POLITICA
Argentina respaldó en la ONU la detención de Nicolás Maduro y exigió la liberación inmediata de Nahuel Gallo

El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, respaldó de manera explícita la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano para extraer y poner a disposición de la Justicia al ex dictador Nicolás Maduro, detenido por cargos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo transnacional. En la misma intervención, el diplomático argentino exigió la inmediata liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado desde el ocho de diciembre de 2024 en un centro clandestino de detención controlado por la narcodictadura venezolana.
La definición fue formulada durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada para analizar la situación en Venezuela tras la detención de Maduro. El Consejo, órgano central del sistema de Naciones Unidas junto con la Asamblea General, dedicó la sesión a evaluar el nuevo escenario político, institucional y de seguridad regional posterior a la captura del ex dictador, quien ya fue trasladado a Estados Unidos y compareció ante la Justicia federal de ese país.
Desde el inicio de su exposición, Tropepi estableció el posicionamiento del Gobierno argentino. En un pasaje central de su discurso, afirmó: “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”. Esta cita condensó la postura argentina: respaldo político a la operación militar, definición de Maduro como dictador y encuadre del régimen dentro de la lógica del narcoterrorismo.
El embajador no presentó la detención de Maduro como un hecho aislado ni como un episodio exclusivamente venezolano. La inscribió en una caracterización histórica del poder en Venezuela, recordando que la narcodictadura se encuentra en el poder desde 1999, instaurada por Hugo Chávez y continuada por Maduro tras la muerte de Chávez. Según la posición argentina, se trata de un régimen que, durante más de veinticinco años, combinó el control autoritario del Estado con la consolidación de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al financiamiento ilícito, utilizando recursos públicos y las instituciones estatales para garantizar impunidad y expansión.
En ese marco, Tropepi definió a Maduro como el líder operativo de una estructura criminal. Al referirse al Cartel de los Soles, remarcó que la decisión argentina de declararlo organización terrorista en 2025 formó parte de una estrategia jurídica y política orientada a reconocer la naturaleza del régimen venezolano como narcodictadura. La mención al Tren de Aragua subrayó la articulación entre el poder político venezolano y organizaciones criminales con proyección transnacional.

El embajador sostuvo que la narcodictadura venezolana no representó únicamente una amenaza para su propia población. Enumeró como rasgos centrales del régimen la violación sistemática de los derechos humanos, la destrucción de las instituciones democráticas y la apropiación de los recursos nacionales, poniendo especial énfasis en la dimensión regional del problema. Según explicó, desde Caracas se impulsaron y protegieron redes de narcotráfico y crimen organizado que afectaron directamente la seguridad de otros Estados y contribuyeron a la inestabilidad regional.
Tropepi vinculó ese diagnóstico con las consecuencias sociales y humanitarias acumuladas durante más de dos décadas de chavismo. Señaló que la narcodictadura iniciada en 1999 hundió al pueblo venezolano en la pobreza y provocó un éxodo masivo de millones de personas obligadas a abandonar su país. Ese desplazamiento fue presentado como consecuencia directa del colapso institucional generado por el régimen y como un indicador objetivo de su fracaso estructural.
Un eje central de la exposición estuvo dedicado a explicar la posición argentina desde la asunción del presidente Javier Milei. En ese punto, Tropepi incorporó una segunda cita textual para dejar constancia de la continuidad y coherencia de la política exterior argentina: “Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”.
El embajador detalló decisiones concretas adoptadas por el Estado argentino. Recordó que, en marzo de 2024, la Argentina otorgó asilo diplomático a seis dirigentes opositores venezolanos, en un contexto internacional marcado por la prudencia y, en varios casos, por la ambigüedad de otros gobiernos. Esa decisión implicó asumir riesgos políticos y operativos significativos para la representación diplomática argentina en Caracas.
Tropepi señaló que, tras el desconocimiento argentino de los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 —calificadas como fraudulentas— y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo, la Argentina fue expulsada de Venezuela. Añadió que la embajada argentina, donde permanecían los asilados, fue sometida a un asedio permanente por parte del régimen. Pese a ese escenario, Buenos Aires mantuvo su decisión de continuar denunciando la situación venezolana y de actuar en todos los foros internacionales disponibles.
El embajador recordó también que la Argentina ya había llevado la cuestión venezolana al Consejo de Seguridad anteriormente. El 23 de diciembre pasado, el país expresó su profunda preocupación por el deterioro institucional y humanitario y advirtió que los efectos de la crisis venezolana trascendían el ámbito interno, repercutiendo negativamente en la estabilidad regional y constituyendo una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio.
Con la detención de Maduro consumada, Tropepi se refirió al nuevo escenario judicial abierto en Estados Unidos. Señaló que el ex dictador venezolano ya compareció ante un tribunal federal de Nueva York, designó abogado defensor y se declaró inocente de los cargos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo transnacional. Esta referencia buscó contrastar el funcionamiento de un sistema judicial con garantías procesales con las prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos que caracterizaron a la narcodictadura venezolana durante más de veinticinco años.
El diplomático argentino sostuvo que el nuevo escenario plantea dos desafíos centrales para la comunidad internacional: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en la región. Frente a ese proceso, aseguró que la Argentina está lista para colaborar, reafirmando su compromiso con el retorno pleno de la institucionalidad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos del pueblo venezolano.
El tercer eje de la intervención estuvo dedicado de manera exclusiva al reclamo argentino por la situación de Nahuel Gallo. En ese tramo final, Tropepi incorporó la tercera cita textual que la delegación argentina dejó asentada en actas del Consejo de Seguridad: “La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”.
El embajador recordó que Gallo se encuentra en situación de desaparición forzada desde el ocho de diciembre de 2024, tras haber sido secuestrado por el régimen narcoterrorista y trasladado a un centro clandestino de detención. El pedido fue formulado en términos precisos y apoyado en el derecho internacional de los derechos humanos, sin apelaciones genéricas ni formulaciones ambiguas.
Al plantear el caso ante el Consejo de Seguridad, la Argentina inscribió la situación del gendarme en el nuevo contexto político abierto tras la caída del ex dictador y la estableció como una obligación inmediata para cualquier autoridad que administre la transición. La liberación de Gallo fue presentada como una señal concreta de ruptura con las prácticas de la narcodictadura instaurada en 1999 y sostenida durante más de dos décadas.

La intervención de Tropepi avanzó de manera lineal, con un hilo argumental continuo. El embajador argentino respaldó la operación militar que permitió detener al ex dictador venezolano, reafirmó la caracterización del régimen como una narcodictadura asociada al narcotráfico y al terrorismo transnacional, destacó la coherencia de la política exterior argentina desde la asunción de Milei y trasladó al centro del debate internacional un reclamo concreto vinculado a un ciudadano argentino.
En una sesión del Consejo de Seguridad convocada para analizar la situación de Venezuela, la Argentina dejó asentada una posición clara: el nuevo escenario abierto tras la detención de Nicolás Maduro exige responsabilidades judiciales, definiciones políticas precisas y decisiones inmediatas. Entre ellas, la exigencia de que la transición venezolana comience con un gesto concreto y verificable: la liberación inmediata de Nahuel Gallo y su retorno seguro a la Argentina.
Crime,Diplomacy / Foreign Policy,North America
POLITICA
La reacción del Gobierno tras la media sanción de la Ley Penal Juvenil

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente de la República Argentina expresó la primera reacción de Javier Milei por la media sanción de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados. “Delito de adulto, pena de adulto”, expresó Manuel Adorni.
La iniciativa promovida por Patricia Bullrich alcanzó 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin que hubiera abstenciones. Junto a los libertarios, se pronunciaron a favor PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz. Entre sus puntos principales, el proyecto tiene la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

“La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, comenzó el comunicado de la Oficina del Presidente.
En el comunicado indican que se presentaron más de 37 proyectos de reforma, ninguno de los cuales logró avanzar en el proceso legislativo. Mientras el marco normativo permanecía sin cambios, “el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”.

Esta situación, a juicio del Gobierno, evidenció un desfasaje entre la legislación vigente y la realidad social, ya que “la ley permaneció anclada en otra época”. Para la administración nacional, el país “no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.
El mensaje remarcó que la iniciativa aprobada por Diputados busca modificar este escenario, al establecer “un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.
Además, se enfatizó: “No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”.
A través del comunicado, Milei expresó su agradecimiento a los legisladores que apoyaron la media sanción, destacando que dieron “una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”. También subrayó la expectativa de que el Senado de la Nación trate la reforma “con la urgencia que la situación exige”, con el objetivo de que “el fin de la impunidad sea una realidad”.
“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, cerró el mensaje oficial.
Al mismo tiempo, representantes del Gobierno también celebró la media sanción para el nuevo Régimen Penal Juvenil. Entre ellos, Manuel Adorni (Jefe de Gabinete de Ministros), Patricia Bullrich (senadora nacional por CABA) y Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad Nacional).

Adorni, en su cuenta oficial de X, escribió: “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.
Bullrich, quien impulsó el proyecto, comenzó su publicación en X: “Por todas las víctimas de menores delincuentes, media sanción del Régimen Penal Juvenil”.

“Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, agregó la legisladora.
Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, posteó: “Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo. Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden”.

La implementación de institutos especializados, donde los adolescentes condenados podrán acceder a educación, atención médica y tratamientos para adicciones, será una de las prioridades del nuevo Régimen Penal Juvenil. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia.
Además, la normativa contempla penas alternativas para quienes reciban condenas inferiores a 10 años de prisión, como la amonestación, la prohibición de acercarse a la víctima, la obligación de realizar servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño, la restricción para acudir a ciertos lugares y la inhabilitación para conducir vehículos.
En el caso de delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, la edad de imputabilidad baja a 14 años y la pena máxima de prisión se fija en 15 años.
POLITICA
Las reformas en las redes: del fallido 2017 de Macri al envalentonado 2026 de Milei

La conversación en redes sobre la reforma laboral reunió más de medio millón de menciones en el último mes y dejó un clima dominante de rechazo, con la negatividad en valores récord.
El debate se ordenó alrededor de un eje que funcionó como brújula narrativa: trabajador y derechos, empresas y Congreso.
Los picos de intensidad se activaron cuando el oficialismo ganó margen político desde octubre de 2025 y el proyecto entró en escena en diciembre para ser debatido en el Congreso.
Leé también: Reforma laboral y ley penal juvenil: las derrotas que exponen la crisis K
En paralelo, la Web envió una señal contundente: la búsqueda sobre “reformas” de parte de los argentinos se concentró casi por completo en la dimensión laboral, relegando otras discusiones, y otorgándole al gobierno el contexto social para avanzar en modificaciones para el mundo del trabajo, históricamente relegadas.
Un debate digital intenso: el conflicto como idioma principal
La conversación de los argentinos en redes sociales sobre reforma laboral acumuló durante el último mes 514.500 menciones en redes sociales y quedó dominada por un 90% de negatividad.
Ese volumen funcionó como radiografía de un clima social muy claro.
La reforma laboral circuló por las redes argentinas como una disputa por el sentido del trabajo y por el límite de lo tolerable en la materia.
El mapa semántico mostró un choque de tres actores que organizaron la escena:
- trabajador/derechos (eje identitario)
- Empresas (eje económico)
- Congreso/proyecto/gobernadores (eje político-institucional).
Esa tríada empujó la conversación en redes sociales sobre la reforma laboral hacia la política y la sacó del terreno de lo técnico.
La discusión se movió como pulseada por las reglas de juego en materia laboral, por la autoridad política para implementarla y por los costos económicos y sociales de las modificaciones.
El Congreso apareció como escenario y como símbolo en redes de esta discusión: un lugar donde se escriben las leyes y en donde se miden fuerzas y debilidades políticas.
Una reforma con interés digital
La evolución de las menciones en redes sociales y prensa digital sobre las reformas en general (incluyendo el capítulo laboral) mostró un impulso marcado a partir del triunfo electoral del gobierno nacional en las elecciones legislativas de octubre de 2025.
Hasta entonces, el debate sobre reformular el mundo del trabajo, la ley penal, la cuestión tributaria o incluso el sistema previsional no mostró variaciones relevantes.
La victoria parlamentaria del oficialismo libertario trastocó esa dinámica.
Desde octubre de 2025, el debate en redes sobre la necesidad de aplicar reformas varias se aceleró, con la laboral al frente.
El ingreso del proyecto de modificación de las reglas del mundo del trabajo en diciembre imprimió todavía más vértigo.
La discusión tomó ritmo de campaña permanente, con los sectores reformistas ganando protagonismo en el debate, con la resistencia de distintos actores que resisten la discusión y un tono de conflicto inevitable.
Redes y medios: dos termómetros y una pelea por el encuadre
Mientras hacia finales de 2025 se disparó el debate en clave “reformista”, el sentimiento tomó dos caminos distintos.
- En redes sociales, el sentimiento mostró señales de mejora hasta un mes antes de los comicios de octubre y luego cayó hacia promedios cada vez más negativos.
- En cambio, en los medios de comunicación, el sentimiento de las publicaciones siguió un recorrido inverso.
La prensa online mejoró mes a mes el tono de sus menciones a las distintas reformas, con la cuestión laboral en el centro del debate.
Ahí apareció un fenómeno clásico de la disputa discursiva.
Las redes dramatizaron la discusión imprimiéndole todo tipo de sentimientos y los medios encuadraron el debate, dándole viabilidad y argumento.
De este modo, el periodismo quedó expuesto —a veces por decisión, a veces por lógica del oficio— como aliado contextual del gobierno en el debate argentino sobre reformas.
Mientras en redes sociales las reformas se discutieron en clave de “pérdida de derechos” y “precarización”, en la prensa digital se discutieron el “costo laboral”, la “litigiosidad” y la “viabilidad parlamentaria”, entre otros ejes.
De 2017 a 2026: la reforma como escena recurrente
Para analizar la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, primero conviene viajar unos años hacia atrás.
En 2017, el gobierno del expresidente Mauricio Macri inauguró un ciclo de interés de los argentinos por reformas de fondo, con la cuestión previsional como disparador.
Ese año registró un pico histórico de interés reflejado en consultas en la Web.
La reforma previsional fallida hizo estallar el debate, con protestas y violencia política frente al Congreso y choques con fuerzas de seguridad.
Los incidentes dejaron escenas de alto impacto: piedras, gases lacrimógenos, corridas y una tensión institucional que se filtró hasta el interior del recinto.
La reforma se volvió una imagen críptica y nítida: el Parlamento como fortaleza sitiada.
Con el paso de los años, aquel pico se diluyó, pero el piso de interés de los argentinos por las reformas nunca volvió al nivel anterior.
Entre 2018 y 2022, los promedios se ubicaron por encima de los registros de la década previa.
A partir de la asunción del gobierno de Javier Milei a finales de 2023, el interés retomó dinámica ascendente y alcanzó un récord en 2025.
El país volvió a un punto conocido: reformas en agenda, calle en tensión, redes en ebullición.
Lo laboral, ante todo: “reformas” se buscó como reforma laboral
Un análisis más detallado del interés de los argentinos por las distintas reformas mostró una supremacía nítida de la cuestión laboral.
En las consultas en la Web, la agenda se concentró de manera aplastante en la reforma laboral (96,3%).
Leé también: Javier Milei sigue dominando la charla política en redes ante la debilidad opositora
El interés por cambios en materia previsional, penal y tributaria apenas acumuló 3,6%.
El dato describió una jerarquía social del problema: lo laboral tocó la vida cotidiana y agitó el miedo.
Es decir, el debate desestabilizó la opinión pública y alteró el futuro previsible para sectores temerosos de un cambio en las reglas de juego del mundo del trabajo.
reforma laboral
POLITICA
“Lo antes posible”: la oportunidad que quiere aprovechar el Gobierno antes del 2027 y el pulso electoral que impacta en la Mesa Política

Transcurría el mes de julio de 2025. La Casa Rosada se encontraba asediada en el Congreso por la falta de números en ambas cámaras para sostener los vetos que Javier Milei tenía previsto firmar ante los proyectos que la oposición presentaba. Por esos días, el Presidente lanzó un mensaje cuasi profético en una entrevista radial: “Aun en el peor de los mundos el efecto es transitorio y el 11 de diciembre los revierto. Por lo menos vamos a sacar 40 puntos en las elecciones”.
El contraste con la semana que acaba de pasar resulta abrumador. Con la media sanción de la reforma laboral y de la baja en la edad de imputabilidad, el Gobierno dio un golpe de autoridad que se hizo sentir en toda la oposición.
Para este caso, no importa tanto la legitimidad que tenían ambas iniciativas en el electorado. Los niveles de adhesión no han variado sustancialmente respecto al año pasado, cuando el Gobierno no podía siquiera aspirar a tener éxito legislativo en este tipo de cuestiones.
Sí fue relevante que el oficialismo aumentó su masa de legisladores. El armado nacional se lanzó al vacío el año pasado al relegar las alianzas y elegir pureza en la confección de las listas. Los resultados acompañaron y eso permite ahora que los líderes de los bloques no deban preocuparse por las disidencias internas, como ocurrió al comienzo de la gestión. “Antes se nos querían oponer los propios. Ahora tenés más del doble de personas y, aunque no sean unas luces, no se nos oponen. Los esfuerzos están orientados a hablar con los opositores”, explica un integrante del oficialismo.

El Gobierno también logró mayor coordinación política. La victoria de octubre empoderó a Karina Milei, lo que habilitó que en la mesa de negociación participaran otras personas y que cada uno tuviera el control de su área: Patricia Bullrich como encargada de la política en el Senado, Martín Menem con su esfera de poder en Diputados, Manuel Adorni como hombre del Ejecutivo y Santiago Caputo posicionándose para la estrategia política general. Se potenció a Eduardo “Lule” Menem como operador oficialista, así como a Diego Santilli con las provincias.
Así, la ganadora de la semana fue la Mesa Política. No fue casual que Karina Milei planificara que varios de sus integrantes estuviesen presentes en el palco del Senado para la foto de la media sanción de la reforma. En un principio se esperaba que solo fuera con Adorni, pero terminaron asistiendo casi todos, incluso el jefe de bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni, en quien Menem confía cada vez más para negociar con la oposición.
Esa foto, en la que estaban prácticamente todos, fue la que el Gobierno difundió como postal de victoria de la media sanción de la Modernización Laboral. A la mañana siguiente, Bullrich publicó un video musicalizado con Vogue, de Madonna, que mostraba su actuación protagónica en las negociaciones del Senado. En algunos despachos consideraron que esa acción comunicativa opacó la tarea del resto de la mesa política.
“Me parece que la gente tiene que ver que el Gobierno está logrando todas estas cosas porque hay un equipo que funciona. En el pasado no funcionó esto de adjudicarse ser los responsables de los éxitos”, explicó un miembro de la mesa chica.
Bullrich ya había hecho algo parecido cuando LLA consiguió la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado. La cantidad de interacciones de funcionarios y dirigentes oficiales fue mayor en ese entonces. El único que compartió esa publicación tanto en diciembre como ahora fue el presidente Javier Milei, un experto en equilibrar posiciones entre los miembros de su equipo.
¿Por qué hay una mirada cada vez más celosa sobre los movimientos de la ex ministra? Nadie busca explicitar los motivos, pero lo único concreto es que la dirigente es la persona que mejor mide a nivel nacional junto al Presidente. En rigor, fue el mismo Gobierno que le pidió la candidatura a senadora, la colocó como jefa de bloque y, además, le mantuvo el Ministerio de Seguridad a través de su segunda, Alejandra Monteoliva. Es por eso que otros miembros del Gabinete buscan bajar las segundas lecturas y desdramatizar esto.
Esto no quita que, aunque no lo reconozcan en público, muchos miren las candidaturas del próximo año. Falta mucho para eso. Solo los hermanos Milei saben si ya existe una fórmula definida para 2027. Tanto Bullrich como Adorni son figuras mencionadas para secundar al Presidente en la boleta, pero ambos prefieren la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Si ninguno de los dos cede, nos prepararemos para competir en internas”, advierten en uno de los dos campamentos.
Si hay o no depende de que lo proponga Jorge Macri, que tiene un panorama complicado para el año próximo pero que mantiene las esperanzas con las mejoras que le llegaron en encuestas cualitativas en las últimas semanas.
La Libertad Avanza considera que tiene grandes chances de quedarse con la conducción de Uspallata. Con ese escenario, existen fuertes incentivos para postularse como candidato en el distrito. El jefe de Gabinete y la senadora nacional tienen motivos igualmente válidos para creerse merecedores de esa candidatura. La hermana presidencial se inclinaría por el ex vocero. Tampoco le convencería Bullrich como compañera de fórmula de su hermano.

Son asuntos sin respuesta en el corto plazo. Mientras tanto, Milei busca hablar ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo con la reforma laboral sancionada. ¿Podrá? En la mesa política comenzó a crecer la preocupación por el impacto mediático de los cambios en las licencias por enfermedad.
Tampoco ayudó que Federico Sturzenegger ejemplificara que, si una persona se lesiona jugando al fútbol, cobrará la mitad de su sueldo. “Más de la mitad del país tiene dificultades para llegar a fin de mes. En el año del Mundial, le acabamos de decir a esa gente que si juega y se lesiona le va a costar aún más”, opinó un comunicador libertario. Otros consideran injusta la acusación contra Sturzenegger, ya que fue el propio Gobierno el que habilitó que ese apartado avanzara.
Con el tema instalado en la agenda, bloques dialoguistas como el PRO, Provincias Unidas o la UCR piden modificaciones claras en el proyecto para evitar el costo político de votar un articulado así. “Así como está, no lo vamos a apoyar”, afirma un diputado de estas bancadas. En los próximos días se verá si estas advertencias tienen correlato en la realidad o si votarán en igual sentido que sus colegas del Senado.
Altas fuentes del oficialismo advirtieron a Infobae que el proyecto no se va a modificar ni un milímetro. Incluso defienden la normativa con ejemplos controvertidos: “Si tenés cáncer, te pagan el 75%. No me parece incorrecto. Estás en tu casa, no tenés que ir a la oficina y no pagás combustible. Es prácticamente lo mismo”.
Esta intransigencia tiene algunas excepciones. El Gobierno habría encontrado su contrapropuesta. En la oposición reconocen que fueron contactados por emisarios del oficialismo y se les solicitó que no implementen ningún cambio en el recinto a cambio de hacer aclaraciones y excepciones en la reglamentación del proyecto. Algunos consideran válida esta idea, pero otros no quieren firmar un cheque en blanco sin saber exactamente qué puede ceder el Poder Ejecutivo.
En la Casa Rosada quieren cerrar cuanto antes el capítulo de las negociaciones por la reforma laboral. Las tratativas fueron arduas y la ventana de oportunidad para seguir implementando medidas transformadoras no permanecerá abierta mucho tiempo más.
“El Gobierno está logrando triunfos legislativos importantes, al menos en la media sanción. Aún tiene pendiente consolidarlos en la sanción definitiva. Pero la perspectiva es favorable. Así como cuando empezás a perder las derrotas se encadenan, cuando ganás se genera un circuito virtuoso. Nos veo fortalecidos. Pero eso es incipiente, para consolidarlo tenemos que cerrar las sanciones definitivas”, opina un importante estratega oficialista.
En la Mesa Política consideran que a la presidencia de Milei le quedan solo unos meses más para impulsar iniciativas en el Congreso. Estiman que en el segundo semestre la relación con los bloques dialoguistas y con los gobernadores “se va a complicar por la coyuntura” y porque varios de los que hoy acompañan buscarán competir. “Por eso todo lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, afirman.
En ese contexto, el Ejecutivo comenzó a diseñar una reforma electoral, un adelanto que Infobae publicó el viernes. Los efectos de esta iniciativa son varios. Visto que la suspensión de las PASO tuvo adhesión social, el Gobierno apunta a eliminar definitivamente esta instancia. Como efecto colateral, dificultará que la oposición se organice en una opción integrada contra el oficialismo y, además, demorará la ansiedad electoral que suele caracterizar esos meses y que tensiona el mercado financiero. La inclusión de la opción de voto a la lista completa en la Boleta Única Papel (BUP) y las modificaciones en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos también están en la agenda de los estrategas libertarios.

Una de las dudas para las próximas semanas es qué ocurrirá con las candidaturas de jueces federales. La cantidad de votos obtenidos en la reforma laboral mostró que la Casa Rosada ya no depende del kirchnerismo para impulsar ternas judiciales. Basta con acordar con el PRO, el radicalismo y algunos gobernadores. El sector ligado a Santiago Caputo está listo para enviar 153 pliegos a partir de marzo, aunque otros sectores del oficialismo piden que intervengan los hermanos Milei para demorar ese proceso: todo depende de lo que ocurra con la conducción del Ministerio de Justicia.
Todavía no se conocen ofertas públicas a dirigentes o judiciales para comandar esa cartera. Llaman la atención los movimientos de quienes ponderan la figura del senador bonaerense Guillermo Montenegro, que hace dos semanas visitó la Casa Rosada y pasó por el Salón Martín Fierro, donde se encuentra el despacho de Santiago Caputo. Además de ser un dirigente que se alineó al oficialismo en el último tiempo, el ex intendente de General Pueyrredón es un referente de los pasillos tribunalicios y mantiene una relación muy estrecha con el juez federal Ariel Lijo, quien subroga el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, donde reside la causa ANDIS.
Otros integrantes del oficialismo aseguran que no está en consideración para asumir la función pública. Lo cierto es que, por la extremísima sensibilidad del caso, es un asunto que no lo decidirán otras personas más que los hermanos Milei.
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