Por estas horas, Venezuela enfrenta un compás de espera cargado de incertidumbre. El descabezamiento de la narcodictadura, tras la espectacular detención de Nicolás Maduro luego de una incursión militar de Estados Unidos, abrió un escenario de mayor inestabilidad política que aún no encuentra cauce institucional ni político. En este contexto volátil, con señales contradictorias desde Caracas y los centros reales de mando, la situación de los detenidos políticos se ha tornado más frágil. Entre ellos, el foco internacional se dirige nuevamente hacia Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado desde hace 394 días y mantenido en condición de desaparición forzada en El Rodeo 1, una prisión que funciona como enclave militar del régimen y centro clandestino de detención.

La escena es de extrema tensión. No existen plazos, garantías ni certezas. Solo una sucesión de señales parciales alimenta la ansiedad de las familias, la cautela de las cancillerías y la prudencia de los servicios de inteligencia que siguen el caso. El refuerzo de la seguridad en el penal, la suspensión indefinida de visitas y la clausura de cualquier canal logístico para una salida segura configuran un escenario en el que el tiempo juega en contra de los detenidos.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes reservadas con acceso a información diplomática y de inteligencia, la situación de Nahuel Gallo se volvió más sensible tras el terremoto político del último fin de semana, cuando el régimen venezolano quedó formalmente decapitado y se activó una transición desordenada, sin reglas claras ni una cadena de mando consolidada.

Nahuel Gallo fue secuestrado el ocho de diciembre de 2024 en Venezuela y desde entonces permanece recluido en El Rodeo 1, sin acceso regular a asistencia consular ni a un proceso judicial transparente. Para el Gobierno argentino, su situación constituye una desaparición forzada: el Estado venezolano controla su paradero pero niega o restringe información relevante sobre su situación jurídica y personal, en violación de normas fundamentales del derecho internacional.

A casi trece meses del secuestro, el caso se ha convertido en un expediente sensible dentro de la relación bilateral. No solo por la gravedad de la privación ilegítima de la libertad de un agente de una fuerza de seguridad extranjera, sino porque Gallo quedó atrapado en una lógica de rehenes que el chavismo utilizó sistemáticamente: extranjeros y opositores internos retenidos como moneda de cambio en negociaciones políticas y diplomáticas.

Fuentes reservadas consultadas por Infobae señalan que Gallo se encuentra alojado en el pabellón internacional de El Rodeo 1, bajo custodia militar directa de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM). No se trata de un penal administrado por fuerzas policiales ordinarias, sino de un espacio controlado por el principal organismo de inteligencia interna de las Fuerzas Armadas, señalado reiteradamente por organismos internacionales de derechos humanos como pieza central del aparato represivo del régimen. Esta condición explica el alto riesgo de cualquier intento de liberación improvisada.

El Rodeo 1 no es una cárcel más dentro del sistema penitenciario venezolano. Funciona como una base militar encubierta, con pabellones diferenciados y un control estricto sobre los internos considerados “sensibles”: presos políticos, militares acusados de conspiración y extranjeros capturados en operativos de inteligencia.

En ese pabellón internacional conviven ciudadanos de distintas nacionalidades, muchos arrestados sin orden judicial ni cargos claros. Organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años que el régimen de Caracas emplea estas privaciones de libertad como mecanismo de presión externa, especialmente frente a países que cuestionan su legitimidad democrática.

En las últimas semanas, según pudo reconstruir este cronista a partir de fuentes del entorno de Gallo, la seguridad interna fue reforzada y las visitas suspendidas sin explicación formal. Desde ese entorno describen la situación como agotadora: la falta de información y el endurecimiento de las condiciones incrementan la angustia, la incertidumbre y la sensación de absoluta indefensión.

La coyuntura actual coincide con un dato político relevante: se cumplió un año de la declaración pública en la que Nicolás Maduro acusó a Nahuel Gallo de haber participado en un supuesto intento de magnicidio contra Delcy Rodríguez. Aquella denuncia, formulada sin pruebas públicas ni apertura de un proceso judicial formal, fue utilizada para justificar su secuestro y sostener un relato de amenaza externa, mientras el gendarme argentino permanece privado de asistencia consular, legal y humanitaria, en condición de desaparición forzada.

La ironía política es notoria. Delcy Rodríguez ocupa hoy el rol de presidenta encargada tras la caída de Maduro, mientras la acusación contra Gallo permanece jurídicamente sin sustento ni revisión independiente. Para diplomáticos occidentales consultados por Infobae, este expediente muestra cómo el chavismo utilizó el sistema penal como herramienta de propaganda, disciplinamiento interno y construcción de enemigos externos.

El trasfondo de este colapso institucional remite a las elecciones de julio del año pasado, cuando Maduro desconoció una derrota contundente ante la fórmula opositora encabezada por Edmundo González Urrutia, con el respaldo de María Corina Machado. La negativa a aceptar el resultado y la posterior represión profundizaron el aislamiento internacional del régimen y las tensiones internas.

Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, se convirtió en símbolo de la resistencia democrática venezolana y en factor de presión que terminó de fracturar los equilibrios dentro del chavismo. La crisis fue consecuencia de años de deterioro institucional, sanciones, corrupción estructural y penetración del crimen organizado en el Estado.

Tras la caída de la cúpula de la narcodictadura, el poder real en Venezuela quedó fragmentado. Por un lado, el eje que integran Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; por otro, el bloque formado por Diosdado Cabello y Vladimiro Padrino López, quienes mantienen el control efectivo del aparato represivo y militar.

Esta disputa interna explica la parálisis en decisiones como la liberación de presos políticos y extranjeros. Cualquier movimiento puede interpretarse como una señal de debilidad o como una concesión inadmisible para la facción rival. En ese juego de suma cero, los detenidos quedan convertidos en fichas de negociación.

Desde el punto de vista de la seguridad, la situación es extremadamente delicada. Fuentes con conocimiento directo de las conversaciones en curso, consultadas por Infobae bajo estricta reserva, advierten que una liberación sin un dispositivo de extracción coordinado implicaría riesgos graves para la integridad física de los detenidos, en un país donde operan colectivos armados, facciones militares independientes y organizaciones criminales que disputan control territorial y capacidad de coerción.

La crisis de control territorial resulta central para comprender la cautela que domina cualquier decisión. El sur de Venezuela, paso obligado para una eventual salida terrestre hacia Brasil, se encuentra bajo dominio de economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la minería clandestina, mientras los vuelos comerciales permanecen suspendidos y los corredores aéreos bajo control militar. En este escenario, cualquier traslado improvisado expone a los detenidos a secuestros secundarios o represalias.

En las evaluaciones de riesgo que manejan actores diplomáticos y de seguridad, prevalece una coincidencia: una operación de fuerza para extraer a los detenidos de El Rodeo 1 no solo tendría un alto costo político, sino que difícilmente garantizaría su vida. El penal fue concebido como una instalación de seguridad reforzada, con lógica militar, preparada para resistir un intento de incursión.

Por ello, la estrategia actual se orienta a una salida política y negociada, con tiempos abiertos y márgenes estrechos, enfocada en preservar la integridad física de los detenidos. Estados Unidos surge como actor clave en este esquema, no como ejecutor directo, sino como garante informal de ciertos compromisos mínimos en conversaciones que se desarrollan fuera del radar público.

La posibilidad de una incursión militar para liberar a los presos fue evaluada y descartada hace meses. El Rodeo 1 está diseñado para resistir un ataque externo y un escenario de ese tipo podría derivar en un número elevado de víctimas, incluidos los propios detenidos. Ese análisis inclinó la balanza hacia una estrategia de negociación discreta y gradual.

Ese mismo enfoque explica la decisión de Washington de avanzar directamente sobre la cúpula del régimen. Nicolás Maduro fue detenido durante la madrugada del sábado tras una incursión militar de Estados Unidos y trasladado fuera de Venezuela. El ex líder chavista quedó a disposición de la Justicia federal estadounidense, en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo trasnacional, en el marco de causas abiertas por el Departamento de Justicia. Su arresto marcó un quiebre definitivo y precipitó el actual escenario de transición caótica.

En Buenos Aires, el Gobierno argentino sigue el caso de Nahuel Gallo con atención permanente. La Cancillería y los organismos de seguridad gestionan el expediente con extrema reserva, conscientes de que cualquier gesto público mal calibrado puede agravar una situación ya inestable. El objetivo es preservar la vida del gendarme argentino y garantizar una eventual salida segura de Venezuela.

La estrategia argentina combina presión diplomática multilateral con canales discretos de comunicación, en coordinación con otros gobiernos que cuentan con ciudadanos detenidos en Venezuela. No hay margen para gestos grandilocuentes: el caso se mueve en un terreno donde la exposición pública puede cerrar puertas y aumentar los riesgos, especialmente para quienes permanecen bajo custodia del aparato represivo.

El caso Gallo se inscribe en un marco más amplio. Según registros de organizaciones de derechos humanos relevados por Infobae, en Venezuela hay 902 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros privados de libertad de manera arbitraria, muchos empleados como instrumentos de presión frente a la comunidad internacional y los gobiernos que cuestionan la legitimidad del poder en Caracas.

En ese universo de detenidos, El Rodeo 1 ocupa un lugar particular. No solo por el perfil de los presos, sino porque funciona como pieza estratégica del esquema de control del régimen, donde el aislamiento, la opacidad informativa y la custodia militar maximizan el margen de maniobra política de quienes retienen el poder.

La inestabilidad que atraviesa Venezuela tras la caída de la narcodictadura ha agravado ese cuadro. El vacío de poder, las disputas internas y la ausencia de una cadena de mando clara incrementan la imprevisibilidad y elevan el riesgo para quienes permanecen secuestrados bajo custodia estatal.

Para los observadores internacionales y la diplomacia extranjera, el escenario venezolano es una incógnita. La combinación de fractura política, crisis de seguridad y actores armados con autonomía relativa crea un entorno en el que incluso decisiones aparentemente simples, como la liberación de un detenido extranjero, pueden generar consecuencias imprevisibles.

En este contexto, la situación de Nahuel Gallo resume todas las variables de la crisis venezolana: un secuestro sin proceso judicial, la utilización de un ciudadano extranjero como rehén político, un aparato represivo sin controles y una transición de poder inconclusa que mantiene en vilo a la región.

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