La inflación de diciembre marcó un pico de 2,8% y estuvo bien por encima del 2,3% que pronosticaban los analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Fue el séptimo mes al alza desde el piso de 1,5% de mayo y representa un desafío para la continuidad del proceso de desinflación en 2026.

La dinámica anual arrojó 31,5% en 2025, sustancialmente por debajo del 117,8% de 2024. Sin embargo, mantener la tendencia a la baja será ahora mucho más desafiante. Incluso el 20,1% que se proyecta en el REM para este año luce, en las actuales condiciones, muy optimista.

El nuevo salto inflacionario coincide justamente con el inicio de la fase 4 del plan monetario. A partir de enero, el BCRA comenzó a acumular reservas a través de la compra de dólares. La contrapartida es la emisión de pesos que luego no son luego absorbidos o esterilizados.

La pregunta es si es factible continuar y acelerar este plan, que en principio apunta a la compra de alrededor de USD 10.000 millones. El peligro es que los pesos que se emitan no tengan demanda suficiente, lo que llevaría a una mayor presión cambiaria y finalmente a un repunte mayor de la inflación.

Por lo pronto, la autoridad monetaria volvió a comprar ayer USD 55 millones, misma cifra del lunes, y ya acumula USD 328 millones en las últimas siete ruedas hábiles.

El dato de diciembre no sorprende tanto, pese a los pronósticos fallidos, porque se trata de un mes de alta estacionalidad en materia de precios por los gastos relacionados a las fiestas y las vacaciones.

En esta oportunidad, pesaron los aumentos de tarifas de servicios públicos, transporte y combustible. Además, la carne aumentó arriba de 7% y arrastró al rubro alimentos y bebidas, que avanzó 3,1%. Los precios regulados subieron finalmente 3,3%, pero los estacionales solo lo hicieron 0,6%. Más preocupante es que la inflación núcleo, que presenta la evolución general de los precios sin productos regulados ni estacionales, subió hasta 3%.

Un informe de Balanz indicó que “pese a la aceleración puntual de diciembre, esperamos que la inflación retome una trayectoria descendente durante el primer trimestre de 2026, en la medida que se diluya el impacto del aumento de la carne y del transporte”.

La elevada marca del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado repercute directamente en el ajuste de las bandas cambiarias de febrero. Al ajustar 2,8%, el nuevo techo para finales del mes próximo ya será de 1.607 pesos. No significa que la cotización vaya a subir, pero sí que hay mayor espacio para que lo haga sin necesidad de intervención.

En principio, el pico inflacionario del mes pasado parece estar mucho más vinculado al ajuste de tarifas que a un exceso monetario. Sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno destrabó algunos incrementos luego de las elecciones legislativas, a fines de octubre.

La tranquilidad cambiaria luce como el principal indicador para medir si efectivamente hay más dinero del que demandan el público y las empresas. La respuesta parece negativa, teniendo en cuenta que el dólar se mantuvo con escasos cambios en las últimas jornadas. Incluso la cotización está por debajo del nivel de los últimos comicios.

Un informe de la Fundación Mediterránea estableció un rango amplio para la inflación del 2026, que va del 18% al 30%, distribuido en tres escenarios. En el optimista, aumenta fuerte la demanda de pesos, el tipo de cambio se mantiene muy estabilizado y el riesgo país cae. En este caso, es factible que el índice anual se ubique por debajo del 20%.

A pesar de la suba mensual, en el Gobierno festejaron que la medición anual tuvo una caída sustancial. “La inflación más baja en ocho años, en medio de reacomodamiento de precios relativos, salida del cepo con flotación cambiaria y en medio de un golpe de Estado por parte de la oposición”, posteó Felipe Núñez, jefe de asesores de Luis “Toto” Caputo.

El ministro de Economía también festejó el dato anual y omitió referirse puntualmente a diciembre. “El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo pilares para continuar con el proceso de desinflación”, señaló en la red social X.

Para Luis Caputo, el IPC sigue siendo un dato digno de festejo, aun cuando se registró el séptimo mes consecutivo de aumento mensual de la inflación. Su argumento en simple y pragmático para celebrar el 2,8% de diciembre y el 31,5% anual: con los elementos que jugaban en contra, podría haber salido todo mucho peor.

El ministro destacó que la inflación estuvo relativamente contenida pese a que hubo «un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″.

Lo llamativo de su argumento es que, después de las elecciones legislativas, la inflación siguió su tendencia ascendente, a pesar de que ya se había despejado el «riesgo kuka«, al que anteriormente se culpaba por las actitudes defensivas de comerciantes y ahorristas, que incrementaban su demanda de bienes y de dólares.

En noviembre y diciembre, se verificó una caída de las tasas de interés, luego de la gran turbulencia generada en los meses previos a la elección de octubre. Además, se redujo notablemente la compra de divisas por parte del público minorista, que pasó de un boom dolarizador de u$s5.000 millones en octubre a compras por apenas u$s1.590 millones en noviembre.

En otras palabras, se vio en el último bimestre el indicio de una recuperación en la demanda de dinero por parte del público, según los propios funcionarios del gobierno se ocupaban de enfatizar. Sin embargo, los hechos parecían contradecir las declaraciones. Así, en las licitaciones del Tesoro, lejos de dejar pesos «sueltos» para mejorar la liquidez, Caputo prefería absorber la mayor cantidad de dinero posible.

¿El dólar es inocente?

En cuanto al dólar, el anuncio de cambio de régimen -ahora con un techo de la banda que ya no se mueve al 1% mensual, sino al ritmo de la inflación- no supuso un movimiento importante de la cotización: el tipo de cambio oficial se movió en diciembre un 1%, mientras que el «contado con liquidación» lo hizo en 1,5%.

Pero, en todo caso, el argumento que siempre ha defendido Javier Milei es que no existe relación de «contagio» entre el dólar y los precios.

Según la tesitura de Milei, es en estos momentos cuando debería revelarse el «principio de imputación de Menger». Es decir, la teoría que defiende que son los precios los que determinan los costos, y no al revés.

Milei suele sintetizar ese postulado teórico en una expresión mucho más gráfica respecto de en qué parte de la anatomía de los comerciantes se guardarán los stocks de mercadería no vendidos. Y, por lo tanto, la visión oficial es que, ante la falta de convalidación de la demanda, debería registrarse una caída de los precios hasta ubicarse en el nivel aceptado por los consumidores.

Como suele ocurrir, los economistas no se ponen de acuerdo en este punto: para algunos, lo que está ocurriendo refleja que esa tesis es incorrecta, porque los precios dan señales de seguir subiendo. Pero otros argumentan que, si en medio de una turbulencia del dólar y las tasas, los precios apenas tuvieron una pequeña variación, es precisamente por la «ayuda de Menger».

El factor carne, uno de los culpables del repunte de la inflación

Hay más curiosidades en el festejo oficial: hace unos meses, el argumento de Milei y Caputo era que, aunque el IPC estuviera subiendo, lo importante era que se mantenía contenida la «inflación núcleo«, que excluye a los precios regulados y los de productos estacionales.

Ahora, ni siquiera queda ese consuelo: la inflación núcleo tuvo una variación de 3%, es decir, mayor a la del IPC, mientras que los productos estacionales apenas registraron aumentos del 0,6%.

Sí es cierto que hubo una fuerte incidencia en los servicios de precios regulados, que aumentaron un 3,3%. Pero ese dato tampoco trae tranquilidad a futuro, dado que el shock de los servicios no terminó en diciembre, sino que continuó en el inicio de año, con las subas tarifarias de la energía.

¿Qué pasó, entonces? Uno de los grandes culpables del repunte inflacionario de fin de año es la carne. Los números son contundentes: el asado aumentó un 13% en diciembre, mientras el corte de cuadril subió un 10,4%.

Es cierto que diciembre, por las fiestas, suele ser un mes de aumentos en los precios cárnicos, que tienen una fuerte incidencia en la canasta del Indec. Pero también es cierto que los expertos están advirtiendo que lo ocurrido no se trató de una excepción estacional, sino que es el síntoma de una reducción en la población vacuna del país.

En el sector ganadero, el debate del momento es el alto índice de faena de hembras jóvenes, lo que impide la reposición del stock y puede inducir a una menor oferta de carne en el mediano plazo. Hay quienes responsabilizan al gobierno, por la presión impositiva sobre los productores y la desregulación del peso mínimo de la faena.

Argumentos para los críticos de la política anti inflacionaria del Luis Caputo

Lo cierto es que los más críticos del plan económico están encontrando cada vez más motivos para poner en duda la eficacia de la política anti inflacionaria. Para empezar, porque esta tendencia ascendente del IPC ocurre en coincidencia con el superávit fiscal.

Además, ya pasó el famoso período de 18 meses que, según la teoría que defiende Milei, se demora para que la contracción monetaria se vea reflejada en las góndolas de los supermercados.

Esto lleva a dos posibles explicaciones, ambas difíciles de aceptar por el gobierno: o bien el superávit fiscal no es la condición suficiente para frenar la inflación, o son ciertas las críticas de quienes dicen que la contabilidad oficial tergiversa el resultado fiscal, al no contabilizar los intereses capitalizados de los bonos del Tesoro.

Y, a partir del próximo mes, ya entra en vigencia el nuevo sistema cambiario, con lo cual el techo de la banda correrá a 2,5% en enero y a 2,8% en febrero. Para quienes creen en el ancla fiscal -y, en los hechos, Caputo ha demostrado ser uno de ellos- se trata de una mala noticia.

Para que la inflación del 2026 se ubique en torno de 20%, como espera el gobierno, el IPC mensual promedio debería ser de 1,6%. Si, en cambio, se mantuviera el nivel inflacionario registrado en diciembre, no sólo no se reduciría la inflación de 2025, sino que se incrementaría hasta el nivel de 39%.

El peor dato para el Gobierno

Lo cierto es que parece más difícil que nunca el cumplimiento del pronóstico de Milei, quien había adelantado que en agosto de este año la inflación sería menor a 1%. El presidente volvió, como siempre, a colmar de elogios a su ministro de economía en las redes sociales. Sin embargo, esta vez se abstuvo de apelar a explicaciones técnicas para suavizar el hecho de que se registró el séptimo mes de inflación al alza y que el IPC se acerca peligrosamente al nivel de 3% mensual.

Y, acaso, el peor dato para el Fobierno no estuvo en el reporte de la inflación, sino en el de la canasta de pobreza y la de indigencia: ambas registraron aumentos de 4,1% en el último mes del año.

Así, ya van tres meses consecutivos en que estos indicadores se mueven más rápido que la inflación promedio, lo cual empaña el discurso oficial sobre la tendencia a la disminución de la pobreza.

Quienes ya tomaron nota de ese agravamiento son los dirigentes sindicales, que están revisando al alza sus peticiones de reajuste salarial, en su mayoría a negociarse en el primer trimestre del año.

El Ministerio de Economía afrontará este miércoles una prueba clave en el mercado de deuda en pesos, con vencimientos por $9,6 billones. Se trata de la primera licitación en moneda local del año y llega inmediatamente después del pago del primer compromiso en moneda extranjera más significativo de 2026.

La operación estará a cargo de la Secretaría de Finanzas y tiene como objetivo principal renovar los compromisos que vencen, en su mayoría correspondientes a dos Letras del Tesoro capitalizables (LECAP). El resultado de la licitación permitirá medir el apetito de los inversores por los instrumentos en pesos y la capacidad del Tesoro para refinanciar su deuda sin convalidar un fuerte aumento del costo financiero.

La oferta diseñada para esta subasta contempla letras capitalizables, bonos ajustados por inflación, instrumentos vinculados al dólar y opciones a tasa fija. La estrategia oficial apunta a extender los plazos de vencimiento y, al mismo tiempo, reducir la tasa de interés implícita de la deuda.

La licitación se desarrollará en un escenario de “falta de pesos” en la plaza financiera, situación que se reflejó en un fuerte aumento de las tasas de interés en los últimos días. Para los especialistas, esta dinámica introduce un factor de incertidumbre adicional, ya que puede condicionar tanto el nivel de participación de los inversores como las tasas que el Tesoro deba convalidar para lograr un alto grado de renovación.

Los analistas siguen de cerca las decisiones que tomará el ministro de Economía, Luis Caputo, en esta licitación. Uno de los puntos centrales será el nivel de ofertas que reciba la Secretaría de Finanzas por parte de los bancos y otros inversores institucionales, así como el costo al que estarán dispuestos a prestarle pesos al Estado en un contexto de elevada volatilidad.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, explicó que “el Tesoro necesita lograr un alto nivel de renovación (rollover) y una buena demanda de los instrumentos ofrecidos, de modo que el mercado perciba que hay liquidez y voluntad de continuar financiando al Estado sin presiones adicionales de tasas o de dólar”. En ese sentido, advirtió que este resultado es clave “para sostener la confianza financiera y evitar que se disparen las primas de riesgo o el dólar financiero”. No obstante, señaló que “las tasas de corto plazo están muy volátil, lo que demostraría que la liquidez es escasa”.

Otro elemento que estará bajo análisis es el equilibrio que deberá buscar el equipo económico entre dos objetivos que, en el corto plazo, pueden resultar contradictorios. Por un lado, el Tesoro necesita absorber pesos para recomponer parte de los fondos utilizados recientemente en la compra de dólares para afrontar el fuerte vencimiento en moneda extranjera. Por otro, también requiere volcar pesos al mercado para contribuir a estabilizar las tasas de interés y monetizar la economía, en un contexto de restricción de liquidez.

Desde Aurum Valores destacaron que “el Tesoro Nacional licitará mañana instrumentos en pesos y dólares para renovar vencimientos por casi $10 billones”. Detallaron que el menú incluirá “3 LECAP (42, 91 y 185 días), 1 BONCAP (junio 2027), 1 Letra TAMAR (agosto 2026), 4 CER cupón cero (mayo 2026, noviembre 2026, junio 2027 y junio 2028) y 2 LELINK (febrero 2026 y marzo 2026)”. Para la consultora, esta será “la primera salida al mercado del Tesoro en el año en un contexto desafiante, marcado por la falta de liquidez del sistema”.

Una visión similar expresaron desde Max Capital, desde donde remarcaron que la licitación se da en un escenario complejo por la escasez de pesos en el sistema financiero. Según la firma, la composición del menú refleja el intento oficial de ofrecer alternativas para distintos perfiles de inversores, combinando instrumentos de corto y mediano plazo, con y sin ajuste por inflación o tipo de cambio.

En términos operativos, la Secretaría de Finanzas pondrá a disposición del mercado letras capitalizables en pesos con vencimientos en febrero, mayo y noviembre de 2026, así como un bono capitalizable con vencimiento en junio de 2027. También se ofrecerá una letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026. En el segmento ajustado por inflación, se licitarán letras y bonos CER con vencimientos que van desde mayo de 2026 hasta junio de 2028. Además, el menú se completa con letras vinculadas al dólar, con vencimientos en febrero y marzo de 2026.

Ignacio Morales, de Wise Capital, señaló que “la Secretaría de Finanzas intentará reabsorber mañana la totalidad de unos $9,6 billones en vencimientos de bonos y letras en manos de inversores privados, en un escenario marcado por la volatilidad de las tasas de interés y una fuerte concentración de compromisos en el corto plazo”. Para el analista, el resultado permitirá evaluar la capacidad del Tesoro para administrar el perfil de vencimientos en un contexto financiero exigente.

El foco del mercado estará puesto en el porcentaje de renovación que logre el Gobierno y en la señal que deje la tasa de interés convalidada en la licitación. Un alto nivel de rollover aliviaría las necesidades de financiamiento inmediato y podría contribuir a reducir tensiones en el mercado de pesos. En cambio, una demanda más débil o tasas significativamente más elevadas podrían reflejar las dificultades que enfrenta el Tesoro para refinanciar su deuda en un contexto de liquidez limitada.

La licitación de este martes se perfila así como un test clave para la estrategia financiera del Gobierno en el arranque del año. Más allá del resultado puntual, los inversores buscarán señales sobre la hoja de ruta oficial en materia de deuda en pesos, la administración de la liquidez y el manejo de las tasas de interés en los próximos meses.

Con información de NA