POLITICA
La caja de la AFA: los documentos que revelan los manejos ocultos de los fondos del fútbol argentino
Las planillas bancarias completas a las que accedió Infobae, surgidas de un discovery ordenado por la Justicia de Estados Unidos en Miami, permiten reconstruir con precisión el circuito financiero internacional que administró los dólares generados por la Selección argentina durante años. Los registros exhiben transferencias millonarias, destinos ajenos al fútbol nacional y una estructura paralela articulada en torno a una empresa privada radicada en Estados Unidos para actuar por cuenta y orden de la AFA, que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
Estos documentos, incorporados a una causa judicial en Estados Unidos tras una orden de discovery de tribunales de Miami, detallan movimientos anteriores y posteriores a 2023, aunque señalan que entre 2023 y 2024 el esquema alcanzó su mayor volumen, regularidad y sofisticación. La denuncia la presentó el empresario Guillermo Tofoni, quien se presentó para reclamar por el incumplimiento del contrato para organizar los partidos amistosos. Lo que surgió a raíz de esa presentación destapó un circuito opaco de gestión de los fondos del fútbol. Si bien la suma total bajo la lupa es, en principio, de 260 millones de dólares, nuevas pesquisas podrían elevar mucho más esa suma.
Según la documentación a la que accedió este medio, los ingresos internacionales de la Selección —provenientes de sponsors, derechos comerciales y partidos amistosos— no ingresaron a cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino. En su lugar, fueron dirigidos sistemáticamente a TourProdEnter LLC, una empresa privada de Florida controlada por Javier Faroni y Erica Gillette, su mujer. Las primeras revelaciones fueron difundidas por una investigación del diario La Nación y que ahora se amplía con la revisión de todos los informes bancarios.
El ingreso de TourProdEnter al negocio fue formal y contractual: la empresa firmó con la AFA un contrato de exclusividad como agente comercial internacional, que le otorgaba una comisión del 30% sobre los ingresos cobrados en el exterior y un 10% adicional en concepto de logística. Así quedó comprobado tras un allanamiento en la sede histórica de la calle Viamonte. En los papeles, TourProdEnter debía gestionar la actividad comercial internacional; en la práctica, según surge de las planillas bancarias, su función central fue cobrar los contratos y derivar el dinero, sin controles ni auditorías conocidas.
Las transferencias relevadas —cursadas a través de Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan— no corresponden a hechos aislados. Los registros muestran un flujo continuo de ingresos y egresos, con picos mensuales y pagos recurrentes, que convirtieron a TourProdEnter en una virtual «caja central» de los negocios internacionales de la AFA entregada por decisión de Claudio “Chiqui” Tapia.
Desde esa caja se financiaron destinos sin relación aparente con el objeto estatutario del fútbol argentino: financieras, sociedades offshore, gastos personales. Se investiga, incluso, si esos fondos fueron canalizados para la compra de un club europeo. El detalle de esas transferencias —con fechas, montos y beneficiarios— surge con nitidez de las planillas incorporadas a la causa judicial.
Transferencias al corazón de TourProdEnter
Las planillas bancarias permiten identificar con precisión cómo los dólares generados por la Selección argentina ingresaban al circuito administrado por TourProdEnter LLC. No fueron cobros esporádicos ni pagos fragmentados, sino transferencias de alto monto, cursadas desde el exterior hacia cuentas en Estados Unidos que funcionaron como puerta de entrada del dinero de la AFA.
Uno de los primeros ingresos relevantes fue en julio de 2023, cuando una cuenta de TourProdEnter en Bank of America recibió una transferencia por USD 5.750.000, vinculada a un contrato comercial de la Selección. Aunque el concepto consignado es genérico —commercial agreement—, el monto y la trazabilidad bancaria coinciden con pagos de sponsors globales y derechos de explotación de partidos amistosos fuera del país. Hay en las cuentas, por ejemplo en el Bank of America, el ingreso de más de 26 millones de dólares por la empresa que viste a la Selección.
“Antes, cuando estaba Julio Grondona, los contratos de la marca de ropa y la gaseosa más famosa los cobraba directo la AFA en sus cuentas. No había un intermediario que se quedara con esos fondos y que, encima, se quede con una comisión del 30%. No tiene sentido”, explicó a Infobae una fuente que está interiorizada del caso.
El patrón se mantiene en los meses siguientes. El 14 de septiembre de 2023, otra transferencia por USD 4.200.000 ingresó a una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank, con Citibank como corresponsal. En noviembre de 2023, se registra un ingreso adicional por USD 6.100.000, cursado a través de Bank of America bajo el concepto sponsorship payment.
Las planillas permiten observar que estos ingresos nunca pasaron por cuentas a nombre de la AFA, sino que se cobraron directamente en el exterior y se concentraron en TourProdEnter. Desde allí, el dinero comenzaba a salir casi de inmediato.
El otro extremo del circuito: de Florida a Italia y el Perugia
La misma lógica se advierte en las transferencias vinculadas a la compra del Perugia Calcio. Las planillas reconstruyen el inicio del recorrido financiero y las fuentes que intervinieron en la investigación aseguran que ese dinero terminó usándose en Italia para esa operación.
El 18 de diciembre de 2023, una cuenta de TourProdEnter en Bank of America realizó dos transferencias consecutivas de USD 150.000 cada una a Sports NextGen Ltd, una sociedad vinculada a Javier Faroni. El concepto es nuevamente genérico: payment.
El 27 y 28 de marzo de 2024, se repite el esquema con montos mayores: dos transferencias gemelas de USD 412.500, enviadas desde una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank hacia Sports NextGen, con Citibank como corresponsal. Según la reconstrucción que hicieron los denunciantes, ese dinero fue derivado a Europa y utilizado como parte del paquete financiero para adquirir el club italiano.
El dato central: el punto de partida siempre es el mismo, cuentas de TourProdEnter alimentadas por ingresos de la Selección argentina.
Las planillas no evidencian subcuentas, fideicomisos ni compartimentos estancos. No existe una cuenta “para el fútbol” y otra “para gastos privados”. Sin embargo, hay al menos cuatro empresas, consideradas “fantasma”, con titulares de dudosa condición financiera y que residen en Bariloche que recibieron transferencias por 42 millones de dólares. El destino de esos fondos, por ahora, se desconoce.
Hay una caja central: TourProdEnter recibe millones de dólares por sponsors y amistosos, paga transferencias de seis cifras a sociedades diversas, envía fondos que pueden terminar en la compra de un club europeo o ejecutar pagos mensuales al entorno personal de dirigentes y asesores.
Ese uso indistinto de los fondos es uno de los datos más contundentes que emerge de la documentación incorporada a la causa judicial en Estados Unidos. El lugar de donde emergió el cúmulo de pruebas es clave: la Justicia norteamericana y el FinCEN -homóloga de la UIF argentina- ya tienen la decisión de avanzar, según las fuentes interiorizadas con el caso que consultó Infobae.
La misma caja para todo: pagos al entorno personal
Las planillas bancarias revelan que TourProdEnter LLC también financió pagos ajenos a cualquier actividad comercial o deportiva. Entre estos figura el caso de José Almaraz, señalado como “guía espiritual” del presidente de la AFA y con acceso al plantel de la Selección. Algunos públicamente -como lo mencionó La Nación- lo definen como “El Brujo” amigo de Tapia.
Según los registros, el hijo de Almaraz —con el mismo domicilio— recibió transferencias desde cuentas operadas por TourProdEnter por un total de USD 340.000. Los giros se realizaron bajo conceptos genéricos, sin respaldo contractual público y conocido. Ese y otros contratos marcan la misma lógica: opacidad, ausencia de información y dudas. La plata siempre salía desde la misma caja que concentraba los ingresos internacionales de la Selección argentina.
La relevancia no es solo el monto, sino el mecanismo: fondos generados por la Selección campeona del mundo se utilizaron para financiar al entorno personal del presidente de la AFA, a través de una empresa privada en Florida.
Dentro del circuito financiero gestionado por TourProdEnter, sobresale el envío de USD 109 millones a un agente financiero en Uruguay, en lugar de transferir esos fondos directamente a las cuentas institucionales de la AFA.
De acuerdo con los registros a los que accedió Infobae, el destino fue Adcap Securities Uruguay Agente de Bolsa S.A., una firma con sede en Montevideo. La documentación muestra que TourProdEnter giró esos fondos a la financiera uruguaya por cuenta y orden de quien administraba los ingresos internacionales de la AFA.
Técnicamente, la operación incorporó un paso intermedio: el dinero fue administrado en el exterior antes de ser transferido a Argentina. La firma uruguaya actuó como intermediaria, sin decisiones sobre el origen ni el destino final de los fondos.
Gastos suntuarios y uso cotidiano de la caja
Ese mismo circuito coexistió con gastos suntuarios y consumos personales pagados desde las cuentas de TourProdEnter. Las planillas registran transferencias por servicios de aviación privada, charter y servicios náuticos, con montos entre USD 10.000 y USD 80.000 por operación.
El 22 de noviembre de 2023, una cuenta de TourProdEnter pagó USD 38.500 a un proveedor de aviación privada. El 15 de enero de 2024, otra transferencia por USD 27.000 fue enviada a un proveedor vinculado a embarcaciones. En ninguno de los casos los conceptos permiten asociar esos gastos a actividades deportivas.
Lo que no aparece en los balances
El diseño del esquema explica por qué estos movimientos no se reflejan con claridad en los balances formales de la AFA. Al cobrarse y administrarse en el exterior, los fondos no ingresaban al sistema financiero argentino y quedaban fuera del alcance inmediato de los controles locales.
La fragmentación del dinero rompió la trazabilidad: cuando los fondos llegaban a cuentas vinculadas a la AFA, lo hacían tras pasar por intermediarios financieros, offshore o brokers, ya desagregados y bajo conceptos genéricos.
No es casual que el circuito comenzara a quedar expuesto a partir de una investigación judicial en Estados Unidos, que obligó a los bancos a entregar registros completos de las transferencias.
La “caja paralela” que quedó a la vista
Nada de esto ocurrió en un vacío institucional. El esquema funcionó durante la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, con contratos firmados, comisiones elevadas y una empresa privada convertida en eje de la administración de los ingresos internacionales.
Las planillas bancarias no emiten juicios de valor.
Pero muestran.
Y lo que muestran es que el dinero siguió un camino distinto al que reflejan los balances y el discurso oficial.
Esa distancia entre lo declarado y lo documentado constituye la principal revelación.
Ante la presentación en la justicia de recursos contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reforma la Ley de Inteligencia, y entre otras cosas, permite la “aprehensión” de personas, en el Gobierno se muestran confiados en que estas no prosperarán, pero adelantan que, en caso de que suceda, apelarán la medida.
La Casa Rosada se muestra dispuesta a defender el decreto.
A la vez, en paralelo al devenir en la justicia, el DNU tiene su propio curso en el Congreso de la Nación,donde deberá ser tratado por la Comisión Bicameral de Inteligencia. No será inmediato. Primero, el Ejecutivo debe enviarlo al Parlamento y, luego, los miembros de la comisión retomar sus actividades.
En las últimas horas se presentaron al menos tres recursos de amparo por las modificaciones a la Ley de Inteligencia que se conocieron el último viernes.
La última de esas presentaciones fue hecha por un grupo de abogados y dirigentes que son o fueron cercanos al radicalismo y consideraron que: “arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.
La reforma de la ley de inteligencia establece una serie de modificaciones que buscan fortalecer el papel de la SIDE, a cargo de Cristian Aguadra, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.
Entre los puntos principales aparece la faculta para detener personas, que se volvió el eje de la mayor polémica en los últimos días.
También dispone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.
En las filas del Ejecutivo resaltan la parte del texto en el que se apunta a que las eventuales aprehensiones deben darse “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, y con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
En la Casa Rosada, una de las fuentes consultadas, consideró que “ninguno de los amparos debiera ser ni considerado por la Justicia, porque nadie tiene legitimación para presentarse”. El argumento es que los sectores que se presentaron no sufrieron un “daño” por el que podrían ir ante la justicia.
Los funcionarios que analizanel futuro del DNU no dudaron en afirmar que si algunos de los jueces actuantes hiciera lugar a las presentaciones, “se apelará y se seguirá con todo el proceso”.
En el Gobierno están convencidos de que el DNU, conocido este viernes, primer día hábil del año, logrará sortear la justicia y creen que la clave está en su “letra” reglamentaria respecto de cómo se aplicará el punto de la discordia.
El primer recurso de amparo en presentarse fue el de los legisladores de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y Mónica Frade, y del Partido socialista, Esteban Paulón.
La presentación incluyó una medida cautelar para “la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional”, consignaron los legisladores vía X.
La presentación fue sorteada y quedó en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Alián.
La otra de las presentaciones estuvo en manos de la Fundación Apolo, del exlegislador Yamil Santoro.
En las últimas horas se conoció la presentación que hizo un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados al radicalismo o surgidos de ese partido.
La presentación, que ingresó a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la firman Leopoldo Moreau,Federico Storani,Ricardo Alfonsín,Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santíny Ricardo Terrile.
En el escrito solicitan la habilitación de una medida cautelar urgente con el fin de suspender inmediatamente la aplicación del decreto. “Arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”, afirman. En Casa Rosada dan por tierra con esa posibilidad e insisten en que las presentaciones “no prosperarán”.
Tras su publicación en el Boletín Oficial, la última semana y con fecha del 31 de diciembre, Adorni, tiene diez días hábiles para presentar el DNU ante el Parlamento. Y luego de eso, allí se abre otra ventana del mismo período para sea tratado en la Comisión
un grupo de abogados y dirigentes,reforma de la ley de inteligencia,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Tras la captura de Maduro, el Gobierno adelantó que apoyará las medidas de Trump para el futuro de Venezuela
El Gobierno aseguró que apoya todas las decisiones que tome Donald Trump durante la transición que realiza en Venezuela, tras detener a Nicolás Maduro.
“Confiamos en todo lo que disponga el presidente de Estados Unidos y apoyamos cualquier decisión de él”, expresaron en Casa Rosada. Las declaraciones se dan luego de que el norteamericano haya decidido mantenerse a cargo de la situación de Venezuela, sin darle la posibilidad a María Corina Machado ni al presidente electo, Edmundo González Urrutia.
Leé también: Cuba reveló las identidades de los 32 custodios de Maduro que murieron durante el ataque de EE.UU.
En Balcarce 50 aseguraron que ya estaban al tanto de la operación militar que Trump impulsó el sábado pasado, aunque no tenían confirmado con exactitud que esa fecha iba a ser la elegida para la misión. “Somos los únicos en la región que los apoyamos de manera incondicional”, insistieron en el Gobierno.
Además, en el oficialismo entienden que el operativo de EE.UU. y la detención de Maduro permitirá que la liberación de los presos políticos sea más rápida. “La extracción de Maduro fue un proceso muy importante. Ahora comienza otra fase para desarmar las instituciones que se transformaron en narco instituciones”, agregó otra importante voz libertaria.
Las declaraciones van en línea con lo que dijo Trump durante un discurso que dio este martes. “Maduro tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, aclaró. Se espera que, con este primer paso, se acelere la excarcelación de los detenidos por el líder chavista.
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En ese sentido, en el Gobierno hay expectativas por la liberación de los dos argentinos que fueron detenidos durante la gestión de Maduro: Nahuel Gallo y Germán Giulani.
A pesar de ello, el oficialismo maneja el asunto con sumo hermetismo. Aunque habría información reservada sobre el tema y se habrían activado gestiones confidenciales en Venezuela para lograr la libertad de los dos detenidos, aún es una incógnita cómo es el estado de salud de ambos.
La postura que tomó el Gobierno también se dio a conocer internacionalmente
La gestión de Javier Milei no solo expresó su postura con respecto a la situación en Venezuela internamente: los representantes argentinos en la ONU y en la OEA mantuvieron la misma posición que la Casa Rosada.
Ejemplo de ello fue el discurso que este lunes dio el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi. El funcionario respaldó de manera explícita la operación militar que impulsó Estados Unidos para detener a Maduro y ponerlo a disposición de la Justicia de Nueva York.
“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025,” dijo Tropepi. Su discurso marcó puntos fundamentales en el posicionamiento argentino: apoyó la decisión estadounidense, definió a Maduro como dictador y habló del narcoterrorismo.
Por otro lado, el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, también reafirmó este martes el total apoyo de Milei a la detención de Maduro por parte de EE.UU.
En sus declaraciones, Cherniak volvió a nombrar el narcoterrorismo y calificó a Maduro como “una amenaza para el hemisferio”. Asimismo, sostuvo que la gestión chavista “quebraba el Estado de derecho”.
Donald Trump, Nicolás Maduro, Venezuela, Gobierno
POLITICA
En un polémico fallo, la Justicia ordenó a un histórico diario de Bahía Blanca “rectificar” publicaciones de la época de la dictadura
Como parte de un fallo con múltiples condenas a exmilitares y policías que actuaron durante la última dictadura, el Tribunal Oral de Bahía Blanca, en una decisión polémica, ordenó al histórico diario La Nueva (antes denominado La Nueva Provincia) publicar una “rectificación” sobre información que difundió en los 70’ sobre 36 víctimas del gobierno de facto. Ocurrió durante el desarrollo del juicio conocido como “Zona V”.
El veredicto y el polémico capítulo que impone al diario realizar una nueva publicación como medida “moralmente reparatoria” fueron dados a conocer el pasado 26 de diciembre, de manera virtual, en la última audiencia de un mega juicio que se extendió por casi cuatro años.
Si el fallo eventualmente queda firme, el diario contará con 10 días para realizar la nueva publicación en la que deberá hacer “expresa mención de la fecha, la página y la sección en la que fueran vertidas” las noticias que debe corregir.
Es que el tribunal dio por acreditado que 36 de las más de 300 víctimas alcanzadas por la investigación no murieron en “enfrentamientos militares”, como informó el medio en su momento, hace 50 años, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad.
El fallo no hace referencia a una nota o un conjunto de notas en particular publicadas en aquel momento, sino que hace mención a la “publicación” en términos generales.
La sentencia le puso punto final a uno de los juicios más amplios de la provincia. En total, fueron condenados 31 exmilitares y policías por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la jurisdicción militar de Bahía, del V Cuerpo de Ejército, de donde el juicio toma su nombre. A los condenados, el tribunal los encontró culpables de ser autores o cómplices en un amplio abanico de delitos, como homicidio, tortura o privación ilegítima de la libertad, entre otros.
En línea con lo solicitado por la fiscalía y la querella, de la que forma parte la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la organización H.I.J.O.S Bahía Blanca, además de las condenas -que incluyeron 16 prisiones perpetuas y 15 con penas de hasta 20 años-, los jueces incluyeron el apartado que afecta al diario La Nueva, que tuvo en su momento como director a Vicente Massot. intentó contactar a Massot, pero al momento de la publicación no había respondido la consulta.
En el dispositivo 55 del fallo, los jueces del tribunal, Ernesto Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido, dijeron: “Disponer para el momento en que se encuentre firme esta sentencia que en el plazo de 10 días el diario La Nueva Provincia de esta ciudad publique la rectificación como acto moralmente reparatorio de la publicación oportunamente vertida“.
Este apartado de la resolución corrió en línea con el pedido del fiscal Miguel Ángel Palazzani, quien había solicitado que el diario publicara el resolutorio del tribunal en un “lugar destacado y visible”.
Entre otras medidas de reparación, también fue solicitada la rectificación de legajos militares y nulidades en sentencias de consejos y tribunales militares; pero este y otros pedidos, como investigar lugares de enterramiento clandestino, calificar los hechos como “genocidio” o el restablecer prisiones preventivas, fueron rechazados por el tribunal.
Foglia y Sebastián fueron designados como jueces titulares casi en simultaneo, en marzo de 2021, ante una situación de total vacancia del Tribunal. El primero fue fiscal de Bahía Blanca durante 14 años, y es especialista en juicio por jurado. Sebastián, en tanto, contaba con 20 años en la justicia federal y experiencia previa como juez subrogante en Viedma.
Aguerrido, por su parte, es titular desde 2012 del Tribunal Oral de Santa Rosa, La Pampa, y en el de Bahía Blanca actúa como juez subrogante. A diferencia de sus colegas, ya había intervenido en procesos de lesa humanidad como juez de La Pampa. En la causa conocida como “Subzona 14” dictó condenadas de entre 6 y 25 años de prisión para trece exintegrantes de la policía provincial y del Ejército.
La Nueva
La Nueva Provincia es el histórico diario de Bahía Blanca, fundado en 1898, y contó con un extendido alcance en el sur de la provincia de Buenos Aires. En 2017 fue adquirido por el empresario Gustavo Elías y pasó a llamarse La Nueva. Elías es un empresario del transporte dueño, entre otras empresas, de Chenyhi, al que vinculan directamente con el gremialista Hugo Moyano. Es decir, sus actuales propietarios deben responder por un juicio que afecta a un período en el que todavía no se habían hecho cargo de la empresa.
Desde el diario La Nueva dijeron a que se encuentran revisando los alcances del fallo para ver cómo actuar, remarcaron que los actuales dueños del medio no tienen un vínculo particular con los anteriores y que todavía no han sido notificados oficialmente. También subrayaron que el diario no tiene obligación de publicar nada hasta que el fallo quede firme. “Es un avasallamiento sobre la libertad de prensa”, calificaron desde la actual conducción del medio.
Durante el juicio, La Nueva fue calificado por las querellas como el “principal órgano difusor” de los últimos dos regímenes militares en el país. En otro proceso judicial, en el que Massot resultó sobreseído, el fiscal Palazzani acusó al diario de ofrecer un “guion” al “terrorismo de Estado y del genocidio perpetrado en Bahía Blanca y la región”. En ese proceso, la Justicia secuestró del archivo histórico de La Nueva las publicaciones correspondientes al periodo investigado, dijeron fuentes del diario, y todavía no han sido devueltas.
Para el constitucionalista Vicente Sola la imposición de una nueva publicación al diario sobrepasa las facultades de los magistrados. “El diario La Nueva Provincia no era parte del proceso penal y por lo tanto solicitarle una publicación está fuera de la competencia del tribunal”, sostuvo.
Otros constitucionalistas consultados por , si bien destacaron la existencia del derecho a “rectificación” que asiste a las víctimas de la difamación, marcaron que el apartado del fallo dedicado a La Nueva excede todos los pronunciamientos anteriores sobre la materia.
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