registro actualizado de las llamadas “zonas calientes”, es decir, áreas geográficas con alta incidencia delictiva bajo control del crimen organizado. A partir de ese mapeo, la Unidad Antimafia debía articular y proponer medidas preventivas efectivas para cada caso.

El organismo también tiene la responsabilidad de centralizar información vinculada a investigaciones sobre mafias y narcotráfico, con el fin de facilitar el intercambio de datos cruciales entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, así como con organismos judiciales. Esta tarea buscaría perfeccionar la generación de alertas tempranas y la coordinación operativa para dar respuestas ágiles frente a amenazas crecientes.

Además, se dictaminó que la UA debía ofrecer soporte técnico y administrativo a la MECOAM, por medio de la elaboración de documentación y actas de las reuniones de análisis y seguimiento de actividades criminales. Según planificaron, estos insumos se transformarían en piezas clave para endurecer la estrategia nacional antinarcóticos.

Por otro lado, la Unidad Antimafia está encargada también de revisar las causas judiciales relacionadas con el crimen organizado, con el objetivo de detectar debilidades y mejorar los procedimientos de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, a nivel internacional, representa al Ministerio de Seguridad Nacional en la coordinación de investigaciones y acciones preventivas, ampliando la colaboración con otros países y organismos dedicados a combatir el crimen organizado.

En palabras de la cartera de Seguridad, la consolidación de este organismo simbolizó la creación de un eslabón estratégico en la lucha estatal contra las mafias y el narcotráfico, tanto a escala nacional como en los foros internacionales especializados en la materia.