El Poder Judicial de Santa Cruz enfrenta una nueva escalada en su crisis interna. Después de que un sector del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) definió un aumento salarial de más de $20 millones para los miembros de ese organismo, el juez Daniel Mariani —que firmó como presidente de la Corte— ordenó frenar el incremento.

La resolución de Mariani, notificada formalmente este miércoles, instruyó a la Administración General judicial a no liquidar el incremento del 42% dispuesto por cuatro miembros de la Corte provincial. Según el propio Mariani, esta medida carece de legitimidad porque “se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo” y, por tanto, resulta “inexistente y carente de toda validez”.

La disputa salarial agudizó una fractura institucional que comenzó en agosto, cuando la Legislatura provincial amplió de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal. Desde entonces, los cuatro jueces antiguos, alineados con el kirchnerismo, se niegan a reconocer a los nuevos integrantes propuestos por el gobernador Claudio Vidal.

En medio de ese quiebre institucional, Mariani rechazó la última medida y señaló que “el aumento fue firmado por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949”.

El conflicto pone en riesgo al funcionamiento judicial, hasta que se le encuentre una solución a la interna de los sectores enfrentados, que se acusan mutuamente de usurpar facultades.

El aumento impugnado, que preveía subas escalonadas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual entre agosto y octubre, habría llevado los haberes de algunos magistrados hasta 24 millones de pesos. Esta cifra generó un abierto repudio desde Ejecutivo provincial. El gobernador Vidal denunció que los jueces “están atrincherados en sus privilegios” y que han sido “cómplices del saqueo” durante tres décadas.

La resolución que otorgaba el aumento fue rubricada solo por Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, es decir, apenas cuatro de los nueve vocales que deberían conformar el pleno del Tribunal Superior. El problema constitucional radica en que esa misma facción impugnó y desconoció la reforma judicial del gobernador. El grupo, que encabeza como su presidenta Fernández, sigue controlando los resortes del aparato judicial.

La protesta del gobernador Vidal y el detrás de escena de la polémica

En el fondo, hay una pelea sobre dónde está el poder de Santa Cruz.

En su impugnación al incremento, Mariani subrayó que esta situación vulnera el reglamento interno del máximo tribunal. “No existe respaldo de quórum necesario”, advirtió en su escrito oficial.

Otro aspecto que alimenta el conflicto es la ausencia de acceso a los registros oficiales. El juez díscolo denunció que “los libros de registros de resoluciones se encuentran retenidos y se priva a la Presidencia de acceso a los mismos”, lo que impidió detallar tomo, registro y folio en la resolución de este miércoles.

Esta semana, el gobernador fustigó contra la medida. “$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”, expuso en sus cuentas de redes sociales. Vidal los volvió a acusar que fueron “30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios”. “Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, reprochó.

La controversia no es nueva. Se remonta desde el momento en que Claudio Vidal resolvió ampliar en cuatro el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Tras la aprobación inicial del proyecto en la Legislatura, un juez de Primera Instancia consideró admisible el amparo presentado por el gremio judicial y dispuso medidas cautelares que suspendieron durante diez días el tratamiento de las ternas remitidas por el Ejecutivo provincial.

Vidal cuestionó la resolución judicial y la calificó como un “golpe judicial”. Además, acusó al magistrado que aceptó el amparo, Marcelo Bersanelli, así como al exministro de Gobierno y actual vocal del TSJ, Fernando Basanta, de actuar en favor del kirchnerismo.

A pesar de la medida cautelar, la mayoría oficialista en la Legislatura aprobó en una sesión extraordinaria la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos miembros del TSJ, quienes prestaron juramento al día siguiente.

Sin embargo, el pasado 17 de diciembre, los mismos cuatro vocales que impulsaron el aumento ya habían declarado inconstitucional la ampliación del tribunal. Para alcanzar la mayoría necesaria en esa oportunidad, convocaron a un juez subrogante. El fallo está actualmente bajo apelación por parte de los nuevos vocales y la Fiscalía de Estado, lo que mantiene la decisión en suspenso.

Desde octubre, el doble poder de presidencias en el TSJ quedó expuesta cuando Mariani y Fernández firmaron resoluciones simultáneas como presidentes. Mientras Mariani tomaba juramento a los nuevos vocales, Fernández instruía a los jueces a desobedecer las directivas del presidente rival.

El incremento generó bronca y fastidio, tanto desde el oficialismo como en sectores críticos del gobernador Vidal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz repudió lo que calificó como un “salariazo auto otorgado” por la cúpula del Poder Judicial y estimó que el esquema aprobado implica subas cercanas al 50% anual. El sindicato pidió que el aumento debe quedar sin efecto.

“Mientras las y los trabajadores santacruceños atravesamos momentos sociales y económicos de absoluta vulnerabilidad, la cúpula judicial se autoconcede en pleno enero un aumento anual, se otorga privilegios y consolida una casta judicial completamente desconectada de la vida real del pueblo”, lamentó en un comunicado.

La puja por el control de la Corte local convirtió a Mariani y Fernández se en referentes visibles de bandos antagónicos. La gobernación y el sector liderado por Mariani insisten en que solo una sentencia firme podrá destrabar la legitimidad de los nombramientos y la validez de las resoluciones.

Mientras tanto, la Justicia provincial permanece sumida en una parálisis sin precedentes, bajo la sombra de su propia fragmentación.

La temporada alta expuso serias dificultades en la operatoria de Flybondi y encendió las alarmas en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que avanzó con actas de infracción por la suspensión de vuelos sin comunicación previa.

La medida se apoyó en miles de denuncias de pasajeros que reportaron demoras, cancelaciones y falta de respuestas.

Desde el organismo explicaron que la intervención se realizó “cumpliendo con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”.

Flybondi canceló 125 vuelos en los últimos días: más de 22.000 pasajeros afectados

Las actas dan inicio a un proceso administrativo que puede concluir en sanciones económicas o en la suspensión temporaria de las autorizaciones de vuelo.

En ese marco, fuentes oficiales remarcaron que “La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes” y recordaron que este tipo de controles había quedado relegado desde 2020. También señalaron que “el Gobierno Nacional ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas”.

En los últimos días, más de 22.000 pasajeros se vieron afectados por más de un centenar de vuelos cancelados. La empresa atribuyó los inconvenientes a problemas operativos y aseguró que el servicio “comenzaría a normalizarse en el transcurso de esta semana”.

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La Justicia citó a declarar a Javier Faroni, el empresario ligado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El juez federal, Luis Armella, lo convocó a presentarse el próximo 19 de enero e incluye a la esposa del empresario, Erica Gillette.

El productor teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador está a cargo de la empresa que explota la representación comercial de la Selección argentina en el exterior.

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El exdiputado bonaerense es uno de los titulares de TourProdEnter, la compañía que administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas. La empresa fue inscripta en Miami por Gillette, esposa de Faroni.

El exdiputado bonaerense es uno de los titulares de TourProdEnter, la empresa que administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas. La empresa fue inscripta en Miami por Gillette, esposa de Faroni.

Las maniobras se habrían canalizado por medio de contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.

Confirman que la empresa de Javier Faroni pagó uno de los yates de lujo que Chiqui Tapia usó en Mónaco

Nueva documentación a la que accedió TN por medio de fuentes calificadas confirma que TourProdEnter LLC, la empresa vinculada a Faroni y encargada de manejar los fondos en el exterior de la (AFA) pagó el alquiler de un yate de lujo que usó Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024.

El dato surge de comprobantes bancarios que registran una transferencia realizada el 22 de julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America a la empresa West Nautical Limited, por un monto total de 142.893 dólares.

La fecha, el destinatario del pago y el modelo del barco coinciden con el yate en el que se vio a Tapia durante ese mes, en una imagen que se viralizó en redes sociales luego de los Juegos Olímpicos de París.

Hasta ahora lo que se sabía era que -tal como reveló Clarín– Tapia había sido filmado en agosto de 2024 a bordo del yate “Wyldcrest”, un Ocean 90, en aguas de Mónaco. El lugar, el momento y el tipo de embarcación estaban claros, al igual que la existencia de imágenes públicas del presidente de la AFA en ese contexto.

Lo que no estaba documentado era quién había afrontado el costo del alquiler y cuánto costó. Dos cuestiones que TN revela en este artículo.

AFA, Javier Faroni