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El Gobierno se prepara para dar la pelea judicial por el DNU de la SIDE

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Ante la presentación en la justicia de recursos contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reforma la Ley de Inteligencia, y entre otras cosas, permite la “aprehensión” de personas, en el Gobierno se muestran confiados en que estas no prosperarán, pero adelantan que, en caso de que suceda, apelarán la medida.

La Casa Rosada se muestra dispuesta a defender el decreto.

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A la vez, en paralelo al devenir en la justicia, el DNU tiene su propio curso en el Congreso de la Nación,donde deberá ser tratado por la Comisión Bicameral de Inteligencia. No será inmediato. Primero, el Ejecutivo debe enviarlo al Parlamento y, luego, los miembros de la comisión retomar sus actividades.

En las últimas horas se presentaron al menos tres recursos de amparo por las modificaciones a la Ley de Inteligencia que se conocieron el último viernes.

La última de esas presentaciones fue hecha por un grupo de abogados y dirigentes que son o fueron cercanos al radicalismo y consideraron que: “arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.

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La reforma de la ley de inteligencia establece una serie de modificaciones que buscan fortalecer el papel de la SIDE, a cargo de Cristian Aguadra, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Entre los puntos principales aparece la faculta para detener personas, que se volvió el eje de la mayor polémica en los últimos días.

También dispone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.

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En las filas del Ejecutivo resaltan la parte del texto en el que se apunta a que las eventuales aprehensiones deben darse “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, y con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

En la Casa Rosada, una de las fuentes consultadas, consideró que “ninguno de los amparos debiera ser ni considerado por la Justicia, porque nadie tiene legitimación para presentarse”. El argumento es que los sectores que se presentaron no sufrieron un “daño” por el que podrían ir ante la justicia.

Los funcionarios que analizanel futuro del DNU no dudaron en afirmar que si algunos de los jueces actuantes hiciera lugar a las presentaciones, “se apelará y se seguirá con todo el proceso”.

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En el Gobierno están convencidos de que el DNU, conocido este viernes, primer día hábil del año, logrará sortear la justicia y creen que la clave está en su “letra” reglamentaria respecto de cómo se aplicará el punto de la discordia.

El primer recurso de amparo en presentarse fue el de los legisladores de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y Mónica Frade, y del Partido socialista, Esteban Paulón.

La presentación incluyó una medida cautelar para “la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional”, consignaron los legisladores vía X.

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La presentación fue sorteada y quedó en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Alián.

La otra de las presentaciones estuvo en manos de la Fundación Apolo, del exlegislador Yamil Santoro.

En las últimas horas se conoció la presentación que hizo un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados al radicalismo o surgidos de ese partido.

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La presentación, que ingresó a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la firman Leopoldo Moreau,Federico Storani,Ricardo Alfonsín,Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santíny Ricardo Terrile.

En el escrito solicitan la habilitación de una medida cautelar urgente con el fin de suspender inmediatamente la aplicación del decreto. “Arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”, afirman. En Casa Rosada dan por tierra con esa posibilidad e insisten en que las presentaciones “no prosperarán”.

Tras su publicación en el Boletín Oficial, la última semana y con fecha del 31 de diciembre, Adorni, tiene diez días hábiles para presentar el DNU ante el Parlamento. Y luego de eso, allí se abre otra ventana del mismo período para sea tratado en la Comisión

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El gobierno porteño anunció exenciones para emprendimientos que desarrollen IA en el microcentro

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la creación de un nuevo Distrito de Inteligencia Artificial en el microcentro porteño, una iniciativa que busca transformar oficinas actualmente vacías en un polo de innovación tecnológica. Mediante un proyecto de ley presentado en la Legislatura, la administración de Jorge Macri propone un régimen de exenciones impositivas y facilidades regulatorias para atraer empresas, universidades, startups y centros de investigación dedicados al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y áreas afines.

La propuesta contempla la exención de tributos como Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario/ABL y Sellos, así como el acceso a líneas de crédito preferenciales a través del Banco Ciudad para quienes adquieran, refaccionen o reconviertan propiedades en la zona delimitada por las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe. Según la iniciativa, el sector privado tendrá la responsabilidad de invertir, innovar y generar empleo, mientras la Ciudad crea las condiciones para el desarrollo del nuevo ecosistema.

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El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que el objetivo es “consolidar un ecosistema de innovación donde todos los actores estén integrados: startups, universidades, centros de investigación, emprendedores y sector público. Todos en un mismo lugar, trabajando en red y potenciándose entre sí”, según declaraciones recogidas por el portal oficial de la Ciudad. Esta estrategia apunta a reposicionar el microcentro como un área dinámica, con actividad económica y residencial, a partir de la reconversión de espacios comerciales en desuso.

El proyecto prevé un régimen de promoción económica destinado a empresas que desarrollen aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos, automatización, procesamiento de lenguaje natural y robótica. Las compañías que se instalen en el distrito accederán a incentivos fiscales, apoyo financiero y un “sandbox regulatorio”, es decir, un entorno virtual seguro para el testeo de tecnologías emergentes. La medida también apunta a fortalecer la relación entre el sector público y privado, facilitando el acceso a financiamiento con tasas especiales al 8,5% para compras a través del Banco Ciudad.

La nueva iniciativa establece exenciones fiscales y créditos preferenciales para quienes inviertan en proyectos de inteligencia artificial en Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación del Distrito de Inteligencia Artificial responde a la necesidad de revitalizar el microcentro porteño, afectado por el aumento de oficinas desocupadas en los últimos años. El gobierno porteño plantea que, donde antes había espacios vacantes, ahora se desarrollarán laboratorios, espacios de coworking y unidades de experimentación tecnológica, con la intención de crear un “laboratorio vivo” en el corazón de la ciudad. Según el Ministerio de Desarrollo Económico, el distrito estará abierto también a universidades, escuelas técnicas, centros de investigación y organismos científicos-tecnológicos, con el propósito de articular talento, conocimiento y negocios.

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En el marco del lanzamiento, Jorge Macri compartió detalles del proyecto con representantes de empresas tecnológicas de relevancia internacional, entre quienes se encontraban ejecutivos de Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services, CESSI, IBM, Lonq & The Quantum, Rocking Data/Apgreid, Altura Ventures, Salesforce, SAIA, Poincenot e IPLAN. La propuesta, según el jefe de Gobierno, es “revitalizar y reconvertir el microcentro”, transformando la zona en un punto de referencia para el desarrollo y la experimentación en inteligencia artificial.

El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, definió la iniciativa como “una apuesta estratégica para posicionar a la Ciudad en la economía del futuro” y detalló que busca consolidar un ecosistema capaz de atraer inversiones, generar empleo calificado y promover la transformación productiva de la zona céntrica. Lombardi remarcó que la transformación del microcentro apunta a consolidar un área residencial y comercial más activa, aprovechando líneas de crédito especiales para la compra, refacción y reconversión de inmuebles.

El gobierno de Buenos Aires confía en que la reconversión del microcentro genere empleo calificado y potencie la inversión privada en tecnología.

El gobierno porteño estima que el impacto del nuevo distrito será significativo en términos de generación de empleo y atracción de inversiones. Desde 2008, la Ciudad ha implementado políticas similares en otras áreas, como el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, Boedo y Nueva Pompeya, que logró la radicación de 312 empresas y la creación de más de 23 mil puestos de trabajo. A estos se suman los distritos Audiovisual, de Diseño, de las Artes, del Deporte y Joven, cada uno con regulaciones específicas y beneficios para sectores estratégicos.

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La Corte Suprema toma la iniciativa para designar buenos jueces

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una loable iniciativa destinada a mejorar sustancialmente la selección —y posterior designación— de los jueces de la Nación. Mediante la acordada 4/2026 ha aprobado, en su condición de cabeza del Poder Judicial, un “Reglamento de concursos para la selección de magistrados” y le ha propuesto al Consejo de la Magistratura de la Nación que lo apruebe y lo ponga en vigencia. La propuesta es trascendente, por el avance que significa, y muy oportuna, por la inmensa cantidad de vacantes que dificultan el buen funcionamiento de este poder del Estado.

Una de las innovaciones más importantes del nuevo reglamento consiste en establecer como regla general la realización de concursos anticipados, es decir, antes y no después de que se produzcan las vacantes.

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Entre las múltiples ventajas de la anticipación sobresalen dos. La primera, que las vacantes podrían ser cubiertas de inmediato, en lugar de tener que esperar los dos o tres años que suelen llevar los concursos, como mínimo. La segunda, que evitaría las interferencias políticas, tan habituales y nefastas hoy en día. Porque los postulantes rendirían las pruebas sin saber para qué cargo concreto podrían ser luego designados.

La cobertura rápida e inmediata de las vacantes impediría llegar a una situación como la actual en la que más de un tercio de los cargos de jueces se encuentra vacante, circunstancia que prenuncia un colapso inminente e inevitable.

Los exámenes, por su parte, también cambiarían sustancialmente. En primer lugar, pasarían a ser dos en lugar de uno solo. El primero sería una prueba automatizada, de opciones múltiples y corrección informatizada, que mediría los conocimientos generales de derecho de modo objetivo. En caso de aprobarlo, los postulantes rendirían un segundo examen centrado en la resolución de casos.

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Y no solo se propician medidas para reforzar el anonimato de los concursantes sino que también se separan las funciones de proponer las preguntas y el contenido de los exámenes y la de corregirlos, para evitar posibles filtraciones y colusiones.

Otra reforma esencial es la de limitar la discrecionalidad en la etapa de entrevistas personales, que constituye uno de los aspectos más deleznable en el sistema actualmente vigente y al que ya me he referido (ver, mi nota en este mismo diario del 12/8/2024).

Hoy en día, luego de la evaluación de antecedentes y de la corrección del examen escrito, los postulantes deben someterse a una entrevista personal, a la cual llegan ordenados por la suma de los puntajes obtenidos en las dos etapas anteriores, que en teoría deberían ser evaluaciones objetivas. Pero, y aquí viene el problema, con el sencillo argumento de un buen o mal desempeño en esa entrevista, cualquier consejero puede presentar un dictamen que implique que un candidato hasta ese momento ubicado, por ejemplo, en segundo lugar pase al vigésimo quinto y, al revés, que un candidato ubicado en el lugar décimo noveno pase a integrar la terna. Más arbitrariedad no se consigue. Ha habido casos, inclusive, en los cuales un consejero que no participó de las entrevistas ha propuesto ascensos o descensos astronómicos en el orden de mérito, argumentando que leyó el acta de esas entrevistas o escuchó el audio (que se conserva como resguardo).

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El reglamento propuesto por la Corte Suprema cambia esa censurable discrecionalidad por un sistema de puntaje basado en indicadores objetivos y con límites previamente definidos, lo cual debería desterrar los ascensos y descensos meteóricos o injustificados en el orden de mérito de los concursos.

En definitiva, se trata de modificaciones propuestas por algunos de los propios consejeros durante los últimos años (incluido el autor de esta nota) basadas en la experiencia y con el aval de muchos concursos realizados y órdenes de mérito aprobados. Y aunque es de lamentar que no haya sido el propio Consejo de la Magistratura quien impulse la propuesta, es muy saludable y debe ser recibida con beneplácito la iniciativa de la Corte Suprema orientada, sin la menor duda, a mejorar la objetividad y transparencia en el proceso de selección de futuros jueces y a lograr que, finalmente, se designe a los mejores y más idóneos candidatos.

(*) El autor es exdiputado de la Nación (PRO) y exmiembro del Consejo de la Magistratura.

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El Gobierno sigue revisando los pliegos judiciales y admite que puede demorarse el envío al Senado

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El Gobierno sigue revisando los pliegos para cubrir vacancias judiciales y advierte que puede dilatarse el envío al Senado. En el Ejecutivo reconocen que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue retocando las nóminas y que los expedientes todavía no llegaron a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal.

Más allá de que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que serían remitidos “hoy mismo” a la Cámara Alta, en la Casa Rosada admiten que el proceso de selección definitiva no está “tan avanzado” y que puede enviarse en los próximos días. “No está todo cerrado”, agregan.

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El ministro coordinador informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia enviaría 60 pliegos y que luego seguiría remitiendo los restantes. Lo presentó como parte de una estrategia para recomponer “el funcionamiento del sistema judicial”, en un contexto de fuerte crecimiento de las vacantes.

Cerca del ministro de Justicia aseguran, de todos modos, que la intención es enviar los pliegos cuanto antes. Se trata del área que interviene en la revisión final de los expedientes antes de que sean formalmente girados para la firma de Javier Milei y que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

Juan Bautista Mahiques reemplazó a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia (Foto: Consejo de la Magistratura).

La definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, expresan en Nación. Es por eso que hay diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los pliegos. Según fuentes oficiales, hay algunas candidaturas para jueces, fiscales y defensores oficiales que siguen abiertas y bajo análisis.

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Hay en la actualidad 364 cargos vacantes sobre 1002 en la justicia federal y nacional, lo que equivale a más de un tercio del total. En tribunales advierten además que, si no hay nombramientos, el nivel de vacancias podría seguir creciendo en los próximos meses, con impacto en fueros sensibles de la Capital y del interior del país.

Leé también: La Casa Rosada afirma que habrá cambios en el ejercicio militar entre la Argentina y EE.UU.

En el Gobierno remarcan que una parte de esa demora se explica por una decisión tomada al comienzo de la gestión. En diciembre de 2023, Javier Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por la administración anterior y, desde entonces, no remitió nuevas propuestas para cubrir cargos federales. Eso hizo que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.

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La revisión actual quedó en manos de Mahiques, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En su entorno aseguran que está terminando de ordenar el universo de ternas disponibles y que busca definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro estuvo reunido este martes con Milei en la quinta de Olivos para la revisión de la reforma del Código Penal.

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