El Gobierno hará cumplir el próximo miércoles el protocolo antipiquetes. Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. Será en el marco de la movilización de la CGT en rechazo de la reforma laboral, cuyos detalles se discutirán ese mismo día en el recinto del Senado.

La protesta fue anunciada el viernes por el triunvirato cegetista, tras una reunión de su consejo directivo. “Dado que el próximo 11 de febrero se va a abrir la sesión de debate en la Cámara de Senadores, nos vamos a movilizar a la Plaza de los Dos Congresos”, afirmó Jorge Sola, cotitular de la entidad, durante una conferencia de prensa. La concentración será desde las 15 y, según anticipó, de forma “contundente y multitudinaria”.

Además, la central sindical replicará la protesta en las casas de gobierno provinciales para expresar su rechazo al proyecto en todo el país.

Por ahora, la CGT descartó convocar a un paro general. Según informó , guarda esa carta para una etapa posterior: cuando la reforma llegue a Diputados y se defina su sanción definitiva. No se descarta, sin embargo, que el conflicto termine trasladándose a los tribunales.

La movilización sindical se superpondrá con la marcha habitual de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que todos los miércoles se concentran frente al Congreso para reclamar mejoras en haberes y prestaciones.

La convergencia de protestas anticipa una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. La semana pasada, durante una de estas marchas, fue detenido el sacerdote Francisco “Paco” Olveira en las inmediaciones del Congreso. El hecho generó el repudio inmediato del peronismo, que reclamó su liberación, concretada una hora después.

En una protesta similar, en marzo pasado, el fotoreportero Pablo Grillo resultó herido por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

El protocolo antipiquetes fue diseñado para garantizar la libre circulación en rutas y vías nacionales. Habilita la intervención directa de las fuerzas federales para despejar cortes de tránsito, al considerar estas acciones como delitos en flagrancia, sin necesidad de una orden judicial previa. Establece, además, el uso de la fuerza mínima y proporcional, la identificación de organizadores y participantes, y el registro de los vehículos involucrados. También prevé trasladar los costos del operativo a las agrupaciones responsables de las protestas.

Del despliegue participará la Policía de la Ciudad, que actuará como fuerza auxiliar en el tercer anillo de seguridad en torno al Congreso.

El desarrollo de la protesta será clave para medir el clima político dentro del recinto, donde los senadores debatirán la letra chica del proyecto de “modernización laboral” enviado por el Poder Ejecutivo.

La CGT califica la iniciativa del Gobierno como “regresiva”. Los gremios sostienen que el proyecto recorta derechos colectivos e individuales al flexibilizar las contrataciones y los despidos, limitar el derecho a huelga y debilitar el rol de las organizaciones sindicales.

Entre los puntos más cuestionados figuran la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de la ultraactividad de los convenios, las restricciones a la acción sindical en los lugares de trabajo, la posibilidad de extender las jornadas hasta 12 horas y la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), bajo administración de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como alternativa al régimen de indemnizaciones.

“Estaba para decir, ‘bueno, ya está’ y me pararon Javier y Karina [Milei], terminantemente”, dijo Mariano Cúneo Libarona. El ministro de Justicia regresó a la actividad tras un viaje por Europa y se refirió a las versiones sobre su renuncia al Gabinete.

“Me llamó Karina [Milei, secretaria General de la Presidencia] diciéndome que yo era muy valioso y considerado, pidiéndome ‘quedate’”, dijo en diálogo con Splendid AM 990.

El titular de la cartera judicial admitió que antes de las elecciones legislativas del año pasado se planteó dar un paso al costado por cuestiones personales. “Me llamó Javier, efusivo: ‘yo te quiero mucho, las cosas que vos hacés, los temas míos que manejás, lo que has hecho en la Justicia”, contó el ministro.

“Yo le dije: ‘bueno Javier, yo los quiero mucho y confío en que vas a cambiar la Argentina. Vamos a seguir un tiempo, hasta que vos digas’”, contó el abogado al afirmar su permanencia en el Gobierno Nacional.

Según supo , Cúneo Libarona terminó su licencia el 29 de enero pasado y se encuentra de regreso en su cargo, aseguran en su entorno. Viajó como investigador a la Universidad de Gotinga, Alemania, y como exponente en la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, en Jerusalén.

Cúneo Libarona también habló sobre el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, podría bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y se tratará esta semana en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. “Los cambios en el Código Penal e inimputabilidad son muy necesarios: se privilegió ahora inimputabilidad”, afirmó.

“La polenta que tiene Patricia Bullrich —senadora nacional, jefa de bancada oficialista— en el Congreso es fundamental”, apuntó el ministro. “Se va a someter un proyecto que fue hecho con el máximo equilibrio”, adelantó y pidió: “Que todo el arco de Diputados, donde hay gente muy inteligente, lo debata y salga. Tiene que salir”.

En esa línea, Cúneo Libarona planteó: “El fundamento de la inimputabilidad es que un chico no comprende la criminalidad de sus actos. Hoy, ese joven de 16, 15 o 14 años conoce perfectamente lo que hace: actúa con dolo y tiene conocimiento y comprensión. Tal vez no lo tenía en 1980, pero hoy lo tiene”.

Con la legislación vigente, “el mensaje que damos a los menores es: ‘delincamos que total tenemos impunidad’. Y a la policía es: ‘detengamos a la gente y en un minuto salen’”, se explayó el letrado.

“Los chicos tienen que tener un límite y un tratamiento adecuado, en un lugar digno para poder resocializar. Ya van a estar, ya van a venir, no son tantos y está contemplado en el Presupuesto”, señaló Cúneo Libarona. “No es tan oneroso el tema de los establecimientos penitenciarios”, aseveró.

Además, el ministro insistió: “La criminalidad de los menores es un enorme problema en la Justicia, y es un tema que quiero sacar”. Y sentenció: “En la provincia de Buenos Aires hay un festival de delincuencia: es una cosa sangrienta”.

Por otra parte, el abogado se expidió sobre la postura del Gobierno respecto a Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: “El aborto se mantiene en la misma posición: que se discuta en el Congreso, nosotros no entramos en ese quilombo” (sic). Aseveró que no hay interés del Poder Ejecutivo en dar marcha atrás con la legislación, al menos ahora”.