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Reforma laboral: Santilli inicia la primera ronda de negociaciones con gobernadores para conseguir los votos en el Senado

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Las negociaciones por la reforma laboral comienzan a tomar forma. El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a la provincia de Chubut para visitar al gobernador Ignacio Torres y dar inicio formal a una ronda de visitas y tratativas con distintos jefes provinciales que tiene por objetivo conseguir los votos de la normativa tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados.

Se busca replicar la misma modalidad que se hizo hacia finales del año pasado para el Presupuesto 2026. Antes de que el Ministerio de Economía formalizara los recursos que tenía para negociar con cada uno de los gobernadores, en la Mesa Política de Javier Milei habían decidido que Santilli hiciera un sondeo por la mayoría de las provincias para entender qué pedían a cambio del apoyo legislativo.

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Esto se replicará para el caso de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, las cuales comenzarán el 2 de febrero y se extenderán hasta la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo. El Gobierno pone a la laboral como su reforma prioritaria, dado que es la de más difícil concreción de todas las demás que también prevén debatirse, tales como la modificación del sistema tributario y la Ley de Glaciares, entre otras.

Aun sin horario oficial de encuentro, Santilli llegó esta mañana a Chubut para comenzar el primero de sus diálogos, con el gobernador “Nacho” Torres, quien ha dado muestras de colaboración con el Poder Ejecutivo en momentos clave, aunque manteniendo su tono crítico respecto a políticas puntuales de la gestión nacional.

Manuel Adorni, Diego Santilli y Nacho Torres en las negociaciones por el Presupuesto 2026

A priori, se pensaba que el encuentro iba a estar atravesado por la posibilidad de conseguir la adhesión del chubutense a la reforma laboral, pero tanto desde Nación como desde Chubut esgrimen que eso pasó a un plano secundario. Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta a la Comarca Andina, afectando particularmente a la zona de Puerto Patriada, ubicado en la localidad chubutense de El Hoyo, y extendiéndose a otros focos activos en Bariloche y El Bolsón. La falta de precipitaciones y las altas temperaturas generan condiciones para que ese fuego siga propagándose y resulte más complicada su extinción.

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En una conferencia de prensa, el gobernador destacó que “la prioridad ahora es controlar el fuego”. Destacó la colaboración de Santiago del Estero con un avión hidrante, así como de las provincias de Neuquén, Córdoba y Río Negro. También del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), sosteniendo que “acá no existe ninguna grieta: están trabajando brigadistas nacionales y provinciales, codo a codo con todos los intendentes; no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego”.

Santilli y Torres van a recorrer los incendios y relegarán la agenda política de las discusiones legislativas, aunque no se descarta que esos temas se aborden periféricamente. Por otro lado, Torres busca avanzar en un acuerdo sobre “el flujo de la caja de jubilaciones provincial”, equiparando la negociación a los convenios ya alcanzados entre Nación y provincias como Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Chaco. Además, anticipó que demandará ante la Corte Suprema el pago de la deuda de 2018 con la caja de jubilaciones local, que supera los $50 mil millones.

Smoke and flames rise from trees as a wildfire develops, in El Hoyo, in the Patagonian province of Chubut, Argentina January 7, 2026. REUTERS/Maxi Jonas

En Chubut, el entorno de Torres admite que el mandatario “no tomó una definición” respecto a la reforma laboral. Desde la vertiente aliada, el diputado Jorge “Loma” Ávila ya adelantó que no respaldará el texto actual. A esto se suma la “férrea oposición” de la CGT y de la bancada peronista, aunque en el oficialismo persiste un moderado optimismo de que no tienen los votos necesarios.

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Para enero, el plan es amplio y recorre 10 provincias. La agenda próxima incluye encuentros con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), así como la recepción de Sergio Ziliotto (La Pampa) en la Casa de Gobierno. El Gobierno central cree que sumar a estos aliados, junto con los votos del PRO y otros bloques provinciales que han apoyado proyectos de la LLA, puede asegurar la media sanción en la Cámara baja. Especial énfasis se pone en convencer a los sectores radicales, que han impulsado reformas con un sesgo más gremial.

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, escoltada por Santilli, los primos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem —siendo este último presidente de la Cámara de Diputados— y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, reanudarán las conversaciones con bloques aliados en los próximos días. La expectativa, dentro del oficialismo, es que la estrategia parlamentaria contemple concesiones, aceptar cambios en el Senado para que Diputados la apruebe sin modificaciones y así evitar que el texto vuelva a la Cámara alta.

Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt tras la sanción del Presupuesto 2026

La discusión sobre posibles correcciones al proyecto cobró vigencia tras el reciente anuncio de postergar el tratamiento de la reforma en el Senado. Patricia Bullrich anticipó que podrían destinarse hasta cuarenta y cinco días para debatir las modificaciones: “Queremos tener el instrumento, no va a ser el final porque hay muchas cosas que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente en ese momento. Que vean que estamos abiertos a la escucha”.

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Uno de los puntos que ha generado mayor polémica es el del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El proyecto estipula que los empleadores deberán aportar mensualmente un 3% de la remuneración bruta de cada trabajador con el fin de cubrir indemnizaciones por eventuales despidos. La iniciativa no solo enfrenta resistencia desde la Confederación General del Trabajo (CGT), que mantiene su rechazo en el espacio público, sino también de parte de gobernadores aliados y de la Unión Industrial Argentina (UIA).

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“No vamos a pagar más caro los caños”: el Gobierno no evalúa tomar una medida antidumping como pidió Techint

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La adjudicación de la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro puso sobre la agenda el debate por las políticas productivas, debido a que es la primera vez en décadas que una compañía extranjera ganó una contratación en ese rubro a una compañía argentina.

La empresa india Welspun ofertó un precio 40% inferior al presentado por el Grupo Techint. Esta diferencia de costos podría desembocar en una acusación formal de dumping por parte de la firma argentina, que denuncia competencia desleal y alerta sobre el impacto a largo plazo en el tejido industrial del país.

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Dada la forma en la que trascendió este episodio, Infobae consultó a altísimas fuentes de la Casa Rosada por si evalúan futuras medidas vinculadas al caso. “No vamos a pagar más caros los caños”, marcó una fuente inobjetable, dando a entender que la posición oficial es por la negativa.

Horas antes, el presidente Javier Milei asentó postura en su cuenta oficial de X en la que defendió el resultado de la contratación. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”, publicó.

Al preguntar sobre este caso en particular, un alto funcionario del Gobierno profundizó: “No podés entre dos productos iguales comprar el más caro. Si en tal caso, si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el tema es que el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? El precio nos conviene, porque el costo del subsidio no lo pagamos nosotros”.

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En el pasado, diferentes funcionarios del Gobierno han marcado objeciones a la política antidumping.

Uno de los principales impulsores de esta postura es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que durante una eliminación de aranceles antidumping a la importación de termos realizada el año pasado, marcó: “¿Tiene lógica esta política? Ninguna. Por un lado, porque la protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección».

Eficientizar tiene un costo en pérdida de protección que un empresario racional internalizará. Pero tampoco tiene lógica, porque decir ‘protejámonos de los chinos porque si desaparece Lumilagro después nos van a cobrar cualquier cosa’ es un sinsentido que solo podría tener asidero, si la producción de termos a nivel mundial fuera monopólica, lo que es imposible de sostener”, agregó oportunamente.

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El oficialismo apunta al 11 de febrero para la aprobación de la reforma laboral en el Senado: todos los detalles

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El oficialismo en el Senado intensifica sus gestiones para llevar al recinto la reforma laboral el próximo 11 de febrero. Los encuentros técnicos continuarán esta semana.

Las reuniones son muy productivas. Cada institución nos transmite sus preocupaciones y analizamos qué podemos incluir en la ley”, señaló un integrante del equipo técnico de la senadora Patricia Bullrich.

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El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría; cualquier ajuste se incorporará directamente en el recinto. Unión por la Patria, en cambio, presentó un dictamen de minoría en rechazo.

Representantes de la Cámara Argentina de Comercio, CAME y ADIMRA participaron de las conversaciones. Ricardo Diab, presidente de CAME, destacó: “Fue la primera vez que fuimos escuchados. Sentimos que estamos en una mesa de diálogo donde podemos intercambiar ideas y hacer propuestas. Quedamos en generar alternativas que no pierdan el espíritu de fondo que tiene esta pretendida reforma laboral”.

El oficialismo reimpulsó en el Senado la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Mario Natalio Grinman, presidente de la CAC, agregó que la iniciativa busca “adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo”.

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La CGT, sin embargo, advirtió que mantiene distancia del proyecto y aseguró: “Hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno por la reforma laboral” y afirmó que se defenderá “el derecho y la dignidad del trabajador” incluso “en la Justicia o en la calle”.

En paralelo, el ministro Diego Santilli recorre provincias para consolidar apoyos políticos. Las gestiones buscan garantizar los votos necesarios para alcanzar el quórum y asegurar la aprobación del proyecto, que según el oficialismo permitirá “incorporar a más trabajadores a la economía formal y facilitar la creación de puestos de trabajo”.

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“Récord histórico”: el Gobierno anunció que aumentó el número de extranjeros rechazados en las fronteras

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El Gobierno intensificó los controles migratorios en las fronteras y registró un fuerte aumento ciudadanos extranjeros inadmitidos o expulsados del país durante los últimos dos meses.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero cerca de 5000 personas fueron rechazadas en los pasos fronterizos o removidas del territorio argentino.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó el incremento al endurecimiento de los controles en aeropuertos, puertos y corredores terrestres. Según detalló, solo en diciembre se contabilizaron 2400 casos y en lo que va de enero otros 2300, lo que calificó como un récord histórico.

“Los extranjeros con antecedentes penales, que hayan cometido delitos o que intenten ingresar de manera ilegal no pueden entrar al país”, sostuvo.

A su vez, la Policía Federal Argentina realizó un operativo en la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza, donde detectó a 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

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El procedimiento fue solicitado por la Dirección Nacional de Migraciones y permitió identificar a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras, mediante controles biométricos y consultas a bases de datos oficiales. Como resultado, se labraron actas migratorias y se iniciaron actuaciones contra responsables de comercios que empleaban trabajadores sin residencia regular.

Además, cuatro ciudadanos bolivianos fueron detenidos por su presunta vinculación con una feria clandestina, donde se secuestraron teléfonos celulares denunciados como robados y mercadería con marcas falsificadas. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°3 de Morón.

Javier Milei recorrió Mar del Plata: “Se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”

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